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Investigación y texto: Carlos Salinas Maldonado
Colaborador: Octavio Enríquez
Fotografía y videos: Carlos Herrera
Edición de videos: Xavier Mántica
Periodismo de datos:Camilo de Castro
Asesoría: Gustavo Faleiros
Diseño : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Publicado el 28 de abril de 2014.

I- La desesperación de los Mayangnas


Ricalina Davis, esposa de Charles Taylor, asesinado durante un patrullaje por la reserva ante una nueva invasión de los colonos.
Carlos Herrera | Confidencial

El crimen de Elías Charles Taylor, un mártir de la resistencia de los mayagnas ante la invasión de colonos. En Musawas, en el núcleo de la reserva, predomina la preocupación por la falta de respuesta del gobierno central

Una espesa neblina cubre la sábana de bosque que rodea a la pequeña aldea de Musawas, localizada en el inicio del núcleo de la reserva de selva tropical más grande de Centroamérica: Bosawas. La vida en la aldea comienza temprano, apenas el sol se despereza en el horizonte. Los indígenas mayangnas, ancestrales habitantes de esta selva, se mueven como hormigas entre los pequeños caminos de cemento que unen las casitas de tablas, las mujeres llenando baldes con agua, los hombres cargando machetes listos para la jornada diaria en las pequeñas plantaciones de plátanos y granos. El gruñido aterrador de un cerdo rompe la tranquilidad de la mañana —ha sido sacrificado para vender su carne en la aldea—, mientras los niños de cabello espinoso caminan uniformados hacia la pequeña escuela de la comunidad. El visitante pensaría que nada acecha la calma de los mayangnas, pero los líderes de Musawas están desesperados: la selva está amenazada por la invasión de gente que llega de otras regiones de Nicaragua, que destruyen el bosque, trafican con la madera y hacen jugosos negocios con sus valiosas tierras para convertirlas en fincas ganaderas. La invasión dejó un mayangna muerto en 2013, mientras los encuentros violentos entre indígenas e invasores son cada vez más comunes. Los mayangnas temen que su selva, como pasó con Chontales, ubicada en la zona central del país, se convierta en el nuevo gran potrero de Nicaragua.

Joaquín Blandón, pastor de la iglesia morava de Musawas, abre las puertas del templo comunal mientras la neblina se despeja poco a poco. La iglesia ha sido construida toda de madera, con un alto campanario en su parte frontal, que la convierte en la construcción más grande de la comunidad. Dentro, un modesto altar se yergue ante filas de bancas cuidadosamente colocadas a ambos lados del gran salón de cultos. No hay adornos, ni imágenes religiosas. Una que otra paloma revolotea en el alto techo de madera. Todo luce muy limpio y cuidado. Blandón, un hombre moreno, de baja estatura pero de cuerpo robusto, cara redonda y cabello negro cortado a lo militar, explica que la mayor preocupación de los feligreses que acuden a sus cultos es la invasión de la selva. Él mismo está furioso y no esconde su enojo: siente que su pueblo ha sido olvidado por las autoridades locales, el Gobierno central y los diputados que, en la Asamblea Nacional de Managua, deberían velar por sus intereses. “Casi la mayoría de nuestro territorio está invadido”, dice. “La gente del territorio está muy preocupada y se pregunta por qué el Gobierno no nos apoya”, agrega. “Los partidos políticos vienen en época de votación, pero luego se olvidan. Estamos en peligro, porque todos los días entran más invasores, que nos esperan para atacar. Nosotros, como mayangnas, no tenemos ni armas, pero ellos sí están armados. Todo eso preocupa a nuestra gente”, asegura el pastor.

Las preocupaciones de Blandón se fundamentan en el terror. El año pasado uno de los suyos fue asesinado a balazos. Sucedió el 23 de abril de 2013. Ese día un grupo de indígenas hizo un recorrido para corroborar la información de una nueva invasión de más de diez manzanas de bosque por los llamados colonos, gente de otras regiones del país, principalmente del Pacífico y del centro, que arrasan el bosque, se apropian de las tierras, las venden o las convierten en fincas para el ganado. Este tipo de patrullajes son comunes en la reserva, dado que las autoridades del Marena no cuentan con suficientes guardabosques en la zona. Los indígenas encontraron a los invasores, a quienes pidieron explicación por la incursión, según los testimonios reunidos en Musawas. La respuesta de los invasores fue violenta: dispararon a los indígenas, e hirieron gravemente a Elías Charles Taylor, quien murió horas después en el pequeño hospital de Bonanza, el municipio más cercano a Musawas, donde fue trasladado por sus compañeros. La muerte de Taylor sigue sin ser esclarecida. Para los mayangnas es la prueba del olvido en el que han sido sumidos por las autoridades.

Charles Taylor dejó seis hijos a cargo de su esposa, Ricalina Davis, una mujer menuda, de piel morena y seca, grandes ojos negros y cabello largo color azabache, que lleva recogido en una cola sujetada por un prensador amarillo. Ricalina no habla español. En su pequeña casa de Musawas, una choza de madera levantada con troncos a unos metros del suelo, cuenta en su lengua mayangna, valiéndose de un traductor, la tragedia que la envuelve desde hace un año. Sentada en la madera con su hijo más pequeño en el regazo, la mujer llora al recordar la muerte de su esposo. “Me duele mucho”, dice, “mi esposo era el que se encargaba de todas las cosas en la casa. Desde que falleció ha fracasado todo: el año pasado mis hijos tuvieron que dejar sus clases porque no tenían a nadie que los apoyara para pagar la escuela, comprar sus cuadernos, sus zapatos. No tengo un trabajo fijo que me permita ganar un salario para mantener a mi familia”. Ricalina apoya su cara en la cabeza de su hijo para esconder las lágrimas. Hace una pausa en la cuenta de sus penas. La mujer viste una blusa raída, de un rosado desgastado. Va descalza, al igual que su pequeño, de año y medio, que también se echa a llorar al ver llorar a su madre. La mujer retoma la conversación para contar que alimenta a su familia con la cosecha de la pequeña finca que dejó su esposo, donde cultivan granos para el consumo propio. “No tengo ayuda de nadie. En el GTI (Gobierno Territorial Indígena) me han dicho que no tienen dinero para ayudarme. Les dije que no era posible que anduviera pidiendo apoyo, porque mi esposo dio su vida por el territorio, y como autoridades del territorio ellos me deberían apoyar”, reclama Ricalina.

El GTI es la máxima autoridad de los pueblos indígenas. En Bosawas hay por lo menos siete territorios indígenas, entre mayangnas y miskitos. Musawas forma parte del territorio indígena mayangna Sauni As, cuyo presidente es Emilio Bruno Simeón, un hombre huraño, regordete, reacio a hablar con la prensa, porque dice que los medios no tienen interés en “contar la verdad” de lo que pasa en los pueblos indígenas de la reserva. Tras un tenso saludo inicial, y un interrogatorio sobre el trabajo de reportería que realizamos en la zona, Bruno Simeón accedió a hablar sobre la situación de la región que gobierna desde hace seis meses, en la sede del GTI, localizada en una zona periférica de Bonanza, sobre una calle sin asfaltar y llena de baches que se convierten en pequeñas lagunas de barro durante los días de lluvia como éste. La casa que sirve de sede al GTI está construida mitad con bloques de cemento y mitad con tablas pintadas de un rosado fucsia como el que usa el Gobierno sandinista en las instituciones públicas.

“Nuestros antepasados nunca sufrieron problemas de tierra”, dice, “pero hoy en día, esta nueva generación sufre mucho con las invasiones de colonos del Pacífico, que han destruido un 40% de la reserva. Ahora no podemos decir, como dueños del territorio, que vivimos dentro de la reserva, porque día tras día hay destrucción, despale, avance de la frontera agrícola”. El presidente territorial asegura que para defenderse de las invasiones han pedido ayuda al Gobierno central para que desaloje a los invasores, “pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta. A nosotros nos hacen esperar meses por una respuesta, pero los invasores no esperan, día tras día entran nuevos. En estos últimos tres años entraron más de 600 familias, que están destruyendo la flora y fauna”, dice el presidente indígena. Simeón asegura que los invasores están amenazando las formas de vida tradicionales que durante siglos han mantenido los mayangnas en el bosque de Bosawas. La caza, una forma habitual de subsistencia, se ve afectada por la destrucción de la selva. “Anteriormente, cuando entrábamos en la montaña, encontrábamos toda clase de animales. Hoy ya no podemos conseguir carne en la montaña, como guardiolas, chancho de monte, venados”, se lamenta Bruno Simeón.

El mayor temor de los mayangnas es que los invasores acaben con lo que queda del núcleo de la reserva, unos ocho mil kilómetros cuadrados de bosque virgen. En el inicio de ese núcleo verde está Musawas, prácticamente incomunicada con el resto del país: para llegar hasta la comunidad es necesario caminar durante ocho horas entre selva espesa y caminos de barro en los que un hombre puede hundirse hasta las rodillas, si no tiene la precaución debida; aunque también se puede acceder a ella a través de cayucos o pangas, navegando durante siete horas el río Pis Pis, que rodea la comunidad. Hasta hace unos años la lejanía y el difícil acceso eran el resguardo natural de la zona, pero desde 2005 ya no son suficientes para evitar la invasión. Si bien Musawas todavía se despierta con la niebla espesa cubriendo la sábana que forma su selva, a un par de horas de camino, sus vecinos de la comunidad indígena de Betlehen, miran, sin poder defenderse, cómo los invasores destruyen los bosques que los rodean.

II- La devastación de Bosawas


Un indígena mayangna durante el recorrido que realizamos en la comunidad de Bethlehen para presenciar zonas despalados por colonos invasores. Carlos Herrera | Confidencial

Las huellas del "carrileo" en la zona de Betlehen y el inmenso bosque derribado. Detrás de la invasión se ocultan poderosos intereses económicos y políticos, y solo hay seis guardabosques del Marena para vigilar una extensión de tierra de 1,668 kilómetros cuadrados

La panga avanza lentamente sobre las aguas chocolate del río Pis Pis, una de las vías fluviales que une a varias comunidades indígenas de la reserva de Bosawas. A ambos lados de la orilla brota, hirsuta, la vegetación: árboles de gran altura que parecen rascar el cielo, helechos enormes de un verde intenso y bambú. Alguna tortuga tímida se asoma a la orilla, mientras las serpientes amenazan con sus colores chillantes. Este es nuestro territorio, parecen decir, aléjense. Una advertencia a la que no hacen caso los invasores de la reserva, porque en la comunidad de Betlehen, a orillas del Pis Pis, los indígenas mayangnas lloran ante una nueva devastación: varias manzanas de bosques fueron recientemente arrasadas.

Un grupo de indígenas mayangnas nos acompaña hasta la zona del bosque que ha sido destruida. Dos de los indígenas van armados con flechas fabricadas por ellos mismos (las armas ancestrales que han usado para cazar en estos bosques) y una escopeta. Dicen que los invasores están armados y son violentos. Nos adentramos por el espesor del bosque caminando durante más de una hora, hundiéndonos en el fango, a través de riachuelos de aguas cristalinas, luchando con la intensa humedad de la selva tropical y contra los mosquitos y otros insectos que hacen un banquete al picar sin delicadezas la piel.

A mitad del camino Lusbin Taylor, un joven indígena de Musawas que nos sirve de guía, se detiene ante lo que los mayangnas llaman el ‘carrileo’: caminos improvisados hechos por los invasores, a través de los que avanzan cortando árboles y vegetación hasta dar con una sección del bosque que les llama la atención. Seguimos la huella que parecía recientemente hecha y unos minutos más tarde damos con un claro en que el sol alumbra con furia: una imagen desalentadora de árboles arrasados se abre ante nosotros.

Los indígenas se detienen para valorar el daño causado en el bosque. Hasta ellos se acerca Mateo Taylor, habitante de esta zona. El hombre, vestido con una camisa verde oscuro y desabotonada a la altura del pecho, explica, en mayangna, que desde hace un año comenzaron las invasiones en esta zona de la reserva, pero que desde el pasado mes de octubre han visto con mayor intensidad la devastación. “Derriban las diferentes especies de árboles, acaban con la vida del bosque”, dice, según la traducción hecha por nuestro guía. “Nuestra costumbre no es derribar los árboles, solo chapeamos para nuestro consumo. Me siento muy triste, nos duele ver esto, porque este bosque nos lo han heredado nuestros ancestros”, se lamenta Taylor. A su lado, Molins Awawack, guardabosques del Marena en Betlehen, asienta en silencio. Awawack se queja de que no tienen recursos suficientes para parar la invasión. Él es uno de los seis guardabosques nombrados por Marena para vigilar una extensión de tierra de 1,668 kilómetros cuadrados. “Somos pocos, necesitamos más gente”, se lamenta.

“Esta parte del bosque fue derribada hace cinco días”, explica en español, mientras señala la destrucción a su alrededor. “Esto significa que están comenzando a hacer la socola (rozar el bosque). Seguramente ellos (invasores) tienen intención de quedarse a vivir aquí”, agrega. “Es muy preocupante, porque miro demasiado daño. Sólo el gobierno puede parar esto, no hay otro que lo haga; debe desalojar a los colonos. Los comunitarios están muy preocupados”, dice. El hombre asegura que los invasores justifican la destrucción afirmando que son “enviados por el Gobierno, por autoridades municipales” que les prometen títulos de propiedad de las tierras que invaden.

La destrucción de sectores del bosque como el de Betlehen es apenas una muestra de la devastación que afecta a Bosawas. Un informe publicado en agosto de 2012 y preparado por la Agencia Alemana para el Desarrollo Sostenible (GIZ) y por la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) muestra que la reserva languidece a un ritmo de 42 mil hectáreas de bosque arrasadas al año, y que desde 1987 hasta 2010, Bosawas ha perdido más de 564 mil hectáreas (unos 5,640 kilómetros cuadrados, aproximadamente). El estudio, coordinado por el investigador Marcial López, demuestra exhaustivamente cómo el bosque ha perdido terreno en Bosawas, pasando de más de un millón 604 mil hectáreas en 1987 a un millón 039 mil en 2010. En cuanto al bosque virgen de la reserva, éste pasó de un millón 170 mil hectáreas en 1987, a 832,237 en 2010. Es decir que hasta esa fecha se había perdido un total de 3,379 kilómetros cuadrados de bosque virgen, más de tres veces el tamaño del Lago de Managua.

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El estudio revela que las principales causas de la pérdida de bosque en Bosawas son el avance de la frontera agrícola, el aumento de la actividad ganadera, la especulación con el uso de las tierras en la zona, la tala y el comercio ilegal de madera, pero también las concesiones legales que se entregan bajo oscuros acuerdos.

Técnicos de organizaciones internacionales que durante años han trabajado en la reserva – y que han sido silenciados por el Gobierno por denunciar la devastación– sostienen que a partir de 2005 las invasiones comenzaron a afectar el núcleo de Bosawas, en un avance depredador de cuya culpa no están exentas las organizaciones políticas. “El ingreso de colonos (invasores) en territorios indígenas se acelera en tiempos de elecciones. Un gran factor de la destrucción de Bosawas es el elemento político: todos los partidos prometen tierras. Estas tierras son muy apreciadas”, dice una fuente que ha trabajado por años el tema de la destrucción de la reserva. “Existe un nivel de corrupción espantoso y el Estado no tiene ninguna posibilidad de controlar el despale de Bosawas”, agrega.

“Hay grupos bien organizados y traficantes de tierras”, explica un técnico que durante años ha desarrollado proyectos de desarrollo con los indígenas de Bosawas. “Estas personas entran a la reserva, agarran mil manzanas de tierra y la lotifican para luego venderla. Emplean hasta sesenta personas para eliminar el bosque y lotificar la tierra”, agrega. “Hay una relación directa entre el capital de riesgo y la inexistencia del Estado, con espantosos niveles de corrupción, favores políticos por los votos en tiempo de elecciones y la complicidad de los políticos con los invasores”, asegura. Esta fuente, consultada en Managua, explica que en Bosawas se está cumpliendo el “mismo patrón de conquista y destrucción de Chontales”, en referencia a una de las principales regiones ganaderas del país, ahora convertida prácticamente en extensos pastizales. De hecho, ricos ganaderos chontaleños envían hasta Bosawas a sus jornaleros, quienes entran al bosque, talan una extensión determinada y se asientan en ella, para luego, durante las épocas más secas del año, trasladar al ganado hasta una zona todavía con suficiente humedad para garantizar pasto verde que engorde el hato.

En una investigación publicada en julio de 2010 bajo el título Los factores y actores alrededor de Bosawas, el ingeniero Nolan Hopmann explica la forma de pensar tan arraigada entre los ganaderos del centro del país, reacios a desarrollar una actividad sostenible, que apuestan a la invasión de nuevas tierras para mantener sus ingresos.

“Los ganaderos no ven nada malo en invertir lo menos posible y obtener las máximas ganancias que la actividad puede dar, por lo tanto no se preocupan por mejorar la eficiencia de sus sistemas de producción. La idea es que si una finca no es rentable porque ya no hay las mismas precipitaciones que hacían posible que el pasto rebrotara en un período máximo de 45 días (tiempo de recuperación de muchos pastos naturales), “pues no hay que afligirse, hay que tener preparada la otra finca para mover al ganado cuando haga falta”. Entonces lo mejor es buscar nuevos lugares donde el costo de la tierra sea el más barato, que tenga madera “para que la finca se pague sola” (se explota el recurso forestal que la nueva finca tenga para refinanciarse y se establece el vínculo con los traficantes de madera), para tener postes y cercar la propiedad, y los árboles que no den madera para vender o para postes de cercas, mejor se queman, porque así es más rápido cubrir grandes extensiones para convertirlas en potreros”, explica Hopmann.

Según este investigador, el sistema financiero del país contribuye, de forma indirecta, a la ampliación de la frontera agrícola y ganadera en la región de Bosawas. “En los departamentos de Boaco, Chontales, Jinotega, Matagalpa y Managua, algunos ganaderos y comerciantes solicitan créditos para compra de ganado, mejoras en las fincas o ampliación de negocio, y entre sus garantías hipotecarias ponen las fincas o propiedades que tienen legalizadas a su favor en esos departamentos. Sin embargo, parcialmente desvían esos fondos y los destinan para financiar el establecimiento de las nuevas fincas montaña adentro, es decir, en municipios como San José de Bocay, Siuna y Bonanza, entre otros”, que están cerca de la reserva de Bosawas.

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Es en ese momento, explica el investigador, cuando entran en juego otros actores que amenazan la reserva: los traficantes de tierra que mueven a gente hasta nuevas zonas del bosque, “con la promesa que una vez que las vendan podrán tener su ganancia”, y los políticos de los principales partidos del país –principalmente el FSLN o el PLC– que “ofrecen las tierras como parte de la retribución que recibirán las personas que presten servicios a los intereses del partido, se les promete títulos de esas tierras a su favor y la opción de que una vez que se legalicen, los mismos políticos o personas afines les compren las tierras”.

“La primera tarea asignada a los invasores puede ser realizar la limpieza de los carriles perimetrales de la nueva propiedad (como sucede en Betlehen), posteriormente ubicar la localización de los recursos maderables que se pueden vender (el negocio se realiza con traficantes de madera o por cuenta propia en sociedad con otra persona en un negocio establecido, como maderería o ferretería, aunque lo mejor es para venderlo a los exportadores), otra tarea es limpiar (quemar) las áreas para establecer cultivos con la finalidad que las labores de cultivo ayuden a disminuir las malezas y posteriormente establecer los nuevos potreros”, explica Hopmann.

“Uno de los mitos que hay sobre la reserva es que los invasores son pobres y llegan hasta el bosque porque tratan de sobrevivir”, dice un investigador consultado en Managua, que pidió no mencionar su nombre. “En realidad son los mozos los que llegan hasta el bosque y deforestan por orden de los ricos”, explica. “El Gobierno tiene un compromiso con las comunidades indígenas”, agrega, “pero no ha querido ‘apretar’ la cosa (invasión).Y hay partidos políticos como el Frente Sandinista y Yatama que tienen fuertes compromisos con su gente, con los colonos, porque quieren arrasar en las elecciones regionales”, asegura la fuente, con relación a los comicios que se celebraron en marzo y de los que resultó triunfante, según el conteo del Consejo Supremo Electoral (CSE), el Frente Sandinista.

Durante la realización de su estudio, Hopmann encontró que en la región indígena conocida como mayangna Sauni Bas, se habían asentado 314 familias, para un aproximado de 1800 invasores. De ellos, el 53% eran hombres y 47% mujeres, que ocupaban el 50% de esa región indígena, es decir, 21.607 hectáreas. “Los invasores, además de la agricultura, poseen más de 2.550 bovinos, unos 600 equinos, más de 1.200 porcinos y alrededor de 4.700 aves (entre gallinas, pollos y gallos)”, escribe el investigador, quien afirma que según los invasores, “muchos de estos animales son parte del Programa Hambre Cero que impulsa el Gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra”.

“La mayoría de las personas que han invadido y dañado Bosawas han emigrado en los últimos 9 a 4 años y generalmente son manipulados por personas de poder político y económico, pero hay quienes actúan por cuenta propia y entre las razones por las que supuestamente están allí está el cumplimiento de promesas de campaña tanto del PLC como del FSLN; el supuesto desconocimiento de que esas tierras ya tenían dueños y que no le pertenecen al Estado de Nicaragua para que se las asigne a ellos; pero también hay quienes trabajan para ganaderos de otras zonas del país y simplemente están como trabajadores cuidando lo que es de quien los contrató; otros han visto la oportunidad de ganar dinero adueñándose de extensiones de terreno para posteriormente extraer madera y vender la tierra arrasada”, explica Hopmann.

Los indígenas de Betlehen temen que las nuevas invasiones queden impunes y su región corra la misma triste suerte que grandes extensiones de Bosawas. “Siento como que parte de mí y parte de mi pueblo está desapareciendo”, dice Lusbin Taylor, nuestro guía, mientras descansa en el claro abierto por los invasores en Betlehen, su mirada hundida en la tierra llena de ramas secas. “Para nosotros estos bosques son parte integral de nuestra existencia: sin ellos, simplemente no podemos vivir”, se lamenta el joven mayangna.

III- Los invasores


Propiedad de la alcaldesa sandinista de Siuna Onilda Reyes, acusada por los indigenas mayangnas de estar ubicada en zona protegida. Cortesía | Confidencial

Indígenas señalan a alcaldesa sandinista de Siuna de comprar una finca en zona protegida que fue invadida. Denuncian desidia de las autoridades y complicidad de la policía local con los invasores. De 148 expedientes recopilados por los abogados, sólo cuatro fueron juzgados. Batallón ecológico del Ejército crea un “muro de contención”, pero indígenas están desesperados

Sobre las faldas del cerro Waska Muka, a orillas de la ribera del río Uly, en el territorio indígena mayangna Sauni Bas, se levanta una choza hecha con viejas maderas y techo de paja, al lado de un establo que encierra varias cabezas de ganado. La propiedad pertenece a la alcaldesa de Siuna, Onilda Reyes, a quien los indígenas mayangnas acusan de haber invadido el terreno, de aproximadamente 370 manzanas. Los mayangnas han exigido a Reyes que abandone la zona, pero ella alega que el terreno fue adquirido de forma legal. La historia de Reyes ha sido una de las más sonadas de las denuncias de invasión y tráfico de tierras relacionadas con la reserva de biósfera de Bosawas.

Reyes fue electa como alcaldesa de Siuna en las elecciones municipales de 2012, cuando se presentó entre las listas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La mujer se defendió de las acusaciones de invasión en un encuentro con líderes comunitarios realizado quince días antes de los comicios, cuando estaba en plena campaña por la Alcaldía. “No me pude meter así a ese terreno que tengo”, dijo en alusión a los señalamientos de invasión. “Ese terreno me lo ofrecieron. Tal vez tuve el error de comprar eso sin hacer consultas. Pregunté si el terreno era del territorio indígena y me dijeron que no, incluso algunos líderes de la zona”, explicó la funcionaria, quien dijo que compró la tierra a un hombre que identificó como Antonio Martínez.

“Yo estoy trabajando, he tratado de ir reforestando el área. Es cierto que tengo mis animales, porque soy una productora más, y de eso vivo, pero no he destruido el bosque, porque el bosque que me encontré ahí está. Mis vecinos no tienen ni un palo, todos tienen cortado hasta el río, lo que tienen es pasto”, agregó Reyes, según una grabación de la reunión facilitada a Confidencial. “Ustedes saben que estamos en un proceso de campaña. Yo compré el terreno, no fui a invadir. Pero si ese es el problema, para que ustedes no digan ‘no vamos a votar’, yo se los dejo en sus manos, me salgo de mi propiedad, pero tampoco quiero perder lo que invertí ahí. Les dejo mi propiedad que compré, pero en su conciencia está. Yo no quiero que me saquen así, pero no quiero que me digan mañana salite, porque ahí tengo mis cosas. Ahí queda mi propiedad, pero no quiero perder mi dinero, en sus manos lo dejo”, rogó la mujer.

Líderes mayangnas acusaron a Reyes ante autoridades de la Policía y el Ejército durante una reunión pública, en las que las autoridades analizaron los casos de invasión con líderes políticos de la región, dijo una fuente que estuvo en la reunión. Sin embargo, los líderes mayangnas no han interpuesto una denuncia formal contra Reyes, porque, dijeron, ella se comprometió públicamente a dejar las tierras adquiridas —según representantes legales consultados para este reportaje— de forma ilegal, con un documento de compra hecho a mano.
“El terreno está dentro del territorio indígena, áreas protegidas y zona núcleo de la reserva”, dijo Celestino Taylor, miembro de la comunidad mayangna Sauni Bas y guardabosques del Marena. “Antes de ser alcaldesa conversamos con ella y se comprometió a dar salida, pero hasta ahora no ha dado una respuesta”, explicó Taylor. “Ella dijo que buscaría al vendedor para salir del área, pero hasta ahora no ha hecho nada”, agregó.

Confidencial entrevistó a la alcaldesa Onilda Reyes por teléfono. La funcionaria negó que el terreno haya sido adquirido de forma ilegal, y de haberse comprometido a salir de él durante su campaña a la Alcaldía. "Durante las campañas el FSLN no hace promesas", dijo Reyes. A continuación la conversación telefónica con la edil:

—Buenos días, ¿con la alcaldesa Onilda Reyes?
Así es
—Le llamamos de la revista Confidencial porque líderes mayagnas la señalan de haber comprado un terreno en la reserva de Bosawas de forma irregular. El terreno, dicen los líderes, es territorio indígena y protegido. Son 370 manzanas y estamos interesados en conocer su versión sobre esta compra.
Yo le compré a un señor que tenía 40 años de vivir en la zona.
—¿Se trata de Antonio Martínez?
Así es.
—Los líderes mayagnas dicen que el terreno fue invadido.
Yo no lo invadí cuando lo compré.
—¿Usted compró el terreno de forma legal?
De forma legal.
—Nuestras fuentes dijeron que fue a través de documentos sin peso legal, hechos a mano.
No, no, no. Yo tengo mi documento que me entregó el señor que tenía 40 años de vivir en la zona.
—Alcadelsa, días antes de las elecciones municipales se reunió con líderes políticos y mayagnas a los que prometió salir del terreno a cambio de indemnización.
No, no. Nosotros nos reunimos antes de la campaña, no días antes, y ahí estaba el secretario político municipal. La idea era platicar y hablar concerniente de mi terreno. Pero ahí salieron cosas y fui atacada por una compañera abogada que trabaja con estos líderes. Se les dejó bien claro que yo no estoy pidiendo indemnización ni nada. Yo compré y hay que darle curso legal.
—¿Por cuánto compró el terreno, alcaldesa?
Yo le compré a don Toño y otros señores. Les pagué a varias personas.
—¿Cuánto pagó por el terreno?
¿Tengo que decirle a usted?
—Es una funcionaria pública y ese terreno es señalado de haber sido adquirido de forma irregular.
Sí, pero eso lo vamos a ver en la parte legal.
—Los líderes mayagnas dicen que usted se comprometió a buscar una solución a la controversia una vez llegara a la Alcaldía.
No, no, yo no me comprometí. Nosotros andamos en campaña.
—Dicen que fue una promesa.
El Frente no se comprometió a hacer compromisos en tiempo de campaña. Vamos a pedir el voto, buscar como ganar las elecciones cuando el Frente está en campaña.


Reyes cortó la conversación por teléfono. Minutos después llamó a la redacción de Confidencial pidiendo el nombre del periodista que la entrevistó. Le solicitamos una segunda entrevista, pero colgó nuevamente la llamada.

A pesar de que el Estado nicaragüense ha aprobado leyes que garantizan la propiedad de las tierras comunales a los indígenas, como la Ley 445 o de Régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas, la región de Bosawas sufre una gran inseguridad jurídica, debido al incumplimiento de las leyes, la poca presencia de las autoridades del Estado y la corrupción que envuelve a abogados y funcionarios públicos que, según denuncias de los indígenas mayangnas, trafican terrenos en zonas protegidas. Confidencial accedió a documentos que muestran la forma prosaica en la que se da este tráfico, a través de cartas de compra y venta de terrenos escritas a mano, con errores ortográficos y hojas de cuadernos escolares.

En una de esas ‘cartas de venta’, fechada el 13 de septiembre de 2009, una mujer identificada como Gertrudis Barrera Blandón, afirma que “hago constar que recibo 10 mil córdobas por la venta de ocho manzanas de tierra al señor Juan Sevilla Gadea, delante de la presencia del señor Carlos Centeno Tercero y Bismark Espinosa”. El documento está escrito en hoja de cuaderno, sin firmas ni sellos legales. También hay otros acuerdos de venta escritos en papel legal y con la ayuda de abogados que, según los mayangnas, se prestan a este tipo de delitos.

El Gobierno territorial mayangna Sauni Bas, con ayuda de organizaciones que han trabajado de cerca el tema de la destrucción de la reserva, ha preparado una lista con nombres y apellidos de 41 jefes de familia que supuestamente han invadido la región. En la lista, además, aparecen las zonas invadidas, el estado legal en que se encuentran esas tierras y las denuncias realizadas contra los supuestos invasores. En el documento aparecen personas que se han hecho con más de 400 manzanas, como el caso de Simón García Castro, que tiene un terreno de 460 manzanas en la región del río Uly, dedicado a la agricultura y la ganadería. Según la base de datos facilitada a Confidencial, García Castro no tiene ningún documento legal que lo acredite como propietario del terreno. En esa misma situación están 26 de las 41 personas identificadas. De las otras 15 no se pudo obtener información. La mayoría de los casos han sido denunciados ante la Policía de Bonanza.

Una fuente que durante varios años ha trabajado el proceso de saneamiento de los terrenos indígenas con ayuda de organismos internacionales, explicó que tras varios meses de trabajo intensivo en el campo logró reunir 148 expedientes de invasores de los territorios indígenas y protegidos. La fuente, que accedió a conceder una entrevista a cambio de no publicar su nombre, dijo que de esos expedientes sólo 32 llegaron a la Fiscalía y que esta institución sólo envió trece a los juzgados correspondientes. De los trece sólo cuatro llegaron a juicio, dos fueron declarados inocentes por un juzgado de conciencia y dos fueron condenados. Uno de ellos fue Heriberto García, señalado por la fuente de liderar una mafia encargada de invadir y traficar con la tierra. A pesar de la condena, García actualmente está prófugo de la justicia, después de fugarse de la cárcel de Siuna donde cumplía la pena.

Los documentos de la acusación oficial contra García muestran que éste cuenta con la cédula de identificación 610-160375-0001G. Según los documentos, García engañaba a sus compradores afirmándoles que contaba con el permiso de la Policía, el Ejército y autoridades ambientales para vender terrenos en la reserva de Bosawas. Por ejemplo, Cándido Rodríguez Espinoza dijo que compró a García 50 manzanas de tierra en una región conocida como Nawahwas, por un monto de 10 mil córdobas. García entregó supuestas copias de títulos de la tierra, con permisos aparentemente falsos de la Policía, el Marena, el Ejército y el Magfor. Andrea Martínez Castillo dijo por su parte que ocupaba un terreno en la misma zona porque García le había prometido entregarle títulos de propiedad.

La misma fuente vinculada al saneamiento de las tierras reveló que García trabajaba con un grupo de hasta 60 personas, que se encargaban de invadir un terreno y limpiarlo. Luego García acordaba la venta, apoyado por abogados corruptos que redactaban escrituras de “cesión de derechos posesorios”. Gracias a las pruebas reunidas contra García, éste pudo ser juzgado y condenado, aunque más tarde logró fugarse. El de García, sin embargo, es de los pocos casos que logran prosperar dentro del sistema legal del país.

“Hay corrupción en la Fiscalía y la Policía”, dijo la fuente. “Hay casos que no pasaron porque había involucrados familiares de policías locales”, afirmó. “Hay corrupción y tráfico de influencias y los jueces tienen mucho miedo de llevar estos casos. Hay jueces que dan órdenes a la Policía y ésta no las cumple. Entre los jueces hay apatía y miedo, no quieren tocar estos casos. Saben lo que está pasando, tienen conciencia de ello, pero tienen miedo”, alertó. La fuente aseguró que la Policía ni siquiera ejecuta las órdenes de captura. En 2012, explicó, había 13 órdenes de captura contra invasores, pero sólo se ejecutó la de Heriberto García, pero porque éste fue capturado en Siuna por líderes mayangnas que lo entregaron a las autoridades. “La Policía Nacional da por perdidas las órdenes, o dicen que no saben qué se hicieron”, afirmó la fuente.

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Un equipo de Confidencial viajó a Bonanza a inicios de febrero para entrevistar a las autoridades locales de la Policía, con el fin de conocer el estado de las investigaciones en curso contra los supuestos invasores de tierra. En la estación policial local, un edificio de concreto pintado de celeste y azul –los colores oficiales de la institución– y dividido en largos y oscuros pasillos a cuyos lados se encuentran las oficinas de los oficiales locales de alto rango, un policía nos dijo que el jefe de Bonanza, el comisionado Otilio Duarte Herrera, no estaba en el edificio, pero que le consultarían si podía atendernos. El oficial fijó un encuentro para la tarde de ese mismo día, pero tras cuatro horas de espera en una banca frente a un televisor que retransmitía series de la cadena National Geographic, un segundo oficial nos dijo que Duarte había salido a una misión a zonas rurales de la región y que no llegaría al municipio en diez días.

La abogada y experta en temas ambientales Blanca Molina García, quien trabajó entre 2009 y 2010 como asesora legal de la comunidad indígena mayangna Sauni Bas a cargo de un estudio que intentaba delimitar los territorios indígenas de Bosawas, dijo que en los municipios que rodean la reserva ni la Policía, ni el Ejército, ni la Fiscalía muestran interés de detener, juzgar y condenar a quienes atentan con la selva, considerada el pulmón de Centroamérica. “Hay un rechazo de tratar estos tipos penales como todos los tipos penales que se cometen en Nicaragua”, aseguró Molina. “No hay conciencia ambiental y no han asumido la importancia de proteger la reserva. No creo que el Estado no tenga recursos para combatir el tipo penal de usurpación al dominio comunal y público, específicamente la tala a la biósfera. Así como se tratan otros delitos, se debería tratar también este tipo de casos, porque dañan a la humanidad”, agregó.

Molina hizo hincapié en la pobre estructura judicial que el país ha destinado para combatir los delitos ambientales. “No hay mucho interés de judicializar estos casos, pero no es un problema del Poder Judicial. Las autoridades argumentan que tienen pocos fiscales, que no hay fiscales especializados en esta área, que no tienen medios para movilizarse, ni oficiales suficientes, ni celdas para mantener a personas detenidas. Así se justifican. En la Policía de Siuna hay más de 80 casos que deberían estar a la orden del Ministerio Público, pero que no han pasado”, dijo Molina. Mientras tanto, agregó, las quejas y denuncias de los indígenas no son escuchadas. “Si un mayangna llega a poner una denuncia no lo atienden, le dicen que es un caso especial, que no son los competentes para ventilar esos procesos, que tienen que ser ventilados en otra instancia, que hasta que el Gobierno dé la orden, pero la orden está dada, porque el Gobierno ha creado leyes muy buenas, lo que hay que hacer es implementarlas”, argumentó.

A unas cuadras de la sede policial de Bonanza está la de los juzgados de este municipio, a cargo de la jueza único local Kellineth Campbell Wong, una mujer regordeta, de piel morena, que lleva el cabello peinado hacia atrás. Sentada en el scritorio de su oficina en la sede de los juzgados, dando la espalda a un amplio mueble de madera lleno de expedientes judiciales y adornado con una réplica de la Justicia, ciega y cargando una balanza, y una foto de ella abrazada al comandante Daniel Ortega, Campbell explicó que en tres años que lleva al frente de estos juzgados locales se ha enfrentado a cinco casos relacionados a la invasión de la reserva de Bosawas.

La jueza explicó que dos de los casos fueron fallados en 2012, cuando se condenó a dos personas por usurpación del dominio público comunal. En esa ocasión, la jueza impuso la condena máxima de tres años. "En la relación de hechos se habla de invasión a propiedades indígenas, de colonos, de personas que vienen de otros departamentos, de Río Blanco, de Waslala, personas que se han venido a asentar dentro de las tierras indígenas y parte de las reservas", explicó.

Cuando la entrevistamos, Campbell preparaba otro juicio contra tres hombres acusados de invadir y devastar el bosque. Dos de los acusados son Jorge Wilfredo Aragón y Tomás y Walter López (padre e hijo), imputados por usurpación de dominio público y violación de la veda forestal. Los hombres esperaban su juicio, programado inicialmente para el 27 de febrero –dos semanas espués de la entrevista concedida por la jueza–, en las celdas de la cárcel local de Bonanza, pero se aplazó por razones que la judicial no explicó a Confidencial. Semanas después, en una nota de prensa sin fechar y publicada en el sitio web de la Procuraduría General de la República, se informó que Tomás López y Walter López fueron “declarados culpables en el Juzgado Local Penal de Bonanza, por ser Usurpadores de Tierras Indígenas pertenecientes al Territorio Indígena mayangna Sauni As, además del corte, aprovechamiento y veda forestal ocasionado en la Reserva de Biosfera de Bosawas, Sector Kipau Asang, también conocido como Biltignia I”. La misma nota de prensa informa que el 18 de marzo fue encontrado culpable Jorge Wilfredo Aragón.

Estos juicios se realizaron sin avisar a la prensa, a pesar de que la jueza admitió que las invasiones representan uno de los problemas que más preocupan a los habitantes de las zonas indígenas que rodean Bonanza. “Es un impacto social. La reserva de biósfera de Bosawas es el pulmón de nuestro país, y al ser afectada, lo más lógico es que se tomen medidas, como las que se están tomando: ya se están denunciando casos, prueba de eso es que aquí en el Juzgado ya tenemos radicadas causas, se han procesado a personas que han cometido ese delito, ya se han condenado a dos, y ahora que tenemos a tres personas en proceso”, dijo.

La jueza Campbell, que ha condenado a tres traficantes de tierras en Bosawas desde enero del año pasado, también dio ejemplo de otros casos que reflejan la actuación de los invasores en Bosawas. La judicial explicó que las ventas se hacen de boca o en hojas sueltas en el caso de Víctor Manuel Taleno, de 51 años, el más reconocido de ellos porque tenía en sus manos al momento de su captura 10,000 manzanas en la zona de Mayangna Sauni As.

Campbell recuerda que Taleno, que vestía una camiseta azul a rayas amarilla el día de su condena, se presentaba como el propietario de tierras indígenas y comunales y convencía a campesinos que venían de Río Blanco y Matiguás, la zona lechera de Nicaragua, que llegaban hasta la zona de la reserva atraídos por la esperanza de una vida nueva.

“Los engañaba. Los tratos eran de palabra o con documentos privados que decían por ejemplo ‘Yo Kelineth vendo tantas manzanas’”, dice Campbell sobre este hombre enjuto, una verdadera sombra para las autoridades que, antes de sentarlo en el banquillo, lo buscaron durante tres años debido a sus constantes cambios de domicilio.

En su sentencia, la judicial calificó como compras y ventas ficticias los tratos realizados por Taleno. Según informes militares a los que tuvo acceso Confidencial, vendía la manzana en Bosawas a 500 córdobas (20 dólares) y a 2,000 córdobas ($80) si la propiedad se encontraba junto a un río, algunas veces el precio podía ser mayor como demuestra la sentencia donde el costo de la manzana se dice oscilaba entre 2,200 y 9,000 córdobas.

El expediente de Taleno dibuja a cabalidad el problema. El líder campesino, que se identificó como dirigente de la cooperativa Pedro Altamirano, a la que se encontraban afiliadas 300 familias, vendió 8, 000 hectáreas a 20 kilómetros al este del casco urbano de Bonanza, donde fue juzgado con una ciudad dividida entre los indígenas que celebraron el fallo y quienes en comunidades aledañas pedían su liberación.

“El primero de junio de 2011, la familia del sujeto antes mencionado fue desalojada de la cabecera del río Wawa, en esa ocasión este sujeto tenía 2,000 hectáreas despaladas dentro de la zona núcleo de la reserva, las utilizaba para la siembra agrícola”, precisa el parte militar consultado por Confidencial.

A las ventas informales de propiedades se suma la corrupción del sistema judicial. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sancionado con cinco años de inhabilitación a dos notarios, David Rocha e Irma Forbes, despidió al registrador de Bilwi, David Rodríguez Gaitán, e investiga a otros 32 abogados involucrados supuestamente en la venta de propiedades del bosque.

La abogada Blanca Molina comparte la opinión de que el problema de Bosawas está más relacionado a falta de educación e inversión en el sector agropecuario del país, que promueve las invasiones. “El problema de Bosawas no es la comercialización de madera, porque el maderero llega, escoge la especie y se la lleva. El problema que está causando daños muy serios a la reserva, hasta el punto que podemos perder la masa boscosa, es el avance de la frontera agrícola. Esta gente que llega de fuera especialmente a talar los árboles, hasta 35 manzanas por familia en la zona núcleo, y eso es muy grave. Luego de talar la madera, le prenden fuego. Cuando nosotros entramos tuvimos la gran decepción de encontrar hirviendo a Bosawas”, dijo.

El clamor de los indígenas ante las máximas autoridades del país, para que tomen medidas para frenar la invasión y destrucción de la reserva, encontró eco en el Ejército de Nicaragua. En 2011, el presidente Daniel Ortega ordenó al jefe del Ejército, Julio César Avilés, crear un batallón especial de cara a proteger las reservas naturales del país, principalmente Bosawas. El 28 de enero de 2011 nació el llamado Batallón Ecológico, a cargo del teniente coronel Marvin Paniagua Pineda, y con 700 soldados en activo para los 20 mil kilómetros que conforman la reserva.

Entrevistamos a Paniagua en su oficina del cuartel de Siuna, a donde nos trasladamos desde Bonanza, a través de una carretera en pésimo estado, en la que los vehículos se hundían en hoyos parecidos a los cráteres lunares que presentan las películas sobre el espacio. Buses enteros, cargados de pasajeros y mercancías, eran tragados por estos hoyos en su esfuerzo por sortearlos. El recorrido entre Siuna y Bonanza fue de cinco horas en una camioneta 4x4. Un viaje espantoso, aunque el adjetivo puede quedarle pequeño.

El despacho de Paniagua es amplio y cómodo. Entrar fue un respiro tras el agotador viaje y las altas temperaturas y humedad que dominan toda esta región del noreste del país. El teniente coronel Paniagua nos recibió con amabilidad y a través de una presentación de Power Point, explicó los logros alcanzados por el Batallón Ecológico desde su creación. El militar dijo que se han organizado planes de control para reducir el número de invasores a los territorios protegidos, como el denominado Plan de Acción para la Defensa de la Madre Tierra.

Paniagua dijo que uno de los problemas que han detectado con su trabajo es el de la siembra de marihuana en áreas protegidas. Según el militar, bandas de narcotraficantes, principalmente de Honduras, entran a la selva, derriban árboles y llevan a personas para que siembren las plantas, con el engaño de que les dejarán la tierra una vez que cosechen el “producto”. “Los civiles son llevados de comunidades de Jinotega, Matagalpa y Waslala”, aseguró.

Los ‘narcos’ son apenas una parte del problema. La gran amenaza siguen siendo los invasores que llegan atraídos por la tierra, la humedad de la zona y la posibilidad de sembrar pastos para el ganado. El Ejército ha registrado 2,843 familias asentadas en la reserva entre 2011 y 2012, que, dijo Paniagua, han llegado hasta estas zonas en busca de mejorar su calidad de vida, por promesas de políticos en tiempos de campaña o engañados por los traficantes de tierra.

En mayo de 2013 el Batallón Ecológico realizó la “Operación Oro Verde”, que según Paniagua fue exitosa. El militar relató que gracias a ella pudieron decomisar 1,361 metros cúbicos de madera, 231, 607 plantas de marihuana y detuvieron a 105 familias, para un total de 630 personas, invasores de la reserva, además de 386 cabezas de ganado y 218 bestias. “Fueron captados 123 delincuentes en Bosawas en 2013, por siembra de cultivos de marihuana, carrileo y asalto y robo”, detalló Paniagua. El militar también dijo que 16 traficantes de tierra han sido identificados y cinco “fueron puestos a la orden de las autoridades”, además de 30 abogados y notarios públicos que se prestan al tráfico de tierra. “Si no hubiera Batallón la invasión de colonos sería tremenda. La reserva sería ya una poquedad. Hay mucho que hacer, pero el Batallón ha sido un muro de contención para el despale y la invasión”, dijo el teniente coronel.

Los mayangnas, sin embargo, aseguran que las invasiones se dan todos los días y cada vez con mayor violencia y a la vista de las autoridades. “Cada día entran más y más. Ahorita (en abril) están quemando el bosque. Hasta las instituciones del Estado participan: El Minsa y el Mined entran a nuestras tierras sin permiso y construyen sus escuelas. Los religiosos avalan documentos ilegales para construir sus iglesias evangélicas. Y nadie hace nada”, se lamenta Celestino Taylor, miembro del territorio indígena mayangna Sauni Bas.

IV- El laberinto de la propiedad


Diferentes documentos falsos que se utilizan para traficar tierras en la reserva de Bosawas. Carlos Herrera | Confidencial

Se reportan decenas de denuncias contra abogados, notarios y funcionarios judiciales involucrados en tráfico ilegal de tierras. Diputado Brooklyn Rivera denuncia presencia de intereses poderosos asociados a la empresa Alba Forestal. La Procuraduría General de la República demanda pruebas

La Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, y la Corte Suprema de Justicia, están desarrollando investigaciones paralelas, para intentar frenar el tráfico ilegal de tierras en Bosawas. Pero los traficantes se escudan en un ejército de notarios, que están desnaturalizando los derechos de propiedad en Bosawas hasta provocar un verdadero laberinto legal.

Esperanza Fonseca, directora de Inspectoría del Tribunal Superior de Justicia, sostiene que en la investigación se han encontrado hallazgos como los que señalan al notario David Rocha, de autorizar 400 escrituras de compraventa de tierras en la reserva en sus protocolos en el período comprendido entre 2005 y 2010.

“Operan a través de sus servicios notariales, en las que comparecen o hacen comparecer supuestas personas que tienen derechos sobre propiedades que están dentro de la zona de Bosawas y proceden a inscribir una supuesta compra, desmembración o donación”, explica Fonseca.

Confidencial llamó a cada uno de los abogados sancionados, pero ninguno respondió a su celular. La inspectora judicial acepta que algunos de los compradores se repiten, pero se niega a revelar los nombres porque la información que tiene es general y cada notario resguarda su protocolo.

La oficina de inspectoría se define como un órgano auxiliar del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial que tramitó el año pasado 11,000 denuncias en general contra abogados, notarios y funcionarios judiciales valiéndose de las mismas ocho personas con las que ahora pretenden investigar la maraña judicial que se desprende de Bosawas.

Fonseca explica que la investigación de Bosawas implica la revisión de los protocolos, que se agrupan en tomos anuales y suman centenares de páginas. “No se ha parado nuestro trabajo. No solo estamos enfrascados en el caso de Bosawas, para las personas todos sus casos son tan importantes como el de la reserva”, justifica la funcionaria, que explica que solo una de las actas de inspección en la indagación forestal tuvo 600 páginas.

Por su parte, el Procurador del Medio Ambiente, José Luis García, señala que las responsabilidades son individuales y que no se podría hablar de una mafia dedicada a la venta de propiedades en Bosawas.

La investigación sin embargo revela que el número de abogados involucrados se ha duplicado, de 17 a 34, desde que la Procuraduría General de la República pidió una investigación a la CSJ en mayo de 2013.

Además de los abogados y el registrador de Bilwi, también se destituyó a la registradora auxiliar Natividad García Pasquier. Las acusaciones contra los colonos son ya diez desde 2012 en los municipios de Siuna y Bonanza. Se realizan investigaciones actualmente en Jinotega.

“De estos diez (acusados), empezamos con los líderes toma tierras, con los manipuladores, los que engañan a la gente, los que le quitan dinero y le dicen esta propiedad es suya, estas 1,500 manzanas son suyas. El patrón común es que llevan a la gente. El Batallón Ecológico ha detenido en los últimos tres meses a cinco ó seis grupos de personas que van incursionando en camiones, motosierras, con combustible, bestias, y que señalan a estas personas de haberlos contactado y ofrecerles tierra dentro de la reserva; que ellos saben que son indígenas. Si hay un patrón de ofrecer tierras que inicia con la captación de las personas a las que les van a vender las tierras, ellos se encargan de llevarlos”, acusa García.

Según el funcionario estatal, solo uno de los diez casos ha resultado libre y por decisión de un jurado de conciencia. Han sido historias que, en algunos casos, son sorprendentes. García recuerda que está bajo investigación un caso en que encontraron una draga traída de Honduras, en territorio mayangna Sauni Bu, que fue llevada para abrir una vía de acceso al corazón de la reserva. “Todos sabemos que en la reserva es prohibida cualquier tipo de construcción horizontal y una vía de acceso hacia la zona núcleo, te garantiza que el esfuerzo del batallón ecológico va tener que redoblarse”, lamenta el Procurador.

“Siempre encontramos personas nuestras, que es lo más que duele, nacionales, que quieren lucrarse. Es una cadena de la persona que está en el lugar cortando, procesando, el que está trasladando, poniendo en un puerto, alguien está demandando, nosotros vamos contra esas personas. Nos hemos encontrado personas comunes y corrientes”, alega el Fiscal Nacional de Medioambiente, Víctor Mena.

Mena revela que de las 217 denuncias recibidas el año pasado, 107 agrupan las del puerto El Rama, Siuna y Bonanza. El fiscal del Medio ambiente reclama que las penas contempladas en el Código Penal sean menores en el caso del trasiego de madera, un delito que para él se encuentra invisibilizado y que es tan nocivo como el tráfico de drogas.

“¿Qué pasa con este tipo de delitos del medio ambiente? El legislador con el Código Penal lo dejó con penas menos graves, cinco años máximo. A veces queremos que sea como crimen organizado, pero estamos esperando que en algún momento sea tomado como política de gobierno este tema y podamos contar legislación penal para aplicar duramente la ley”, se queja Mena.

La especie de madera traficada que más recuerda es la del granadillo, exportada a Asia en un volumen que el año pasado significó casi seis millones de dólares. Cinco años antes apenas era de 127, 000 dólares y su comercialización, promovida por la llegada de 30 asiáticos, provocó la depredación del recurso al punto que hoy los ambientalistas temen que su existencia esté herida de muerte. Esta madera es usada en Asia para la fabricación de instrumentos musicales o en los paneles de yates o vehículos de lujo.

El Fiscal sostiene que con documentos falsos, entre ellas guías forestales, se trafica la madera. Se acuerda que el año pasado retuvieron a 193 camiones con madera en el sector conocido como Las Canoas. Mena acepta que, aunque cuenta con el apoyo de sus colegas de la Fiscalía en todo el país, es el único abogado con rango de fiscal en su oficina y la persona dedicada completamente a perseguir los delitos ambientales.

Aunque el Estado enarbole el reconocimiento de los territorios indígenas, como uno de sus principales logros y el aumento del número de delegaciones de la PGR, el diputado indígena Brooklyn Rivera sostiene que hace falta voluntad política para solucionar el problema de Bosawas.

“Me imagino que la unidad técnica que vela por Bosawas la tienen centralizada en Managua. Ni siquiera llegan a operar en esa gran reserva, ¿qué puede hacer desde Managua? No hemos visto que en este caso (Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales) Marena ha estado realmente enfrentando el problema de invasión de colonos, despale de bosques y saqueo de riquezas naturales en esa reserva”, dice Rivera.

Según Rivera, existe un respaldo político de las autoridades políticas del FSLN en la zona para el saqueo de la naturaleza, lo que explica últimamente en la presencia de Alba Forestal. Sin embargo, el Procurador García demandó al diputado que aporte pruebas para dar seguimiento a su denuncia y dijo que no tenían información al respecto.

Investigadores que han estudiado el tema de Bosawas están llegando a una conclusión preocupante: la protección de la reserva naufraga ante los intereses partidarios en los comicios municipales y regionales cuando los partidos prometen tierra a cambio de votos. El diputado Rivera niega que ellos como parte del partido indígena Yatama lo estén haciendo y dice que el único que podría legalizar a los invasores en las tierras indígenas es el partido de gobierno, el FSLN que controla el poder electoral y ha sido denunciado por la manipulación de la fabricación de cédulas a favor de sus partidarios.

“En lo que se refiere a Yatama de ninguna manera eso podríamos hacer. Nosotros sabemos que esos colonos la mayoría no tiene estatus de ejercitar su voto. Son de recién ingreso, muchos no tienen cédulas, muchos no tienen tiempo de residencia en la región, y muchos están en condiciones precarias, que no ha podido hacer cambio de domicilio a tiempo”, dice. “A menos que el partido de gobierno, como ha ocurrido esta vez (se refiere a las elecciones regionales de 2014) los acompañan y fabrican rápido las cédulas y los cambios de domicilio y lo practican de forma partidista”, acusa Rivera.

V- EPÍLOGO:

La esperanza de Bosawas



Niños mayangnas, futuros defensores de nuestro Bosawas, sonríen sentados frente a la biblioteca de Musawas. Carlos Herrera | Confidencial

La neblina comienza a cubrir poco a poco las frondosas montañas que rodean Musawas, la aldea indígena que es una suerte de capital del territorio mayangna Sauni As, como si se tratara de un níveo mosquitero con el que una amorosa madre protege a sus hijos. Las callecitas de cemento del poblado se llenan de hombres que regresan de sus labores en las plantaciones de plátanos y granos, mientras los niños corretean descalzos. Esta tarde la iglesia morava comienza a llenarse temprano con la gente que asiste al último culto del día: las mujeres más jóvenes van recién bañadas, ataviadas con ropa limpia y de colores alegres, como para celebrar el respiro después de un día de intenso trabajo limpiando las casas, preparando la comida, cuidando a los niños.

Entre las callejuelas de cemento se ve a un grupo de jóvenes extraños de estas tierras, muchachos que durante este caluroso día de marzo han recorrido varias veces el poblado. Vienen aquí para hablar con los indígenas, para conocer su forma de vida, para saber cuál es el precio que Bosawas está pagando por la voracidad del resto del país. Son representantes de una organización conocida como “Misión Bosawas”, que intenta sembrar entre los más jóvenes la indignación por la destrucción de la reserva, hacer que reaccionen antes de que sea demasiado tarde.

Francisco Espinoza Álvarez es el coordinador de jóvenes voluntarios de Misión Bosawas. Llegó a Musawas acompañado de una voluntaria del movimiento, con el fin de reunirse con jóvenes de la aldea para darles a conocer el trabajo que realizan. Francisco, un joven moreno y robusto, que esta tarde va vestido con una camiseta azul con el logo de la organización y un pantalón corto de mezclilla, explica que su trabajo se basa en “concientizar” a los jóvenes sobre lo que está pasando con Bosawas. “Hay jóvenes que no se dan cuenta de lo que ocurre. Lo que queremes es sembrar una semilla en ellos y generar opinión sobre Bosawas, para hacer cambios. Nos interesa aportar un grano de arena para cambiar las cosas”, explica.

Los jóvenes de Misión Bosawas son asesorados por grupos de expertos que conocen bien la situación de la reserva. Con ellos trabaja Byron Walsh, un consultor ambiental amante de Bosawas y que maneja perfectamente los problemas que sufren las reservas naturales del país. Entrevistamos a Walsh en Managua, en la sede de la UNESCO, donde hizo una radiografía desalentadora del llamado pulmón de Centroamérica. “Se encuentra en situación crítica, muy debilitada”, dijo. “Una reserva es un sinónimo de pulmón para la UNESCO, para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, juega un papel importante a nivel mesoamericano. Ese pulmón genera el clima de Las Segovias, por ejemplo, y su destrucción poco a poco va a pasar la cuenta”, agregó. Walsh lanzó un dato desalentador: “Las imágenes de satélites no mienten, y con las invasiones que están entrando en la zona núcleo a este ritmo, se calcula que se podrían perder un 30% de la zona núcleo para el año 2023”.

— ¿Está en riesgo la designación de la UNESCO? — le preguntamos.
—No es inminente, no es que mañana la UNESCO va a tomar una decisión sin peso. Pero por eso queremos frenar la destrucción, para que la UNESCO no se pronuncie, porque la designación puede ser retirada si la biósfera es alterada en más del 55%. Eso haría perder prestigio a Nicaragua. — responde.

El deterioro de Bosawas no sólo sería fatal para las poblaciones cuyo clima depende de la biósfera, sino un golpe duro para la fauna y flora del país: la reserva alberga el 3.5% de la biodiversidad mundial, más de 200 especies de animales (el 13% de las especies tropicales conocidas) y unas 200 mil especies de insectos. Además, con ella caería el que es el hogar de los indígenas mayangnas y misquitos que durante siglos han habitado sus bosques.

Ese es el temor de los jóvenes de Misión Bosawas: perder la gran joya de Nicaragua por la codicia de los nicaragüenses. “Me siento decepcionado sobre cómo hemos venido destruyéndolo, y cómo de alguna forma yo he sido culpable de eso”, dice Francisco, de Misión Bosawas, sentado en los desvencijados escalones de una choza en Musawas. “Tengo miedo. Miedo de que las autoridades no ejerzan presión, miedo de que los jóvenes se sientan apáticos porque creen que no pueden hacer nada, tengo miedo de que los mayangnas se resignen a la lucha”, agrega. “Pero a pesar de ese miedo, todavía guardo una gran esperanza: que muy en el fondo debe haber una voluntad política para empezar a trabajar y cambiar esta situación”, afirma Francisco. A su espalda la vida en Musawas comienza a dormirse y el sol se oculta poco a poco en el horizonte, llenándolo todo de un hermoso color naranja, que contrasta con el inteso blanco de la neblina. Una bellísima postal que hemos tenido el privilegio de ver. Ojalá que nunca desaparezca.

     

PUBLICACIÓN DE INVERSIONES MULTIMEDIA, S.A.
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  Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.