Opinion

30 años de autonomía regional en la Costa

La autonomía nació como un acuerdo constructivo para cimentar confianza y fundar una Nicaragua unida en su diversidad

En memoria de Layan Pauni (Eduardo Pantin),
dirigente de MISURA, forjador de esperanza, paz y autonomía.

El 4 de mayo de 1990 me escurrí en la improvisada sala de la alcaldía de Bluefields en donde tomaría posesión el primer Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur. En aquel momento apenas lograba atisbar la importancia histórica de aquella sesión, hace 27 años, cuando la Costa Caribe inauguraba sus primeras instituciones de autonomía regional. Un par de años atrás, el 30 de Octubre de 1987, la Asamblea Nacional había aprobado el Estatuto de Autonomía, iniciando así una nueva etapa en las relaciones entre el Estado nicaragüense y la Costa Atlántica.

Autonomía
Un niño navega sobre el Río Coco, en la región Caribe Norte. Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.

En aquella sesión inaugural Mariano Fiallos Oyanguren, entonces presidente del Consejo Supremo Electoral, tomó el juramento a una Junta Directiva multiétnica, todos miembros de la coalición electoral de la UNO, que sin embargo excluyó en su composición a otras organizaciones políticas representadas en el Consejo, al FSLN en particular, que había perdido recientemente las elecciones generales de febrero de 1990. Ante mis ojos y del resto de la audiencia, aquella sesión selló una de las dinámicas más perniciosas que habría de caracterizar a los seis subsiguientes Consejos Regionales en las Regiones Autónomas: la política partidaria excluyente y maniquea que, salvo etapas cortas y excepcionales, ha caracterizado la vida política de las instituciones regionales de autonomía.

Si bien el proceso de negociación y la consultas de autonomía pusieron fin a la guerra en la Costa y acercó a las partes en el conflicto armado – por un lado, las organizaciones indígenas representadas en YATAMA y por el otro, al gobierno del FSLN –, en sí mismo el Estatuto no sería capaz de resolver los asuntos de fondo para las aspiraciones históricas costeñas: el ejercicio de la autodeterminación, la libertad suficiente y las condiciones de igualdad para que los habitantes del caribe del país decidamos el destino de la región desde nuestras propias visiones y realidades. La autonomía costeña simplemente estableció una ruta política constructiva hacia el camino de la autodeterminación.

No ha sido únicamente la política excluyente el único problema para realizar los ideales de la autonomía, sino además la falta de un apoyo sostenido del Estado nicaragüense para que las instituciones autónomas puedan ejercer sus plenamente sus funciones. Más aún, las distintas administraciones nacionales a partir de 1990 adversaron activamente los derechos autonómicos y debilitaron la capacidad de las regiones para cumplir el sueño de una Costa Caribe autónoma, dignificada y en paz, como lo desearon generaciones costeñas después de la anexión de la Reserva de la Mosquitia en 1894 y durante todo el siglo veinte.

A mi parecer tres tipos de enfoques han caracterizado las relaciones del Estado nicaragüense respecto a la Costa desde la fundación de la autonomía: un enfoque de aislamiento de las instituciones autónomas, entre 1990 y1996 bajo el gobierno de la UNO; el que fue sucedido por políticas de suplantación (1996-2005) de dichas instituciones por los gobiernos de Alemán y Bolaños. El enfoque liberal de eclipsar a la autonomía y sus instituciones, fue sucedido a la vez por un enfoque de subordinación (2013+) en la segunda administración de Ortega.

Es importante anotar, sin embargo, que a partir del 2007 en su relación con la Costa la administración de Ortega abordó en forma tenaz el tema de la propiedad comunal, ideó una exitosa estrategia de alianzas políticas con YATAMA para cogobernar, y diseñó una plan de desarrollo regional bajo el liderazgo de la Secretaría de Asuntos de la Costa Caribe, que entonces dirigía Lumberto Campbell.
En el 2013, con la aprobación de la Ley del Canal Interoceánico que amenaza con desposeer de sus derechos de propiedad a los pueblos indígenas y campesinos, y ante la ruptura con YATAMA, Ortega abandonó las pretensiones de una relación respetuosa con la autonomía y la sociedad costeña. Los últimos cinco años en particular se han caracterizado por el control hegemónico y excluyente de los Consejos Regionales y Municipales, la interferencia partidaria en la autonomía indígena y afro-descendiente en relación con sus formas de elección y autoridades comunitarias, y el rol predominante de las instituciones nacionales en los asuntos internos de la Costa. El Gobierno de Ortega ha suplantado un abordaje franco y respetuoso con la autonomía a través de una integración física, económica y política de la Costa al resto del país: a mayor integración, menos autonomía parece ser el axioma en la actual administración.

A pesar de todo lo anterior sugiero que no han sido treinta años de frustraciones acumuladas respecto a los derechos costeños. Las tierras reclamadas históricamente por los pueblos indígenas Sumu, Mayangna y Miskitu, y los pueblos afro-descendientes Garífuna y Kriol han sido casi en su totalidad demarcadas y tituladas a favor de dichos pueblos. El régimen de propiedad comunal que comprenden los 23 títulos conferidos a estos pueblos representan el 31.42 porciento del territorio nacional y el 54.7 por ciento de las Regiones Autónomas del Caribe. Si en 1981 MISURASATA, la organización predecesora de YATAMA, reclamó el 37.7 por ciento de la tierra del país, hoy ha sido titulada casi la totalidad de esa área bajo propiedad colectiva. Es necesario reconocer que los avances en la titulación fue posible por la demanda sostenida de las organizaciones políticas y sociales, e instituciones autónomas ante del Estado nicaragüense – incluyendo una sentencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el caso de la comunidad de Awastingni en el 2001– así como una adecuada interpretación dentro la segunda administración del FSLN sobre la centralidad del tema de la tierra en la Costa Caribe.

La Costa Caribe ha producido además dos universidades regionales interculturales, URACCAN y BICU, donde se forman profesionales que contribuyen al desarrollo económico y social de la Costa y del país. Ambas universidades son hijas de la autonomía, nacieron y validan su misión educativa bajo los principios de igualdad en la diversidad, y el desarrollo y fortalecimiento del régimen de autonomía en todos sus aspectos sociales, culturales, económicos y políticos. No obstante, las Universidades costeñas, al igual que otras Universidades del país, requieren fortalecer su calidad, mantener su relevancia curricular y mejorar la transparencia y gobernabilidad como instituciones públicas de educación superior.

La Costa Caribe cuenta además con sus instituciones políticas regionales, legislación secundaria, protección Constitucional, territorios titulados y autoridades territoriales que se eligen con regularidad. En su conjunto este cuerpo de instituciones y normas conforman el régimen de autonomía, que con todas sus debilidades y desafíos continúa siendo una referencia importante en América Latina. Y en efecto, gradualmente distintos modelos de autonomía indígena territorial han sido adoptados por los países de la región en la última década, Bolivia y Ecuador en particular. En ambos casos las experiencias – si bien incipientes – ilustran las complejidades de construir autonomía bajo regímenes políticos centralistas y administraciones nacionales que dependen altamente de modelos extractivos de desarrollo económico. Las autonomías indígenas o regionales son adversadas por las élites de poder político y económico porque de manera inherente representan un mecanismo para redistribuir el poder del Estado, y democratizar la sociedad, cuestiones que encierran contradicciones fundamentales para el ejercicio democrático. Más aún si ese régimen político se torna autoritario, como en el caso de Nicaragua.

A sus treinta años, la autonomía costeña está debilitada pero no es un proyecto fallido. La autodeterminación costeña a través de la autonomía requiere de un Estado comprometido con su desarrollo, pero esta relación, inherentemente conflictiva no es su único problema. Las instituciones autónomas y sus representantes deben responder ante la sociedad costeña porqué no han levantado la bandera de la autonomía con mayor determinación y carácter, ejerciendo el poder relativo que les confiere la legislación, especialmente el Estatuto y Reglamento de Autonomía.
Tampoco es la autonomía la solución a todos los problemas de la Costa. La violencia en las zonas rurales – de las más altas del país – es endémica en las regiones del Caribe. También lo son la pobreza y el precario nivel de desarrollo y bienestar que afecta a indígenas, afro-descendientes y comunidades campesinas. La corresponsabilidad de las autoridades regionales y nacionales es fundamental para atender este imperioso problema que afecta a mujeres y a la niñez con particular severidad. La violencia, sin embargo, no es un fenómeno aislado de los otros problemas que la autonomía y el Estado deberían resolver: las ocupaciones ilegales de los territorios indígenas que inequívocamente van despojando a las comunidades indígenas de sus tierras ancestrales.

La autonomía nació como un acuerdo constructivo para cimentar confianza y fundar una Nicaragua unida en su diversidad. Con ese mismo espíritu se debe hacer el balance de estos treinta años andados, un balance crítico que debe incluir tanto a la sociedad costeña como al resto sociedad nicaragüense, y al Estado en particular, a pesar de su deficiente desempeño en la promoción de la autonomía costeña.

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