Centroamérica

Panamá Papers detecta 220 empresas offshore inscritas en siete diferentes paraísos fiscales

33 clientes salvadoreños de Mossack Fonseca

Cientos de miles de dólares han fluctuado bajo un esquema complejo y repetitivo



Millones de documentos muestran a jefes de Estado, políticos, empresarios, criminales y celebridades que usan escondites en paraísos fiscales. El nexo común es la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, un emporio con oficinas en todo el mundo, que ha facilitado y tramitado una compleja y opaca red. Clientes salvadoreños han usado este bufete para esconder sus negocios y hacer transacciones monetarias en Panamá o las Islas Vírgenes Británicas.

Para el caso de El Salvador, los registros indican que más de 220 empresas offshore fueron creadas bajo la sombrilla de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, que entre 2000 y 2015 trabajó con al menos 33 clientes salvadoreños. Las empresas, creadas para garantizar el anonimato de sus propietarios, han sido usadas para efectuar transacciones de cientos de miles de dólares, compra de inmuebles en El Salvador o para celebrar convenios con municipalidades salvadoreñas. Todo fuera del radar de las autoridades locales.

Los contratos de Mossack Fonseca con clientes salvadoreños se remontan a principio de la década pasada. El proceso fue similar en casi todos los casos: empresarios, funcionarios públicos, financistas de políticos y excandidatos solicitaron los servicios de Mossack Fonseca a través de firmas legales intermediarias con sede en El Salvador.

En El Salvador, según los registros obtenidos, hay tres firmas de abogados que han servido y sirven como conexión con el bufete panameño. Los abogados salvadoreños aparecen como “clientes” en los registros de Mossack, aglutinando muchas compañías. Sin embargo, una búsqueda minuciosa en los archivos filtrados permite llegar hasta los verdaderos beneficiarios de las compañías inscritas en Panamá, Islas Vírgenes, Bahamas o las Seychelles.

El funcionamiento es complejo pero repetitivo: un beneficiario se pone en contacto con Mossack, a través de su intermediario-abogado, para crear una empresa offshore, digamos, en Panamá. Mossack pone la lista completa de directores de la nueva empresa, generalmente empleados de la misma firma, residentes en colonias de clase media de la capital panameña, que además aparecen como directivos en otros cientos de empresas offshore. La nueva empresa, inscrita en el registro público panameño con esa junta directiva fantasma, depende de otra empresa más grande, una empresa shell creada también por Mossack Fonseca mediante un procedimiento similar. Las reuniones de la junta directiva se hacen, según las actas, siempre en las oficinas del despacho panameño, desde donde se aprueban acuerdos para emitir acciones o poderes a los verdaderos dueños.

Entre los millones de documentos y la cadena de empresas fachada creadas por Mossack Fonseca, El Faro ha podido detectar hasta 33 clientes salvadoreños, la mayoría abogados, que han servido de escudo para crear más de 220 empresas offshore inscritas en siete diferentes paraísos fiscales como Panamá, Seychelles, Bahamas o Nieu.

Hay un número mucho menor —ocho clientes—, que han buscado directamente a Mossack para crear sus compañías en Panamá. Es el caso de un empresario ligado al primer gobierno del FMLN, otro gran empresario salvadoreño con participación en política, un diputado del partido Arena, y diversos medios de comunicación, que crearon por esta vía fundaciones en Panamá y más de una docena de empresas offshore en Nevada. El Faro publicará los detalles de estos casos a lo largo de las próximas dos semanas.

Los archivos filtrados muestran que la firma ofreció con regularidad a sus clientes fechar incorrectamente documentos para ayudarles a obtener ventaja en sus asuntos financieros. Era algo tan común que en 2007 un intercambio por email muestra a empleados de la firma hablando de establecer una estructura de precios: los clientes pagarían $8,75 por cada mes que la fecha de un documento corporativo fuera atrasada. Un caso similar ocurrió con una offshore de un empresario salvadoreño ligado al negocio de la seguridad: a través de un despacho intermediario solicitó a Mossack un poder con seis meses de retroactividad.