Nación

Cronología

Aborto en Nicaragua: 12 años de lucha por el derecho a decidir

Aborto

Mujeres condenadas a muerte: el Gobierno ha cerrado oídos a la demanda de despenalizar el aborto para embarazos de alto riesgo o violaciones



Una ley “provida” está matando a las mujeres en Nicaragua. Mató a Amelia, de 27 años, enferma de un cáncer que no se pudo tratar a tiempo. Tenía diez semanas de embarazo, y el cáncer había alcanzado su cerebro, un pulmón y una mama, pero en el hospital le negaron el tratamiento de quimioterapia “dada la alta posibilidad de que este provocara un aborto”. Cuando las autoridades accedieron al tratamiento, Amelia ya rondaba el primer trimestre del embarazo. El bebé murió a los ocho meses de gestación y ella meses más tarde.

La ley que prohíbe el aborto en Nicaragua, sin prever ninguna excepción —aun cuando el embarazo sea un riesgo para la vida de la mujer— también mató a Cruz Selena Centeno, de 20 años. A los seis meses de embarazo, Cruz Selena enfermó del hígado. El hospital la internó por dos semanas y luego le dio de alta. Cuando su estado empeoró, su familia la llevó a un médico privado que le diagnosticó hepatitis y anemia. De regreso en el hospital, el bebé de Cruz Selena murió en su vientre, pero se negaron a sacarlo, y la sangre se le infectó hasta matarla por septicemia.

“La prohibición total del aborto en Nicaragua está poniendo en riesgo la salud y la vida de mujeres y niñas”, advirtió en 2017 un informe de Human Rights Watch. El documento sostiene que “la prohibición no ha detenido los abortos, sino que los ha hecho más inseguros”, pues estos igual se practican, pero de forma clandestina y bajo escasas o nulas normas sanitarias.

Marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2018, frente a la UCA, en Managua. Carlos Herrera | Confidencial

“A menudo, (las mujeres y niñas) están demasiado atemorizadas para pedir asistencia médica cuando sufren complicaciones a causa de esos abortos”, indica el informe. Se estima que por miedo, cientos de mujeres y adolescentes embarazadas postergan la decisión de pedir asistencia médica, y hay también personal médico que, presionado por el conflicto entre la ley y la ética, denuncian a mujeres y niñas que han abortado.

La penalización, un retroceso

El Código Penal de Nicaragua establece hasta dos años de prisión a las mujeres que interrumpan de forma voluntaria su embarazo, no importa si este pone en peligro su vida —por un cáncer, como Amelia, o porque el bebé ya ha muerto en su viente, como Cruz Selena— o si se trata de adolescentes o niñas embarazadas por una violación. Los profesionales médicos que practican un aborto, también pueden ser condenados hasta con seis años de prisión. Aunque no siempre fue así.

Nicaragua adoptó en 2006 un código penal que prohibió completamente el aborto, sin excepción a embarazos de alto riesgo para la vida o la salud de la mujer, malformaciones graves del feto que le impedirían nacer, o embarazos por violación o incesto, incluso en menores de edad.

Durante 169 años, desde el primer código penal en 1837, el aborto estaba parcialmente despenalizado en Nicaragua. No era una carta en blanco, como se alegó en las campañas “provida”, pero sí se permitía que una mujer embarazada optara a un procedimiento limitado a la valoración de una junta medica.

La demanda por la despenalización del aborto es un tema permanente en la agenda de los movimientos feministas. Carlos Herrera | Confidencial

En las campañas contra el aborto terapeútico se alegó a menudo que el término “terapeútico” hacia alusión a la interrupción voluntaria del embarazo como “terapia” para mujeres con una “conducta sexual irresponsable”, que “no quieren hacerse cargo” de sus hijos. En la práctica, muchas de las mujeres que mueren por un aborto inseguro o por la falta de atención médica oportuna, dejan a otros niños en la orfandad. Como Amelia, que ya tenía una niña de diez años, que perdió a su madre.

La prohibición general del aborto se promulgó en octubre de 2006 y se reafirmó en noviembre de 2007, con la aprobación y entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Nicaragua se estableció así como uno de los cinco estados independientes del mundo que establecen una prohibición total del aborto. Los otros países son El Salvador, República Dominicana, Malta y Ciudad del Vaticano.

Las más pobres son las más afectadas

La violencia que sufren las mujeres nicaragüenses agrava las consecuencias de la penalización del aborto. “Nicaragua tiene altas tasas de violencia doméstica y sexual, que pueden redundar en embarazos no deseados”, detalla Human Rights. Mujeres adolescentes y niñas están particularmente expuestas al riesgo de un embarazo no deseado como resultado de una violación sexual. Además,  las mujeres y menores de edad más afectadas suelen ser las más pobres, para quienes el acceso a la salud en general ya es muy limitado.

El Gobierno de Nicaragua publica pocos datos sobre la aplicación de la prohibición del aborto, y ninguno sobre los efectos para la salud, incluida la mortalidad materna. Tampoco publica datos sobre la cantidad estimada de abortos ilegales o el número de mujeres, niñas, adolescentes, personal médico o proveedores que son arrestados, imputados o condenados por la práctica.

Sin embargo, se ha estimado que entre 2003 y 2013 unas 290 personas fueron denunciadas o detenidas por efecto de la prohibición del aborto, sin que se sepa el estado actual de estos casos.

Legalizar no mata más, penalizar no mata menos

Las nicaragüenses reclaman que sus derechos sexuales y reproductivos están limitados a la voluntad de terceros. Carlos Herrera | Confidencial

Un análisis del Centro de Derechos Reproductivos, asegura que “los esfuerzos por promover el derecho a la vida desde la concepción, vienen usualmente dirigidos a restringir el acceso tanto al aborto como a la anticoncepción” y lamenta que estas posturas hechas desde un discurso que exalta el valor a la vida “tienden a producir exactamente el efecto contrario”, porque elevan la mortalidad materna.

“La evidencia científica demuestra que legalizar el aborto no incide sobre la tasa de aborto inducido, sino todo lo contrario: que son las leyes antiaborto las que elevan la tasa de aborto inseguro, con el consiguiente peligro para la vida y salud de las mujeres”, alega este análisis, que evalúa los derechos de las mujeres y protecciones prenatales en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho comparado.

Aunque el Gobierno de Nicaragua obstaculiza los fondos de entidades internacionales sobre el tema, la sociedad civil nicaragüense, a través de organismos defensores de derechos humanos y movimientos feministas, mantiene la lucha por la despenalización del aborto y acciones para apoyar a mujeres y niñas con embarazos de alto riesgo o no deseados. El Gobierno, sin embargo, mantiene los oídos sordos.

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