Opinion

Abril: Las causas del estallido social

La crisis del régimen que llegó de lejos. Los principales mecanismos de control social estaban socavados en su raíz. Solo quedó la represión criminal

Los estallidos sociales no se generan en el vacío. Son resultado de procesos sociales, políticos y económicos que es preciso desentrañar para interpretar los alcances de las crisis y, particularmente, para alumbrar las posibles rutas de salida. El estallido de abril no es la excepción. Intentemos reseñar los principales procesos.

El capitalismo de rapiña hizo crack

En el plano económico, el modelo impuesto por el régimen estaba agotado. La realidad es que, bajo la envoltura de una economía de libre mercado, Ortega impuso una economía de rapiña, dominada por monopolios y oligopolios. Desde el control del Estado y de sectores claves de la economía como los combustibles, la energía eléctrica y el sistema financiero, una minoría, amparada en la corrupción, la impunidad y el compadrazgo entre poder político y poder económico,  pudo concentrar los beneficios del crecimiento económico y generar, de un lado, un enriquecimiento desmesurado y, de otro, la persistencia de la pobreza, actividades económicas de sobrevivencia, precariedad empresarial, economía informal y migraciones al exterior.

En esencia, el modelo económico de Ortega nos retrocedió al siglo XIX. El crecimiento económico registrado en las estadísticas descansó en la depredación de recursos naturales, tales como agua, bosques, suelo, litorales, minerales. En el abaratamiento de la fuerza de trabajo, tanto de obreros, empleados, así como de técnicos y profesionales. En restricciones al desarrollo de las pequeñas, micros y medianas empresas. Y en el subsidio de la cooperación petrolera venezolana.

Una vez que la cooperación petrolera comenzó a desinflarse, se desinfló también la chimbomba del “modelo económico exitoso”. Desde el 2017 se registraban tendencias declinantes en la tasa de inversión, el consumo y el número de afiliados al INSS.

Revisemos algunos datos: La encuesta empresarial publicada por COSEP en 2016, cuando la alianza estaba en plenitud, reveló que el 70% de las empresas reportaba que sus ingresos se mantenían estancados o disminuían, a pesar del crecimiento económico superior, por varios años, al 4% anual.

Asimismo, FUNIDES, en el estudio “Causas e implicaciones de la informalidad empresarial en Nicaragua”, publicado también en 2016, estimó que un porcentaje ligeramente superior al 90% de las empresas se encontraba en la economía informal, con baja productividad y elevada precariedad en distintos campos.

Por su parte, el Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo, INIDE, en su informe sobre el empleo reportó que al cerrar 2017 más del 60% de la población laboral se encontraba subutilizada: 43% de subempleo; 14% trabajadores “sin salario” y 3% desempleo abierto.

A pesar de los alardes de los voceros del régimen, de sus aliados y comparsas, y de la complicidad de organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el BCIE, el crecimiento económico no generó ni modernización tecnológica y empresarial, ni productividad, ni empleo formal. Ni alivio real de la pobreza.

Donde no hay que dar no hay que velar

En el plano social, el “gobierno de los pobres” articuló un discurso basado en quimeras, que parecían creíbles con el sustento de programas asistenciales, de carácter clientelar. Las promesas del canal interoceánico, el puerto en el Caribe, la refinería, el algodón a colores, el satélite espacial y otras del mismo tenor alimentaban la ilusión de la gente; mientras, la entrega de láminas de zinc, hambre cero, usura cero y demás programas clientelares, si bien no resolvían la pobreza, daban credibilidad al discurso. Cuando comenzaron a cancelarse los programas sociales y se anunció que debía pagarse por las láminas de zinc y las gallinitas, para la gente resultó evidente que se había acabado lo que había y que las promesas eran patrañas. La fuerza del discurso se vino al piso.

Volvamos a los datos. FIDEG (Fundación Internacional para el Desafío Económico Global), caracterizado por realizar estudios sistemáticos sobre la evolución de la pobreza y cercano al Frente Sandinista, en su estudio publicado en septiembre del 2018, reveló que entre el 2013 y el 2017 la pobreza había pasado del 40.5% al 41.2%. Esto es, había crecido. Según la misma institución, la pobreza se mantenía en esos porcentajes gracias a las remesas familiares y no a los programas gubernamentales. El estudio citado enseña que más del 70% de la población ocupada labora en la economía informal. Estos datos desenmascaran los embustes del régimen sobre la reducción de la pobreza y revelan el fracaso social del gobierno de los pobres.

De la monarquía a la dinastía

En el plano político, a partir de su alianza con el PLC, Ortega construyó gradualmente un régimen dictatorial, puro y simple. Sin atenuantes ni mixtificaciones. Mediante la manipulación y control del aparato judicial y de la estructura electoral impuso fraudes electorales y pasó a dominar la totalidad de las instituciones públicas, incluyendo alcaldías. Reformó la Constitución conforme sus designios, violentó, aprobó o desfiguró leyes. Sometió a la policía y al ejército. Ilegalizó organizaciones políticas. Destituyó diputados opositores y alcaldes. Suspendió a su antojo el ejercicio de libertades y derechos ciudadanos.

Y cuando fue necesario reprimió mediante encarcelamientos, garroteadas, enjuiciamientos y ejecuciones extrajudiciales. Protestas mineras y laborales. Movilizaciones sociales y políticas. Protestas anti canal. Para no ir muy lejos, las elecciones municipales del 2017, aunque la mayoría de la población les dio la espalda, generaron protestas que fueron reprimidas con cárcel, apaleados y cinco muertos.

Una monarquía absoluta. El extremo fue imponer a su esposa como vicepresidenta, sembrando la semilla de la dinastía.

Los inocultables, por masivos, porcentajes de abstención electoral, tanto en las “elecciones presidenciales” del 2016 como en las municipales del 2017, fueron testimonio vivo del desgaste político del régimen. Buena parte de sus bases de antaño no acudieron a las urnas.

Represión pura y dura

Con estos antecedentes, el modelo de control social entendido como los mecanismos utilizados por el régimen para mutilar el ejercicio de los derechos civiles, laborales y políticos, y neutralizar las acciones de reclamo o protesta social, se encontraban socavados en sus raíces. El régimen navegó, con relativa tranquilidad, durante once años, instrumentando principalmente los siguientes mecanismos: La organización y movilización de su clientela política. La cooptación del movimiento sindical. El control de los medios de comunicación. La Alianza con la cúpula empresarial. El debilitamiento de organizaciones sociales y políticas. La acción de fuerzas de choque y grupos paramilitares. Y la policía y el ejército como recursos de última instancia.

Para abril, los principales mecanismos de control social se encontraban socavados en su raíz. Solo quedó la represión criminal.

Ardió la pradera

Los estallidos sociales usualmente están asociados a impactos emocionales. Una atmósfera de crispación emocional fue alimentada por la masacre de La Cruz de Río Grande, los abusos policiales con multas y maltratos, el aumento de las tarifas de electricidad, entre otros. Y un detalle que puede pasar desapercibido: las sanciones a Roberto Rivas, prototipo de corrupción e impunidad. Las sanciones revelaron que el período de complacencia con los desmanes había terminado. Y que el régimen era vulnerable.

La crisis de la seguridad social, prototipo de corrupción e ineficiencia, en buena medida condensó la crisis económica, social, política y moral del régimen. Las imágenes de ancianos garroteados, la rebeldía de la juventud, la potencia de las redes sociales y la reacción criminal del régimen fueron chispa y pólvora. Y ardió la pradera.

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