Opinion

Agitación política ante el proceso electoral

Las elecciones pueden suscitar una gran expectativa en la población, sobre todo, en una etapa de reflujo de la rebelión nacional.

En la confrontación de la nación contra Ortega, luego de los más graves crímenes de lesa humanidad en tiempos de paz (en especial, en perjuicio de la juventud), las distintas ideologías deben por fuerza debatir abiertamente sobre la estrategia de lucha para sacar a Ortega del poder, en función de los intereses sociales que intentan determinar, necesariamente de forma transparente de parte de los sectores progresistas, el rumbo político y económico de la sociedad post Ortega.

En la crisis económica que Ortega no puede resolver con medidas de austeridad, y que neciamente subestima para obviar que su origen radica en la crisis de gobernabilidad (luego de los crímenes contra la humanidad), subterráneamente se incuba otro abril, más combativo y resuelto, con una mejor dirección salida de las masas trabajadoras que se ven severamente golpeadas de manera creciente en sus condiciones de existencia.

Carácter militar del orteguismo

La actual dictadura tiene un componente histórico de carácter militar, que hace al Ejército (de manera distinta que en Bolivia) parte esencial, decisiva, del poder burocrático que por propios intereses se impone a la sociedad.

Cuando Ortega expresó en 1990 que habían perdido el Gobierno, pero, no el poder, se refería precisamente al rol del Ejército Sandinista que les garantizaba impunidad, por encima del orden legal.

La dictadura orteguista, en última instancia, representa al poder militar independiente de la sociedad, en una reproducción anacrónica de la simbiosis de los años ochenta (ejército-partido-Estado), en la que el Ejército Sandinista es el pivote central. De modo, que la lucha antidictatorial conduce ahora a la abolición o a la refundación de un ejército que en el post orteguismo no deberá portar remanentes sandinistas (de ello depende que nadie gobierne nuevamente desde abajo). En la reconstrucción integral de un Estado que promueva un desarrollo económico en función del ser humano, la revolución antiorteguista tiene como objetivo programático progresista un necesario carácter antisandinista, antiburocrático, y anti militar.

Reformas electorales de la UNAB

El 11 de octubre pasado, la UNAB hizo una presentación sumamente pedante sobre supuestas reformas electorales. En su documento, además de esbozar los cambios sufridos por la Constitución y las leyes en materia electoral, la UNAB incluyó 13 propuestas de reformas constitucionales, 8 propuestas para una nueva ley electoral y la propuesta de una nueva ley de partidos políticos.

En casos semejantes, dice acertadamente el refrán popular: a mucha abundancia mucha falta.

La UNAB ha presentado su propuesta de reformas electorales, sin una conclusión táctica agitativa.  Es decir, no fue una propuesta dirigida a las masas, sino, dirigida a la dictadura para que las apruebe. Lo que constituye un mísero enfoque claudicante.

La agitación política es el método de adelantar la revolución social

El enfoque electoral de una agrupación política de los trabajadores no podría ser el de un falso academicismo, como si nos encontrásemos en el limbo, entre inocentes que divagan teóricamente sobre cómo delegar el poder, sin represión criminal, sin pasiones e intereses materiales, o simplemente sobre cómo asignar escaños con alguno de los métodos matemáticos de proporcionalidad.

Nuestro problema esencial es político. La esencia de la conciencia política consiste, precisamente, en distinguir con exactitud la contradicción principal de las contradicciones secundarias, máxime frente a un régimen que comete crímenes de lesa humanidad.

Una agrupación política, o un partido con un mínimo de experiencia política, buscaría en esta coyuntura electoral cuáles serían las consignas agitativas que harían que el ciudadano por propia experiencia sienta la necesidad de cambiar el Gobierno inútil que criminalmente se aferra al poder. Y que sienta la necesidad apremiante de transformar la sociedad en sentido progresivo, es decir, hacia un cambio más civil.

Las elecciones y la lucha política

Las elecciones pueden suscitar una gran expectativa en la población, sobre todo, en una etapa de reflujo de la rebelión nacional. Y esa expectativa ciudadana tiene carácter político agitativo, baste ver lo acontecido en Bolivia

Hay que interpretar políticamente esa expectativa para trazar las consignas que conviertan las inquietudes de la población en formas de organización y de lucha. Las consignas agitativas tienen la función de atraer al movimiento libertario a las distintas capas de la sociedad, dirigiéndose a los distintos sectores para que avancen el paso y se integren al conjunto combativo, con sus propias demandas.

No están hechas para persuadir a Ortega, ni para negociar con él, ni para que adquieran valor como reformas legales de consenso. Su objetivo, simple, es inducir, por medio de la lucha, a un salto de la conciencia política; que se encuentra a distintos niveles en los distintos sectores sociales, pero, que parten del rechazo político masivo a un régimen sostenido en crímenes de lesa humanidad.

¿Urge democratizar el sistema electoral nicaragüense?

No es lo prioritario, ni es viable tácticamente en una etapa transitoria de reflujo. En relación a lo que es urgente, hay en África un sabio proverbio que a este respecto dice que no apremia alimentar a un hombre hambriento atrapado por un tigre. Es decir, lo primero es lo primero, habrá que liberarlo del tigre. Y otro proverbio, de Uganda, desde otra perspectiva, dice que “El cazador que persigue a un elefante no se detiene a tirar piedras a los pájaros”. Nuevamente, no se abandona el objetivo principal por uno secundario.

Ortega hizo cambios a la Constitución, a la ley electoral, y a la ley de partidos políticos, no sólo para facilitar los fraudes, sino, sobre todo, para someter las instituciones del poder electoral a su control. No es el caso de proponer que se deshagan esos cambios legales deplorables invitando a Ortega a caminar hacia atrás (a que haga el paso de moonwalk de Michael Jackson). A Ortega hay que apartarlo del poder, por su incapacidad de gobernar luego de la masacre a los estudiantes, lo que gestó el movimiento de abril con la demanda de la renuncia de Ortega como consigna central: permanentemente válida.

De todos modos, la dictadura no deja de ser tal por cambios en la ley, visto que un poder abusivo –por definición- no se somete ni a su propia ley. Esa es la esencia despótica del absolutismo: desmandar incluso desde abajo.

El orden dictatorial se sustenta en la dominación cotidiana, en la pasividad de la población, en la desorganización. En una palabra, se sustenta en la normalidad con que transcurren las manifestaciones abusivas del poder. La agitación política busca, en esencia, poner en crisis esa normalidad opresiva.

La crisis del régimen tiránico debe conducir a un cambio cualitativo libertario (con un pueblo en rebelión), no a un acuerdo reformista para desmontar la crisis de la dictadura (que, pese a los reformistas, luego de los crímenes de lesa humanidad, es irreversible).

Demandas agitativas

El voto en el exterior es una demanda agitativa, que concierne a un derecho de más de un millón de nicaragüenses que han abandonado su patria. La UNAB la recoge, simplemente, como reforma legal, no como movilización combativa.

La suscripción popular es agitativa sólo porque expande la idea de la participación política de la población, que Ortega, por el contrario, desea reprimir y constreñir hacia la abstención.

La observación nacional e internacional es agitativa porque dificulta el fraude, y más aún porque se contrapone a la táctica secretista orteguista.

Demandar el 50% más uno como resultado electoral válido, y una segunda vuelta si nadie alcanza ese porcentaje, es agitativa sólo porque incrementa el riesgo de falla estratégica para Ortega.

Pero, ninguna de estas cuatro consignas debe concebirse como reforma electoral o como propuestas a discutir o a negociar con la dictadura. Están fuera de discusión. Son demandas populares imposibles de satisfacer por Ortega. No tienen un valor jurídico (como cree el documento legalista de la UNAB), su valor relativo es político porque contribuyen a despejar de ruido el conflicto excluyente de la nación con el orteguismo, luego de abril. Es decir, apuntan hacia la consolidación de la conciencia política revolucionaria de la población. Por ello, la principal demanda, que les da coherencia a todas ellas, es la renuncia de Ortega por la masacre de abril.

La crisis política que arrancó en abril no va a cesar con las elecciones, con reformas o sin ellas, adelantadas o menos. La crisis actual va a cesar hasta que Ortega sea sacado del poder por la voluntad del pueblo, y hasta que la sociedad sea transformada, desarticulando al orteguismo.

Ingeniero eléctrico

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