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Policías mantienen tomada ilegalmente edificio donde funciona la redacción

Agresión a Confidencial consolida “estado de excepción”

Confidencial

Alrededor de 50 antimotines salieron de la sede de Plaza el Sol. Eran dirigidos por un comisionado, que, rabioso, ordenaba agredir a Carlos Fernando.



El asalto a CONFIDENCIAL, la confiscación del edificio donde funciona la redacción, y la agresión de la Policía en contra del equipo de esta publicación, es parte de la escalada represiva de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que esta vez está dirigida a medios de comunicación independientes, defensores de derechos humanos y organismos no gubernamentales críticos. De acuerdo a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la “cuarta fase de la represión” se acelera, consolidándose “un estado de excepción”.

“En Nicaragua los decretos que prohíben protestas, leyes que amenazan a los negocios privados, autorizaciones para allanamientos, actos legislativos que intentan cerrar ONGs, son las nuevas acciones que vienen a sumarse al proceso de persecución y criminalización de la oposición”, expresó Abrao. “Se acelera la cuarta fase de la represión: la consolidación de un Estado de Excepción con decretos policiales o actos legislativos que intentan mantener ‘apariencia de legalidad’ para medidas que restringen y afectan los contenidos esenciales de los derechos humanos”, agregó.

El secretario de la CIDH insistió en que la reducción de los espacios de la sociedad civil confirma que tras reprimir las protestas con brutalidad, detener arbitrariamente y criminalizar a los opositores, “se intenta oprimir y exterminar todas las voces disidentes”. “Las democracias exigen pluralidad política”, recomendó Abrao.

Mientras que la relatora especial para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola, preguntó en su cuenta de Twitter: “Primero reprimieron brutalmente las protestas (325 muertos); después apresaron y procesaron sin garantías mínimas de debido proceso a lideres de movimiento estudiantil y campesino; hoy van por acallar a la prensa y a las organizaciones de derechos humanos. ¿Qué democracia es esa donde no hay espacio para disentir?”.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidad (ONU), Michelle Bachelet, emitió un comunicado exhortando al régimen Ortega Murillo a cesar la persecución contra los “periodistas, medios críticos al gobierno, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.

El comunicado de Bachelet fue publicado dos horas después del ataque policial contra el equipo periodístico de Confidencial en Plaza el Sol. Alrededor de 50 antimotines salieron de la sede de Plaza el Sol. Eran dirigidos por un comisionado, que, rabioso, ordenaba agredir a Carlos Fernando, su esposa Desirée Elizondo, y el equipo periodístico. Los policías alegaban — a punta de gritos— que estaban imponiendo una “zona de seguridad”.

La periodista Claudia Tijerino fue golpeada por los antimotines. Carlos Herrera | Confidencial

Los oficiales se fueron encima de los periodistas, quienes se replegaron en la gasolinera de Plaza el Sol. Sin embargo, la Policía no se detuvo. Nos persiguió gritando “va a la verga, hijos de puta, golpistas”. La violenta reacción policial sucedió después que un comisionado de apellido Soza ingresó a la sede de Plaza el Sol a notificar sobre la presencia de Chamorro y los periodistas de CONFIDENCIAL.

“Antimotines agreden a periodistas. Fuimos a plaza del Sol a demandarle a la policía la orden de asalto contra la redacción de Confidencial. Salió el oficial Soza a dialogar. Entro a hacer consultas. 30 minutos después salió con una jauría de 50 antimotines que nos agredieron”, denunció Chamorro.

El virulento ataque físico dejó varias periodistas de Confidencial golpeados, entre ellos los reporteros Néstor Arce y Claudia Tijerino, y la editora Arlen Cerda.

Antes de acudir a Plaza el Sol, Chamorro y su equipo asistieron a las oficinas de CONFIDENCIAL a intentar ingresar al inmueble. Sin embargo, fue imposible porque desde la noche del viernes policías de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) se tomaron militarmente el edificio de forma ilegal, sin siquiera presentar una orden judicial.

Los oficiales estaban viendo un partido de fútbol en uno de los televisores cuando llegaron los periodistas. Los oficiales no dieron información ante las preguntas de Chamorro.

Lo único que los oficiales le dijeron a Chamorro es que las explicaciones las daban en Plaza el Sol, donde después se ejecutó la agresión física. De esta forma, los ataques contra el equipo de CONFIDENCIAL se ha tornado más rabiosos. Primero, los policías asaltaron la redacción y se llevaron 32 computadoras, once discos externos, cinco cámaras de video, dos cámaras fotográficas, tres celulares inteligentes, documentos contables y legales, entre otras pertenencias.

Uno de los policías que mantienen tomada nuestra recepción. Carlos Herrera | Confidencial

La Policía volvió a las oficinas de CONFIDENCIAL a las 10:27 de la noche del viernes a tomarse el domicilio. Los oficiales obligaron a los guardas de seguridad a dejar el edificio, y al menos seis policías ingresaron de forma ilegal.

“Es una triple agresión que está ejecutando el Estado delincuente que preside el dictador Daniel Ortega. Las tres empresas que aquí funcionan no tienen relación con CINCO”, le dijo Chamorro a los oficiales que ocupan la redacción de Confidencial. “Si acaso la ministra de Gobernación, el jefe de la Policía Francisco Díaz, y el jefe supremo de la policía, alegan que están cumpliendo una resolución, es ilegal porque les permite confiscar los bienes de las ONG perseguidas, pero las empresas Promedia, Invermedia y Cabal no tienen relación con las ONG. Son empresas privadas adscritas al registro mercantil. Es un acto violatorio a la libertad de expresión y a la libre empresa”, remarcó.

“Una venganza Ortega-Murillo”

La escritora Gioconda Belli opinó que la escalada represiva contra Confidencial y Carlos Fernando Chamorro es una “venganza” de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Es un acto de venganza contra la posición limpia, íntegra de Carlos Fernando Chamorro. Es increíble que a dos personas, que son íntegras, que han estado a la par de la población toda su vida, y no de ahorita, están siendo víctimas, como es el caso de Carlos Fernando y la doctora Vilma Núñez”, dijo la escritora.

La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, también quiso asistir a las instalaciones del organismo que encabeza. Pero los oficiales le impidieron pasar. Le dijeron que “el Cenidh ya no existe”.

Mónica Baltodano relató que las instalaciones de PopolNa también fueron confiscadas por la Policía. Irrumpieron por la noche y se llevaron todas las pertenencias de la organización, incluido varios vehículo.

Carlos Herrera | Confidencial

“Despidieron al vigilante, y le dijeron ‘quedamos en posesión’. Ellos son tan arbitrarios, que están afectando los derechos de los trabajadores a su quincena, a su liquidación, porque el decreto espurio establece que nos dan 72 horas para confiscarnos”, explicó la historiadora y exguerrillera sandinista.

Baltodano insistió que en Nicaragua nadie está facultado para confiscar bienes. Eso fue prohibido en la reforma constitucional de 1995.

“Nadie está facultado para expropiar. Las expropiaciones están prohibidas por la reforma de la Constitución de 1995. Lo único que hay en Nicaragua es la declaración de utilidad pública. Y eso está sometida a previo negociación y a un pago con los afectados. Es una confiscación de facto sin base legal”, criticó Baltodano.

El doctor Manuel Ortega Hegg, presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua, lamentó que con la agresión a Carlos Fernando Chamorro y las demás oenegés, Daniel Ortega y Rosario Murillo están quemando puentes en vez de tenderlos para buscarle una salida negociada a través del diálogo a la crisis sociopolítica.

“Lo que han hecho rebasa cualquier tipo de cálculo, de medida, de sentido de sensatez. Se ha perdido totalmente el sentido de los derechos de la gente, de la comunidad, de los ciudadanos, y esto a lo único que lleva es a sumar agravios, y hace imposible una salida a través del diálogo, para que se discutan los asuntos fundamentales”, dijo Ortega Hegg. “Rebasa cualquier tipo de situación que los ciudadanos puedan sentir que están en un país con leyes”, agregó