Política

Almagro: “No se escuden en discursos infantiles que los descalifican a ustedes mismos”

ALBA abandona a Ortega, mientras OEA insiste en Carta Democrática

Solo Venezuela compartió la posición de Nicaragua. Ecuador cuestionó; Bolivia pidió diálogo. Caribeños y Triángulo Norte siguen en silencio



Daniel Ortega se ha quedado solo en el concierto latinoamericano: de los pocos países que todavía le ‘compraban’ su discurso victimista (o le daban el beneficio de la duda, absteniéndose), solo Venezuela alzó su voz para sostener la versión del golpe de estado fraguado en el imperio. Los demás votaron en su contra (incluido Ecuador, antiguo socio), o guardaron silencio.

Muy lejos quedaron los tiempos en que la petrodiplomacia venezolana permitía conformar un grupo compacto que hacía contrapeso efectivo a Estados Unidos y sus aliados en la Organización de Estados Americanos (OEA).

El escenario fue, una vez más, el Salón ‘Simón Bolívar’ de la sede de la OEA en Washington, DC, donde el Consejo Permanente de ese organismo celebró una sesión extraordinaria “para considerar la situación en Nicaragua”, que tuvo como cierre la lectura de una carta con la que el secretario general de esa organización, Luis Almagro, responde a una misiva previa de Daniel Ortega.

En el texto, leído en el plenario del Consejo Permanente, Almagro dice, refiriéndose al mandatario nicaragüense que “es una pena que uno de los últimos revolucionarios históricos vivos en América Latina, que hasta hace un año todavía representaba la posibilidad de una izquierda revolucionaria democrática en nuestro continente, haya elegido el camino del autoritarismo, del abuso de los derechos humanos, y de las formas represivas y opresivas de mantenimiento en el poder”.

Dado que hasta ahora, ninguna de las iniciativas nacionales e internacionales (bilaterales o multilaterales) ha tenido efecto, el secretario general le informa a Ortega algunas de las acciones que podrían activarse a partir de este momento, en especial, después del demoledor informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI).

“Por el bien de Nicaragua y su gente”, la organización regional se compromete a trabajar varias opciones a futuro, insistiendo en primer lugar en la necesidad de “restablecer el diálogo nacional”.

Aplicarles la carta

El segundo elemento pasa por “iniciar los procedimientos previstos en el Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, como se solicitó a este Consejo Permanente en la sesión del 19 de octubre de 2018”.

Al respecto, Almagro dice que “nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. La solución a la falta de democracia y derechos humanos en Nicaragua es un asunto de la región entera. La solución es todavía política y diplomática, y contamos con los instrumentos normativos interamericanos para abordarlos, y que para bien o para mal, los incluye a ustedes, el Gobierno”.

“El futuro de Nicaragua no puede ser uno con Ortega dictador. Qué bueno sería con Ortega demócrata. Nicaragua ya ha sufrido mucho en su historia: ciertamente, tiene más años acumulados de dictadura que de vida democrática en total. Esto no es un juego político, se trata de la vida y del derecho de los nicaragüenses”, sentencia el funcionario regional.

El tercer elemento es “solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que denuncie los crímenes cometidos incluidos en su informe, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, que tiene calidad de tribunal regional.

Finalmente, se indica al Gobierno de Nicaragua, que se girará solicitud “al Consejo Permanente para que remita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el informe del GIEI, y pida una reunión para su exposición”, pero también que “de continuarse cometiendo crímenes de lesa humanidad, se pedirá a los miembros de la OEA “así como a todos los estados democráticos, que bajo el concepto de Justicia Universal, los funcionarios nombrados como inductores y ejecutores en el informe del Grupo de Expertos, sean detenidos y juzgados en sus respectivos territorios por dichos crímenes”.

Si bien tal decisión no es de muy común aplicación, existe jurisprudencia internacional al respecto, cuyo caso más famoso es el del caso contra el exdictador chileno Augusto Pinochet.

La excusa del injerencismo

Finalmente, se informó la decisión de enviar las conclusiones del GIEI a la Unión Europea, “para que sean tenidos en cuenta en sus relaciones con el sistema interamericano”. Solo el 9.4% de nuestras exportaciones fue al Viejo Continente en 2015 (último año del que el Cetrex ofrece ese tipo de datos), pero representa una fuente potencial de recursos, sea aumentando exportaciones, o en concepto de inversión extranjera directa.

Fiel al guion preestablecido, el representante de Nicaragua tildó toda la iniciativa de “injerencismo” y que, como país soberano, “exigimos respeto a naciones injerencistas de este organismo subordinadas al Gobierno de Estados Unidos”, tildando a la OEA de ser un ‘ministerio de colonias’.

“Por eso convocan a estas reuniones; insisten en forzar el cambio de Gobierno financiando a grupos vandálicos y terroristas; creando ambiente en la opinión pública. El Grupo de Trabajo promueve el terrorismo en contra del pueblo nicaragüense que recuperó la tranquilidad y la alegría”, insistió.

“Acusarme de ser funcionario del imperio, o de hegemonías foráneas por los abusos de su Gobierno, parecería propio de infantilismo si no fuera tragicómico”, dijo Almagro en su alocución.

“Ya se está haciendo costumbre que la referencia a la no injerencia en los asuntos internos, sea el argumento predilecto de los regímenes que incursionan en el autoritarismo creciente, en la violación de los principios democráticos, y en el camino dictatorial. Creen que es su última línea de defensa cuando saben que están cometiendo atrocidades contra su propia población. Es el argumento al cual recurren cuando saben que hay culpa, y creen que la comunidad internacional va a creer en ese argumento y los protegerá”, sentenció.

Escenas de terror

La sesión continental comenzó con la primer vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, actualizando ante sus colegas embajadores del continente cuál es el estado actual de los derechos humanos y la situación política en general en Nicaragua.

Arosemena denunció que se siguen aplicando “penas máximas y desproporcionadas” en contra de quienes el régimen considera sus enemigos y tilda de “golpistas”.

Hoy en Nicaragua hay “más detenciones, judicialización de defensores de derechos humanos, opositores al Gobierno, expulsión, y amenaza de expulsión de naturalizados nicas y residentes permanentes, por su participación en protestas”, refirió citando el cierre de nueve oenegés, y la expulsión de Ana Quirós, por ejemplo.

“En los dos últimos meses, el Gobierno no ha permitido ninguna manifestación. El Estado decretó la prohibición de marchas ciudadanas y aplicó una estrategia para impedir cualquier protesta social, ocupando las rotondas que antes usaban los manifestantes, así como más detenciones arbitrarias contra quienes protestan o intentan hacerlo”, leyó.

Del mismo modo, se documenta la comisión de 117 atentados contra la libertad de expresión, por medio de agresión, amenazas y hostigamientos, y se recuerda el saqueo y la ocupación ilegal del edificio donde funcionan las empresas periodísticas Invermedia y Promedia, que producen Esta Semana, Confidencial, Esta Noche y Niú.

También se registra la agresión de los periodistas que reclamaban una explicación en la sede de la Policía Nacional en Plaza El Sol, obteniendo como respuesta una carga de los antimotines, además de la irrupción de 100% Noticias, cuya señal retirada del aire, mientras se detenía y acusaba a Miguel Mora -que tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH- y Lucía Pineda, además de la acusación contra el resto del equipo periodístico.

La expulsión del Meseni, de las visitas de la CIDH, el cese adelantado y unilateral de la misión del GIEI, cuyos miembros fueron conminados a abandonar el país de inmediato, terminan de pincelar una situación de total indefensión de la ciudadanía frente al régimen.