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Alcaldía de Managua amenaza con cárcel a contribuyentes y empresarios

Autoridades orteguistas mantienen en secreto avalúo de inmuebles que, en todo caso, no deberían aumentar sino bajar por la crisis

La Alcaldía de Managua sigue exigiendo que los contribuyentes y las empresas asentadas en la capital, le paguen los elevados cobros que les están reclamando, bajo la amenaza de cárcel, lo que representa, a juicio del experto fiscal, Julio Francisco Báez, “un abuso tributario que no tiene precedentes en Nicaragua”.

Contra toda lógica —dado el estado de depresión en que se encuentra la economía nacional después de caer dos años seguidos, y mientras se pronostica un tercer año de pérdidas— la comuna capitalina supone que en 2020 obtendrá ingresos —entre ordinarios y extraordinarios— por 7300 millones de córdobas, después de ejecutar un presupuesto de 3900 millones en 2019.

“Este presupuesto de 7300 millones de córdobas, nunca antes visto, es muy fantasioso”, aseguró el concejal de Managua, Sellin Figueroa, de Ciudadanos por la Libertad (CxL), al ser entrevistado en el programa Esta Noche, que se transmite en línea.

A su juicio, ese monto lo que pretende es “enviar un mensaje de normalidad”, acorde con el discurso del régimen, pretensión que le parece una burla a “la inteligencia de los managuas”.

Según el presupuesto, la Alcaldía de Managua logrará un financiamiento extraordinario con las transferencias del Gobierno central y préstamos internacionales, a la vez que aumentan las recaudaciones de ingresos ordinarios en 370 millones de córdobas, pasando de 2993 millones en 2019, a 3363 millones en 2020. Un incremento equivalente al 11%, mientras la economía nacional proyecta un decrecimiento de -1.2%, según el Fondo Monetario Internacional.

“Recaudación extraordinaria”

Según la proyección del presupuesto municipal 2020, la Alcaldía de Managua pretende recaudar 311 millones de córdobas por el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles, lo que representa un ligero incremento con relación a los 294 millones que obtuvo en 2019.

Por otro lado, el impuesto de rodamiento le permitirá a la comuna reunir 34 millones de córdobas por encima de los 29 millones del año pasado, mientras que el servicio de recolección de basura generará 76 millones de córdobas frente a los 68 millones obtenidos en 2019.

Impuesto de Bienes Inmuebles
Una bandera nacional ondea en un camión recolector de basura, que dependen de la Alcaldía de Managua, dominada por el régimen. Foto: EFE/Jorge Torres.

Báez vislumbró que “aparentemente, lo que se pretende con las acciones inconstitucionales que están realizando, es obtener una recaudación extraordinaria”. El problema es que “la lógica dice que esa recaudación es hija del avalúo”, enfatizó.

Violación de principios

El experto se refirió al hecho que el avalúo de este año —que según la Ley de Catastro Fiscal debe revisarse cada dos años— “debería indicar que vamos a la baja, porque un bien inmueble que paga 1% y estaba valorado en 1000, ahora vale 500 a 700, según estudios hechos con seriedad económica e inmobiliaria, así que el monto a pagar debería ser menor”.

Nadie sabe si esos estudios se hicieron con la seriedad que reclamó Báez, porque la Alcaldía de Managua se niega a ponerlo al alcance de los ciudadanos, alegando que se trata de “una disposición interna”, argumento que violenta el Principio de Publicidad, que tiene base constitucional.

“Cualquier medida institucional de interés público, tiene que ser divulgada y conocida por los ciudadanos”, recitó Báez, añadiendo que también se viola el Principio de Petición, cuando no se acepta “ni siquiera un recurso, ni me reciben una carta en la que yo demuestro que tengo la razón sobre algún cobro indebido”.

El entrevistado explicó también que la Alcaldía tenía que haber notificado el cambio a los ciudadanos desde el 2018, informando de los nuevos precios a aplicar en 2019 para cobrarlos en 2020, pero lo hicieron en los últimos días de 2019, por lo que “eso cobro es una absoluta inconstitucionalidad”, aseveró.

Batería de leyes

Báez opinó que si bien, la Alcaldía de Managua puede alegar que entre los capitalinos no hay una cultura de pago de tributos, —en especial el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)— y que ellos simplemente están haciendo valer la Ley, eso no les exime de hacerlo, precisamente “conforme la Ley”.

“Hay seis leyes que se aplican en este caso; algunas específicas, (otras hasta penales), que tienen más de un cuarto de siglo, de modo que algunas ya están obsoletas [pero vigentes] como la reforma constitucional de 1995, que dijo: “Esto que nació por decreto, se convierte en Ley”, por lo que ya nadie podía derogarlos por sí y ante sí “porque se convirtieron en ley”.

Ahí se define que la prescripción ocurre a los dos años, “salvo que hubiera habido una notificación, y ellos no notificaron”, por lo que no pueden venir ahora a cobrar tres, cinco y más años, como está ocurriendo a muchos ciudadanos y empresas.

El más importante de todos los textos legales que estaría siendo violentado por la decisión municipal es la Constitución Política, lo que basta por sí mismo para que lo actuado se declare ilegal, pero eso no agota los argumentos en contra de la voracidad recaudatoria de la comuna.

Las otras son la Ley de Municipios, el Plan de Arbitrios, la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la del Catastro, y la Ley de Solvencias. “Todo eso va en una misma dirección. Son leyes con un cuarto de siglo de vigencia en promedio, pero lo esencial para este problema que vive Nicaragua, es que ahí es donde está la normativa que se debe aplicar”, señaló el experto.

Defender a los contribuyentes

“Están haciendo pagar más, sin que haya las mínimas bases legales, sino que basados en un abuso de la Ley, violando la Constitución”, denunció, recordando que junto con el cobro llega la amenaza de cárcel.

“Ahora te dicen ‘si no paga cae preso’, ¡y lo escriben así! El ‘cae preso’ significa que te citan por la vía penal, (aunque vos tengás un recurso administrativo), pues así pueden ordenar prisión preventiva. Te dicen ‘pagás o pagás’, y ya no hay procesos”, insistió.

Lo irónico es que la ley sí da pie para sancionar —patrimonial y penalmente— a quienes están cobrando demás y actuando contra ley expresa, a tenor con lo que señala el Artículo 455 del Código Penal, que tipifica el delito de exacciones.

Empresarios del sector construcción denunciaron que han sido afectados por la voracidad recaudatoria de la comuna capitalina. Foto: Carlos Herrera.

“La autoridad, funcionario o empleado público que abusando de su cargo, exija o haga pagar derechos, tarifas, aranceles, impuestos, contribuciones, tasas o gravámenes inexistentes, o en mayor cantidad que la que señala la Ley, será sancionado —sin perjuicio de los reintegros a que esté obligado— de dos a seis años de prisión, e inhabilitación por el mismo período, para ejercer cargos en la administración pública”, advirtió Báez.

Ante el anuncio de diversas cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada —y del Cosep mismo— que están esperando recibir las denuncias de sus socios que han sido afectados por estos cobros arbitrarios, Báez les instó a no esperar a que estos se identifiquen con nombres y apellidos, y a que procedan a defenderlos a todos a la vez.

“Es importante la acción gremial. La vía administrativa es un camino que debemos transitar. Si esto no funciona, yo apelo, y al hacerlo, hay una vía judicial, pero no pueden notificarme el 18 para que pague el 19. ¡Jamás!”, remarcó.

Ni los concejales saben

Figueroa dijo que, “como el Plan de Arbitrios dice que la alcaldía solo puede cobrar el 1% sobre el valor catastral” de las propiedades, hicieron “una revalorización catastral” que supone basada “en una nueva tabla” autorizada por Catastro Nacional, para que la municipalidad pueda cobrar en función de esa nueva tabla.

De existir, “esa tabla debió ser presentada en el Concejo, pero no ha sido presentada. En los dos años que tenemos de estar ejerciendo la función municipal, no he visto que la alcaldesa haya presentado una nueva tabla”, admitió.

El documento “tiene que pasar por el Concejo, y luego la alcaldesa debe presentarlo a la Comisión Nacional de Catastro” para legalizar esa revalorización. “Sabemos la poca información que estos funcionarios dan, y es evidente que no les conviene hacerlo público”, aseveró.

Insistiendo en que el panorama económico del país no permite creer que la ciudad podrá conseguir 7300 millones de córdobas para este año, Figueroa adelantó las dos hipótesis que, a su juicio, tienen más posibilidades de materializarse en lo que resta del año que comienza.

“O en el transcurso del año se hacen recortes presupuestarios, como los hemos hecho en los dos años anteriores, o posiblemente venga un aumento de impuestos”, resumió.

Esta segunda sospecha se basa en que, al inicio de este año, la Asamblea Nacional puso en agenda la posibilidad de crear una Ley de Rótulos, lo que le llama la atención, porque los rótulos están administrados por el Plan de Arbitrios. “Al crearse esta ley tendrán que tocar el Plan de Arbitrios, y eso será como abrir la caja de Pandora con respecto al resto de impuestos”, advirtió.

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