Opinion

Alegato por la libertad de prensa

El gobierno miente y quiere que los periodistas nos traguemos sus mentiras

Cuando me hicieron la invitación a este debate me dijeron que debía de hablar de los “desafíos de la investigación periodística frente a la autocensura de las audiencias”. Pero permítaseme, por favor, que me salga por un momento del guión. Hablaré de periodismo, sí, de censura, sí, y de la necesidad, urgente en este momento, de defender lo más preciado que tenemos en nuestra sociedad, que es la libertad.

El escritor inglés George Orwell escribió en el prólogo de su “Rebelión en la granja”, titulado “La libertad de prensa”, que la libertad intelectual “significa que cada uno debe tener pleno derecho a decir y a imprimir lo que él cree que es la verdad, siempre que ello no impida que el resto de la comunidad tenga la posibilidad de expresarse por los mismos inequívocos caminos”. Un derecho fundamental, el de la libertad de expresión, que en Nicaragua está siendo secuestrado por el presidente Daniel Ortega, su familia y su círculo más íntimo.

Desde que Daniel Ortega llegó al poder en enero de 2007, a través de un triunfo legal pero también como resultado de un amarre político entre él y el ex presidente corrupto Arnoldo Alemán, que permitió reformar la Constitución y reducir el porcentaje de votos necesarios para alcanzar la presidencia, Ortega ha hecho uso de su poder, de las instituciones del Estado, de la justicia que maneja a su antojo y de los millones entregados directamente a él por el Gobierno del ahora fallecido Hugo Chávez -más de 3,500 millones de dólares desde 2007-, para amedrentar a la prensa independiente, chantajearla, intentar cerrar medios de comunicación, acallar a las voces críticas o comprar cadenas de televisión. Transacciones comerciales bendecidas desde Telcor, el ente regulador que no regulada nada más que aquello que beneficie al comandante.

Para muchos estas transacciones no deben de tener nada de extraño, después de todo es un negocio entre particulares, y los propietarios de los canales comprados tienen el derecho de elegir a quien quieran venderlos. Pero en el contexto de la Nicaragua actual significa un retroceso a uno de los más grandes logros de la transición democrática alcanzada en 1990: la libertad indiscutible de expresarse, el derecho de informar e informarse, derechos que los nicaragüenses no conocimos durante los 45 años de la dictadura somocista ni los diez años del régimen sandinista de los ochenta, cuando se secuestró el sueño de cambio que la mayoría de la sociedad había puesto en la revolución de 1979.

La compra del Canal 8, por ejemplo, no significó otra cosa que el control total de los medios de comunicación al que aspira Ortega. Y significó en su momento el afán de silenciar a una de las voces más críticas contra el gobierno: Carlos Fernando Chamorro, quien desde que Ortega asumió el poder denunció, a través de un periodismo serio y ético, la utilización de la justicia que el mandatario hace para favorecerlo económicamente a él y a su círculo íntimo. Chamorro denunció en su programa, por citar un solo ejemplo, que personeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido familiar de los Ortega, mantenían una red de extorsiones en el poder judicial para chantajear a empresarios. Periodismo de investigación en estado puro.

Esta denuncia pública fue conocida como el “Caso Tola” y desató la persecución contra Chamorro y su equipo, que continúo un año después cuando el gobierno levantó cargos contra él, acusándolo de lavado de dinero y la justicia a cargo del mandatario lo amenazó con la cárcel, amenaza que no prosperó. Lo que sí prosperó fue el deseo de Ortega de silenciar las críticas y es así que con los fondos que debieron ser invertidos para sacar adelante un país donde ocho de cada diez ciudadanos viven en la pobreza, compró un canal que es usado para cantar loas al mandatario y su esposa, la omnipresente Rosario Murillo, quien es la encargada de controlar el aparato estatal de comunicación, cuyo fin es “presentar información incontaminada a la población”, según sus mismas palabras, pero también para enajenar a la población con una programación que ofrece sangre, sexo y entretenimiento barato.

Orwell escribió que “si la libertad significa algo, es el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír”. Y Ortega, al mejor estilo de la dinastía somocista, no quiere oír críticas. Como lo hicieron los Somoza en su tiempo, el presidente se apodera de los medios a la vez que extiende su poder económico controlando la industria farmacéutica, monopolizando la importación de petróleo, comprando hoteles de lujo, controlando también la exportación de carne, manipulando las leyes para hacerse con empresas a las que sus camaradas le han puesto el ojo y chantajeando al sector privado con aquella máxima somocista de que si estás a mi lado tus negocios no corren riesgo. ¿Y saben por qué sabemos esto? Porque el periodismo de investigación, muy a pesar del Comandante y su mujer, goza de buena salud, porque en este país hay periodistas valientes, bien entrenados, que no se dejan amedrentar ni se convierten, citando a Fucik, “en autómatas machacones”, o, como diría Oriana Fallaci, “cigarras” que repiten un discurso oficial vacío, ofensivo y mentiroso.

El Gobierno controla las licencias de radio y televisión, ejerce presión económica contra los periódicos, a través de impuestos y otros tributos o impidiendo la entrega del papel en las aduanas. El gobierno envía sus huestes a golpearnos a los que hacemos periodismo independiente, o monta juicios ilegales por supuestas injurias y calumnias por informaciones publicadas por los periodistas. El gobierno miente y quiere que los periodistas nos traguemos sus mentiras. No quiere que pensemos, que analicemos, que investiguemos, que preguntemos. Que hagamos las preguntas incómodas que el periodismo siempre ha hecho. Quiere castrarnos. Acabar con el periodismo y en su lugar instalar la propaganda, elaborada de puño y letra de la primera dama, vocera del gobierno y primera ministra de facto, Rosario Murillo. Ella, a quien nadie eligió y que ocupa un cargo público por el dedazo del Comandante. De hechos –facts, los llaman en Estados Unidos– habla el periodismo.

Este es un alegato por la libertad de prensa en Nicaragua. Un alegato a favor de la libertad que como nicaragüense y periodista me toca defender. Ortega avanza en su proyecto de dictadura y gracias a una incapacidad ciudadana de hacer frente a la deriva autoritaria del mandatario. Han sido ciertas organizaciones de la sociedad civil, junto a los periodistas y medios de comunicación independientes, los que hemos hecho frente a las embestidas del presidente contra las libertades públicas. Pero lo ocurrido recientemente con el salvaje ataque contra los activistas opositores Carlos Bonilla y su esposa Gabriela García demuestra lo indefensos que estamos. Esta debería ser una campanada de alerta para nosotros y la comunidad internacional, que debe presionar para evitar que la democracia que Nicaragua había alcanzado, termine sepultada por un hombre cada vez más parecido a Napoleón, el personaje principal de “Rebelión en la granja”.

Quiero cerrar estas palabras con una cita de Julius Fucik, que he extraído de su “Carta abierta al ministro doctor Goebbels”: “¿Qué quiere usted de nosotros? Que le ayudemos a difundir su falaz y mendaz propaganda para darle un tinte de verosimilitud, que no tiene, con nuestro nombre ganado a costa de trabajo honesto, que pongamos nuestra voz y nuestra pluma a disposición de sus engañifas, que abusemos de la confianza que nuestra nación tiene depositada en nosotros recomendándole que siga por el camino que no le llevará más que a un destino lleno de tortura. No, eso no lo haremos”.

 

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Texto leído en el debate “¿A quién le sirven los medios?”, organizado por la Fundación Violeta Chamorro y Pen Internacional Nicaragua a propósito del Día Nacional del Periodista.

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