Política

Alianza Cívica: Dictadura “estanca” las negociaciones

Arana: De nada serviría pedir que se levanten las sanciones, porque sería una solución cosmética y lírica que "no resuelve el fondo del problema

La oposición nicaragüense aglutinada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia señaló este viernes al Gobierno de Daniel Ortega de “estancar” las negociaciones para superar la crisis que estalló hace un año y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos.

“El Gobierno está condicionando el avance de la negociación, a que nos pronunciemos sobre el tema de las sanciones”, dijo Mario Arana, uno de los negociadores de la Alianza Cívica, al término de un encuentro con la delegación del Ejecutivo.

En una declaración antes de la sesión de este viernes, el Ejecutivo pidió a la Alianza Cívica “hacer un llamado conjunto al cese y suspensión de las medidas unilaterales e ilegales, llamadas sanciones, que afectan los derechos humanos, económicos y sociales de todos”.

Hace dos semanas, Washington anunció nuevas sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, una entidad financiera vinculada a los sandinistas, y a Laureano Ortega Murillo, hijo del mandatario y de la vicepresidente Rosario Murillo.

El asesor presidencial estadounidense, John Bolton, dijo entonces que irían “por los bolsillos de la familia de Ortega”.

Desde que estalló la crisis, el 18 de abril de 2018, hasta ahora, Washington ha sancionado a Murillo y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del mandatario, así como al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo; y otros tres funcionarios de confianza de la pareja presidencial.

Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los afectados y el BanCorp en Estados Unidos o los que están relacionados con ciudadanos estadounidenses.

Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), explicó que la Alianza Cívica no tiene ningún poder para levantar esas sanciones, que eso es competencia de cada Estado, “que quieren que los países avancen en sus reformas internas sobre derechos humanos y respeto a la democracia”, entre otros.

Asimismo, argumentó que de nada serviría que la Alianza Cívica pida se levanten las sanciones, porque sería una solución cosmética y lírica que “no resuelve el fondo del asunto”.

“El fondo del asunto es que avancemos en un acuerdo que le compre al país futuro, estabilidad y esperanza”, razonó el dirigente empresarial, para quien el Gobierno hasta ahora ha cumplido parcialmente los acuerdos firmados.

“Aquí de lo que se trata es resolver el problema de una crisis profunda y estamos perdiendo el tiempo con este tipo de tácticas que al final terminan siendo tácticas aparentemente dilatorias, porque no estamos avanzando en lo sustantivo”, señaló.

Las partes retomaron desde el lunes las conversaciones invitadas por el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, quienes participan como testigos y acompañantes de la negociación en representación del Vaticano y de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente.

Delegados oficialistas demandan suspender “Nica Act”

Los delegados de Ortega y Murillo en la mesa de negociación demandaron este viernes a Estados Unidos suspender la “Nica Act”, una ley que impone sanciones individuales a miembros del Gobierno de Daniel Ortega, además de limitar el acceso a préstamos internacionales como los del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está interesado en que se suspendan la Nica Act”, dijo el canciller nicaragüense, Denis Moncada, al salir de un encuentro con delegados de la opositora Alianza Cívica con los que mantienen conversaciones para buscar una salida a la crisis que estalló hace un año.

El 20 de diciembre pasado el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que contempla restricciones a los préstamos otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales donde Washington tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de los nicaragüenses.

La “Nica Act” sería suspendida solo si el Ejecutivo de Ortega convoca unas elecciones “libres, justas y transparentes”, de acuerdo con el texto de la legislación.

El canciller Moncada explicó que el Ejecutivo está interesado en que se suspendan las medidas unilaterales “que afectan a todo el pueblo nicaragüense, y que afectan a amplios sectores productivos de nuestro país”, incluyendo pequeños, medianos y grandes productores.

Aclaró que el interés de la delegación del Gobierno no es que se gestione la suspensión de “sanciones que tienen que ver con personas específicas, con funcionarios de Gobierno, sanciones personales”.

Consultado sobre el nivel de afectación de las penalizaciones, el funcionario no las cuantificó, sólo dijo que “ese tipo de medidas también está afectando de forma significativa el libre comercio de Nicaragua“.

“Son medidas que Estados Unidos está bloqueando y afectando el libre comercio de Nicaragua con otros países”, indicó el canciller, sin precisar.

Acusó a Washington de estar “violentando el Derecho Internacional, las normas y reglamentos de la Organización Mundial de Comercio, lo cual realmente es violación al Derecho Internacional y al libre comercio entre los Estados”.

Moncada dijo que han hecho hincapié a la Alianza Cívica, que es su contraparte en las negociaciones, a que “se sensibilice y asuma una actitud patriótica” y de responsabilidad social empresarial y apoye y gestione ante EE.UU. la suspensión de esas medidas.

Anunció que la próxima semana presentarán en la mesa de negociación una “propuesta fundamentada y documentada para continuar discutiendo, debatiendo y procurando consensos sobre esta medida de suspensión de las sanciones”.

A su juicio, la Alianza Cívica “está obligada” a “decirle a la comunidad internacional: es necesario ya no producir este tipo de sanciones que afectan la economía, la producción, la vida cotidiana de miles y miles de nicaragüenses”, de lo contrario, consideró Moncada, se convierten “en cómplice, en encubridor por lo menos de una medida que afecta a Nicaragua“.

“Nosotros hemos insistido y le hemos dicho a la delegación de la Alianza: no utilicen esas medidas unilaterales, no utilicen esas sanciones como una sustitución de los viejos tranques (bloqueos de vías) del año pasado” cuando estalló la crisis, continuó.

Reprochó que quieran utilizar las sanciones como una medida de presión en el marco de la negociación.

La Alianza indicó este viernes que afirmar que las sanciones afectan “a los más pobres” es “una campaña engañosa” del Gobierno, ya que únicamente afectan a los mencionados.

Desde el pasado miércoles, tanto Ortega como el canciller Denis Moncada, así como Murillo, han insistido en pedir a la Alianza Cívica que interceda ante la comunidad internacional para que suspenda las sanciones.

La Alianza ha respondido que no lo hará mientras el Gobierno no demuestre “acciones concretas” para superar la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, entre ellas la liberación de los “presos políticos”, respetar la Constitución en lo referido a las libertades ciudadanas, garantizar justicia para las víctimas de la crisis sociopolítica y permitir el retorno de la democracia.

“Rechazamos la campaña engañosa (…) que pretende hacer ver estas sanciones como perjudiciales a los más pobres y humildes, cuando en realidad afectan a los funcionarios señalados por sus actos de corrupción y violación a los derechos humanos”, destacó la Alianza en un comunicado.

El Gobierno también reclama a la Alianza que solicite a la comunidad internacional la suspensión de las sanciones y otras futuras.

El grupo opositor sostiene que lo hará una vez que el Gobierno cumpla con los compromisos firmados en la mesa de negociaciones, como son liberar a los “presos políticos” y respetar la Constitución, y se comprometa con que se haga justicia con las víctimas de la crisis y el retorno a la democracia, tal como las partes habían acordado.

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