Política

ONU ofrece al régimen ayuda para reanudar una mesa “inclusiva”

Alianza Cívica exige reinstalación del Diálogo Nacional

Alianza acepta a la ONU y otros organismos internacionales como garantes. Pero exigen a los obispos como mediadores



La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emitió este martes una proclama luego de varias semanas en silencio. Demandaron la reinstalación del Diálogo Nacional, la liberación de los presos políticos, el cese de la represión, la persecución y anunciaron más jornadas de protestas sin especificar a qué tipo de presiones recurrirán ante un régimen que insiste en que Nicaragua “ha vuelto a la normalidad”.

“Nuestra puerta ha estado abierta, pero el régimen ha cerrado la propia confiando en que la represión doblegaría al pueblo”, aseguró Azalea Solís, integrante de la Alianza, quien señaló los intentos del gobierno por deslegitimar la labor mediadora de los obispos. Solís dijo que están anuentes a que existan otros garantes internacionales en torno al diálogo, pero sin quitar el protagonismo a la Conferencia Episcopal.

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El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se reunió con el canciller del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Denis Moncada. Guterres le ofreció al ministro ayuda para reanudar “un diálogo nacional verdaderamente inclusivo”. El secretario de la ONU insistió “en la necesidad de que se respeten por completo los Derechos Humanos de la población nicaragüense”.

La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señaló que durante los 100 días de protestas en el país,  al menos 317  personas murieron y unas 1830 resultaron heridas.

“El 25 de agosto,  28 personas habrían sido detenidas en diferentes partes del país (Granada, Matagalpa y Managua) en relación a su participación en marchas. La oficina reitera el llamado al Estado nicaragüense a no criminalizar a quienes ejercen su derecho a la asamblea y la libre expresión”, enfatizó la ONU, en referencia a la cacería contra los líderes ciudadanas ejecutada por policías y paramilitares.

La Alianza Cívica estaría dispuesto a aceptar a la ONU como garante internacional. Sus miembros insistieron que la crisis que atraviesa el país solo puede resolverse por la vía de la movilización cívica y del Diálogo Nacional. “Exigimos, desde todos los espacios posibles, la reinstalación del Diálogo Nacional con la Conferencia Episcopal como mediador y testigo, e incorporando garantes internacionales apropiados”, planteó la alianza opositora.

Según Azalea Solís, “el diálogo debe servirnos a los nicaragüenses para construir acuerdos políticos que propicien una solución a la situación nacional. Eso pasa, según la Alianza, por el cese de la represión y represalias en todas sus formas. El desarme de las fuerzas paramilitares con supervisión internacional, así como el cese de la criminalización de la protesta y judicialización arbitraria e ilegal de quienes protestan. “Eso es esencial para lograr un diálogo fructífero”, dijo Solís.

La Alianza Cívica resaltó que el Diálogo Nacional debe estar encaminado a definir una fecha para elecciones anticipadas. “Elecciones libres, transparentes, competitivas; con observación nacional e internacional en un ambiente de paz”, pidieron los opositores.

Movimientos denuncian cacería

Mientras que varios movimientos sociales y organismos cívicos señalaron al gobierno de Ortega de estar realizando una “ilegal e inhumana redada masiva de jóvenes”.

“La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil protesta enérgicamente ante la despiadada e ilegal redada de casi medio centenar de jóvenes, que la dictadura (Gobierno) ha lanzado en los últimos días, sobre todo contra mujeres y varones estudiantes que integran la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), el Movimiento 19 de Abril y esta Articulación”, reseñaron.

La denominada Articulación exigió, además, el cese de las torturas y tratos crueles, que a su juicio practican las autoridades con los detenidos, así como su inmediata puesta en libertad.

Al menos 28 personas, en su mayoría universitarios y una brasileña-estadounidense, fueron detenidas el fin de semana pasado de “manera arbitraria” por la Policía de Nicaragua en el marco de las protestas contra el Gobierno, según denunció la CUDJ.

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Entre los detenidos se encontraba la documentalista brasileña-estadounidense Emilia Mello, que fue deportada el domingo. Mello fue detenida el sábado pasado en el municipio nicaragüense de San Marcos, cuando viajaba junto con un grupo de estudiantes hacia la ciudad colonial de Granada donde participarían en una marcha contra el Gobierno, que ella iba a registrar para un trabajo audiovisual.

Tanto Mello como los otros 19 nicaragüenses, entre ellos dos documentalistas locales, fueron liberados horas después, al igual que un médico y un abogado.

“Denunciamos que estos secuestros y capturas masivas ilegales ejecutadas por policías y paramilitares armados y encapuchados, revelan la frustración y desesperación de los Ortega-Murillo, quienes inútilmente pretenden detener la insurrección cívica pacífica que ha continuado activa y beligerante en todo el país”, continuó la denominada Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil.

La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) exigió el domingo al Estado de Nicaragua respetar la libertad de expresión y el derecho a la protesta en el marco de la crisis que atraviesa este país centroamericano.

Desde abril, miles de nicaragüenses han salido a las calles a protestar contra el presidente Daniel Ortega, en el marco de una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos, según organismos humanitarios internacionales y locales, mientras el Gobierno reconoce 198 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.