Política

Cardenal Brenes, nuncio apostólico y obispo Álvarez como “observadores”

Alianza Cívica: Liberar a los presos políticos es primer punto de agenda

“Es prioridad en la negociación”, asegura Alianza Cívica, mientras Unidad Nacional, estudiantes y familiares de presos emplazan a cumplir “al pueblo"



La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reveló este viernes su agenda para sentarse a negociar con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en un nuevo intento de diálogo nacional, que contará con el nuncio vaticano, el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo Rolando Álvarez como “observadores”. Los miembros de la coalición opositora informaron que la demanda de la liberación de los presos políticos será su primer punto de agenda. Mientras que el régimen todavía continúa sin dar a conocer los miembros de su comisión negociadora y la agenda que propondrán.

“Nuestro equipo negociador está asumiendo el enorme y patriótico reto que la circunstancia le exige y reiteramos que el compromiso con los presos políticos estará presente en todo momento en este proceso. La libertad es de prioridad en la negociación”, aseguró el académico Carlos Tünnermann, delegado propietario de la comisión negociadora de la Alianza Cívica.

Sobre la Alianza Cívica ha recaído la demanda nacional de la liberación de los presos políticos como primera instancia y precondición para avanzar en las negociaciones con el régimen. Ortega oficializó el diálogo el jueves y pasaron alrededor de doce horas para que la Alianza Cívica detallara su agenda de cara al diálogo. La agenda la dividieron en tres temas.

“Liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías, establecidos por la Constitución Política”, recalcó el doctor Tünnermann. “Reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes. Y justicia”, enumeró. “Confiamos que estamos a las puertas de iniciar una negociación incluyente, seria, franca e informada. Agradecemos el trabajo de la Iglesia Católica y estamos listos para poder iniciar esta nueva etapa con ellos”.

Por la Conferencia Episcopal servirán de “observadores” (y no como mediadores) el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Además, el nuncio vaticano Waldemar Sommertag.

“Esta vez se acordó que sólo participarán el cardenal Leopoldo Brenes, el nuncio apostólico Waldemar Sommertag y monseñor Rolando Álvarez como testigos en la mesa de diálogo, eso fue lo que nos pidieron para nuestra participación”, informó por su parte el obispo Abelardo Mata.

La Alianza Cívica escogió como sus negociadores a Juan Sebastián Chamorro, director de Funides; Carlos Tünnermann, catedrático y exrector universitario; Max Jerez, del movimiento universitario; José Adán Aguerri, presidente del Cosep; Mario Arana, presidente de AmCham; y José Pallais, exdiputado liberal y miembro del Frente Amplio por la Democracia.

Los suplentes de las personas antes mencionados son respectivamente: Felipe Argüello, director ejecutivo de Upanic; Azahálea Solís, constitucionalista y feminista; Valeska Valle, vocera universitaria; Michael Healey, presidente de Upanic; Diego Vargas, expresidente de AmCham; y Ernesto Medina, exrector de la Universidad Americana.

El Comité Pro Libertad de los presos Políticos, las Madres de Abril, la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, y la Unidad Nacional Azul y Blanco demandaron a la Alianza Cívica condiciones mínimas para entablar una negociación con la dictadura.

Los prerrequisitos coinciden aparte de la liberación de los presos políticos como punto uno de agenda, el adelanto de elecciones, el cese de la persecución, el regreso de los organismos de derechos humanos internacionales, y la justicia por las víctimas de la masacre.

Planton
Plantón frente a a la Universidad Centroamericana, para exigir la libertad de los presos políticos. Carlos Herrera | Confidencial

Ortega obligado a negociar

El dictador Ortega aprovechó el acto de homenaje al general Augusto C. Sandino para oficializar su decisión de sentarse a negociar, luego de que se reunió con los cinco empresarios que conforman el gran capital en Nicaragua. El régimen pidió diálogo a puerta cerradas y sin medios de comunicación.

Durante su discurso Ortega no reconoció la represión ni los 325 asesinados por su dictadura, tampoco la censura a los medios de comunicación, la persecución a los ciudadanos que participaron de las protestas pacíficas, y no dijo una sola palabra sobre los más de 700 presos políticos que están detenidos en los distintos centros penitenciarios y estaciones policiales en todo el país.

El dictador ni siquiera dijo una sola palabra sobre la liberación de los presos políticos, que es uno de los requisitos que exige la sociedad civil previo a cualquier negociación con el Gobierno.

“Estamos haciendo esfuerzos para que se pueda instalar esta mesa ya el próximo miércoles, ese día 27 (febrero), ya no con la multitud, tampoco con medios de comunicación, eso no es correcto en ninguna negociación”, dijo Ortega a sus simpatizantes en el Olof Palme.

Ortega confirmó que fue su Gobierno quien llamó el sábado 16 de febrero a una reunión a los empresarios del “gran capital”, para hablar sobre la estabilidad, seguridad, la paz y la crisis económica. Dijo que estos pidieron ser acompañados por el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico, para que “no fuesen después a decir allá afuera que habían llegado a buscar su carnet de militante”.

“Los líderes empresarios venían trabajando desde el año 2008 hasta abril del 2018 sin condicionamiento político, o sea, no era una alianza política. Entendían que era imprescindible, dadas las condiciones del subdesarrollo de la economía nicaragüense, hacer acuerdos de orden económico para combatir la pobreza, generar empleos, desarrollar programas de salud, todo lo que necesita el Estado para poder responderle al pueblo, y veníamos caminando a buen paso”, recordó el presidente sandinista.

Ortega dijo que los “grupos extremistas” que condenaban y cuestionaban el entendimiento entre el Gobierno y los empresarios, acusaban a estos de ser militantes del sandinismo y por tal motivo fueron a “denunciarlos a Estados Unidos”.

“Cuando se estaban viendo los resultados de un país que venía avanzando, creciendo, derrotando la pobreza, en abril, ese entendimiento se rompió, se destruyó con las pérdidas de vidas que provocaron los que intentaron el golpe, también le hicieron un enorme daño a la economía del país”, repitió.