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Alianza exige liberación de los últimos 86 rehenes

Acuerdo manda liberarlos a todos con protección internacoinal, cerrar sus expedientes judiciales, y cesar la persecución

A las ocho de la mañana de este martes 18 de junio, cuando comience la jornada laboral, el Gobierno de Daniel Ortega estará a 16 horas de incumplir su palabra, si es que para las doce de la noche a más tardar, no ha liberado a los 86 reos políticos, muchos de los cuales asegura no tener en sus cárceles.

El 20 de marzo pasado, cuando se firmó el Acuerdo para la Liberación Definitiva de “todas las personas detenidas y presas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, de conformidad al ordenamiento jurídico del país”, se estipuló un plazo de 90 días para cumplir lo acordado.

“La sociedad nicaragüense exige que se cumpla, y que sea una liberación definitiva, con derechos y garantías, y con la debida protección internacional”, dijo el doctor Carlos Tünnerman, en la conferencia de prensa en la que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), le recordó ese compromiso al mandatario.

“Que el Gobierno cumpla. Que demuestre que tiene palabra, y que su palabra vale”, conminó el educador.

“El plazo de 90 días fue una iniciativa del régimen actual, y así está firmado”, insistió recordando que, al momento de brindar esa conferencia de prensa, al Gobierno le quedaban 36 horas para cumplir.

El acuerdo dice que por liberación definitiva, se entiende el cierre definitivo de la situación jurídica de las personas, más allá de su excarcelación, “y así tiene que ser cumplido”, insistió.

El problema es que, los representantes de Daniel Ortega insisten en que ellos ya cumplieron su parte al liberar al último grupo de reos políticos la semana pasada, mientras alegan que esas personas (o la mayor parte de ellas), no están en su poder, o son reos comunes, lo que deja vivo el temor de que algunos de ellos hayan sido desaparecidos.

La Alianza –que prefiere hablar de personas no localizadas- tiene una lista en la que todavía hay más de un centenar de nombres (eran más de 200), por lo que piden a sus familiares que se acerquen a completar la información para tener certeza de quiénes son, y dónde pueden estar.

Los 86 están identificados

Cuatro integrantes de la Alianza, y de la Unidad Nacional Azul y Blanco, consultados para elaborar este texto, dijeron no tener dudas de la existencia de esas 86 personas, ni del sitio en que están: (“en las ergástulas de este régimen”, tal como lo definió el Dr. Tünnerman); ni del hecho que son reos políticos.

El abogado José Pallais, integrante del equipo negociador de la Alianza, recordó que los 86 “están plenamente identificados con nombres y apellidos, en listas que son públicas; los familiares han dado la cara y explicado que fueron capturados por su participación política, por lo que califican bajo los estándares internacionales como presos políticos”.

Uno de esos familiares fue Leslie Rayo, madre de Francisco Jiménez Rayo, preso desde el 23 de julio de 2018, para quien exigió “libertad, basado en los acuerdos firmados. Su libertad, y la de todos los que están en la lista. Ellos están sufriendo. No es justo que no los suelten. Pedimos a los garantes que nos acompañen para su liberación”, clamó.

Si bien la lista de presos no deja de aumentar, por más que el régimen excarcele a 50 o a 100 de ellos, es porque “las detenciones no se han parado. Siguen todos los días, y por eso la lista existe todavía”, dijo por su parte Azahálea Solís, delegada de la Alianza Cívica.

Pallais explicó que el último corte se hizo el 15 de junio, y ahí se incorporó a los que han sido capturados, y se dio de baja a los liberados. “Esa lista crece todos los días, porque el Acuerdo de Derechos y Garantías no se cumple. Si se cumpliera, la lista no creciera, pero siguen detenciones arbitrarias por razones políticas, como portar la bandera o hacer un plantón”, refirió.

A partir de ahí, lo que sigue es que el Gobierno cumpla el compromiso de que “la liberación debe ser total, pero ningún proceso ha sido cerrado: ni los jueces ni el Ministerio Público han hecho su parte”, explicó el abogado.

Pallais recordó que el acuerdo establecía que los presos políticos deberían ser excarcelados en condiciones de seguridad. En vez de eso, sufren persecución, hostigamiento, acoso permanente en su vivienda, a sus familiares, y a ellos mismos, lo que demuestra que “hay un triple incumplimiento que es más que evidente”.

“El acoso no ha sido aislado, sino que ha sido denunciado por todos los excarcelados”, insistió.

En esa misma línea de pensamiento, la abogada Solís dijo que “debe haber sobreseimientos totales, devolución de sus bienes, y borrar los records [policiales y judiciales], y todo eso está pendiente”.


¿Y si no los liberan?

En Masaya los reos de conciencia fueron recibidos con mucha algarabía. Carlos Herrera | Confidencial

Otro de los delegados de la Alianza, Michael Healy, asegura que están presionando para que los saquen este martes, como está acordado.

“Tienen que sacarlos. Si no lo hacen, pasaremos a otras medidas, pero imaginamos que la NICA Act y la [reunión de cancilleres de la] OEA los presionará más. Y si no cumplen, vamos a sentarnos a ver opciones. Este martes hay reunión de la Alianza en pleno”, relató.

Para Yaritzha Mairena, miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la respuesta a esa pregunta hay que buscarla dentro y fuera de Nicaragua, y aunque admite que hay que mantener el vínculo con la comunidad internacional, le interesa más lo que se puede hacer dentro del país.

“Más que convencer a la comunidad internacional, tenemos que hacer un frente unido de lucha y de resistencia. Es importante, es imperativo, que tanto la Alianza Cívica como la Unidad Nacional, se dispongan a hacer planes de resistencia civil, además de convocar y unificar a la gente en acciones, no solo en propuestas”, demandó.

Mairena opina que “es claro que la comunidad internacional es clave en este aspecto, pero sin la presión interna, no podemos generar una imagen a nivel internacional, y la imagen de resistencia y de lucha cívica, tienen que seguir para que la comunidad internacional siga viendo y siguiendo el conflicto en Nicaragua”.

“La comunidad internacional no ve los procesos y la situación como lo vemos nosotros, porque nosotros lo vivimos, y ellos solo son observadores, que necesitan ver, primero, unidad en la acción. Segundo a la gente protestando, exigiendo, y no sólo a una cúpula o a unos cuantos, y necesitan saber qué propuestas claras tiene la oposición”, remarcó.

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