Política

Se cobija tras la Doctrina Estrada: ¿Hasta cuándo?

AMLO: política incierta hacia Nicaragua

A diferencia de López Portillo con Somoza en 1978, López Obrador no se ha pronunciado sobre la dictadura de Ortega y sus crímenes de lesa humanidad



Ciudad de México––. En el Paseo de la Reforma de Ciudad de México se han colocado los rostros de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en 2014 en la ciudad de Iguala ––220 km al sur de la ciudad de México––, como un recordatorio de las promesas de campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. AMLO, como lo llaman sus simpatizantes, dijo que uno de los pilares de su Administración de seis años será la lucha contra la impunidad, principalmente en lo relacionado a las violaciones de derechos humanos, aunque esa misma vehemencia no la aplicará para condenar las violaciones a los derechos humanos fuera de territorio mexicano, como es el caso de Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega ha sido señalada de cometer crímenes de lesa humanidad.

El presidente electo en la plataforma de Morena mantiene desconcertados a los analistas mexicanos que tratan de descifrar cuál será su política exterior, principalmente ante regímenes como el de Ortega o el de Nicolás Maduro, en Venezuela, que ven en la llegada de AMLO al poder un potencial respaldo, o una neutralidad a su favor, en momentos en el que la región los aísla por las denuncias de graves abusos de derechos humanos y violaciones a la democracia.

El mismo López Obrador no aporta mucho a la hora de explicar cuál será su posición en política internacional. La mañana del lunes, durante su comparecencia con la prensa mexicana en el Palacio de Gobierno, reafirmó su posición de campaña: que mantendrá una política de no intervención en asuntos internos de otros países y que para él la mejor política exterior está relacionada con solucionar los problemas que afectan a los mexicanos. La respuesta vino tras una pregunta de un periodista del diario El Heraldo de esta ciudad, que lo cuestionó por su decisión de no firmar la carta del llamado Grupo de Lima, que no reconoce el nuevo mandato de Maduro, al considerar que las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela carecen de legitimidad.

AMLO justificó su decisión en relación a Maduro asegurando que “vamos a respetar los principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos en materia de política exterior. Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países, porque no queremos que otros gobiernos, se entrometan en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos”. Sin embargo, el mandatario mexicano se limitó a enviar al encargado de negocios de su embajada en Caracas a la toma de posesión de Maduro, lo que genera aún más desconcierto entre los analistas mexicanos, quienes temen un aislamiento de México de sus aliados latinoamericanos.

Un retroceso “lamentable”

“Es un retroceso extraordinario, lamentable, con su política de no intervención, que creía que era un debate ya superado”, explicó Sergio Aguayo, académico mexicano, profesor de la Universidad de Harvard y uno de los fundadores del diario mexicano La Jornada, el principal periódico de izquierda de México. “Es un retroceso a etapas muy negativas de la política exterior mexicana. El drama para los nuevos revolucionarios nicas es que tienen muy poca base de apoyo en la izquierda mexicana, que prefiere guardar un silencio cómplice con AMLO”, agregó Aguayo, en referencia a los manifestantes que han exigido desde abril el fin de la dictadura en Nicaragua y que sufrieron una brutal represión liderada por Ortega y su esposa, la también vicepresidente Rosario Murillo.

Al mencionar el retroceso de la política exterior mexicana, este académico hace referencia al papel importante que México jugó en diferentes crisis internacionales, como la nicaragüense de finales de los años setenta, cuando el Gobierno de José López Portillo se mostró “horrorizado” por los crímenes de la dictadura de Somoza y decidió romper relaciones diplomáticas con Nicaragua, en mayo de 1979.

En esa ocasión López Portillo justificó su decisión por lo que llamó “el dramático, repugnante ataque a los derechos humanos, el horrendo genocidio que se está cometiendo contra el pueblo nicaragüense”. Y, además, pidió que otros gobiernos latinoamericanos rompieran relaciones con la dictadura de Somoza. La decisión del líder mexicano fue bien recibida en el resto del continente y para los analistas consultados en México fue clave para que la Organización de Estados Americanos (OEA) decidiera condenar a Somoza y exigir el fin de la dictadura en Nicaragua, como ocurrió la madrugada del 24 de junio de 1979 en Washington.

En esa ocasión, según recogió el diario español El País, la OEA recomendó: la exclusión inmediata y definitiva del régimen somocista, la instalación en Nicaragua de un Gobierno democrático, garantía de respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses, y realización de elecciones libres a la mayor brevedad.

México “desatento” de Nicaragua

Casi cuarenta años después de aquella importante decisión mexicana, el presidente López Obrador parece desconocer la relevancia que tuvo la política exterior de su país en la condena contra el somocismo, y mantiene un elocuente silencio sobre la crisis de Nicaragua y los crímenes de lesa humanidad que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, constató durante sus seis meses de investigaciones en el país.

“Es un tema que no ha hecho mucho ruido en México”, afirma Rafael Fernández de Castro, quien ha sido asesor presidencial en relaciones internacionales y es fundador del Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). “Tenemos nuestras propias crisis, una permanente con Estados Unidos. Tenemos un nuevo Gobierno en su crisis de desabasto de combustible. Siento a México desatento del tema de Nicaragua”, explica.

Fernández de Castro recuerda que la crisis nicaragüense durante la dictadura de los Somoza duró décadas y “desgraciadamente para las personas que sufren, la opinión pública internacional tarda bastante en reaccionar”.

“Aún es incierto lo que se puede esperar de la política exterior de AMLO. El canciller dice que los derechos humanos y la democracia son esenciales para política exterior de México, pero no hay un libreto claro de lo que será esa política exterior. Es incierto, además, el hecho de no firmar el documento del Grupo de Lima, aunque eso no necesariamente quiere decir que no va a buscar una solución al conflicto de Venezuela, o que no le preocupan los derechos humanos de los venezolanos”, explica el académico.

En el caso de la crisis política de Nicaragua, Fernández de Castro dice que “es temprano para juzgar” el papel que podría desempeñar México. “No hay señales muy claras. Desde el punto de vista mexicano la crisis venezolana opaca a la nicaragüense, que no es nada menor, porque hay crímenes contra los derechos humanos y muchos transmigrantes nicas, como no se había visto nunca, que cruzan México para intentar llegar a Estados Unidos. Pero es una crisis a la sombra en México, porque Venezuela y el éxodo venezolano la opaca, y porque aquí vivimos en una situación permanente de crisis, sobre todo con la caravana de hondureños”, razona.

La doctrina Estrada

La prensa mexicana asegura, al hablar de la política exterior del nuevo Gobierno, que AMLO recurrirá a la vieja “Doctrina Estada”, como fue denominado el eje central de las relaciones de México con sus vecinos. Fue ideada por Gerardo Estrada, entonces secretario de Relaciones Exteriores del presidente Pascual Ortiz Rubio y asumida como política de Estado en 1930.

En rasgos generales, la “Doctrina Estada” establece que México no intervendrá en asuntos internos de otras naciones y que respetará la autodeterminación de los pueblos. “El Gobierno mexicano solo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posterior, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”, se lee en el texto original de Estrada.

Para Rubén Aguilar, periodista, exguerrillero y portavoz del Gobierno del expresidente Vicente Fox, el hecho de que AMLO se arrope con la “Doctrina Estada” demuestra un interés de “autoprotegerse para que nadie lo pueda agredir a nivel internacional”. Sin embargo, Aguilar afirma que AMLO es un hombre pragmático, con una “intuición política brutal”, por lo que afirma que si el caso de Nicaragua en algún momento les es “políticamente rentable”, puede tomar una postura “en razón de sus intereses políticos”. Por el momento, dice, en materia de política exterior a López Obrador “le resulta fantástica” la “Doctrina Estada”.

“Si México quiere volver a convertirse en protagonista en política internacional tiene que definir cuales son sus posturas. Ahora está en una tesis conservadora y hasta incomprensible, pero puede evolucionar”, recomienda Sergio Aguayo.

A juzgar por lo sucedido el viernes en el Consejo Permanente de la OEA, en cuya sesión México no tomó la palabra ––en contraste con las sesiones anteriores, donde su embajador fue uno de los más beligerantes en las críticas contra Ortega–– parece que Nicaragua estará lejos de ser una prioridad de la Administración AMLO. “Le es indiferente, no es su prioridad”, asegura Rubén Aguilar.