Nación

Ejecuciones “sumarias”, la amenaza de la Nica Act y más poder para Murillo

Un año funesto para los derechos humanos en Nicaragua

Masacre La Cruz de Río Grande Elea Valle

La Cruz de Río Grande, aumento de femicidios, desplome de la autonomía municipal y consolidación del autoritarismo de Ortega



Ejecuciones en la montaña bajo impunidad

Nicaragua mantiene altos índices de seguridad ciudadana y una baja tasa de homicidios, en comparación a otros países de Centroamérica, principalmente los ubicados en el llamado Triángulo del Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador.

Sin embargo, expertos nicaragüenses en derechos humanos cuestionan el abuso de la ley por parte de la Policía Nacional, y la existencia de una política de “aniquilamiento selectivo” y “ejecuciones sumarias” en las montañas del país, a cargo del Ejército de Nicaragua.

En la comunidad San Pablo XXII, de La Cruz de Río Grande (Caribe Sur), las autoridades justificaron la muerte de seis personas entre ellos dos menores de edad, de 12 y 16 años, alegando que eran delincuentes comunes, y sin citar sus edades.

La madre de los niños, Elea Valle, llegó hasta Managua para denunciar sus muertes y reclamar sus cuerpos que permanecen enterrados en una fosa común.

A un mes del operativo, la Policía anunció que exhumará y entregará los cuerpos.

Más mujeres asesinadas

La epidemia de violencia contra las mujeres fue noticia recurrente en 2017.

Hasta principios de diciembre, un total de 55 mujeres habían muerto de forma violenta y las promotoras de los derechos de las mujeres, clasifican cincuenta de estas muertes como femicidios, algunos cometidos con saña.

En la comunidad El Cortezal, del municipio minero de Rosita (Caribe Norte), Vilma Trujillo fue atada durante días sin alimentos y finalmente quemada viva en una hoguera. Un pastor y los seguidores de su iglesia alegaron que intentaban liberarla del demonio, en un acto de barbarie, atizado por fanatismo religioso, que trascendió las fronteras nacionales.

En Managua, el femicidio de Karla Estrada también conmocionó a la opinión pública. La mujer recibió más de cincuenta puñaladas y fue decapitada por su expareja, un militar dado de baja que tenía un largo historial de violencia.

Las agresiones de todo tipo contra las mujeres, incluido el acoso, y el femicidio han sido calificados como un problema de salud pública por diferentes organizaciones que buscan prevenir y atender estos temas.

FSLN se queda con todas las cabeceras departamentales

El Gobierno del Frente Sandinista consolidó su cuota de poder local y de control territorial, tras las votaciones municipales del cinco de noviembre.

El FSLN obtuvo 135 de 153 alcaldías, en un proceso que evidenció una abstención masiva –igual o mayor a la percibida en el 2016, calculada extraoficialmente en un 70%– y el colapso de la autonomía municipal.

También, el proceso dejó en evidencia el rechazo de las bases sandinistas al dedazo y la reelección de más de un centenar de alcaldes. Entre ellos, más de treinta que han gobernado de forma consecutiva desde el 2008 y en enero asumirán su tercer período ininterrumpido.

De los nueve partidos políticos en la boleta, solo cuatro obtuvieron alcaldías. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se posicionó en once, Ciudadanos por la Libertad (CxL) en seis, y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) en una.

Una misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) avaló el resultado de las votaciones, pero no logró restituir la confianza en el sistema electoral ni brindó garantías creíbles de una reforma futura.

Del memorando de entendimiento que el Gobierno y la Secretaría General de la OEA firmaron en febrero, comprendiendo un trabajo de tres años para “fortalecer la institucionalidad”, no se ha vuelto a tener noticias.

La cuota de Rosario Murillo

Desde su nuevo cargo como vicepresidenta, Rosario Murillo consolidó su poder al frente del Gobierno. La también primera dama impuso un estilo cada vez más centralista en la gestión del modelo Estado-partido, mientras su esposo, el comandante Daniel Ortega, se mantiene como un gobernante ausente.

Un análisis de Confidencial, publicado en abril, reveló que en los cinco años de su segundo período consecutivo, Ortega solo salió de Managua en dieciocho ocasiones, con destino a ocho de los 153 municipios, porque concentra sus visitas generalmente en los mismos: Masaya y Niquinohomo, siempre en ocasión de festejos partidarios como el Repliegue y el Natalicio de Augusto C. Sandino. Este año, efectivamente, esas mismas ciudades fueron sus únicas salidas.

En 2017, también se consolidó la alianza económica entre el Gobierno y los grandes empresarios, que el Gobierno y la cúpula empresarial bautizaron como consenso, y otros critican como corporativismo.

El sector privado se ha beneficiado con el fortalecimiento de un esquema de subsidios que asciende a 1,100 millones de dólares al año, a pesar de las reiteradas recomendaciones de revisar y reducir las exenciones y exoneraciones fiscales.

Mientras, Laureano Ortega Murillo emergió como el principal enlace de la pareja presidencial con las comisiones gubernamentales con el sector privado, y sus hermanos se desempeñan a cargo de los medios oficialistas o como asesores de la Presidencia

Accidentes de tránsito, otra epidemia

Hasta finales de noviembre, la Policía Nacional reportaba 703 muertos a causa de accidentes de tránsito, uno más que durante el mismo período del año anterior. La Policía aumentó su número de agentes en las calles y recaudó hasta 33 millones de córdobas mensuales en multas.

Sin embargo, la aplicación de estas medidas y la retención masiva de licencias, provocó reclamos entre los conductores, e incluso entre el sector privado, mientras el número de víctimas mortales no disminuye.

En 2014 se autorizó elevar los costos de las multas. Para ese año, la Policía recaudaba unos 67.9 millones de córdobas. Desde entonces, la cifra no ha parado de crecer, con 112 millones de córdobas en 2015; 227.9 millones de córdobas en 2016 y un estimado de 277.8 millones de córdobas este año.

Sin embargo, un análisis del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) compara que en el mismo período ha habido un incremento progresivo de los accidentes de tránsito, pasando de 28,587 registros en 2014 a 39,553 en 2017.

Entre las causas más comunes de los accidentes de tránsito, la Policía ha identificado: conducir en estado de ebriedad, exceso de velocidad, imprudencia o falta de cortesía.

Expertos en seguridad ciudadana, sin embargo, estiman que el incremento de las multas ha demostrado priorizar un “objetivo recaudatorio”, en lugar de preventivo.

Una alternativa a la Nica Act en Washington

El congreso de Estados Unidos amenazó, por segundo año, consecutivo con imponer sanciones económicas al Gobierno de Nicaragua, como represalia por la falta de democracia, violaciones a derechos humanos, y la corrupción gubernamental.

Sin embargo, la llamada ley Nica Act respaldada por el Congreso, aún no ha sido discutida ni aprobada en el Senado para entrar en vigencia.

Empresarios de la Cámara de Comercio Americana pagaron un lobby contra la medida que limitaría las posibilidades de negocios e inversiones estadounidenses en Nicaragua afirman que la NicaAct ha perdido fuerza.

A diferencia del efecto negativo que la NicaAct tendría para Nicaragua, la Magnitsky solo sancionaría a personas específicas.

Un grupo de congresistas y senadores de ambos partidos, solicitó al presidente Donald Trump aplicar a la Magnisky Act, para imponer sanciones individuales a funcionarios del gobierno de Ortega, como el magistrado Roberto Rivas y el vicepresidente de Albanisa, Francisco López, señalados de estar involucrados en actos de corrupción.

Las sanciones anunciadas contra “Chico” López pusieron en alerta a la embajada de Estados Unidos en Managua. El consejero económico, William Muntean, advirtió a las empresas estadounidenses en Nicaragua revisar sus acuerdos comerciales con Albanisa para no incurrir en violaciones de las sanciones impuestas a la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, flanco actual en la Casa Blanca.

El Canal se aleja, mientras Wang Jing sufre reveses

A más de cuatro años de la aprobación de la ley de concesión del Canal Interoceánico, la promesa del megaproyecto es cada vez más remota: ni las obras han arrancado ni el concesionario Wang Jing ha presentado a los inversionistas dispuestos a inyectar los 70,000 millones de dólares que costaría la empresa canalera.

El megaproyecto que generaría miles de empleos y un crecimiento anual del 10%, sigue siendo una promesa vacía: no se ha licitado ninguna obra de infraestructura, ni se ha comprado o expropiado tierras en la ruta canalera, mientras el movimiento campesino ha realizado 94 marchas de protesta, demandando la derogación de la Ley 840, que consideran como una amenaza permanente.

Tras meses desaparecido y con su empresa HKND reducida al mínimo en Nicaragua, el magnate chino Wang Jing reapareció en un artículo de Bloomberg Businessweek, que relata los reveses que sus proyectos enfrentan por todo el mundo, provocando que “sus sueños en el canal pueden parecer cada vez más una fantasía”.

Su revés más reciente fue en Ucrania, donde la compañía del empresario chino intentó comprar una participación en Motor Sich PJSC, el mayor fabricante de aviones y helicópteros en ese país. Sin embargo, un tribunal congeló las acciones en septiembre, argumentando que la compra eliminaría la producción doméstica de motores a reacción.

Wang también parece lejos de su meta de convertir a Xinwei en una de las principales compañías de telecomunicaciones del mundo