Política

Aplanadora del FSLN aprueba a Ortega su “amplia” autoamnistía

De manera unilateral, el régimen impone una autoamnistía para proteger a los perpetradores de su matanza

Los diputados orteguistas y sus aliados aprobaron la autoamnistía de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en sesión extraordinaria este sábado nueve de junio. Lo hicieron con 70 votos de la maquinaria oficialista, en medio de discursos de sus diputados que intentar justificar ante las bases del gobernante Frente Sandinista porque, según el alegato oficial, se están amnistiando a “terroristas”, “por el bien de la paz”.

La ley, propuesta el viernes por el grupo parlamentario orteguista, concede “amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha”, y se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias.

Familiares de las víctimas de la matanza orteguista, presos políticos excarcelados y familiares de los reos de conciencia aún en prisión, y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sostienen que Ortega pretende liberar de acusaciones legales a los pertetradores de su matanza, entre estos Policía Nacional y los paramilitares o grupos ilegales de civiles que con la fuerza de las armas levantaron los tranques o bloqueos en las vías, instalados para evitar los ataques paramilitares en los barrios y ciudades y también para presionar al Gobierno.

“El debate”

El primero en tomar la palabra por la bancada del FSLN fue su jefe, Edwin Castro. “Estamos ante un acto de soberanía que busca la paz y la reconciliación”, dijo el operador político de la dictadura.

Es un “perdón con justicia y no repetición”, dijo Castro, aludiendo al artículo tres de la ahora Ley de Amnistía que prohíbe a los “presos políticos” que serán liberados con la amnistía volver a protestar.

En el discurso de Castro no faltó el guión dictado desde el despacho de Ortega en El Carmen: “Nos duele tener que amnistiar a asesinos confesos de policías… a torturadores del Colegio San José en Jinotepe”, resaltó.

El pasado seis de junio, en un acto partidario para rendir homenaje al militante sandinista Bismarck Martínez —asesinado en circunstancias no claras durante las protestas—, el dictador Ortega intentó levantarle el ánimo a la militancia, quejándose de la Conferencia Episcopal y de los organismos de derechos humanos, intentando vender la idea de que los sandinistas que lo apoyan fueron víctimas de persecución durante las protestas de 2018.

La dictadura pretende justificar su autoamnistía, liberando a los presos políticos. Un compromiso que ya había adquirido a finales de marzo en la mesa de negociación con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la Organización de Estados Americanos y el Vaticano como testigos. Sin embargo, el compromiso es parte de los 26 acuerdos que el régimen firmó, pero no ha cumplido.

El abogado y defensor de decenas de reos de conciencia de la dictadura, Julio Montenegro, sostiene que debe liberarse con “nulidad de los procesos y con sobreseimientos definitivos”, pero jamás con “amnistías o indultos”.

“Esta Ley de Amnistía podría dar pie a autos notorios de injusticias”, dijo el abogado Montenegro en una entrevista con Carlos Fernando Chamorro para el programa Esta Semana, que se transmite este domingo, a partir de las 8:00 de la noche, por el canal de Confidencial en YouTube y Facebook Live.

Montenegro y diversos penalistas y expertos en derechos humanos han indicado que los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas policiales y paramilitares bajo órdenes de la dictadura de Ortega y Murillo no prescriben ni son sujetos de amnistías.

La autoamnistía también es vista por familiares de los asesinados como un intento de la dictadura por dejar en la impunidad los crímenes cometidos desde que iniciaron las protestas en abril de 2018. Según organismos de derechos humanos, al menos 325 personas fueron asesinadas entre abril y septiembre de 2018, cuando Ortega impuso un Estado de sitio de facto para prohibir las movilizaciones ciudadanas. Además, más de 700 nicaragüenses fueron apresados y más de 60 000 se vieron forzados al exilio, debido a la persecución política.

En el hemiciclo de la Asamblea, este sábado también hubo espacio para que el diputado José Figueroa hiciera un resumen de los discursos de la primera dama Rosario Murillo todos los días al mediodía: Vencimos un intento de golpe de Estado y los que protestaban querían acabarnos a los sandinistas.

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