ECONOMIA

Hacienda revisa la Ley de Equidad Fiscal buscando U$44 millones

Ortega se retracta de
Ley tributaria

“Gobierno de los pobres” desoyó críticas de expertos tributarios, y sólo reconoce error ante el gran capital

 

Iván Olivares

Después de meses de diseñar y promover el anteproyecto de Ley de Concertación Tributaria, aceptado a regañadientes por la Asamblea Nacional, bastó un encuentro del presidente Ortega con los banqueros del país, acompañados de varios dirigentes del sector privado, para posponer su discusión hasta el 2010.

Mientras tanto, los mismos técnicos que diseñaron la ley con asesoría extranjera, bajo la coordinación del asesor Bayardo Arce, ahora deben enfocarse en preparar con celeridad una reforma urgente a la Ley de Equidad Fiscal, con el objetivo de hacer que los cambios a introducir permitan recolectar el próximo año, al menos 44 millones de dólares.

“Lo que se decidió es darse más tiempo para madurar más la Ley de Concertación Tributaria, y ajustar la LEF, y eso es algo que los equipos técnicos [del Ministerio de Hacienda] están operativizando”, reveló el diputado Wálmaro Gutiérrez, (FSLN), presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.

Añadió que “si ya se tomó esa decisión, lo que se hará es enviar una reforma a la LEF, reforma que están preparando los técnicos de Hacienda”.
Y está en lo correcto.

La decisión fue tomada el pasado jueves 5 de noviembre, durante la reunión en la que participaron no sólo los integrantes del gabinete económico con el presidente Ortega a la cabeza, sino también media docena de hombres de negocios que representaban al gran capital, así como al COSEP.

A lo largo de la reunión, el mandatario se vio obligado a reconocer que este es el momento menos apropiado para intentar una reforma, y más aún, una que pretendía recaudar más de U$93 millones el primer año, y más de U$123 millones el segundo.

¿Le cobraron el favor?

Mientras pasaban los días, la reunión fue generando varias lecturas distintas.

La primera es que los banqueros llegaron a pasarle la factura al mandatario por el ‘favor’ hecho hace unos meses cuando acompañaron al equipo de gobierno en su visita a Washington, para convencer al Fondo de ser flexible con Nicaragua.

La visita conjunta llevaba la intención de mostrar que el sector privado estaba unido (o al menos de acuerdo) con el sector público, pero también para reforzar la petición nicaragüense, que al final fue concedida.

Si fue un ‘cobro’ o no, lo cierto es que el mandatario estuvo de acuerdo con sus interlocutores, y accedió a dar tiempo a la Asamblea Nacional para que estudie con detenimiento el anteproyecto de Ley, en busca de una aprobación por consenso, que eleve los niveles de legitimidad de la reforma que el país debe efectuar, conforme a los compromisos adquiridos para mantenerse en línea con al Fondo.

La segunda versión es que el mismo Ortega se vio obligado a llamar al gran capital, así como al sector privado, para que le ayudaran a buscar una salida elegante a la crisis que se avecinaba, siendo que una tras otra, las cámaras empresariales, gremios, rubros y sectores se habían pronunciado en contra de la LCT.

Como siempre, lo más probable es que la verdad está en medio.

Una fuente empresarial dijo a Confidencial que lo que hubo fue una petición del sector privado para reunirse con el vicepresidente Jaime Morales Carazo, que fuera designado a principios de la presente administración, como el enlace entre la presidencia y el empresariado.

Dada la importancia de la discusión, el gobierno decidió tratar el tema en las más altas esferas, de donde surgió la decisión de postergar la discusión de la LCT y buscar maneras de reformar la LEF para conseguir los recursos necesarios para contar con un Presupuesto 2010 que esté financiado, y en línea con lo acordado con el Fondo.

Cámaras a la expectativa

Aunque la decisión tomada entre empresarios y el gobernante es casi un hecho irreversible (las bancadas de oposición han prometido no discutirla si el COSEP les confirma su beneplácito), las cámaras empresariales parecen estar más bien en estado de resignación ante lo ocurrido.

Ernesto Porta, presidente de la Cámara de Comercio, abogó porque los técnicos del gobierno no se limiten a buscar nuevas formas de sacarle dinero a los empresarios, sino que ensayen nuevas maneras de encontrar esos recursos, de modo que resulte lo menos traumática posible.

“Los 900 millones también se pueden conseguir cerrando el gasto, incorporando al Presupuesto los fondos ALBA (aunque sea en parte), haciendo las paces con la comunidad internacional para recuperar las donaciones extranjeras, y finalmente, emprender una reforma tributaria”.

“No necesariamente tiene que ser de una sola fuente”, exclamó Porta.
Una fuente del gabinete económico consultada por Confidencial, declaró que la propuesta de la Cámara de Comercio es “absolutamente inviable”, aunque coincidió en aceptar que “modificar la Ley de Equidad Fiscal es una variante, pero no la única”.

Una segunda fuente, de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, (UPANIC), se mostró igualmente a la expectativa de los cambios que se pudieran hacer a la LEF, porque podría ocurrir que algunos sectores resultaran privilegiados, si se hace recaer el peso de la reforma sobre unos pocos contribuyentes.

Consultado al respecto a la salida de una reunión con UPANIC, Antenor Rosales, presidente del Consejo Directivo del Banco Central, dijo que la discusión de ambas leyes podría ocurrir en paralelo, aunque la LEF deberá tener primero una versión definitiva que hubieses sido concertada.

Aunque no dio pistas acerca de los rubros y sectores que podrían verse afectados para conseguir los U$44 millones en el 2010, Rosales dijo que los productores le dijeron que aceptan una reforma, si en esta se establecen metas que correspondan a las realidades y capacidades de los productores.

Se trata de una reforma que exprese “las necesidades de la nación, y las posibilidades de quienes contribuyen —nosotros— sin eliminar la capacidad del sector privado para crecer, producir riquezas y generar empleo”.