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Ortega ordena reducir delito de femicidios al ámbito de las relaciones de parejas

Decretazo contra la ley 779

Jurista afirma que decreto “violenta legalidad y principio de constitucionalidad”. Feministas temen un aumento en feminicidios

Wilfredo Miranda Aburto | 9/8/2014
@PiruloAr

El 31 de julio, cuando Managua velaba en el tradicional coloquio a Santo Domingo de Guzmán para así despuntar las fiestas patronales capitalinas, el diario oficial La Gaceta publicaba un decreto presidencial que despoja de su espíritu a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, mejor conocida como 779. El comandante Daniel Ortega reduce el delito del femicidio al ámbito privado y crea “consejerías familiares” para que traten en primera instancia los casos de violencia, algo que ha disgustado a los organismos feministas.

El Decreto Ejecutivo 42-2014 reglamenta la normativa que castiga la violencia de género, lo que resulta doblemente ilegal para Azalea Solís, jurista y feminista. De acuerdo a la abogada, el Presidente de la República puede reglamentar los estatutos que la Asamblea Nacional establezca sólo en aspectos administrativos.

Sin embargo, el decreto emitido por Ortega altera aspectos procesales penales como es el delito del femicidio que ahora para calificarlo debe cometerse “por un hombre en contra de una mujer en el marco de las relaciones interpersonales de pareja”.

La segunda ilegalidad que encuentra la jurista es que el decreto reglamenta la ley 779 cuando la normativa no lo necesita, puesto a que ella misma se autorregula. “La ley tiene su propia reglamentación administrativa cuando crea la Comisión Interinstitucional, que es la encargada de hacer las políticas”, explicó Solís.

Dentro de la nueva reglamentación de Ortega sobresale la creación de Consejerías familiares en los barrios. Estas instancias estarían conformadas por “promotoras voluntarias, facilitares judiciales, pastorales familiares, líderes religiosos y los Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida en coordinación con el Ministerio de la Familia”, establece el artículo 10 del decreto.

“Ortega crea estas estructuras de consejería familiar de la comunidad y consejería familiar institucional”, sostuvo Solís, en referencia a la otra instancia que dispone el decreto para resolver los problemas a nivel del MiFamilia. “Estas estructuras no están en la ley. No las puede crear. Mediante estas estructuras transforma la ley de organización del Poder Ejecutivo y del Ministerio de la Familia y tampoco tiene facultades de ese asunto”, agregó.

El decreto establece que los consejos familiares comunitarios se implementarán por medio de “vistas casa a casa y escuelas de valores”. La lógica de esta reforma a la ley 779 es la “protección del  núcleo familiar”. Cuando el nivel comunitario no pueda solucionar los conflictos, Ortega propone que la consejería familiar sea a nivel institucional.

“Las mujeres tendrán la opción de acudir a la Comisaría de la Mujer o al Ministerio público, quienes las remitirán al Ministerio de la Familia con un resumen de la situación para brindar consejería familiar especializada”, expone el artículo 10.

Solís expresó su preocupación por este nuevo mecanismo por su politización y por la atención que recibirán las víctimas. “Crea una barrera para que las mujeres accedan a la justicia. Va a ser más complicado que las mujeres rompan el círculo de la violencia, con la cual lo expone mucho más”, adujo.

“Ortega pretende invisibilizar femicidios”

Los movimientos feministas y defensores de derechos humanos reaccionaron con unánime rechazo a la pretensión del comandante Ortega de reformar totalmente la ley y crear un nuevo mecanismo de funcionamiento.

“A las Consejerías de familias irías para arreglar los problemas de familias no las situaciones delictivas”, valoró Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cendih). “No se está viendo el tema de violencia como una situación de salud pública, como una situación que no se debe de resolver en el ámbito de parejas”.

Hasta el cierre de esta edición, la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir contabilizan 52 mujeres asesinadas en lo que va del año. Magaly Quintana, de esta misma organización, dijo que el decreto de Ortega intenta “invisibilizar los femicidios”.

“Daniel Ortega ahora no esconde datos como lo ha hecho la muerte materna y la violencia sexual, sino que pretende invisibilizar la realidad disminuyendo los femicidios en este país”, afirmó la feminista. “Todos los crímenes que pasen en el ámbito público van a descontarse y van a disminuir la pena”, añadió.

Sandra Ramos, del Movimiento María Elena Cuadra, uno de los organismos que impulsó la creación de la Ley 779, también insiste que se está tratando de “maquillar las verdaderas cifras del lastre de la violencia de género y femicida” en Nicaragua.

“El gobierno nos ha demostrado que no tiene espíritu de género ni querer aprender de la problemática de las mujeres. Simplemente creó este instrumento a su imagen y semejanza para congraciarse con la jerarquía eclesiástica”, expresó Ramos.

Para Quintana es inexplicable que un decreto desconozca el espíritu total de una ley, y hace hincapié en que estos consejos de familia van a tener la instrucción de seguir mediando entre víctima y agresor, impidiéndole a la mujer inmediatamente ir a la Policía para defenderse.

“Lo que están haciendo es aumentar el riesgo que tienen las mujeres en la familia, donde hay una constante de violencia, y la consecuencia va a ser un disparo de los femicidios”, dijo Quintana. “A eso agrégale que estos benditos gabinetes son partidarios y empeora el asunto, porque si sos mujer opositora seguro que ni llega (a ellos). Esto es algo sin precedentes”, exteriorizó.

La ley 779 fue aprobada en junio de 2012 y la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, abanderó esta normativa. Sin embargo, tras un año desde que entró en vigor y funcionó sin presupuesto, la ley fue reformada por la Asamblea Nacional mediación entre las parejas cuando se tratara de delitos leves. No obstante, señala la jurista Solís, en esa modificación los diputados dieron pase al comandante Ortega para que reglamentara la ley, disposición que en la ley original no estaba contemplado.

“Daniel Ortega se ha convertido en la Asamblea Nacional”, dijo Solís. “Este es un decreto que violenta de legalidad y principio de constitucionalidad. La tipificación de delitos es materia de ley no de decretos”, expuso.

Esta nueva orden de Ortega es desastrosa desde todos los puntos de vista, argumenta Ramos. “Desde lo jurídico a lo institucional: es una aberración. No sé quién aconsejó hacer eso al presidente. Trastoca el derecho a salvaguardar la integridad de las mujeres, y trastoca los derechos humanos”, dijo.

Quintana de las Católicas por el Derecho a Decidir adelantó que con esta modificación total la impunidad campeará. “La impunidad de los criminales va a aumentar. Los abogados de los que han sido condenados por femicidios están comenzando a decir que van a apelar, porque este criminal no tenía nada que ver afectivamente con la víctima”, ejemplificó.

Ramos dijo que el desmontar la ley 779 responde comportamientos misóginos. “Realmente como está concebida la ley 779, en un mediano y largo plazo iba a transformar las relaciones de poder en este país, y eso es no lo que no quieren los misóginos. No quieren dejar sus privilegios”, argumentó.

Por su parte la abogada Solís insiste que el decreto es contra las mujeres y da pie a “una ley criminal”. El descontento en estos sectores que defienden los derechos de las féminas es total  absoluto.

“Estamos indignadas”, aseguró Ramos: “El mensaje que el gobierno de Nicaragua está dando con haber trastocado la ley 779, es que las mujeres sigamos aguantando el viacrucis por el cual atraviesan nuestras vidas en  los hogares, en la comunidad y en la sociedad. Es decir, aguanten su viacrucis, denle una oportunidad al agresor hasta que la maten”.

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