Política

Una estrategia de “terrorismo de Estado”, explican expertos en seguridad

Bandas paramilitares dirigidas “desde el más alto nivel”

paramilitares Nicaragua

Ejército enfrenta conflicto de intereses entre Ortega y su obligación de frenar y desarmar a irregulares



El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está recurriendo a los grupos paramilitares para reprimir la rebelión cívica —que este lunes 18 de junio arriba a los dos meses— porque está “arrinconado”, de acuerdo a expertos en seguridad.

Roberto Orozco y Roberto Cajina, ambos expertos en seguridad y fuerzas públicas, consideran que los paramilitares responden a las órdenes del gobierno de Ortega, cuya administración que ha desarrollado una estrategia de “terrorismo de Estado”. 

La última atrocidad atribuida a las fuerzas irregulares en conjunto con la Policía Nacional fue el incendio provocado en que murió  la familia Pavón en el Barrio Carlos Marx de Managua la mañana de este sábado. Los grupos irregulares han protagonizado una escalada de violencia en Nicaragua en las últimas semanas. Con fusiles de guerra y montados en camionetas, patrullan los barrios del país donde la ciudadanía ha levantando barricadas para defenderse de la represión. 

“La parte operativa de los paramilitares la dirigen funcionarios todavía leales al partido (Frente Sandinista)… pero la coordinación viene desde el más alto nivel”, aseguró Orozco, quien por años ha estudiado las dinámicas policiales. El experto señaló que se están usando recursos públicos, como camionetas de los ministerios, para financiar y dar pie a la dinámica paramilitar. “Eso solo puedo venir del mando central del gobierno. Es terrorismo de Estado que persigue el dominio social a través de mecanismos ilícitos que causan terror”, agregó Orozco.

Cajina aseguró que la Policía Nacional y sus fuerzas antimotines no tienen la “capacidad táctica ni operativa para enfrentar multitudes”, como las que se han movilizado en protesta cívica contra el régimen. 

“La Policía Nacional requiere a los parapoliciales para poder realizar trabajo el trabajo sucio, aunque la policía también hace trabajo sucio. Esos grupos son una extensión de la Policía y del Ejecutivo”, explicó Cajina en el programa Esta Semana. “El rol paramilitar es crear terror. Reciben una paga de entre 300 y 500 córdobas. Son mercenarios por un lado y terroristas por el otro”, reveló el experto en seguridad. 

El silencio del Ejército 

No solo los expertos en seguridad resaltan el “silencio” del alto mando militar del Ejército de Nicaragua frente a los grupos paramilitares. También los ciudadanos. De acuerdo a Cajina, el silencio militar sobre la crisis sociopolítica en general que ya deja más de 170 muertos, responde a dos factores: Que el Ejército intenta “desmarcarse” del régimen Ortega-Murillo, y, segundo, que protege sus intereses corporativos; inversiones que poseen bolsa de valores Nueva York y Estados Unidos. 

Varios sectores sociales reclaman a la institución castrense acción frente a estos grupos paramilitares. Si la narrativa oficial habla de “delincuencia común”, ¿por qué los militares no los han desarticulado como lo hacían con los rearmados por razones políticas en el campo? 

“Si el ejército ha atacado y eliminado a grupos rearmados, ¿por qué no hace lo mismo con los paramilitares que portan armas de guerra de forma ilegal, y que violan ley 510 de gestión de armas?”, preguntó Cajina. El experto señaló que como Jefe Supremo del Ejército, Daniel Ortega nunca ha dado una orden de combatir a los rearmados en el campo. “Es una función que el Ejército se ha dado. Es parte de su plan anual de seguridad en el campo. La pregunta es por qué no se da la misión de desarmas a estos tipos (paramilitares)”.

Orozco dijo que es una situación compleja para el Ejército cuya naturaleza no es igual a la de la Policía y a la de la Fiscalía que, de oficio, deben perseguir delitos. Orozco apuntó que para desarmar a los paramilitares, el Ejército debe recibir constitucionalmente una orden de su jefe supremo, Daniel Ortega. 

“Ortega no va a dar esa orden. Hay un conflicto de interés en que el ejército está maniobrando”, aseguró Orozco. El experto resaltó que si Ortega, hipotéticamente, diera la orden a la jefatura castrense para desarmar a los paramilitares sería peligroso. 

Peligroso porque desarmarlos podría conllevar a una masacre todavía mayor, en la que también podrían verse involucrados civiles. Orozco dijo que si Ortega da una orden directa al Ejército toda la responsabilidad recaería sobre él, y no podría “jugar políticamente” como lo hace con los paramilitares de cuya existencia se “lava las manos”. 

En eso coinciden Cajina con su colega: Si Ortega ordena al Ejército suprimir a los paramilitares contradiría su discurso de que los grupos irregulares no operan en el país, pese a las pruebas abundantes recabadas por la población. 

Fisura policial 

En cuanto a la Policía Nacional, Orozco no cree que la capacidad de la institución esté rebasada como plantea Cajina. Más bien la capacidad represiva de la Policía ha aumentado con los paramilitares. 

“Lo que pasa en la Policía a nivel interno es lo grave: Están sufriendo una fisura enorme”, advirtió Orozco. Hay reportes de Policías que han abandonado sus cuarteles en Diriamba, La Trinidad y San Nicolás. 

“Eso puede tener consecuencias graves. Organismos de derechos humanos ya hablan de acreedor de 250 policías que han renunciado. No son desertores, porque el desertor no renuncia”, explicó Orozco. “Hay un resquebrajamiento del mando policial que puede tener consecuencia a corto plazo. “Esa es la debilidad actualmente. No es que la Policía está rebasada por la situación de inseguridad, porque la inseguridad la están generando ellos y los paramilitares”, afirmó Orozco.