Economía

Bancos reaccionan ante escándalo de lavado de dinero denunciado por CICIG en Guatemala

Banqueros: “Funciona el sistema de prevención”

Bancos rusos

En contraste con la rápida respuesta de los banqueros, la SIBOIF y la UAF mantienen silencio sobre este caso de lavado de dinero



Juan Carlos Argüello, presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), defendió la capacidad del sistema bancario nacional, y dijo que las transacciones ilícitas que intentaron realizar las empresas guatemaltecas vinculadas a lavado de dinero se lograron detectar a tiempo. Esa actuación, dijo, evitó que las entidades financieras fueran salpicadas por acusaciones de corrupción. Otros banqueros han expresado una posición similar.

“Tenemos las leyes apropiadas, tenemos la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero. Si te fijás, nuestro asociado ProCredit detectó y paró esa transacción. No existe ningún sistema bancario en el mundo que sea perfecto, que no pueda ser vulnerado por la delincuencia, pero estamos demostrando que el sistema de prevención funciona”, aseguró Argüello.

Argüello, que también es gerente general del Banco de Finanzas (BDF), aseguró que esa entidad no tuvo ningún tipo de relación con las sociedades anónimas creadas en el país por ciudadanos guatemaltecos para blanquear capitales, ni llegaron a conocer a los señalados. “Nunca tuvimos ningún tipo de contacto con ellos”, aseguró.

Representantes de los bancos del país ya rechazaron ante los medios de comunicación tener relación alguna con las empresas de maletín presuntamente utilizadas para cometer el ilícito. Los banqueros, igual que mucha otra gente, se preguntan cómo puede ser cierta la afirmación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en el sentido de que se lavaron US$13 millones en Nicaragua.

“Hemos estado monitoreando qué dicen los demás bancos, y si ya todos dijeron que no tuvieron relación alguna con esa gente, no nos explicamos cómo es que la Cicig dice que se lavó dinero en Nicaragua”, expresó una fuente del sector bancario que solicitó el anonimato.

El escándalo de corrupción fue destapado por la Cicig el pasado viernes 14 de julio. En su denuncia, acusaron al exministro de Comunicaciones de Guatemala, Alejandro Sinibaldi (2012-2014), de dirigir una red de corrupción en la construcción de obras e infraestructura que cobró sobornos por más de 13 millones de dólares, dinero que presuntamente fue lavado en Nicaragua.

La Fiscalía y la Cicig dijeron que Sinibaldi, siendo ministro, utilizó tres empresas de cartón a través de las que cobraba “sumas millonarias” de las constructoras a las que se les asignaban contratos públicos.

A través de operaciones típicas de lavado de capitales en el mundo, la estructura criminal buscó legitimar las ganancias en Nicaragua. En 2016 realizaron de forma apresurada una serie de acciones que incluyeron viajes de los testaferros de las empresas, contratación de firmas de abogados, y la creación de sociedades de fachada.

Entre las teorías que manejan los banqueros, está la posibilidad de que se hicieran préstamos directos entre sociedades, con dinero ingresado al país de forma ilegal. “Es posible que se decidieran a hacerlo de esa forma, después que el ProCredit los bloqueó”, dijo la fuente.

Las normas de ‘prevención del lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo’, hacen énfasis en analizar el origen (¿cómo se generó?), y la procedencia (¿de dónde vino? ¿Qué ruta recorrió para llegar hasta aquí?), del dinero que se coloca bajo sospecha, y corresponde a los especialistas ser capaces de responder a esas preguntas.

De forma complementaria, los bancos poseen programas de computadora que detectan transacciones sospechosas, como una cuenta que de pronto comienza a recibir grandes sumas en depósitos, o transferencias que van más allá de lo declarado al momento de abrir la cuenta.

UAF y Fiscalía en silencio

Ni la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ni la Fiscalía General de la República, han brindado declaraciones sobre el caso de corrupción que involucra a tres empresas de maletín creadas en Nicaragua y que intentaron realizar transacciones con el Banco ProCredit.

CONFIDENCIAL se comunicó con la UAF para conocer si existe algún tipo de investigación en el caso, sin embargo, no obtuvimos una respuesta concreta. “Me puede mandar su solicitud por correo electrónico y yo voy a realizar la gestión con mi director. Ahorita él está en una reunión, pero posterior se le dará alguna respuesta”, dijo Karina Silva, jefa de despacho de esta oficina.

Hasta el cierre de esta nota, la UAF no respondió la solicitud de CONFIDENCIAL.

La estructura se asesoró para buscar el mecanismo de traslado de capitales hacia Nicaragua. El 2 de noviembre del 2016, en una conversación vía Whatsapp, Douglas Paredes Álvarez (uno de los socios), comentó a su esposa, Ana del Compadre, que una de las opciones para evitar que rastrearan las operaciones, era que en Nicaragua se elaborara un acta por aportación de capital.

Del Compadre contestó positivamente lo dicho por Paredes Álvarez y agregó que “sería una inversión en acciones… con el extra que quedaría claro el origen de los fondos”.

Los 13 millones de dólares habrían sido lavados en Nicaragua a través de otra red de empresas de cartón con nombres similares a las de Guatemala. Las compañías fueron creadas por la firma de abogados Pacheco Coto, un prestigioso bufete de abogados con sede central en Costa Rica, que cuenta con oficinas en todos los países de la región, incluido Guatemala y Nicaragua, además de España, Suiza y Hong Kong.

Las sociedades nicaragüenses fueron: Inversiones Benelli, Inversiones Don Nico, Inversiones MJS e Inversiones Nápoles. Todas tramitadas ante los registros locales por el bufete Pacheco Coto. En ellas son socios Douglas Paredes, Juan Ramón Solórzano, Carlos Presa y José Franco Presa Aguirre, Jorge Mario Francisco Solano y Pedro Josué Valenzuela Crespo.

Información proporcionada por la Cicig reveló que luego que las empresas y sociedades estaban registradas en Nicaragua, la estructura criminal empezó con el blanqueo de capitales por medio de operaciones ficticias, como préstamos con las empresas ubicadas en Guatemala.

El objetivo era convertir el dinero en capitales, aparentemente lícitos, para que ingresaran al circuito financiero oficial de Nicaragua y alejarlos del control de las instituciones guatemaltecas.

Por ejemplo, con autorización de los socios Pedro José Valenzuela Crespo y Jorge Mario Francisco Solano, se realizaron gestiones para la concreción de un préstamo de 400 mil dólares a Inversiones Don Nico S. A., por parte de la sociedad constituida en Guatemala, de nombre “Constructora y Agropecuaria El Florido, S. A.”, cuyo representante legal era Juan Ignacio Florido, vinculado a su vez con el entramado de empresas de cartón del grupo investigado.

El mismo mecanismo utilizó la estructura criminal para otorgar un préstamo por 500 mil dólares a “Inversiones MJS S. A.”, de parte de la sociedad “Agropecuaria Nápoles, S. A.”, constituida en Guatemala.

La documentación en poder de la Cicig indica que la operación de estos créditos fue realizada en Managua por el notario de Pacheco Coto, Diógenes Emiliano Velásquez, en noviembre del 2016.

Las gestiones para la apertura de cuentas bancarias por parte de las sociedades “Inversiones Don Nico S. A.” e “Inversiones MJS S. A.”, se realizaron ante el “Banco ProCredit de Nicaragua”.

La estructura recibió vía correo electrónico, los datos necesarios para realizar transferencias desde Guatemala hacia la cuenta de “Inversiones MJS, S. A.”, y de “Inversiones Don Nico S. A.”, ubicadas en Nicaragua.