Nación

Demandan derogación de Ley 840: “Nos quieren quitar las tierras”, denuncian en San Miguelito

Campesinos marcharon contra amenaza del canal

Marcha anticanal 89

Enrique Sáenz: “Ley canalera acarrea riesgos de especulación financiera y trasiego de capitales de origen dudoso”



Miles de campesinos de las comunidades de Río San Juan y Nueva Guinea marcharon este martes para exigir la derogación de la Ley 840, oficialmente conocida como La Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente al Canal, Zonas Libres de Comercio e Infraestructuras Asociadas.

Desde el mediodía de este martes, agricultores de una decena de comunidades se reunieron en El Dorado, jurisdicción de San Miguelito en el departamento de Río San Juan, para caminar por tres kilómetros hasta El Dorado número 3, donde concluyeron con una conferencia de prensa.

La lideresa campesina Francisca Ramírez, miembro del Consejo en defensa de la Tierra, el Lago y Soberanía, llegó a El Dorado desde Nueva Guinea para encabezar la marcha, junto al actual presidente de la organización, Medardo Mairena.

Francisca Ramírez
Francisca Ramírez, del movimiento campesino anticanal, durante la marcha en San Miguelito. Confidencial | Carlos Herrera

“Es una lucha bien dura que hemos tenido de parte del Gobierno de Nicaragua. Se supone que el gobierno está para velar por nuestros derechos, pero aquí es el gobierno quien nos ha violentado nuestros derechos”, reclamó Ramírez.

La marcha 89 se realizó cuatro años después que 61 diputados sandinistas aprobaron la Ley 840 que permite al empresario chino Wang Jing y su empresa HKND expropiar las tierras de los campesinos a discreción.

Para la abogada Mónica López, esta marcha demuestra el poder de convocatoria de los campesinos. “Esta marcha y la de Punta Gorda (celebrada el sábado pasado) son un mensaje más que contundente en este cuarto aniversario. Y es que las comunidades campesinas que han estado luchando de forma cívica y de forma extraordinaria van a seguir movilizándose”, expresó López.

Aunque el gobierno no ha iniciado el proceso de expropiaciones ni se ha licitado la construcción de ninguna obra, López aclara que las movilizaciones continuarán hasta lograr la derogación de la Ley, que considera es el verdadero peligro.

campesinos anticanal
Los campesinos caminaron tres kilómetros durante la marcha 89 contra la concesión canalera. Confidencial | Carlos Herrera

Marcharon sin policías

La manifestación salió desde el mediodía y recorrió un trayecto de tres kilómetros en una hora . A pesar que los caminos para llegar al punto de reunión en la comunidad El Dorado 1 estaban en mal estado, los campesinos viajaron en camiones, motos, mulas y caballos para poder reunirse en el punto de salida de la protesta.

Lo más llamativo para muchos campesinos fue el hecho que no llegaran policías y que los dejaran marchar.

José María Calderón, habitante de El Dorado 3, perdió un ojo durante la represión policial en 2015.

Calderón hoy usa gafas para ocultar el ojo que le falta, pero advierte que mientras esté vivo continuará participando en las manifestaciones.

“Marchamos por las tierras de nosotros. Nos quieren quitar las tierras. Nosotros tenemos el derecho de trabajarlas. El Señor nos dio las tierras para trabajarlas.”, expresó José María Torres, otro de los manifestantes.

Las promesas incumplidas

El economista Enrique Sáenz y la abogada Wendy Flores, del Cenidh, en el programa Esta Noche. Confidencial | Xavier Mántica

Enrique Sáenz, economista y exdiputado de la Asamblea Nacional, recordó en el programa televisivo Esta Noche, que una de las promesas que ofreció el Gobierno fue el crecimiento económico que tendría el país a medida que avanzara la construcción del Canal.

En 2014 ya íbamos a tener un 10 por ciento de crecimiento. Posteriormente aumentaría al 15 por ciento y se generaría un millón de empleos”, dijo el exdiputado.

“Wang Jing ofreció becas para que cincuenta nicaragüenses fueran a China a especializarse. Mencionó que iba a regalar diez ambulancias y diez equipos de bomberos, que iba a rehabilitar hospitales, pero a la fecha no existe nada. Si no ha podido cumplir con todo esto, con los 50 mil millones de dólares será mucho más complicado”, afirmó Sáenz.

Frente a la hipótesis de que el canal nunca se construya, existen amenazas que se derivan de la ley 840.

Sáenz opina que el contenido de la ley canalera confiere una amplitud de derechos a Wang Jing y su empresa por cien años, para ceder, hipotecar y dar en garantía a terceros todo lo otorgado. Además, permite que el empresario chino pueda operar financieramente sin haber construido el Canal.

Todo el territorio nacional está comprometido, no solo la ruta del Canal. No solo puede negociar en cualquier modalidad esos derechos que le cedieron, sino que puede hacerlo con cualquiera, sin que el gobierno pueda oponerse. Incluso hay una disposición, que si los financieros vienen a operar a Nicaragua, no están obligados a inscribirse o reportarse en la Superintendencia de Bancos”, explicó el economista.

Para Sáenz la amenaza real es que la plataforma que forma el proyecto, se convierta en un soporte para el trasiego de capitales de origen dudoso e ilícito, bajo el amparo de esta concesión.

Campesinos San Miguelito
Muchos campesinos salieron al amanecer desde sus comunidades, para llegar a El Dorado 3, en San Miguelito. Confidencial | Carlos Herrera

¿Y si viene otro gobierno?

El escenario de que un nuevo gobierno democrático se proponga en el futuro derogar la ley también es incierto. A juicio de Sáenz, la ordenanza se construyó para que esto nunca ocurra y basa su argumento en los intentos que hizo el gobierno para impedir que la ley fuera revisada por otros sectores.

“Hay base para plantear una objeción a esta ley. Pero con la cantidad de recursos que tiene el grupo gobernante, los términos de la ley posibilitan comprar tierras a precio de guate mojado, aprovechando los términos de la concesión. Aunque no se construya el Canal, los campesinos y propietarios de la tierra siempre estarían bajo la amenaza de despojo”, explica el exdiputado.

Para Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Ley 840 es un cheque en blanco pues está contemplado que si existe alguna situación política que interfiera con el proyecto y provoque que no se ejecute, el Estado está obligado a pagar por los daños ocasionados a la empresa en cualquier proyecto.

“Se desconoce en cuánto se van a cuantificar esos daños o pérdidas. No han empezado a realizar el proyecto, pero pueden decir que tienen pérdidas millonarias por la falta de ejecución”, explicó Flores.

¿Quién protege a Nicaragua? Esa pregunta debería contestarla el presidente Daniel Ortega o los miembros de la Comisión del Gran Canal. Nosotros debemos estar preparados para la especulación financiera y para el trasiego de capitales al amparo de la concesión”, considera Sáenz.

Aunque no se construya el Canal, los campesinos siempre estarían bajo la amenaza de despojo, alertan expertos. Confidencial | Carlos Herrera
Lesiona soberanía y derechos humanos

  • Más de 120 mil amenazadas con reubicación forzosa

En diciembre de 2015, Wang Jing y el vicepresidente Omar Hallesleven inauguraron las primeras “obras” del Canal Interoceánico en Brito, Rivas. Sin embargo, lo único que se hizo fue la ampliación de una pequeña trocha de seis kilómetros que conecta con una finca con el mar, que ni siquiera está pavimentada.

Y aunque ninguna obra de construcción ha sido licitada, los campesinos denuncian la amenaza de expropiación bajo los términos de la Ley 840, que permite al concesionario apropiarse de sus tierras en la ruta canalera y en cualquier otra parte a precio catastral, muy por debajo de los precios del mercado.

El Cenidh considera que la Ley 840, es violatoria a los derechos constitucionales, de la propiedad y de participación ciudadana, pues además no fue consultada por la población.

Más de 30 recursos por inconstitucionalidad fueron rechazados en un corto tiempo por la Corte Suprema de Justicia, mientras las protestas del movimiento campesino han sido reprimidas con violencia.

“Ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), se han planteado las violaciones a los derechos humanos, el tema de la represión policial, soberanía y la falta de consulta a los pueblos indígenas”, explicó la abogada Wendy Flores.

Agregó que con la Federación Internacional de Derechos Humanos, realizaron una investigación, concluyendo que unas 120 mil personas, serían desplazadas sin ningún tipo de compensación justa.

Para la abogada del Cenidh, aunque el canal nunca se construya, sigue la amenaza de expropiación. La única forma de cambiar la ordenanza es que se derogue a través de la Asamblea Nacional por una iniciativa presentada por la ciudadanía o por los mismos diputados.

Actualmente el Cenidh está trabajando junto a otras organizaciones en una petición ante la CIDH para apoyar al movimiento campesino, que será suscrita por las personas afectadas que han recurrido de amparo y que tienen propiedades en la zona canalera.