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El país no puede vivir 100 años en una condición de "indignidad"

Campesinos trazan salida para derogar ley canalera

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Hay opciones legales, pero todos los caminos pasan por un movimiento de protesta nacional



Aunque la promesa del Canal Interoceánico se difumina en el horizonte a medida que pasa el tiempo, la Ley 840, que otorga una onerosa concesión del proyecto al empresario chino Wang Jing, representa una amenaza para el país. El riesgo de las expropiaciones es real, y el reto es cómo derogar una ley “que pone de rodillas” a Nicaragua, a juicio de juristas independientes, organismos de la sociedad civil, y el movimiento campesino que durante cuatro años ha protestado demandando la derogación de la ley.

Esta fue una de las conclusiones del foro-debate organizado por Confidencial sobre “La ley Ortega-Wang, cuatro años después”, el jueves pasado en Hispamer.

El plazo de los seis años

¿Qué salidas quedan, cuando Wang Jing no tiene mayores obligaciones con el país, y todo en la ley lo favorece? La abogada Mónica López Baltodano encuentra un resquicio en uno de los artículos del Acuerdo Marco de Concesión: La cláusula 15.2 establece que el gobierno de Nicaragua o el concesionario podrán terminar la concesión para cualquier subproyecto cuando en un plazo de seis años no se hayan conseguido recursos para financiarlo.

“Pero hay una trampa”, alertó López, asesora legal del movimiento campesino, e investigadora que documentó la existencia de las empresas de maletín creadas por HKND. “Cada proyecto es un subproyecto… es decir, que el Canal húmedo es un subproyecto, pero eso no representa la derogación de la Ley 840 y del contrato, porque seguiría vigente para los otros”, explicó.

Según López, las cláusulas están diseñadas para ser “confusas”. Pero esta posibilidad es la única que queda al país para exigirle al gobierno del comandante Daniel Ortega que termine el conjunto de la concesión canalera, y pueda derogar la Ley 840.

“El incumplimiento de los seis años en algún subproyecto no invalida automáticamente la ley del Canal. El Gobierno puede dar por terminada la concesión del Canal, pero quedaría vigente la Ley 840 para los otros subproyectos”, detalló la jurista. “Pero desde donde lo vemos, es un resquicio ante tantos candados para exigir la derogación de todo el régimen legal, porque la justificación que el Gobierno dio fue el Canal. Y por lógica: Si no hay recursos para el Canal, debe derogarse”.

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El artículo 2 de la Ley 840 establece el desarrollo de siete subproyectos en todo el país: Un aeropuerto, dos puertos en ambos océanos, una zona de libre comercio y varios complejos turísticos. El inciso “A” de ese artículo deja al Canal Interoceánico a nivel de subproyecto, cuando ha sido vendido como la obra principal.

La abogada considera que esta sería la salida más fácil para desarticular un andamiaje legal “lesivo para el país”. “Es una decisión política que debemos arrancarle al gobierno”, precisó.
“Es la Ley que más ha atropellado al país en toda la historia. Violenta 41 artículos de la Constitución Política”, dijo la Azahálea Solís, experta constitucionalista, quien también participó en el foro moderado por el periodista Carlos Fernando Chamorro.

Junto a López y Solís estuvieron Medardo Mairena, coordinador del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía Nacional; Manuel Ortega Hegg, presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN); y Alejandro Aguilar, jurista y asesor empresarial.

La opción del arbitraje internacional

Aguilar dijo que otra manera de anular la Ley 840 sería un arbitraje internacional con Wang Jing. Es decir, acudir a la Corte Internacional de Londres que resuelve disputas comerciales; en este caso, entre la empresa HKND y el Estado de Nicaragua. Pero este camino sería engorroso y costoso.

Aguilar advirtió que el proyecto canalero carece de un modelo de resolución de conflictos en caso de controversias entre ambas partes, como sí lo tienen, por ejemplo, megaproyectos como el Euro Túnel que cruza el Canal de la Mancha, y une a Francia y Reino Unido.

Wang Jing tiene todas las de ganar debido al contrato “leonino” a su favor. El jurista mencionó que HKND no tiene obligaciones con el país. Y al contrario, hasta las reservas del Banco Central de Nicaragua (BCN) están comprometidas en caso de que el proyecto fracase por algún motivo.

“El concesionario podrá aplicar una sentencia a su favor originada de un arbitraje en cualquier lugar del mundo donde Nicaragua tenga intereses o activos comerciales”, alertó Aguilar. “Con esta ley y contrato, el país ha renunciado a su inmunidad soberana”.

Aguilar dijo que en la concesión entregada a Wang Jing hay una responsabilidad política, y que básicamente ha sido identificado el responsable: El gobierno del comandante Ortega. Sin embargo, le gustaría conocer quiénes fueron los asesores legales de Nicaragua a la hora de aceptar esas condiciones “que ponen de rodillas al país”.

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“Me preocupa los compromisos que el país adquiere. Quisiera saber dónde están los asesores jurídicos que esta ley sea posible, los cómplices. No los conocemos más que el promotor del proyecto no asume responsabilidades”, insistió Aguilar.

La Ley 840 y el Acuerdo Marco de Concesión fue redactado en Estados Unidos por la firma Kirkland and Ellis, y la contraparte nicaragüense fue el bufete de abogados Taboada y Asociados. “Hay que derogar esa ley porque no se puede vivir siempre en esa condición de indignidad”, agregó.

¿Una salida negociada con Wang?

La constitucionalista Azahálea Solís remarcó el hecho de que el Acuerdo Marco de Concesión sea una herramienta legal que tenga mayor peso que la Constitución Política. Por ello, considera indispensable que para derogar la Ley 840 hay que crear un “grupo nacional multidisciplinario” para poder afrentar las complejidades que acarreará una futura disputa legal.

El presidente de la Academia de Ciencias, Manuel Ortega, resaltó que el reto como país es la derogación de la concesión. Pero antes de llegar al punto del arbitraje, instó al gobierno del comandante Ortega a negociar con la empresa HKND una posible salida.

Por ahora, el concesionario chino Wang Jing ha desaparecido. Hasta la fecha, no se ha licitado ninguna obra ni expropiado o comprado algún terreno en la zona canalera, que afectaría los departamentos de Rivas, Río San Juan, Nueva Guinea y parte del territorio de la Costa Caribe Sur, donde habita el pueblo indígena Rama-Kriol.

Para los expertos, la salida negociada es lo más viable antes que enfrascarse en un arbitraje internacional con Wang Jing. Aguilar afirmó que quienes apoyan la postura del gobierno en pro de este proyecto “no deben olvidar la responsabilidad” que implica esta concesión. “Mientras pasa el tiempo, más se va agravando; esto irá creciendo y la batalla legal será más dura”, pronosticó.

La abogada López Baltodano recordó que la concesión no dura cien años, sino 116. El plazo iniciaría a correr cuando el Canal sea construido e inicie a operar.

El proyecto canalero tendría un costo de 50 mil millones de dólares. Sin embargo, hasta la fecha no se conocen quiénes serían los inversores. A la postre, la ruptura de las relaciones diplomáticas de Panamá con China Taiwán la semana pasada, y el hecho de establecerlas con China Continental deja claro —para algunos analistas— que la segunda economía del mundo tiene un compromiso estratégico con la ampliación del Canal de Panamá y ninguna intención de financiar una obra de ese calado en Nicaragua.

Corrupción y capitales especulativos

El jurista Alejandro Aguilar, asesor empresarial, dijo que “como mínimo” en el esquema de la concesión canalera hay “corrupción”, porque las prerrogativas para Wang Jing no tienen límites. Además, el esquema de la compañía de maletín crea condiciones para que se pueda, incluso, lavar dinero a través de las zonas de libre comercio. El jurista no concibe cómo “pudieron negociar la soberanía de un Estado”, ya que la Ley 840 deja a Nicaragua a nivel de enclave. “¿Cómo desmontar esto? No es posible que las autoridades no sepan a qué problema se metieron”, cuestionó.

Solís recordó que el concesionario chino tiene la potestad de vender o ceder la concesión a cualquiera. Por tanto, Nicaragua no sabe en manos de quién está, porque hasta ahora el tema ha sido manejado con secretísimo. Es decir que la concesión es transable y sume en mayor incertidumbre al Estado de Nicaragua.

Por su parte, el economista y exdiputado Enrique Sáenz, recordó las promesas oficiales que hizo el gobierno en la Ley 840. “En 2014 ya íbamos a tener un diez por ciento de crecimiento. Posteriormente, aumentaría al 15 por ciento y se generaría medio millón de empleos”, dijo.
Sáenz opina que el contenido de la Ley canalera permite que el empresario chino pueda operar financieramente sin haber construido el Canal.

“Todo el territorio nacional está comprometido, no solo la ruta del Canal. No solo puede negociar en cualquier modalidad esos derechos que le cedieron, sino que puede hacerlo con cualquiera, sin que el gobierno pueda oponerse. Incluso hay una disposición, que si los financieros vienen a operar a Nicaragua, no están obligados a inscribirse o reportarse en la Superintendencia de Bancos”, explicó el economista.

Para Sáenz la amenaza real es que la plataforma que forma el proyecto, se convierta en un soporte para el trasiego de capitales de origen dudoso e ilícito, bajo el amparo de esta concesión.

“Aunque no se construya el Canal, los campesinos y propietarios de la tierra siempre estarían bajo la amenaza de despojo”, explica el exdiputado.

El movimiento campesino y la soberanía

La demanda al resto de la sociedad

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Carlos Herrera | Confidencial

Medardo Mairena, productor y coordinador del movimiento anticanal, hizo un recuento desde la conformación del Consejo Nacional, las marchas de protestas realizadas y la represión por parte de la Policía, el Ejercito y las fuerzas de choque del partido Frente Sandinista por su oposición a la obra.

“Como campesinos no sabíamos nada de la Ley 840. De hecho, cuando escuchamos hablar del Canal pensamos en progreso”, relató el líder campesino. “Pero cuando inauguraron las obras del Canal en Rivas, y entendimos las expropiaciones no nos pareció, porque ni siquiera hablaron con nosotros que somos los dueños”.

El artículo 12 de la Ley 840 dispone que el concesionario pagará el precio de catastro de las tierras, muy inferior al de mercado. El afectado no podrá reclamar la decisión de HKND. Esto incluye cualquier porción del territorio nacional, donde, por ejemplo, la empresa china desee construir un subproyecto. Es por eso que Mairena hizo un llamado a los ciudadanos que están fuera de la ruta canalera: Ellos tampoco son inmunes. “Es un problema de todos los nicaragüenses”, alertó.

La abogada López Baltodano dijo que el trabajo territorial de varias organizaciones fue vital para la articulación del movimiento campesino. Aunque reconoció la “rapidez” con la que tomó vuelo y surgieron líderes locales que reivindicaron la defensa de la tierra, los recursos naturales y la soberanía nacional. “Eran liderazgos que no conocíamos”, dijo.

Según la asesora del Consejo Nacional, los campesinos conocieron la realidad más allá de la retórica de que en Nicaragua no existe institucionalidad. “Porque han acudido a la Corte Suprema, a la Asamblea a la presidencia a interponer su reclamo, y no les resuelven”, ejemplificó.

Mairena aseguró que las 89 marchas emprendidas por los campesinos y las acciones legales exigiendo la derogación de la Ley 840 han conseguido que el régimen sandinista pague un “costo político”.

El movimiento campesino tiene como principio, refirió López Baltodano, no subordinarse a banderas políticas, lo que le ha brindado credibilidad ante la opinión pública frente a un gobierno autoritario.

“No es justo que el movimiento campesino cargue todas las banderas del país”, consideró López Baltodano, en referencia a que mientras el Consejo Nacional lucha por la defensa de la propiedad y el respeto a los derechos humanos, otros sectores del país, los sindicatos, los jóvenes, los gremios, y las universidades, permanecen pasivos.

Ortega Hegg, presidente de la Academia de Ciencias, dijo que esta es una oportunidad para reflexionar y “redefinir” el proyecto de desarrollo del país. Hay que reconocer el predominio del desempleo, la informalidad, y la migración que caracterizan el modelo actual, “para no esperar o depositar las esperanzas en megaproyectos”, aseveró.