Economía

Casos de terrorismo fiscal son juzgados a conveniencia del régimen orteguista

Juicios en contra de las empresas son atendidos en el mismo juzgado, a pesar de que existe un sistema aleatorio para la distribución de causas

El Juzgado Quinto Local Penal de Managua, de la juez Imara Castro, es el punto en que convergen las causas penales que la Alcaldía de Managua inició contra aproximadamente 200 empresarios acusados por el delito de Defraudación Tributaria a la Hacienda Municipal. Esta convergencia no tiene justificación lógica, afirman especialistas en Derecho Penal, porque la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE) está diseñado para responder bajo un sistema aleatorio en aras de garantizar la transparencia en los procesos judiciales.

Las causas penales en contra de los empresarios no solo “son improcedentes” por tratarse de un tema administrativo, sino que una vez que fueron admitidas en ORDICE, debieron ser distribuidas entre los ocho juzgados penales de Managua mediante una especie de “tómbola electrónica”, enfatiza el abogado penalista Roberto Fúnez. El hecho de que todos los casos denunciados por la Alcaldía son conocidos por la misma jueza, “es algo que no debería estar pasando” y evidencia la “falta de transparencia” en los procesos, advierte.

Sin embargo, el “cobro forzado” de la Alcaldía de Managua es solamente la más reciente embestida de las entidades estatales facultadas para cobrar impuestos.

El presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN), Marcos Pierson, sostiene que existe “una política de cobros bien agresiva” en las instancias estatales, pero que muchos contribuyentes optan por no denunciar públicamente por temor a ser multados o que les abran un nuevo proceso judicial.

Los cobros de ALMA, DGA, DGI e INSS

En el caso de la Alcaldía de Managua, los cobros son en concepto de reparaciones tributarias y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). A esta fecha, la municipalidad ha incrementado el valor de las propiedades para cobrar más por el 1% del IBI, ya que no está autorizada por la ley para imponer nuevos tributos. El incremento es “exponencial de un año a otro”, explica Pierson.

Además, “no se está llevando el debido proceso en donde le den chance a la gente de defenderse y dar su punto de vista”, reclamó.

En la Dirección General de Aduanas (DGA), los empresarios reportan constantes dudas de valor sobre las importaciones, por lo que agentes aduaneros valoran “a su antojo (la mercancía) e imponen montos bastantes más altos”. También, registran casos donde “por un error en la documentación” los agentes de la aduana imponen “multas de miles de dólares”, detalla Pierson.

Las valoraciones en la DGA, indica el presidente de CADIN, representan “una preocupación para los importadores” ya que “uno no sabe que esperar de las autoridades si ellos controlan el valor de lo que uno está importando”.

De la misma manera, el sector privado también es objeto de constantes auditorías por parte de la Dirección General de Impuestos (DGI) y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) no les entrega la documentación necesaria cuando un trabajador requiere subsidio para evitar compartir los gastos, detalla un economista de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), quien se encuentra desarrollando un estudio cualitativo sobre la situación y perspectivas en sector comercio.

Los cobros de impuestos y multas al sector privado son “una presión por el lado del Gobierno por su necesidad de recaudar”, explica el economista de Funides. Y agrega que se están estableciendo “cobros que nunca habían existido y por diversos motivos”, en el sentido de que los recaudadores establecen un cobro, le pone un nombre y proceden. En consecuencia “la empresa por la necesidad de hacer su retiro de mercadería lo más pronto posible termina pagando”, precisa.

Los casos más recientes

Esta semana el Juez Tercero de Embargos y Ejecuciones de Managua, Luden Quiroz García, embargó las instalaciones de Nicavisión Canal 12 por un reparo fiscal de 21 millones de córdobas. Esto debido a que la DGI alega que la televisora estaría debiendo el Impuesto sobre la Renta (IR) de los años 2011-2012 y 2012-2013. Situación que el propietario del Canal 12, Mariano Valle, afirmó es “arbitraria” e “ilegal”.

Asimismo, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) advirtió que la DGI está reclamando al Canal 10 el pago de un reparo fiscal de 110 millones de córdobas.

También, la empresaria Victoria Cárdenas, esposa del dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro; su madre Victoria Lacayo, y su hermana Gabriela Cárdenas, denunciaron -a inicios de este mes- que la jueza Castro Martínez les dictó orden de captura y allanamiento de morada por un reparo fiscal de 9.5 millones de córdobas (unos 274 725 dólares), en favor de la Alcaldía de Managua.

Cárdenas y su familia son propietarias de una inmobiliaria y un restaurante, a los que la Alcaldía auditó en diciembre del año pasado. La empresaria presentó su solvencia municipal de los últimos tres años, pero la dirección de recaudación de la Alcaldía dictaminó que la urbanizadora había ganado entre 2017 y 2019, la cantidad de 325 millones de córdobas (unos 9.4 millones de dólares), por lo que sentenció que existe una deuda millonaria en impuestos municipales.

Una estrategia “miope”, con graves consecuencias

La voracidad recaudatoria de las entidades estatales afecta a todos los niveles y derivan en una cadena alzas para los consumidores. Tal es el caso de la importación de insumos para agroquímicos la producción en el campo, que están sujetos a constantes dudas de valor en la DGA, de tal manera que terminan registrando un aumento en sus costos de importación y por tanto en su precio final acaban costando más de lo que deberían.

Para Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), los cobros onerosos que están haciendo las instancias estatales repercutirán a corto y mediano plazo, ya que están afectando el clima de negocios y los empresarios extranjeros que han invertido en Nicaragua empiezan a considerar irse del país.

Cualquiera de estas situaciones, a su vez, tiene un efecto directo en contra del empleo, que ya ha caído de 2018 a la fecha, con la pérdida de medio millón de empleos directos en los últimos dos años y medio producto primero de la crisis sociopolítica por la represión del régimen en contra de las protestas ciudadanas, y ahora por la pandemia de covid-19.

“Cuando un negocio empieza a perder dinero lo primero que hace es despedir empleados. ¿Qué sucede cuando un negocio pierde empleados? Todo ese dinero que se utilizaba para pagar al empleado ahora se va para pagarle al Gobierno”, explica Jacoby.

El problema de fondo es político

Este “terrorismo fiscal”, como le llaman algunos contribuyentes, tiene su origen en un tema político. Los empresarios rompieron el modelo de diálogo y consenso que mantenían con el Gobierno de Ortega, y condenaron la masacre estatal que dejó más de 300 asesinados en 2018. El sector privado sostiene que mientras no se resuelva el tema político la situación económica seguirá igual. “Lo único que se puede hacer es denunciar el hecho”, señala Jacoby.

El presidente de APEN recuerda que el Gobierno tampoco no cumplió con los acuerdos firmados en 2019 con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en los que se comprometió –entre otras cosas– a respaldar una reforma electoral. Es por esta razón que Jacoby no cree que la situación económica del país vaya a mejorar y “no se va a mejorar porque este problema de confianza nace de la desconfianza que se le tiene al sistema político actual”.

El economista de Funides agrega que los cobros de impuestos y multas al sector privado son “una presión por el lado del Gobierno por su necesidad de recaudar”. A su juicio, se están estableciendo “cobros que nunca habían existido y por diversos motivos”, en el sentido de que los recaudadores establecen un cobro, le pone un nombre y proceden.

Los vicios del proceso

El abogado Roberto Fúnez ha estudiado diferentes casos sobre cobros excesivos de la Alcaldía de Managua y sus procesos penales en contra de los empresarios, y sostiene que se está utilizando el Sistema de Justicia Penal como “un mecanismo de presión” para los contribuyentes, ya que todas las causas iniciaron con una auditoría de la Alcaldía de Managua en la que concluyeron que las empresas deben cantidades millonarias en impuestos municipales.

Después de la auditoria, un bufete de abogados –en representación de la Alcaldía– interpuso las denuncias por la vía penal, evitando que los contribuyentes pudieran hacer uso de los recursos de: Amparo, Reposición, Revisión o Apelación. Sin embargo, antes de iniciar una acción penal, se requiere que la causa haya quedado firme en la vía administrativa, por lo que la juez “no debió darle trámite” a estas acusaciones que no han sido finiquitadas en la vía administrativa.

Los jueces penales, explica Fúnez, “son ajenos a los términos contables, a las leyes y reglamentos tributarias, porque no les corresponde determinar si esos montos se deben pagar o no”. Agrega la vía penal aplica si se realiza un proceso administrativo y el contribuyente se rehúsa a pagar el monto de lo que adeuda.

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