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CIDH: “Cifras de fallecidos aportadas por el Estado son inconsistentes”

Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó hoy el número de fallecidos en Nicaragua durante las protestas que afronta el país hasta 322, y señaló que la mayoría de ellos derivan de la represión estatal, a la vez que calificó de “inconsistentes” las cifras presentadas por el Gobierno, que afirman que 197 personas han fallecido en cuatro meses de crisis.

De acuerdo a un comunicado de la institución, de los más de tres centenares de muertos como resultado de la situación de crisis que vive el país, 21 corresponden a policías y otras 23 a niños y adolescentes. “La gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado”, explicó el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que reclamó “el acceso a la información detallada sobre todas las personas fallecidas”.

Los datos se extraen de la octava semana de trabajo en el terreno del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y llegan después de más de cuatro meses desde que empezaran los disturbios.

Cifras inconsistentes

La CIDH cuestionó las cifras de personas fallecidas aportadas por el Estado, que calificó como”inconsistentes”. En su informe la Comisión explicó que “mediante notas que el Estado remitió a la CIDH entre junio y julio de 2018, el Estado informó sobre 37 personas fallecidas, en su mayoría agentes del Estado o personas afines al gobierno. Posteriormente, en respuesta a las reiteradas solicitudes de información actualizada, mediante nota del 7 de agosto el Estado reportó una cifra consolidada de 450 personas fallecidas entre el 19 de abril y el 25 de julio. En el desglose de esa cifra, el Estado informó que 197 personas fallecieron como “víctimas del terrorismo golpista”; y 253 personas fallecieron por “muertes homicidas (actividad delictiva común), accidente de tránsito y otras causas, que fueron manipuladas por los golpistas y organismos afines para desprestigiar, difamar y dañar la imagen del Gobierno de Nicaragua”. No obstante, el informe no presenta el listado de las personas fallecidas. Frente a la inconsistencia de las cifras reportadas por el Estado y sus cuestionamientos al registro de fallecidos de la CIDH, la Comisión reitera al Estado de Nicaragua la necesidad urgente de garantizar el acceso a la información detallada sobre todas las personas fallecidas, a fin de que la CIDH pueda cotejar y verificar las cifras con aquéllas que ofrecen las autoridades nicaragüenses”.

La Comisión también reitera el llamado al Estado “a adelantar investigaciones serias y eficaces sobre todas las muertes de personas manifestantes como consecuencia de la represión de la protesta social, así como de todas las muertes ocurridas en el contexto de la violencia que vive el país desde el 18 de abril”. La CIDH instó al Gobierno “a suministrar la información referida a las investigaciones judiciales que están en curso con el objeto de establecer los autores materiales e intelectuales. En particular, es indispensable que el Estado nicaragüense rinda cuentas del número y la identidad de las personas imputadas, detenidas, juzgadas y sancionadas por esos hechos. De igual manera, es urgente que el Estado informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH dirigidas a asegurar la realización de las autopsias de todas las personas asesinadas por agentes del Estado o por grupos parapoliciales que actuaron con la anuencia de éste”.

Persiste violencia y represión

La CIDH también expresió su “máxima preocupación” ante la “persistencia de la violencia en la represión de la protesta social”, que, dijo, sigue provocando muertes y heridos, y por la información sobre detenciones arbitrarias. Aseguró que esas violaciones han sido registradas por el MESENI “a través de su trabajo de monitoreo de marchas, plantones y protestas, tanto de oposición como de apoyo al Gobierno”.

La CIDH también puso el foco sobre la criminalización que ha ejercido el Gobierno del presidente Daniel Ortega sobre las manifestaciones y sobre quienes expresaban su desacuerdo con su Ejecutivo en las calles.

“La Comisión (…) advierte la persistencia de la estigmatización y criminalización de la protesta social bajo cargos infundados y desproporcionados”, incidió la entidad, que aseguró que las autoridades locales han realizado un uso “generalizado” del delito de terrorismo en este marco.

Este discurso -continuó en el escrito- provoca unas condiciones de “hostilidad e intolerancia” contra los manifestantes, líderes sociales y defensores de los derechos humanos.

En esta línea, señalaron que “es urgente que el Estado informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH dirigidas a asegurar la realización de las autopsias de todas las personas asesinadas por agentes del Estado o por grupos parapoliciales que actuaron” en virtud de este.

“El uso inapropiado del sistema penal en contra de manifestantes, opositores, defensoras y defensores de derechos humanos constituye una violación al derecho a la integridad personal, la protección judicial y las garantías judiciales”, señaló el comisionado Francisco Eguiguren.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron en abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.