Política

CIDH: Ortega impone un “estado policial”

Policía “no autoriza, ni autorizará” movilizaciones públicas, alegando que son “golpistas y no tienen personería jurídica”

La prohibición policial para impedir la marcha convocada por movimientos feministas y la Unidad Nacional Azul y Blanco, este domingo 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, reafirma el “estado policíaco” impuesto por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde septiembre, cuando se ilegalizaron las protestas en medio de la rebelión cívica.

La Policía dejó claro este viernes que no “autoriza ni autorizará” movilizaciones públicas, respondiendo de esa manera a la solicitud de la Unión Nacional Azul y Blanco, que notificó a la institución sobre la marcha del domingo. Los opositores no esperaban beneplácito alguno de la institución, ya que la Constitución Política no establece el requisito de un permiso previo para la movilización ciudadana.

Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó que la decisión policial “limita” el “contenido esencial de los derechos humanos”. “Antes establecieron requisitos innecesarios para el derecho a la protesta y ahora prohíben su propio ejercicio. Si no hay ningún control judicial se instaló un efectivo Estado policial”, advirtió. El mensaje de Abrao fue secundado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Ana María Tello, coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), dijo que la decisión policial no solo viola los derechos humanos, sino que se trata de un claro “impedimento” a la protesta pacífica, como lo han venido documentando.

“Estuvimos muy pendientes de la autorización de la marcha. No sucedió así. Estamos muy preocupados. Esta es una marcha que, además señalo, no solo es nicaragüense: recuerda un día mundial de Naciones Unidas en contra de la violencia contra la mujer”, lamentó Tello.

“No tienen personería”

La institución policial alegó, para no autorizar la marcha, que los organizadores carecen de personería jurídica, y han participado “en el fallido golpe de Estado”.

“La Policía Nacional no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento golpe de Estado que ha dejado secuelas de trauma, luto, dolor a las familias nicaragüenses”, declaró el comisionado general Luis Fernando Barrantes Jiménez, jefe de Seguridad Pública.

El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez catalogó como ilegal el comunicado íntegro de la Policía. El jurista reparó en el argumento de la personería jurídica, uno de los más insostenibles a su juicio.

“Es ilegal porque la Constitución Política no dice que se debe tener personería jurídica para manifestarse pacíficamente. Ese argumento lo sacaron de la manga de la camisa; es una burda manipulación de la ley. Esa sola argumentación viola los derechos constitucionales”, explicó Álvarez.

El constitucionalista explicó que la carta de la Unidad Nacional Azul y Blanco no pedía autorización para marchar, sino que notificaba a la institución sobre la realización de la movilización.

“La carta de la Unidad Azul y Blanco hace referencia explícita al literal P, numeral 1, del articulo 7, de la Ley 874, que se refiere a la actuación de la Policía. Establece que deben otorgar permisos”, explicó el jurista. “No hay que ser abogado para saber que las  normas jurídicas dicen cosas de manera explícita o implícita, pero de manera inequívoca. La Unidad Nacional pedía a la Policía hacer lo conducente, y lo conducente es otorgar el permiso”, agregó el experto.

En ese mismo sentido, Carlos Tünnermann, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, recalcó que lo enviado fue una “simple notificación de la marcha”, no una solicitud de autorización. “No leyeron bien la carta, porque claramente se menciona el literal P, que habla de las funciones de la Policía para otorgar permiso”, dijo.

Imputa delitos o calumnia

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, catalogó los argumentos policiales como “falsos, amenazantes y arbitrarios”.

El comisionado Barrantes Jiménez señaló que entre los cinco firmantes de la notificación de marcha de la Unidad Nacional Azul y Blanco y los grupos feministas “identificaron” a personas que “realizan prácticas vandálicas en centros comerciales”.

La notificación de la Unidad Nacional Azul y Blanco está firmada por el empresario José Dolores Blandino, el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, la feminista Evelyn Flores, el presentador televisivo Jaime Arellano, y el economista Juan Sebastián Chamorro.

Según la Policía, el “único objetivo” de estas personas es “dar continuidad a los actos terroristas, y reactivar los tranques con sus propósitos golpistas, teniendo entre sus planes inmediatos, afectar a las familias en las merecidas celebraciones de La Purísima, Navidad y Año Nuevo”.

El constitucionalista Álvarez advirtió que los señalamientos policiales son “una grave imputación de delitos”.

“Son varias acusaciones muy graves y el Ministerio Público debería investigar, porque la Policía, al decir todo eso, puede estar cometiendo el delito de calumnia. Además, se trata de ciudadanos que gozan de gran honorabilidad”, aseguró el jurista.

Por su parte, Ana María Tello, coordinadora para del Meseni de la CIDH, dijo que ella no conoce que haya investigaciones en torno a los firmantes de la notificación de permiso.

“Sin embargo, mi impresión personal es que el colectivo que pidió la autorización para la marcha es conocido. Son personas de diferentes sectores, empresarios, periodistas, defensoras de derechos humanos. Esa una de las razones por la cual no ha sido otorgado el permiso”, afirmó.

Álvarez sostuvo que si la Policía tiene una lista de personas que están siendo investigadas por los delitos imputados, lo deberían hacer público. El no hacerlo, según él, es “otra falta grave a sus funciones profesionales”.

Tünnermann apuntó que el régimen vuelve “a resucitar la leyenda del golpe de Estado” para que “nadie pueda salir a las calles”.

“Quienes la Policía considere que están en desacuerdo con el Gobierno, pierden su derecho de salir a las calles. Ellos hacen una afirmación temeraria al importar estos delitos de que estas personas que participaron en fallido intento de golpe de Estado. Están cercenando un derecho constitucional”, aseveró.

Intimidación y despliegue policial

El Meseni alertó también sobre la “intimidación y hostigamiento” que sufrieron dos de los firmantes de la notificación: Jaime Arellano y Juan Sebastián Chamorro. Ambos fueron acosados por oficiales al salir de sus casas, y también detenidos temporalmente, mientras que la Policía desplegó a mas de 200 efectivos, en puntos como las oficinas de 100% Noticias y el Colegio Teresiano, punto de partida de la marcha el domingo.

“Tuvimos conocimiento de que estas dos personas fueron hostigados e intimidados en su domicilio”, aseguró la coordinadora del Meseni.

“Tenemos profunda preocupación por las distintas acciones intimidatorias y hasta de hostigamiento en contra de las personas que se manifiestan con símbolos patrios o contra el Gobierno. Sobre todo respecto a los líderes campesinos, periodistas detenidos, hay un número de situaciones que nos preocupan”, insistió Tello.

El constitucionalista Álvarez lamentó que el comandante Ortega “cada vez profundiza” la crisis sociopolítica. De acuerdo a él, todas las iniciativas que nacen de El Carmen son de fuerza, de represión, y de cárcel. “No solo no te da el permiso para marchar, sino que no lo va a dar nunca”, remarcó.

Ana Quirós, del movimiento feminista, dijo que no marcharán este domingo para evitar más violencia. Mientras que el régimen anunció ya una contramarcha para ese mismo día.

“Están impidiendo la movilización. Seguiremos insistiendo, porque nos asiste la razón y el derecho a movilizarnos. No puede ser que ahora seamos rehenes de la voluntad de unos cuantos. La olicía no puede reinterpretar la Constitución. Los derechos ciudadanos no pueden ser conculcados”, reclamó Quirós.

Sin embargo, Álvarez recuerda que el uso antojadizo de las leyes es de vieja data en el régimen de Ortega y Murillo. La deriva política autoritaria de la pareja presidencial, durante los once años de Gobierno, han llevado “a una cerrazón total de las libertades”.

“Las libertades que había antes (de abril) eran concesiones. Esas libertades que habían eran porque Daniel Ortega y su esposa no veían amenazada su permanencia en el poder… era más bien una concesión graciosa que el ejercicio de los derechos constitucionales”, aseguró Álvarez. “Ahora —criticó— es un régimen personalista, donde las instituciones se diluyeron y se personificaron en la pareja. Es una desprotección total”.

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