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El organismo incluye a Nicaragua en el Capítulo IV del informe anual

CIDH: persiste la persecución política en Nicaragua

“La Comisión sigue profundamente preocupada por las violaciones a los derechos humanos en el país”, afirma Antonia Urrejola, relatora de la CIDH



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este lunes un informe detallado sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Un “diagnóstico preciso” del país, inmerso en una crisis social desde abril de 2018, y que según datos de este organismo ha dejado hasta el 30 de mayo de este año un total de 326 víctimas confirmadas, entre ellas 24 niñas, niños y adolescentes, así como 21 agentes policiales.

Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua, señaló en la presentación que entre las 4 recomendaciones generales y 43 específicas contenidas en el informe, destaca la necesidad de restablecer en Nicaragua “la plena vigencia del Estado de derecho garantizando el principio de independencia y separación de poderes públicos”. Señaló que el debilitamiento del Estado de derecho y la concentración de poder del Ejecutivo, son consecuencias de la grave violación de los derechos humanos de los nicaragüenses.

“Pese al inicio de la mesa de negociación, persisten en el país las detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento y persecución y, en general, un ambiente de represión”, dijo Urrejola, y agregó que sigue pendiente la restitución de derechos como el de la libertad de asociación y de expresión.

El informe detalla que la represión a las protestas mediante el uso de la fuerza letal, fue realizada por grupos policiales dirigidos desde el más alto mando de la presidencia como jefe supremo de la misma. El organismo advirtió de la “intensificación” de ataques y detenciones contra periodistas, lo que es parte de una “fase de cierre de espacios democráticos” que constituye la “instalación de facto de un estado de excepción, caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública”, el encarcelamiento de voces disidentes y la clausura de medios de comunicación.

“Aunque estamos complacidos con la liberación o excarcelación de un número muy importante de personas detenidas, la Comisión sigue profundamente preocupada por las violaciones a los derechos humanos en el país. Aún quedan al menos 88 personas privadas de libertad”, afirmó Urrejola.

La relatora de la CIDH para Nicaragua indicó que continúan pendiente la restitución del derecho a la libre manifestación, la libertad de asociación, y la restitución de las personerías jurídicas a las organizaciones no gubernamentales. También la libertad de expresión y la devolución de sus propiedades a los medios de comunicación como CONFIDENCIAL y 100% Noticias.

Las recomendaciones para el Estado de Nicaragua

El diagnóstico refleja que por primera vez en 25 años Nicaragua aparece en el Capítulo IV del informe anual de la CIDH, correspondiente a 2018, donde figuró por última vez en 1993, después de haber sido incluido el país en esa “lista negra” cada año desde 1982.

El informe revela la participación de terceros armados y grupos paramilitares, quienes realizaron acciones de violencia en conjunto con la Policía Nacional, para amedrentar, vigilar y reprimir a los manifestantes que se oponían al Gobierno. Según el documento, dicho grupo actuó por instrucciones de las autoridades policiales, incluso señala que fueron organizados por alcaldes y secretarios políticos del partido de Gobierno.

Urrejola explicó que en este nuevo documento la Comisión presenta nuevas recomendaciones al Estado de Nicaragua: cuatro de estas son generales y 43 específicas, entre las cuales se insta al Estado a poner en libertad a las personas que han sido detenidas de manera ilegal, a restablecer la plena vigencia del Estado de derecho, garantizar el principio de independencia y separación de poderes públicos y cumplir las recomendaciones formuladas en el informe final de la visita de trabajo en Nicaragua de la Comisión.

“También se insta al Estado de Nicaragua a ratificar el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con la finalidad de garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden en impunidad y como garantía de no repetición aceptar la consecuencia de la Corte Penal Internacional sobre estos crímenes, cometidos desde el 18 de abril de 2018”, detalló la relatora.

La respuesta de la dictadura

El 25 de enero la Comisión permitió al Estado de Nicaragua una copia del borrador preliminar de este documento y se solicitó que remitiera sus observaciones. El 22 de febrero de 2019 el Gobierno de Daniel Ortega presentó sus consideraciones, las cuales fueron incorporadas en la versión final.

En sus observaciones el Gobierno señaló que rechazaba el presente documento por la “falta de objetividad e imparcialidad” y por considerar que adolece de falta de objetividad, imparcialidad y por su “manifiesto sesgo, reflejando intereses políticos desestabilizadores en contra del Estado de Nicaragua”.

Asimismo, solicitó que se consignará su posición en relación con el informe. También indicó que la Comisión y los organismos de derechos humanos han señalado cifras superiores de personas fallecidas, “sin ser verificadas por las instituciones competentes, tomando como referencia a medios de comunicación adversos al Gobierno y en declaración de personas que evidentemente están vinculadas a las protestas violentas”.

“En primer lugar, de manera reiterada, la Comisión ha señalado la falta de disposición del Estado para intercambiar información y analizar datos y cifras de las personas fallecidas y detenidos en protestas. Difícilmente podemos contrastar la información si no nos reunimos y si el Estado no responde nuestra solicitud de información”, expresó la relatora.

Urrejola manifestó que la Comisión lamenta el hallazgo del cuerpo del militante sandinista Bismarck Martínez e instó al Estado a investigar de manera imparcial los hechos. “Rechazamos de manera constante las declaraciones estatales contra quienes defienden los derechos humanos en Nicaragua y hacia la Comisión. Nuestro compromiso es continuar con el seguimiento de la situación de Nicaragua”, finalizó.

Reformas electorales son necesarias

El embajador Gonzalo Koncke, jefe del Gabinete del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), saludó en el encuentro la excarcelación de más de un centenar de presos políticos en mayo de este año, pero reforzó la necesidad de que todas las personas detenidas sean liberados, así como de que se apliquen “reformas institucionales profundas” en el país.

“Se requiere la libertad de todos los presos políticos, la existencia de las libertades civiles y políticas. Libertad de prensa, expresión, asociación, garantías de retorno seguro para los exiliados, se requiere que se permita a la CIDH regresar al país y trabajar. Reformas electorales de fondo que permitan crear una situación institucional y llevar adelante elecciones justas y transparentes, libres y todos elementos contenidos en carta democrática que permitan al país volver a vivir en un Estado de derecho”, afirmó Koncke.

Agregó que, al escuchar el informe, hallazgos y recomendaciones, no pudo más que recordar que la represión no puede existir bajo ninguna modalidad en el país, y que las fases de represión de la dictadura, tampoco son aceptables, sino condenables.

“Hacemos nuestras estas nuevas recomendaciones en el informe de la CIDH. Desde la secretaría general de la OEA, permanece el recuerdo de las personas que perdieron la vida y los familiares de los fallecidos. Debemos seguir trabajando en Nicaragua para recuperar el Estado de derecho, democracia, libertad y ese es el compromiso de la secretaría general de la OEA”, afirmó.

Más presión para Ortega

Roberto Desogus, representante de la oficina regional para Centroamérica de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), recalcó durante la presentación del informe, importantes aspectos: uno de ellos estuvo referido a las víctimas y la importancia de que cualquier proceso de paz y reconciliación, debe posicionarlos a ellos en el centro, es decir, estar en la toma de decisiones y discusiones, para que estos cambios realmente sean positivos.

“Esto no ha ocurrido hasta ahora. Hemos visto aprobación de leyes en materia de reconciliación, de atención a víctimas y amnistía, y en ninguna de ellas las víctimas han podido participar. Han sido aprobadas de manera muy rápida. Manifestamos nuestra preocupación al respecto. Aunque haya liberado a los presos políticos, por otra parte, se mantienen los riesgos de impunidad para responsables de violación de derechos humanos”, indicó Desogus.

Lesther Alemán, joven estudiante y miembro de la Alianza Cívica, demandó la devolución de documentos y bienes de todos los presos políticos, a quienes les han sido retenidos hasta los pasaportes.

“Ortega quiere poner lápida a todos los que se manifiestan en contra”, sostuvo Alemán.

Por su parte, Edwin Carcacha Dávila, de 28 años, y quien estuvo preso 9 meses en una “prisión de tortura” en Nicaragua, llamada Prisión de Máxima Seguridad y conocida como “la 300”, dijo que estuvo retenido en condiciones infrahumanas “por el solo hecho de pensar diferente”.

“Salí la semana pasada, estuve sin derecho a sol y solo con 3 litros de agua por semana. Nos golpearon, nos torturaron, durante ocho días era interrogado por hasta 4 horas. Precarias condiciones humanas, sin duda”, dijo el joven, quien pidió que Ortega cumpla las promesas que extendió durante la mesa de diálogo.