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Claudia Paz y Paz: “Policía y paraestatales se coordinaron para matar”

Experta del GIEI destaca que mandos policiales tenían conocimiento de la matanza que se llevó a cabo en la marcha del 30 de mayo de 2018

La masacre orteguista del Día de la Madre, del pasado 30 mayo de 2018, recibió una atención especial del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), quienes reconstruyeron lo qué pasó durante la denominada “madre de todas las marchas”, en la que murieron seis manifestantes, por armas de fuego, y al menos 85 resultaron hospitalizados.

Durante una entrevista en el programa Esta Noche, Claudia Paz y Paz, una de las expertas del GIEI, aseguró que identificaron que el ataque armado a la manifestación cívica no fue un hecho “aislado” o “esporádico”, sino “una acción coordinada” entre policías y paramilitares, “dirigida a matar”.

Paz y Paz, que dirige el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), comentó los crímenes de lesa humanidad están excluidos de cualquier ley de amnistía.

En su informe final, el GIEI señaló que el régimen cometió “crímenes de lesa humanidad”, por lo que recomendó investigar al presidente Daniel Ortega y a directores, subdirectores y jefes departamentales de la Policía Nacional, por su responsabilidad en los hechos de violencia contra las protestas cívicas.

Los cuatro expertos del GIEI fueron expulsados de Nicaragua, en diciembre pasado, horas antes de presentar su informe final. Este amplio y exhaustivo documento se ha convertido en uno de los textos de referencia para entender lo ocurrido durante el 18 de abril y 30 de mayo de 2018, que fue su periodo de análisis.

Los expertos Pablo Parenti y Claudia Paz y Paz, durante la sesión en la ONU. Foto: Tomada de Twitter

El GIEI dedicó en su informe un capítulo a la masacre del día de la Madre del 2018.  ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegó esta investigación?

El GIEI dedicó una parte específica del informe a reconstruir lo que ocurrió el 30 de mayo, por la cantidad de víctimas que hubo en Managua y en otras partes de la geografía de Nicaragua. Nos parecía un día emblemático porque ocurrió una de las manifestaciones más grandes. Nosotros tuvimos accesos a videos y fotografías, que documentaban que era una marcha multitudinaria, pacífica, en la que iban, incluso, familias enteras.

Para nosotros hubo varios momentos en los cuáles ocurrieron víctimas mortales. Algunos fueron más difíciles de reconstruir, pero hubo un momento sumamente claro, que es el que mueren tres jóvenes. Tenemos evidencia fotográfica y videográfica de cómo los jóvenes, que estaban en una barricada frente a la UNI recibieron impactos que provenían desde el lado del estadio.

Se ve en las imágenes, algunas de ellas están incluidas en el informe, cómo estaban disparando en una forma coordinada, miembros de las fuerzas de seguridad de la Policía, con personas pertenecientes a grupos paraestatales.

Entre los muertos de ese día, hubo dos simpatizantes del FSLN, en la zona de Estelí. ¿Ustedes pudieron investigar esos hechos?

Con la profundidad de lo ocurrido en Managua, no. Nosotros dedicamos tiempo y recursos para tratar de reconstruir lo que había ocurrido en la ciudad de Managua.

¿Se puede identificar responsabilidades de los perpetradores de esos actos de violencia en Managua?

Para nosotros es claro que en ese momento de la marcha, la responsabilidad le correspondía a fuerzas policiales y fuerzas parapoliciales, que estaban actuando de forma coordinada. Por la forma en que ocurrió y por el lugar hacia donde se dirigían los vehículos, hacia instalaciones militares vecinas al lugar. Para nosotros no es un hecho aislado o esporádico, se trata de una acción coordinada, de una acción dirigida a matar, como realmente ocurrió con esas tres víctimas. En una acción, la cual los mandos policiales tenían que tener conocimiento.

Uno de los heridos el 30 de mayo de 2018 es trasladado en moto a un hospital. Carlos Herrera | Confidencial

Ustedes han propuesto la creación de una fiscalía especial para investigar estos y otros crímenes. ¿Cómo se puede hacer una fiscalía especial en Nicaragua, bajo el Gobierno actual?

Para nosotros es fundamental que exista independencia y autonomía de las autoridades encargadas de adelantar la investigación, así como de las autoridades encargadas de juzgar a los responsables.

Lo que nosotros vivimos y documentamos en Nicaragua es que esta autonomía de la Fiscalía e independencia de los jueces, desafortunadamente no existía. Por el contrario, existía una sumisión, sobre todo de la Fiscalía hacia el Ejecutivo. Por eso es que nosotros proponemos una fiscalía especial, que dé garantías de independencia.

Es fundamental que esta fiscalía escoja sus integrantes, de tal forma que no respondan ni al Gobierno ni a partidos políticos, porque esta es una garantía de la exhaustividad y profundidad de las investigaciones.

Actualmente no existen las condiciones para que el mismo Ejecutivo o fiscalía nombre fiscales independientes. Esas condiciones se tienen que dar, ya sea con la presencia de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humano) o de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos; incluso con la fiscalización social, para que realmente sean personas independientes quienes integren esta fiscalía especial.

El Gobierno en este momento está promoviendo una ley de amnistía, alegando que se trata de una ley de perdón y reconciliación. En la experiencia de otros países, pueden crímenes de lesa humanidad quedar eventualmente en la impunidad, protegidos por una amnistía

No, definitivamente tanto el derecho internacional de los derechos humanos, como el derecho penal internacional, excluyen la posibilidad de amnistiar a los crímenes de lesa humanidad. Hay estándares muy claros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Recientemente, en medidas provisionales emitidas por la posibilidad de que se aplicara una amnistía en Guatemala —en 12 casos que están sujetos a seguimiento de ejecución de sentencia—, la corte le ordenó al Congreso de Guatemala que se abstuviera de aprobar una ley de amnistía.

En días pasados, el presidente de la Corte le ordenó a la Asamblea Legislativa de El Salvador que se abstenga de aprobar una posible ley de amnistía.

Más de 80 fallecidos suma la masacre orteguista, desatada tras las protestas que iniciaron el 18 de abril contra Daniel Ortega. Confidencial | Carlos Herrera
Marcha cívica para exigir justicia ante la masacre orteguista, el 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses. Confidencial | Carlos Herrera

Viendo hacia el futuro. ¿Cómo se puede hacer justicia en Nicaragua, ante qué tribunales, nacionales o internacionales?

Hay distintas vías. En las recomendaciones del informe, exhortamos a los distintos Estados del hemisferio a que investiguen estos graves crímenes (en Nicaragua), conforme su legislación. Aquellos estados que reconocen el principio de jurisdicción universal.

Otra posibilidad es que un nuevo Gobierno reconociera la competencia de la Corte Penal Internacional.

La posibilidad que todos deseamos y esperamos es que haya condiciones distintas en Nicaragua, que se establezca una fiscalía independiente y que estos hechos sean juzgados. Esas serían las tres posibilidades.

¿Podría un nuevo Gobierno solicitar a la cooperación internacional, a la ONU en particular, una entidad supranacional, parecida a la Cicig en Guatemala?

La principal lección de Guatemala es que es muy difícil que las autoridades, en Estados coaptados por el crimen organizado y la corrupción, se autodepuren.

Para Guatemala fue fundamental la Cicig, como ente externo que venía a apoyar aquellos fiscales independientes, en avanzar las investigaciones.

En la situación de Nicaragua, cuando el Estado tenga la voluntad de investigar profundamente estos crímenes de lesa humanidad o los casos de corrupción, sería muy pertinente que pudiera establecerse un cuerpo nacional e internacional de investigadores, que pudieran adelantar estas investigaciones.

La experiencia de Guatemala demuestra que cuando se quiere se puede. Y se puede llegar hasta las más altas autoridades. En Guatemala, está siendo procesado un expresidente (Otto Pérez Molina), una exvicepresidenta (Roxana Baldetti) y casi el gabinete completo de ministros, por casos de corrupción.

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