Centroamérica

Condena por masacre de jesuitas en España abre camino a justicia

El exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, fue condenado en España, pero en El Salvador la causa no prospera

La Audiencia Nacional de España condenó al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, a 133 años de prisión como responsable de los asesinatos de los cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana, Ignacio Ellacuría.

El tribunal lo condenó como responsable de haber planeado y ordenado junto a la cúpula castrense de su país los asesinatos de los cinco jesuitas españoles en 1989.

La sentencia se conoció en una lectura pública en presencia de Montano, único dirigente del alto mando salvadoreño enjuiciado por estos hechos ante la Justicia española, que en la vista oral se desvinculó por completo de la masacre.

La resolución considera a Montano autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista, por los cuales le impone una pena de 133 años de prisión, cuatro meses y cinco días.

Igualmente, le atribuye los asesinatos del otro jesuita salvadoreño, así como de la cocinera de la universidad y su hija de 15 años, si bien no pudo condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.

El tribunal estableció un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo de la condena, un período al que habrá que restarle el tiempo que lleva en prisión provisional, desde 2017, año de su extradición.

En El Salvador también buscan justicia

El rector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, Andreu Oliva, dijo este viernes que acudirán a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) si no se resuelve el estancamiento del caso por la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989.

“Eso (la condena) obliga, moralmente al menos, a la Justicia salvadoreña a continuar con ese proceso que se inició en el año 2017, que nosotros vamos a seguir empujando y que en algún momento, si no nos resuelven, tendremos que plantear ante la Sala de lo Constitucional que se nos está afectando el derecho a la verdad y a la justicia”, dijo el jesuita en una conferencia de prensa virtual.

En abril de 2018, una corte de Paz ordenó la reapertura del proceso para determinar la autoría intelectual y este se encuentra estancado en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, que debe resolver un recurso de casación de los militares vinculados.

Oliva señaló que la Fuerza Armada “si quiere mostrar ante el país que está a favor de la justicia y de la paz, debe poner a disposición del órgano Judicial” sus archivos para que se puedan investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil (1980-1992).

El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y exrector del centro de estudios, José María Tojeira, añadió que “entiendo que la Fiscalía está investigando elementos del caso” y que “han llamado a algunas personas a declarar”.

“Ojalá la respuesta de la Sala de lo Penal sea pronto y entonces la Fiscalía entre en acción”, apuntó.

Añadió que la Fuerza Armada “ha procedido arbitraria y violentamente”, por lo que debe revisar su comportamiento y “pedir perdón” como institución.

Vista de la sala de prensa de la Audiencia Nacional que ha condenado al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano por el asesinato de los cinco jesuitas españoles en 1989. Foto: Emilio Naranjo | EFE

Los culpables

Según lo jueces, los ocho asesinatos “fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Inocente Orlando como viceministro de la Seguridad Pública” y el entonces presidente salvadoreño Alfredo Cristiani.

Los señalados, cuya inclusión en el salvadoreño proceso está en manos de la Fiscalía, son el expresidente Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Rafael Zepeda y el fallecido René Emilio Ponce.

No obstante, la Sala va más allá al considerar acreditado que en la masacre participó un grupo violento y estable compuesto por el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani; miembros de la Tandona, la promoción de oficiales que ocupaba las más altas estructuras del poder en el Salvador, así como otros altos cargos.

Todos ellos utilizaron la violencia y cometieron graves delitos, que causaron alarma y alteraron gravemente la paz y la convivencia ciudadana “con el fin de perpetuar sus privilegiadas posiciones”.

Ellos, continúa la sentencia, “cometieron los asesinatos después de intentar hacer creer a la opinión pública que tanto Ignacio Ellacuría como el resto de sacerdotes pertenecían al liderazgo intelectual del Frente para la Liberación Nacional Farabundo Martí.

Por este crimen únicamente está encarcelado el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991 por trasladar la orden de asesinar a los jesuitas al grupo que irrumpió en la UCA y a quien la Justicia le ha negado el indulto y conmutación de la pena.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados de élite ejecutó a los religiosos en el campus de la Universidad Centroamericana.

Los jesuitas asesinados en 1989 fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, también la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.

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