Política

Congreso de EE. UU. demanda más sanciones contra el régimen

Resolución bipartidista llama a la comunidad internacional a restringir el financiamiento, hasta que haya elecciones libres y justas en Nicaragua

El Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución en la que insta al Gobierno estadounidense a aumentar las sanciones contra el régimen de Nicaragua, que ha “violado los derechos humanos de sus ciudadanos” y cometido “actos de corrupción”.

La resolución, apoyada por congresistas de los partidos Republicano y Demócrata, demanda al Gobierno de los Estados Unidos que “continúe aplicando presión sobre el Gobierno de (Daniel) Ortega” y considere “sanciones adicionales” contra los funcionarios corruptos y que violan los derechos humanos de los ciudadanos.

La resolución del Congreso, aprobada este lunes, llega cinco días después que el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso una sanción contra la Policía Nacional, la primera institución del Estado castigada. Así como contra los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), que controla la cárcel El Chipote; y Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP); y el comisionado mayor Juan Alberto Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managua.

Restringir financiamiento

La resolución “reconoce y apoya los esfuerzos del Gobierno de los Estados Unidos para promover la democracia en Nicaragua, y responsabilizar por sus acciones a los actores corruptos y violadores de los derechos humanos del Gobierno nicaragüense”.

La Policía Nacional y los tres comisionados se unieron a una lista negra, que con ellos suman 18 funcionarios castigados por Estados Unidos —entre ellos la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo—, y seis las instituciones sancionadas, todas vinculadas a los negocios de la familia presidencial.

El Congreso exhorta también a la “comunidad internacional a restringir el acceso a financiamiento extranjero”, hasta que la dictadura orteguista permita “elecciones libres, justas y monitoreadas por creíbles observadores electorales locales e internacionales”.

Respecto a las reformas electorales, el documento exhorta al régimen a “respetar los derechos constitucionales de los nicaragüenses” e implementar “reformas electorales”, que incluyan elecciones libres, multipartidistas, y abiertas a la observación internacional”.

Esta demanda es de “conformidad” con un acuerdo alcanzado en marzo de 2019, en el segundo intento de diálogo nacional entre el régimen y representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco Unidad (UNAB).

Libertad de presos políticos

En la misma línea, la resolución condena al Gobierno nicaragüense por su “incumplimiento continuo” de los acuerdos en el seno de la Organización de Americanos Estados (OEA).

Los congresistas exigen la liberación inmediata de “todos los presos políticos sin condiciones”, y el cese de “todos los actos de violencia, represión e intimidación contra voces disidentes en Nicaragua”.

Al menos 61 nicaragüenses permanecen como presos políticos en las cárceles de la dictadura, según cifras de organizaciones de padres y familiares de reos de conciencia.

Resolución de dos congresistas

La resolución fue presentada por dos congresistas del Subcomité del Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio, del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso. Los representantes fueron Albio Sires, demócrata por Nueva Jersey y presidente del Subcomité, y Francis Rooney, republicano por Florida.

En una declaración conjunta, Sires señaló que “esta resolución condena el sistema de represión de Daniel Ortega y expresa solidaridad con aquellos que han sido perseguidos por su régimen”.

“(La resolución) deja en claro que hasta que el Gobierno de Ortega libere a todos los presos políticos e implemente reformas electorales, que permitan elecciones verdaderamente libres, justas y totalmente transparentes, el Gobierno de los Estados Unidos debe trabajar con sus aliados para aumentar aún más la presión financiera y política sobre Ortega y su círculo interno”.

Rooney comentó que el régimen enfrentará más “presiones y sanciones internacionales de los Estados Unidos”, mientras no respete “los derechos humanos y permita elecciones libres y justas”.

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