Política

Rechazan paquetazo económico: desempleo, fuga de capitales, y alza de precios de canasta básica

Cosep: “Golpe de Estado a la economía”

¿Convocarán a la desobediencia civil, ante medidas “confiscatorias”? José Adán Aguerri, presidente del Cosep: “Nada está descartado”



El paquete de reformas fiscales y a la Seguridad Social impuesto por el Gobierno, con una intención recaudatoria, enfrenta un rechazo unánime de las cámaras empresariales: “Es confiscatorio, significa un golpe de Estado a la economía, provocará más desempleo y fuga de capitales”, resume el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.

El sector empresarial contradice el discurso oficial y asegura que las reformas no solo descapitalizarán a las grandes empresas, sino que aumentarán los precios de la canasta básica, imponiendo nuevas cargas a los sectores de menores ingresos, y además el efecto negativo que tendrá sobre los asegurados y potenciales pensionados.

La pregunta del millón es cómo reaccionarán los empresarios ante la segura aprobación del paquete fiscal la próxima semana: ¿Lo aceptarán bajo protesta? ¿Negociarán con el Gobierno? O ¿recurrirán a otras formas de presión, como la desobediencia civil, para intentar revertirlo?: “Vamos a revisar primero lo que se apruebe…cualquier acción es contemplada… nada está descartado”, responde Aguerri en esta entrevista con Esta Semana y CONFIDENCIAL.

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri (c), habla junto al director ejecutivo del
Funides, Juan Sebastián Chamorro (i), y al presidente de Upanic, Michael Healy. Foto: EFE /Jorge Torres

El Cosep asegura que este paquete de reformas es confiscatorio, y que representa un golpe de Estado para la economía, ¿por qué?

Es confiscatoria porque el artículo 114 constitucional prohíbe los impuestos confiscatorios. El principio no confiscatorio parte de la capacidad económica que tienen las empresas, los impuestos no pueden ir más allá de la capacidad patrimonial, no pueden llegar al nivel que el patrimonio de la empresa se vea prácticamente confiscado, y lo que está sucediendo con esta reforma es que hay empresas que, efectivamente, de aplicarse esta reforma tal como está, tendrían esa realidad.

Es un golpe del Estado a la economía, porque esta reforma, de pasarse como está, descapitaliza las empresas al reducirse el flujo y el capital de trabajo de las mismas; en segundo lugar, produce fuga de capitales; en tercer lugar, produce falta de inversión. Esto tendrá resultados concretos como son el desempleo, la informalidad y el encarecimiento del costo de la vida.

Ya estamos viviendo, desde el año pasado, problemas de caída de consumo y de falta de crédito, entonces esto lo único que va a hacer es agravar estos problemas, y nos va a llevar a una situación de iliquidez, de insolvencia y de quiebra de empresas, y por lo tanto de un mayor número de familias nicaragüenses afectadas.

El golpe es a toda la ciudadanía

Al justificar este proyecto de reformas, el ministro de Hacienda, Iván Acosta, y otros funcionarios de Gobierno y diputados, alegan que está dirigida específicamente a 400 empresas grandes y medianas. ¿Cómo afecta al resto de la población, a las pequeñas empresas, a los asalariados, a los trabajadores por cuenta propia?

Es falso que los que menos tienen no serán afectados. Es falso que las micro y pequeñas empresas no serán afectadas. El primer golpe que tiene toda la ciudadanía pasa por el hecho de que la mayor cantidad de productos de la canasta básica van a ser gravados con el IVA. Eso significa que me va a costar más caro hacer un jugo, hacer una sopa. En el caso de los impuestos indirectos, al subir el chayote, al subir la naranja, no discrimina si yo tengo más o tengo menos, va a subir igual para el que tiene poco, como para el que tiene mucho.

La Cámara de Industrias afirma que será afectado el 70% de productos de la canasta básica que estaban exonerados. ¿Han hecho alguna estimación de qué nivel de incremento podrían tener los precios?

En el caso de la industria, el costo va a subir en un aproximado del 16%. Dependiendo de qué tipo de competitividad y elasticidad tiene el producto en el mercado, se verá cuánto va a subir ese producto al consumidor final, y si te va a sacar de competitividad y de mercado.

Por ejemplo, la industria nacional, que dentro de los productos de la canasta básica, elaboran jabones, detergentes, etc., si esto pasa como está, no van a poder seguir produciendo, porque va a ser más económico traer productos costarricenses, hondureños, y te van a sacar del mercado por esa realidad, en la cual tampoco podés cerrar las fronteras.

¿Tiene algún impacto para el combustible, que es una variable que tiene un efecto en cadena en el resto de la economía?

Si las empresas de combustible quisieran trasladar sus aumentos de impuestos al consumidor final, eso significa que el precio final de bomba se tendría que aumentar en un dólar quince centavos, y ahí no diferenciás entre el empresario de zona franca o el mensajero que trabaja con su moto. Estas son situaciones reales que no diferencian entre si sos pequeño o sos grande.

Empresas transnacionales: “Nos vamos del país”

El jueves se pospuso la aprobación de esta reforma para el día martes, y el Gobierno alega que va a ampliar una supuesta consulta invitando a distintos sectores. ¿Hay alguna negociación de las cámaras empresariales o de las empresas con el Gobierno y con la Asamblea Nacional?

En el caso de las cámaras y como Cosep, ha sido evidente nuestra posición de que si el Gobierno sigue en la posición de no querer entrar a una negociación sobre los temas (políticos), no únicamente económicos, ya estamos avanzando en el efecto que está sufriendo toda la sociedad nicaragüense. Las cámaras, en general, no nos presentamos (a la Asamblea), lo que hicimos fue expresar a través de comunicados la realidad de esta reforma dependiendo del sector al que pertenecés. Sí, hubo empresas y una que otra cámara, que asistieron, y fueron muy claras en expresar lo que significa para ellas si esto se mantiene. Hay empresas transnacionales que llegaron y dijeron de manera contundente “si esto se aprueba así, nosotros nos vamos del país”, y creo que si ellos (los diputados) no entienden que esto va a producir una situación económica donde el mayor afectado va a ser el trabajador y la familia nicaragüense, pues el costo político lo tendrá que asumir el que tome esa decisión final.

¿El Gobierno ha presentado alguna proyección desagregada del impacto recaudatorio de estas medidas? ¿Es viable que puedan recaudar 300 millones de dólares?

El Gobierno desde el año pasado anda en la búsqueda de 300 millones de dólares, que no ha podido conseguir en el extranjero, entonces ahora está tratando de encontrar, a través de esta reforma, cómo recuperar esa pérdida de ingreso tributario. En la reforma presupuestaria del año pasado, decían que iban a tener para finales de año una inyección de 300 millones de dólares que no llegó. Va a suceder exactamente lo mismo con esta reforma, vuelven a decir que van a conseguir 300 millones, que no van a llegar, porque si no hay certidumbre y confianza, si no hay recuperación del crédito, si no hay recuperación del consumo, estos números no van a suceder, y como ya lo han expresado los diferentes escenarios, que han hecho desde Funides hasta diferentes economistas independientes, lo que vamos a ver es una caída aún mayor de la economía este año, sumado a los casi nueve puntos que caímos el año pasado.

El paquete de reformas a la Seguridad Social, que aumenta las contribuciones de la patronal y del sector de los trabajadores y disminuye las pensiones futuras, ya entró en vigencia al ser publicado en La Gaceta. ¿En qué se diferencia de lo que se aprobó antes del 18 de abril, y que posteriormente Ortega se retractó y dijo que había sido un error?

Primero, el efecto de gradualidad que tenía la reforma anterior desapareció. Aquí aplican un incremento a la patronal de un solo, a lo inmediato. Para el caso de zona franca, en el sector de maquila, los trabajadores de zona franca van a tener que pagar cuatro millones trescientos mil dólares, producto de ese incremento que se ha hecho con esta reforma al Seguro Social, y para las empresas significa más de 20 millones de dólares. Eso (ocurrirá) en un mercado donde vos sos tomador de precios, en empresas donde ya tienen contratos firmados, en base a precios internacionales, y que no van a poder trasladar este tipo de incremento.

En segundo lugar, lo que sigue haciendo el Gobierno, igual que lo hizo con el anterior decreto, está de nuevo trasladando los costos, principalmente políticos, financieros, a las empresas, y no asumiendo la sostenibilidad del INSS. Las empresas verán afectada la situación del empleo de los colaboradores para mantenerse en el tiempo, pero esto no va a permitir que el INSS sea sostenible hacia el futuro. Están rehuyendo los temas de fondo para que el INSS tenga esa sostenibilidad. Ya tuvimos un impacto de decenas de miles de pérdidas de empleo formal, esto lo único que va a hacer es seguir aumentando el empleo informal, y las empresas tomar la decisión de dejar de ser formales.

Los gastos administrativos del INSS se han quintuplicado, se mantienen sus inversiones discrecionales, sin que se haya hecho una investigación independiente, y además, tenemos el problema medular de esta institución, que es su falta de autonomía. El Seguro Social es una caja chica, sometido a la presidencia de Ortega. ¿En este paquete de reformas, hay alguna consideración sobre estos problemas?

No. Aquí se está tratando de manera urgente de darle oxígeno a un paciente. Lo que se busca es cómo inyectar ingresos a lo inmediato, y creo que hay una voluntad del Gobierno de que no se reduzcan, en el caso del INSS y en el Gobierno, los gastos que tengan que llevar a una decisión de reducir personal, empleados públicos, para no sufrir ese costo, y por lo tanto, lo que están haciendo es trasladándoselo al sector privado, y que sea el sector privado el que tenga que reducir el personal, con el enorme error de que están matando la gallina de los huevos de oro, porque va a ser insostenible en el tiempo que puedan seguir con esa estructura, sin reducirla, y sin reducir empleos del sector público.

¿Aceptar las reformas, negociar o resistir?

Estas reformas a la Seguridad Social, junto con la represión que desató el régimen ante las primeras protestas, fueron el detonante de la crisis de abril, y ahora viene Ortega a aumentarlas y agravarlas. ¿Cuál sería el posible desenlace, si se produce una reacción de protesta legítima de la población, de los potenciales pensionados a quienes que se les va a reducir su pensión, o de las empresas que no pueden asumir esta carga, o de los trabajadores?

Hemos insistido en que sin una solución política a la crisis esto no va a dar respuesta a toda la problemática que enfrentamos con los temas de justicia, de democracia, de seguridad y de progreso. En paralelo a esta situación particular que estamos comentando, hemos visto señales que no se habían dado. Vimos venir una misión del Gobierno de Estados Unidos, y una misión de eurodiputados, se han dado otros encuentros informales, extraoficiales. La presión internacional es una realidad que va a seguir, la caída económica va a seguir. Como sector privado estamos insistiendo en que, mientras dura la tormenta, que se pierda la menor cantidad de empresas y de trabajadores, porque una vez que esto termine y que empecemos en una situación muy distinta a la que estamos viviendo, requerís del sector privado, de sus empresas y del trabajo que generan para reconstruir este país.

Se ha cumplido más de una semana desde el encuentro de Ortega y Murillo, con el enviado del Departamento de Estado, Michael McKinley, quien le transmitió el clamor nacional de liberación de los presos políticos, cese a la represión, y reformas políticas para ir a elecciones anticipadas. Sin embargo, hasta hoy, la única respuesta de Ortega es este paquete fiscal y las reformas a la Seguridad Social, reviviendo la situación anterior al 18 de abril. ¿O acaso conocen ustedes de algún cambio en la voluntad política del régimen para aceptar una salida política?

En el ámbito político, cuando se dan este tipo de misiones, creo que esperar respuestas en una semana, no es lo usual. En todo caso, si hay algo que haya quedado de estas misiones, hay que darle un tiempo prudencial, creo que nos vamos a ir dando cuenta en la medida en que se vayan dando acciones.

Es evidente que Estados Unidos esta semana tomó la decisión de prohibir transacciones con Albanisa, es decir, aquí la presión está vigente, pero creería que hay que estar a la expectativa de qué pueden haber provocado estos dos encuentros con estos diferentes funcionarios americanos y europeos.

Volvamos a las reformas fiscales y a la Seguridad Social. La posición del sector privado, como lo ha externado Cosep, AmCham, Funides, y las distintas cámaras empresariales, es de un rechazo rotundo. ¿Qué va a hacer el sector privado cuando esto se aprueben la próxima semana? ¿Van a aceptarlo con resignación? ¿Van a negociar con el Gobierno buscando una modificación? ¿O van a resistir y presionar para intentar revertirlo?

En el caso del Seguro Social, vamos a introducir un recurso de amparo, indistintamente de que sean estas las autoridades que han tomado la decisión de ir adelante con ese decreto y sabiendo cual es la situación que existe en el ámbito judicial, pero tenemos que utilizar lo que nos da la Constitución y las leyes, y vamos a proceder con ese recurso de amparo.

En segundo lugar, ha sido importante que las empresas conozcamos cuál es el impacto de esta reforma, con la intención de que las empresas puedan hacer el análisis y señalar qué va a pasar. Esperemos que los diputados que han recibido estos mensajes, si tienen alguna posibilidad de hacer algo al respecto, trasladen los mensajes a las autoridades donde se toman las decisiones, y tendremos que esperar cuales van a ser esas respuestas.

Por el otro lado, es importante que la población no sea tampoco manipulada, en cuanto a los manejos que el Gobierno hace con este tipo de reformas, —se está dirigiendo hacia el rico, se está dirigiendo hacia el que más tiene—, lo cual es totalmente falso, y estamos trabajando en una estrategia también para que la gente se dé cuenta de que esto afecta a todos los nicaragüenses sin excepción, y que el costo está en el gobernante, que no tiene la voluntad política de entender que se tiene que sentar (a negociar) para que no se siga destruyendo el país.

Si son medidas confiscatorias, como has dicho, y si equivalen a un golpe de Estado a la economía, ¿representa esto el fundamento de una acción de desobediencia civil? Si el Gobierno está violando la ley, si además está empobreciendo a la población, y provocando la iliquidez la fuga de capitales, ¿se contempla la posibilidad de una desobediencia civil?

Cualquier acción es contemplada, tenemos que saber cuál es el momento para poder tomar ese tipo de acción. Estamos en el proceso, primero, de terminar de hacer la revisión. Vamos a ver qué sucede la semana que viene, si ellos toman la decisión de seguir aprobando esto tal como está, si la cambian, si no la cambian. Tenemos que esperar a ese momento, y una vez que eso se dé, de ahí tenemos que partir para tomar decisiones donde, repito, no queda nada descartado.