Economía

Mario Arana: Hay empresas extranjeras que ya están contemplando irse del país

Cosep: Reforma “confiscatoria” generará cierre de empresas

Industriales: Aumentarán precios de canasta básica. Reforma golpeará a la economía en general, al provocar más desempleo y fuga de capitales



La propuesta de reforma tributaria que espera implementar el gobierno de Daniel Ortega genera “preocupación e incertidumbre” porque se quiere aplicar “sin buscar las condiciones para que sea viable”, declaró el economista Mario Arana declaró al ser entrevistado en el programa Esta Noche, que se transmite en línea.

“Esta es una mala señal para el sector privado y el productivo”, además de ser el modo inadecuado para tratar de cerrar la brecha fiscal de la seguridad social. “No es así como vas a enfrentar la caída de ingresos. Para eso se requiere consenso”, dijo el experto.

El consenso es necesario para aumentar las posibilidades de que la reforma tenga el rendimiento esperado, pero también, para que el resultado general sea positivo para el conjunto de la economía, lo que no parece ser el caso en esta oportunidad.

Un comunicado rubricado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), asevera que la reforma es “confiscatoria”, y “promovería la descapitalización de las empresas, la fuga de capitales, la falta de inversiones, y por último, la iliquidez, insolvencia e inevitable quiebra de muchas empresas; aumentará la tasa de desempleo, y provocará desplazamiento de las actividades económicas al mercado informal”.

Arana dijo que en conversaciones privadas con empresarios y administradores de empresas, ha escuchado tres tipos de reacciones: una que cree que al final todo se resolverá en una mesa de negociación, pero sin dejar de lado el tema político; otros que comienzan a vislumbrar la posibilidad de irse del país, mientras un tercer grupo analiza cómo seguir operando, pero desde la informalidad.

No se sabe qué harán las empresas, porque nadie ha tomado decisiones todavía, pero el economista cree que el gremio “buscará cómo evitar el asumir imposiciones de esta naturaleza, que cambian las reglas del juego, empujan a informalidad, generan transacciones con menos transparencia, y alejan la inversión. Lo más seguro es que habrá multiplicidad de respuestas estratégicas”, valoró.

Arana destacó que no es cierto que la reforma afecte solo a las grandes empresas y grandes capitales, porque “hay rubros de la canasta básica que se verán afectados por el IVA: nadie escapa a este impacto”, sentenció.

El experto considera que la propuesta “se introdujo muy abruptamente. No es recomendable tratar de implementarlo así. Esto no se puede hacer a la carrera y en una semana. Hay que medir los impactos. La economía no puede asumir un paquete de este tamaño. No tiene sentido tratar de recaudar 300 millones de dólares en estas circunstancias. No es muy viable lo que se está planteando”, formuló.

Al reiterar su rechazo a la reforma tributaria y a la seguridad social, el Cosep reafirma que esas medidas “solamente generarán más incertidumbre y desconfianza en los actores económicos y un mayor deterioro en la situación económica de la población en general, al provocar más desempleo y encarecer el costo de la vida de los nicaragüenses”.

Crisis golpea a todos

Después de consultar con sus agremiados, y escuchar a los expertos contratados para ese fin, la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), enumeró algunos de los efectos más adversos de una propuesta que perjudica tanto a los consumidores (sea que tengan empleo o no), como a los trabajadores y a las empresas.

En el primer caso, las familias podrían terminar pagando un sobreprecio adicional de hasta 50% en siete de cada diez productos de la canasta básica, en parte, porque “el incremento de los impuestos a los insumos y repuestos para la producción agrícola e industrial, encarecerá los costos directos de producción, el precio de la canasta básica, y desmejorará nuestra competitividad en los mercados internacionales”.

En el caso de los trabajadores, se hace notar que estos sufrirán una pérdida adicional de 12% a su salario neto, toda vez que su cotización para la seguridad social pasa de 6.25% a 7.0%; que cuando se jubilen, la pensión a recibir será sustancialmente inferior a la que podrían obtener en este momento, además del riesgo de desempleo al que muchos se verán expuestos, en especial porque “el costo de la mano de obra formal se incrementará en 15.8%”.

Las empresas no salen mejor paradas.

En el resumen de los elementos más espinosos, Cadin destaca que “el incremento del anticipo del pago mínimo definitivo del IR, representa una reducción de hasta 300% del flujo efectivo mensual que las empresas requieren para su operación rutinaria”, lo que incluye elementos como el pago de planillas, y la compra de materia prima, entre otras actividades, “que derivará en el cierre de empresas y el aumento del desempleo”.

Sergio Maltez, presidente de Cadin, consideró que es muy difícil que se cumpla la meta oficial de recaudar 300 millones de dólares para este año, porque “la situación ya venía mal desde 2018 por la desaceleración de la economía, menores ventas y falta de inversión. Este golpe recaudatorio ahogará el poco margen de acción que quedaba”, insistiendo en que “no se puede buscar una solución económica mientras no haya una solución política”.

“La salida a esta crisis política no se soluciona con una reforma económica. Esta reforma, aplicada en un momento en que has perdido competitividad por la caída de las ventas, más la desaceleración del país, viene a incentivar el cierre de muchas empresas”, vaticinó.

Podría subir precio del azúcar

Confidencial también conversó con representantes del gremio azucarero y urbanizadores que prefirieron el anonimato, quienes coincidieron en pintar un panorama de disminución de personal, reducción en el número de afiliados a la seguridad social, aumento de precios, menor capacidad de compra de los ciudadanos –especialmente los más pobres- hasta desembocar en el más que probable cierre de empresas.

Los constructores de casas vieron una reducción de 48.3% en el número de unidades colocadas en 2018, que fue de 3100, en comparación con las 6000 colocadas en 2017. “El sector ya está sufriendo porque no hay crédito de consumo. Los bancos no te prestan, aunque seas un cliente triple A”, dijo la fuente.

Explicó que la mayor parte de las 3100 unidades colocadas en 2018 son viviendas de interés social, porque se mantiene la disponibilidad de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que sigue prestando a los interesados en adquirir ese tipo de casas.

Más allá de eso, el panorama general de las empresas adscritas a Cadur es que hay menos oportunidad de negocios, lo que está llevando a las empresas a recortar personal, mientras aquellas que tienen la posibilidad, buscan opciones en el resto de Centroamérica.

Un ejecutivo del rubro azucarero –gremio que también está adscrito a Cadin- dijo que los estudios preliminares de los nuevos costos que podrían tener que afrontar sugieren que el costo del quintal de azúcar se incrementará entre cinco y siete dólares.

“Todavía tenemos que ver todas las afectaciones a la industria”, que está buscando cómo recortar costos, lo que puede implicar tener que despedir al personal menos esencial, aunque “todo está en análisis”, admitió.

El gremio ha visto con especial preocupación la propuesta de aumentar los impuestos que se cobran a los combustibles, en especial porque la industria azucarera consume entre ocho y nueve millones de galones de combustibles al año -diesel en su mayoría- para mover unas nueve millones de toneladas, entre caña, azúcar, urea, melaza, etc.

De paso, hay inquietud en el sector, especialmente entre los socios extranjeros, que reclaman por este cambio de reglas del juego a mitad del camino.


Nuevos impuestos para más productos

Si se aprueba tal como fue presentada, cuando la reforma tributaria entre en vigencia comenzará a cobrársele IVA a todos los productos agrícolas no industrializados, con la excepción del maíz, trigo, frijoles, tomate, cebollas, chiltoma, repollo, papas, banano y plátano.

También se cobrará este impuesto al arroz de calidad superior a 80/20; al azúcar refinada, (pero no a la sulfitada); al aceite comestible, (excepto el aceite vegetal de soya y palma), así como al café molido en presentaciones superiores a 115 gramos, además de las bebidas no alcohólicas a base de leche, aromatizadas, o con frutas o cacao natural o de origen natural, y el pan dulce.

Entre las carnes, se cobrará impuestos a toda la de res, excepto la posta y vísceras, (pero sí a la lengua). También a toda la carne de cerdo en sus diferentes cortes, excepto la posta, vísceras y despojos. Lo mismo pasará con el pollo, con excepción de las piernas, muslos, alas, vísceras menudos y despojos.

Otros productos a gravar son el papel higiénico, jabones de lavar y de baño, detergente, pasta de dientes y cepillos de dientes, desodorantes, escobas, fósforos y toallas sanitarias. También se impondrá IVA a la venta de bienes muebles usados, así como a los paneles solares, baterías solares de ciclo profundo, lámparas y bujías ahorrativas.