Economía

Juan Sebastián Chamorro: economía se está ajustando a caída de cooperación venezolana

Hay crecimiento con desaceleración económica

Desaceleración

Empresarios revelan en encuesta de Funides: “Corrupción”, “alto costo de la energía”, y “entorno político” afectan el clima de inversión privada



La economía nicaragüense sigue creciendo, pero menos que antes. Hay una “desaceleración”, advierten los economistas, y las estadísticas oficiales reflejan un menor crecimiento de los depósitos del público. O de los créditos. O de las recaudaciones tributarias. O del número de afiliados al INSS. O del PIB.

La construcción, la venta de productos avícolas, de motos, de autos, de azúcar, de artículos ferreteros, y hasta de papelería de oficina, todos muestran un patrón similar, aunque la peor parte la lleva la venta de vehículos motorizados, con caídas interanuales de 30% en febrero y marzo, según fuentes de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotor.

La tendencia la confirma la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), en su primer Informe de Coyuntura Económica (ICE 2017), al identificar que “la economía está creciendo, pero a menores tasas”, tal como lo declaró Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación, al ser entrevistado para el programa de televisión ‘Esta Semana’, que se transmite por canal 12.

El análisis muestra que la construcción, que crecía a razón de 13%, ahora tiene un crecimiento “casi nulo”, aunque se espera que muestre “una leve mejoría” a partir del segundo semestre del presenta año.

En esa misma dirección, se observa que el comercio pasó de crecer 8% a 5.8%, lo que se refuerza con las declaraciones de los gerentes de algunas empresas que trabajan con productos de consumo masivo, en cuyo caso, el crecimiento pasó del 7% al 4%.

Las estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN), también cuentan la misma historia: los depósitos del público (que son los que financian el crédito) están creciendo 7%, después que en 2016 lo hacían a una tasa de 15%.

Los créditos muestran la paradoja de que los bancos están entregando más dinero al público (en forma de préstamos), pero el crecimiento en términos porcentuales es menor, al pasar de 17.8% a febrero del año pasado, a 14.5% en febrero 2017.

Esto se entiende porque “hay mayor cautela en las instituciones financieras del sector privado para otorgar préstamos”, lo que es casi igual, sea que se trate de préstamos para consumo, como para financiar la compra de bienes duraderos como motos y autos.

La razón detrás de esa realidad es que “los flujos de la cooperación petrolera venezolana se tornaron negativos ya en 2015, cuando los pagos anuales se volvieron mayores que los ingresos” que recibía Albanisa, lo que a la larga “afectó las reservas internacionales en 2016”, dijo Chamorro. La economía se está ajustando a una nueva etapa sin esos flujos de cooperación, explica.

Necesitamos crecer más

El Informe de Coyuntura Económica presentado la semana pasada detalla que “Funides estima que el crecimiento del PIB para los años 2017 y 2018 será en un escenario base de cerca del 4.8 por ciento”, lo que es superior en un punto porcentual al 4.7% observado en 2016.

Aunque esas proyecciones “son relativamente altas cuando se comparan con el resto de América Latina”, FUNIDES insiste en “mantener reformas estructurales, de productividad e institucionales, para acelerar estas tasas de crecimiento”.

El economista opina que el país necesita “enfocarse en productividad”, lo que significa muchas cosas a la vez, como invertir en educación, hacer esfuerzos para captar más inversión extranjera, y hacer una apuesta firme y decidida por el turismo.

De cara a las exportaciones, el país requiere tecnificar sectores como el agropecuario y el forestal, para dejar de enviar café, carne, lácteos, azúcar, (etc.), a granel, o madera en bruto. En vez de ello, hay que invertir para transformar y dar valor agregado a esos productos, lo que significa aumentar el empleo local y los ingresos por exportaciones, así como los impuestos.

Junto con los elementos puramente económicos, también se señala que “quedan pendientes… los derechos de propiedad… las reformas institucionales, la democracia participativa y la consolidación de un estado de derecho”.

En referencia al incremento de los precios, se señala que “en marzo de 2017 la inflación acumulada fue de 1.5 por ciento, similar a la observada durante 2016, y explicada principalmente por el comportamiento de los precios de los bienes y servicios diversos, transporte y educación”.

En términos de comercio exterior, el informe señala, citando datos del Centro de Trámites de las Exportaciones que “entre enero y abril de 2017, las exportaciones de mercancías reales tuvieron un incremento de 26.9 por ciento con relación al mismo período de 2016. De los principales 10 productos de exportación, la leche tuvo el mayor crecimiento, con una tasa de 87.6 por ciento, seguida por el azúcar (84.3%) y la carne vacuna (30.8%)”.

Corrupción: la preocupación perenne

La Encuesta de Confianza de Empresarios, analizada en el Primer ICE de 2017, mostró que “la percepción de los empresarios sobre la situación económica del país a enero de 2017 se mantuvo constante con relación a lo observado en septiembre de 2016”.

Ese mismo ejercicio, realizado entre consumidores, evidenció “optimismo sobre su capacidad de compra presente”, y “preocupación sobre el costo de la energía, el empleo y expectativas inflacionarias”.

La corrupción es, (sigue siendo), el problema que más preocupa a los empresarios, que la citaron en el 88% de los casos como el factor principal que incide negativamente en su actividad económica, opinión que se ha mantenido apenas sin cambio durante siete años.

El precio de la energía (84%) y el entorno político (54%), ocupan los otros dos lugares principales. “Al explorar qué está influyendo en el clima de inversión, los empresarios señalaron un deterioro en el ambiente político”, señala Funides. La posible aprobación de la Ley conocida como Nica Act, también lo enrarecería.

Sobre el aumento de la tarifa de energía de un 2% aprobado por INE, Chamorro dijo el ente regulador debió haber esperado un tiempo para determinar la tendencia definitiva del precio del búnker y señaló que el incremento perjudicará la competividad de las empresas.

En referencia a los altos precios de la energía, señaló que el sector se ve afectado por la “falta de madurez del mercado energético”, que debería tener un mayor número de actores, y dejar de depender del monopolio generador-cobrador-distribuidor de Albanisa, para que haya más competencia.

De paso, estar listos para comprar los excedentes de energía barata de nuestros vecinos, (aunque pierda algún generador local) o estar atentos para venderles nuestros excedentes cuando los requieran, lo que debería ser parte de la política de administración del sistema.

INSS: no se puede esperar más

Las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) presentaron un déficit de C$1,581.4 millones en 2016, y ya acumula una pérdida de C$335.5 millones en los dos primeros meses del año, después de acumular superávits durante más de una década, situación que cambió violentamente a partir de 2013.

“El déficit del INSS fue el cambio más importante registrado en las finanzas públicas, y probablemente se convierta en el problema fiscal más relevante de los próximos años”, señala el documento de Funides.

Siendo que no hay una razón única (y que ya se acabó el tiempo disponible para pensar si se hace algo o no, y qué y cuándo), tampoco hay una solución única que permita extender la bienandanza de las finanzas del Instituto.

“El problema ya está acá: no es un problema a futuro. Ya está en casa. Estamos hablando de un déficit de casi C$1,600 millones, y eso no es un problema menor”, alerta Chamorro.

Entre la lista de probables soluciones a implementar, el economista cree que no deberían cambiar las reglas del juego para los cotizantes actuales, al menos, no para aquellos que ya pasan la barrera de los 40 años, o tienen un determinado número de años cotizando.

A ese segmento debería mantenérsele sin cambios los 60 años como edad de jubilación, mientras se le incrementa de forma gradual a los más jóvenes, siendo que la esperanza de vida aumenta con los años. Algo similar podría hacerse con el número mínimo de semanas que se debe cotizar para tener derecho a una pensión.

El Estado, por su parte, tiene que asumir su responsabilidad con las más de 70,000 personas que reciben una pensión del INSS, (aun sin haber contribuido económicamente), en referencia a las más de 42,000 pensiones reducidas que se entregan a los jubilados que no cumplieron el mínimo de 750 semanas; las más de 33,000 pensiones a víctimas de una guerra que terminó hace casi tres décadas, y a 2,700 ‘pensiones especiales’.

También hay que frenar el “crecimiento desproporcionado” de los gastos administrativos, la nebulosa discrecionalidad con que se hacen las inversiones, y los servicios que se prestan a los asegurados, revisando la situación con toda la información relevante a mano, y de forma desapasionada, para salvar nuestro sistema de pensiones.

En ese panorama tan sombrío, quizás lo mejor fue – como lo señalara un periodista presente en la conferencia de prensa- la buena noticia de que nunca, ningún gobierno, ha dejado que quiebre un sistema de pensiones en el mundo.