Opinión

Por el derecho a la verdad

Juan Rafael Lanzas Maldonado versus la Policía Nacional y el Estado de Nicaragua



La conciencia nacional no debería aceptar como parte de la “normalidad” autoritaria, la injusticia cometida contra un humilde productor de Matagalpa que ha sido mutilado, mientras el Estado justifica un nuevo acto de barbarie que ofende el honor de los oficiales que luchan por preservar la integridad de la Policía Nacional.

El campesino Juan Rafael Lanzas Maldonado fue detenido por la Policía el pasado 29 de diciembre en la comarca de Cerro Colorado en Matiguás, Matagalpa. Lo acusaron por el presunto robo de unas bombas de fumigar y un panel solar, y según su propio testimonio y el de su esposa e hijos, durante la detención fue objeto de una brutal golpiza policial y luego llevado a una celda, donde permaneció varias semanas en condiciones de total insalubridad hasta contraer una grave infección en las extremidades inferiores de su cuerpo lastimadas por las torturas, que posteriormente le tuvieron que ser amputadas.

Un mes después de la acusación, Lanzas fue declarado inocente del presunto robo por las autoridades judiciales, pero el daño provocado en contra de su persona, su salud, y su familia, ya era irreparable. Logró restituir su honra, mancillada por una acusación de robo que nunca cometió, pero nunca podrá recuperar sus pies para caminar, ni tampoco podrá seguir trabajando su finca y brindarle el sustento económico a sus hijos.

Su familia demandó una investigación a la Policia Nacional para castigar a los culpables, y una indemnizacion económica al Estado por los daños provocados, pero nunca obtuvieron una respuesta. Y solamente fue un mes después de la tragedia, cuando la madre de Juan Rafael Lanzas presentó la denuncia ante el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos, y recurrió a los pocos medios de comunicación independientes que existen en el país para exponer su tragedia, que la Policia Nacional admitió que Lanzas estuvo detenido y que sus pies  le fueron amputados. Pero en vez ordenar una investigación sobre la golpiza policial denunciada por la víctima e indagar sobre lo que ocurrió en la celda donde permaneció abandonado en medio de los orines y excrementos de los otros reos, las autoridades policiales se limitaron a justificar la amputación de sus pies alegando que padecía de una enfermedad, sobre la cual no existe ningún antecedente en el récord de salud de este campesino.

La verdad es que un hombre humilde denunció una injusticia cometida por la Policía, y la respuesta del poder ha sido aplastarlo y revictimizarlo, al extremo de que ahora lo culpan de ser el causante de su propia desgracia. Se trata de otro acto grotesco del cinismo oficial, pero esta vez la conciencia crítica de la sociedad, los obispos de la Conferencia Episcopal de la iglesia católica, los defensores de derechos humanos, los periodistas independientes, se resisten a aceptar esta burla como parte de la normalidad.

Si la primera comisionada Aminta Granera tuviera algún respeto por la institución policial a la que ha servido durante más de dos décadas, debería ordenar una investigación exhaustiva sobre este caso, o renunciar a un cargo en el que ya solo ejerce una función decorativa, para que de una vez asuma sus responsabilidades el comandante Ortega, como Jefe Supremo de la Policía. Granera ha sido por demasiado tiempo la careta de la Policía. Pero la raíz del problema, no solo en el caso de Juan Lanzas sino de otros incidentes de abuso de poder policial y torturas que han quedado en la impunidad, radica en la intervención de que ha sido objeto la Policía por parte del poder político. Una intervención que cuenta con la complicidad de una cúpula policial encabezada por Granera, que se lucra de las prebendas y ventajas económicas al amparo del régimen.

Los responsables de la tragedia de Juan Rafael Lanzas no son los oficiales honestos y profesionales de la Policía Nacional que están empeñados en proteger la seguridad ciudadana, sino aquellos que desde el poder político dan las órdenes para que estos graves abusos no sean investigados ni sancionados y permanezcan en la impunidad. Y mientras este sistema no sea extirpado de raíz, lo mínimo que las personas decentes de este país pueden hacer es no callar ante el atropello, y expresar su solidaridad con las víctimas, para que el poder no pueda aplastar la verdad y el derecho a la libertad de conciencia y la libertad de expresión.

Ese es también nuestro compromiso y lo reiteramos en la víspera del Día Nacional del Periodista, que celebraremos el próximo jueves primero de marzo: la primera misión de la prensa independiente es defender el derecho a la verdad, y en Confidencial lo seguiremos promoviendo, a pesar de la intimidación y las presiones del poder. Y seguiremos haciendo periodismo al servicio de los que no tienen voz ante el poder, como Juan Rafael Lanzas Maldonado, para que su demanda de justicia no pueda ser sepultada en el olvido.