Opinion

¡Día Mundial de la Libertad de Prensa!

La libertad de prensa —como soporte de libertades ciudadanas— impone entre otras exigencias, el libre acceso a la información pública

El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para:
Celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa;
Evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo;
Defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y
Rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.
Unesco-2016

Ante el desencanto y derrotismo que cunde en algunos sectores del periodismo nacional, ¿se animaran a celebrar el 3 de mayo, Día Mundial de La Libertad de Prensa? Apenas hace dos meses, el 1 de marzo, Día Nacional del Periodista, transcurrió sin mayores repercusiones en la agenda mediática. La Unesco celebrará en Helsinki —Finlandia— esta efeméride bajo el lema El acceso a la información y las libertades fundamentales ¡Es tu derecho! y hará entrega del Premio Mundial de la Libertad de Prensa Unesco/Guillermo Cano, a la periodista Khadija Ismayilova, por las investigaciones realizadas en Azerbaiyán, en circunstancias muy difíciles. Una justa valoración a su trabajo periodístico. En un mundo globalizado donde las acciones desplegadas en cualquier parte del planeta repercuten en nuestro propio patio —el llamado efecto mariposa— se trata de un reconocimiento a su labor informativa y ratifica las circunstancias cada vez más complejas que afrontan quienes ejercen el oficio más peligroso del mundo. Especialmente en países con un equilibrio precario. El premio es para una mujer que ha develado la corrupción del poder gubernamental de manera abierta y sostenida.

Las investigaciones efectuadas por Khadija han puesto al descubierto tropelías, abusos, exenciones, malversaciones y corruptelas realizadas por el presidente de Azerbaiyán: millones de dólares colocados en el extranjero, obtenidos a través de la privatización de empresas públicas. En otra de sus investigaciones reveló que la primera dama de ese país obtuvo cantidades millonarias por medio de contrataciones directas de obras públicas con empresas fantasmas. El presidente —imposibilitado por ley— puso a nombre de su hija una empresa operadora monopólica de 3G bajo el nombre de Siemens para que pudiera participar en licitaciones públicas. Igualmente descubrió que hijos menores del presidente son dueños de propiedades en los Emiratos Árabes por más de 45 millones de dólares. El premio a su labor periodística le fue concedido mientras guarda prisión. Es la segunda ocasión que está presa. La condenaron a siete años de cárcel, hasta ahora lleva cumplidos siete meses. Organizaciones de derechos humanos y defensoras de la libertad de expresión han abogado a su favor sin obtener resultados positivos. En Helsinki su ejemplo será evocado.

Una mirada somera a nuestro entorno, corrobora la existencia de una multiplicidad de motivos para celebrar el 3 de mayo. El desconocimiento reiterado de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621), basta para que ciudadanía, medios y periodistas, se apresten a exigir a las instancias gubernamentales su estricto cumplimiento. Desde su aprobación  —mayo de 2007— a la fecha, su contenido ha sido obviado. En materia de libertades, la libertad de prensa constituye piedra angular. El respeto a su existencia significa que la ciudadanía pueda acceder a la información pública sin otras limitaciones que las impuestas en la misma ley. La información, a la que no puede acceder, debe ser mínima y detallada. El principio que norma es que toda información en manos del Estado debe ser pública excepto la información reservada. El problema obedece a que en Nicaragua no existe una cultura de servicio público. Muchas personas que desempeñan cargos públicos creen que la información bajo su responsabilidad es de carácter privado o para su uso exclusivo. Un equívoco del cual nunca acabamos de salir. Un freno para la construcción del Estado de Derecho.

En la Nicaragua del siglo veintiuno prevale una visión patrimonialista del Estado. Albergaba la esperanza que la Ley de Acceso a la Información Pública contribuiría a desmontar esta percepción feudal de la cosa pública. El aporte inicial de distintas instancias —el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños, Fundación Chamorro, Canal 2, La Prensa y antiguos dueños de El Nuevo Diario— fue decisivo para la elaboración y aprobación de esta norma jurídica. Durante meses pasamos reuniéndonos con la finalidad de que se aprobase una ley que satisficiera las exigencias mínimas de un Estado de Derecho. Pensábamos que el nuevo cuerpo jurídico ayudaría a que los funcionarios comprendiesen la obligación de volver transparente su gestión y terminar de una vez con la opacidad en que envuelven los actos de gobierno. El articulado contiene disposiciones conducentes a generar una nueva cultura ciudadana. Manda a que el sistema educativo nacional —desde primaria hasta la universidad— asuma el estudio y difusión de la Ley de Acceso a la Información Pública. Algo que no se ha hecho ni nadie tiene interés de hacer. Ni siquiera las universidades. Una omisión deliberada.

La democracia se caracteriza —apunta Norberto Bobbio— por ser el gobierno público en público. En Nicaragua la transparencia viene a ser un reclamo persistente a las instancias estatales; especialmente al gobierno. La sordera ha sido una constante del Poder Ejecutivo. La negativa de asumir la Ley de Acceso de Información Pública, expresa una total indiferencia a los requerimientos y necesidades informativas de los nicaragüenses. La celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa abre un nuevo paréntesis: la oportunidad de continuar demandando su cumplimiento a los funcionarios de Estado y la responsabilidad que tienen de hacer pública su actuación. Los más interesados en volver efectivo su cumplimiento deben ser los periodistas. Igual interés deben mostrar los dueños de medios. Pareciera que a todos los consumió el cansancio. Las organizaciones de la sociedad civil deberían hacer uso de manera sistemática de una legislación aprobada para conocer todo cuanto acontece en los intersticios del Estado. La ciudadanía está llamada a comprometer esfuerzos para que se cumpla esta ley; poner en evidencia la renuencia del gobierno en asumir su cumplimiento.

La Unesco tuvo el acierto de acompañar la exigencia del derecho a tener acceso a la información pública, junto al derecho de gozar de las demás libertades fundamentales. En 1975, el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal —héroe nacional y mártir de las libertades públicas— expuso que Sin libertad de prensa no hay libertad de pensamiento. Lo hizo ante la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), al recibir el galardón de Libertad de Prensa. Sus palabras adquieren una especial trascendencia. Se trata de un hombre que comprometió su vida en la defensa de las libertades fundamentales, en una época plagada de incertidumbres. El somocismo tenía conculcadas estas libertades, había instalado el Estado de Sitio, con el propósito de contener las acciones emprendidas el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el 27 de diciembre de 1974. Pedro Joaquín sostuvo frente a los periodistas guatemaltecos la tesis que “la libertad de prensa es el sustrato básico sobre el cual se asienta la vigencia de todos los derechos fundamentales de la persona humana”. Una aspiración y una conquista en proceso de búsqueda y defensa permanentes.

En ese momento histórico era impensable una libertad de prensa sin cortapisas; la respuesta a su demanda era la cárcel, el destierro, la censura y en su caso, la muerte a mansalva. Nadie se comprometió ni luchó con tanto ahínco en la consecución de la libertad de prensa, como lo hizo Pedro Joaquín. Una lucha y un compromiso que nadie pone en duda. Ni siquiera sus más encarnizados adversarios. Tenía la convicción que sobre la libertad de prensa descansaban las demás libertades. Enfatizó que sin libertad de prensa, no hay libertad de pensamiento, ni libertad de conciencia, incluso pensaba que sin libertad de prensa, el derecho a la vida estaba disminuido y que sin esta libertad, no era posible ninguna otra libertad. Sabía que “… la libertad en sí misma, y ese es el gran problema de todos los tiempos, no puede ser una simple ficción jurídica, un concepto semántico, sino una existencia social concreta, y de allí que se necesite para existir, de una militancia que ponga su esfuerzo, y sus cinco sentidos en conquistarla diariamente”. (El periodista, Pedro Joaquín Chamorro C. Colección Cultural de Centro América, Managua, pág. 453). Las libertades solo son posibles mediante su promoción y defensa cotidianas.

La Unesco tiene un compromiso relevante con el tema de la comunicación. Al despuntar la década de los ochenta publicó Un solo mundo- Múltiples voces (Unesco/Fondo de Cultura Económica, 1980), como corolario de las luchas emprendidas por el Movimiento de Países No Alineados (Noal), que demandaban un Nuevo Orden Informativo Internacional. Conocido como Informe MacBride, el texto propone un balance equilibrado en los flujos informativos entre países ricos y países pobres. El establecimiento —en 1993— del 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, ha servido para que distintos países discutan y resuelvan los principales problemas que aquejan y limitan el ejercicio de esta libertad. Desde entonces hace entrega del Premio Mundial de la Libertad de Prensa Unesco/Guillermo Cano, establecido en honor al director de El Espectador de Bogotá, asesinado el 17 de diciembre de 1986, por los sicarios del Cartel de Medellín. La escogencia de su nombre resulta emblemática. La única forma de apartarlo de su responsabilidad periodística —igual ocurrió con Pedro Joaquín— fue matarle. Un expediente al que no renuncian gobiernos de diferentes partes del mundo.

La libertad de prensa —como soporte de las libertades ciudadanas— impone entre otras exigencias, el libre acceso a la información pública. En la democracia —para que esta sea verdadera— los ciudadanos requieren que los actos de gobierno sean públicos y que la información en manos del Estado lo sea también. Mientras estos postulados no se cumplan, no puede hablarse de democracia plena. ¿Qué razones llevan a los funcionarios de Estado a no facilitar informaciones que incluso por ley están obligados a entregar a la ciudadanía? ¿A qué razones atribuir esta conducta? ¿De qué manera celebraran esta vez medios, periodistas, escuelas y carreras de periodismo o comunicación el Día Mundial de la Libertad de Prensa? No basta que lo hagan, importa más de qué manera lo van hacer. Siendo el acceso a la información pública un derecho ciudadano, ¿qué otras instancias u organismos demandaran su observancia? El día que un gobierno cumpla lo estatuido en la Ley de Acceso a la Información Pública, se habrá dado el primer paso encaminado a desmantelar el Estado patrimonialista. Algo que solo ocurrirá cuando se lo exijamos todos.

 

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