Política

Universitarios sobre la “tregua” de 48 horas acordada en el Diálogo Nacional

“Una oportunidad para manifestarnos sin que nos maten”

Nicaragua diálogo tregua

Ortega debe “retirar a sus cuarteles a la Policía”, y desarmar a la fuerzas paramilitares. Estudiantes advierten que si no cumple arreciarán tranques



El presidente Daniel Ortega accedió el viernes a una “tregua” condicionada cuando cumple un mes asediado por masivas manifestaciones pacíficas que exigen su salida del Gobierno, por tranques que interrumpen el tráfico en varios puntos del país, por universidades públicas tomadas por los estudiantes, el rechazo masivo de la opinión pública país una opinión generalizada que rechaza su gestión y bajo la presión de un Diálogo Nacional para encontrar una salida a la crisis de gobernabilidad que sufre Nicaragua. Es el momento más crítico tras once años de Gobierno autoritario, y Ortega intenta mantenerse a flote al procurar transmitir una imagen de normalidad y control. El viernes, sin embargo, sus delegados en el diálogo tuvieron que ceder a las exigencias planteadas por los representantes de la sociedad civil, estudiantes y empresarios. Habrá “tregua”, dijeron, pero el Gobierno se compromete a “retirar a sus cuarteles a la Policía, sacar a las fuerzas de choque y a sus simpatizantes”.

El término “tregua” generó diferencias entre quienes participan en la mesa de negociaciones. Otros representantes que forman parte del diálogo cuestionaron el uso del término  “tregua”, porque en Nicaragua no hay una guerra entre dos ejércitos. Se trata, explicaron, de un Gobierno armado disparando contra civiles desarmados. Los estudiantes reunidos en la Coalición Universitaria aclararon en una conferencia de prensa realizada la mañana del sábado que tras una jornada difícil, en la que los delegados de Ortega en la mesa intentaron imponer sus condiciones, lo que se logró “no es una tregua, sino una oportunidad para manifestarnos sin que nos maten”. Los estudiantes hicieron un llamado a la población a mantener la protesta pacífica, como una forma de presión al régimen de Ortega, que intenta vender una imagen de calma mientras una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace una visita al país para documentar en el terreno las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

La del viernes fue una larga jornada de ocho horas de negociaciones a puertas cerradas en la Mesa del Diálogo Nacional, a la que los periodistas no tuvieron acceso. El Gobierno nombró como el líder de sus delgados al canciller Denis Moncada. También forman parte del equipo negociador Edwin Castro, diputado y operador político de Ortega; Sonia Castro, ministra de Salud señalada de ordenar que no se atendiera a los heridos en los hospitales públicos durante los días más cruentos de la masacre ordenada por Ortega; Marcia Ramírez, ministra de la Familia; Telémaco Talavera, rector de la Universidad Nacional Agraria; delegados de la Costa Caribe y miembros de UNEN y CUUN, el movimiento estudiantil de León, ambas organizaciones controladas por el Frente Sandinista.

Los estudiantes de la Coalición Universitaria rechazaron el sábado la presencia de UNEN y CUUN, porque, explicaron, que son organizaciones que participaron en la feroz represión que desató el Gobierno contra decenas de miles de manifestantes desde el 19 de abril y que hasta la fecha ha dejado al menos 64 muertos. Los universitarios exigieron la abolición de ambas organizaciones y que se investigue y se determine la responsabilidad de sus líderes en los sucesos violentos de abril.

Democratización y cesar represión

Los puntos principales de la negociación del giraron, según fuentes consultadas al final de la sesión, respecto a la democratización del país, las justicia, el respeto a los derechos humanos y el cese a la presión. En la sesión estuvo también una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que escuchó los planteamientos de los participantes en la mesa, incluidos los estudiantes, quienes presentaron una lista de los 64 muertos que ha causado la violencia desatada por el Estado y testimonios de los jóvenes asesinados, como el de Álvaro Conrado, el adolescente de 15 años que murió de un disparo en el cuello. Fueron los estudiantes quienes increparon a la ministra Castro por este caso, dado que la familia señala que al muchacho se le fue negada la atención médica y soportó horas de sufrimiento antes de fallecer.

Durante la sesión los miembros de la sociedad civil y la academia pidieron a la CIDH que brinde medidas cautelares a los estudiantes universitarios y sus representantes, que lideran la rebelión cívica nacional y además son actores determinantes en las negociaciones del proceso de democratización del país.

“Sabemos que nuestras vidas están en peligro”, dijo Madelaine Caracas a CONFIDENCIAL. “Hemos sido amenazados, medios oficialistas como Radio Ya publican todos nuestros datos, con nuestras fotos, los nombres de nuestros padres y eso nos pone en riesgo”, agregó. “Necesitamos las medidas cautelares y la CIDH se comprometió con nosotros a actuar. Una vez que presentemos nuestros relatos del asedio que hemos vivido y amenazas, ellos van a tomar medidas lo más rápido posible”, informó la joven de 20 años, estudiante de Comunicación Social de la UCA.

Tras ocho horas de negociaciones no hubo ningún acuerdo en lo referente a la democratización del país, aunque al menos 15 miembros de la sala tuvieron dos minutos otorgados por los obispos para explicar sus planteamientos. Los delegados del Gobierno mantuvieron su posición de que Nicaragua es un país democrático y libre, donde la población se manifiesta sin inconvenientes y pusieron, entre otros ejemplos, la libertad que tiene la comunidad LGTBI para hacer sus manifestaciones. Mientras tanto Denis Moncada, al mencionar la situación que vive el país, calificó la crisis como “un golpe de Estado de baja intensidad”, según fuentes que forman parte de las negociaciones.

Al no llegar a un acuerdo sobre este punto, se decidió que continuarán con las negociaciones el lunes. El único convenio real que hubo fue acordar una “tregua”, una propuesta hecha por el sacerdote jesuita José Alberto Idiáquez, rector de la Universidad Centroamericana, y secundada inmediatamente por los delegados del Gobierno, principalmente Edwin Castro. El diputado sandinista pidió que se levantaran los tranques que obstaculizan en paso en importantes vías del país, para “abastecer” las ciudades, pero Medardo Mairena,coordinador del movimiento campesino anticanal dijo que los tranques son iniciativas de la población que protesta contra el Gobierno de Ortega.

Ortega “responsable del terror”

Al final de la sesión el Gobierno aceptó el acuerdo de “retirar a sus cuarteles a la Policía, retirar a las fuerzas de choque y simpatizantes del Gobierno”, mientras que “la sociedad civil deberá aunar esfuerzos para propiciar mejores condiciones al diálogo, normalizar el tránsito y continuar en un mejor clima el lunes 21 de mayo del 2018”, agregó el cardenal. La abogada constitucionalista Azahálea Solís, delegada de la sociedad civil, fue la única representante que no estuvo de acuerdo con lo establecido en la sesión y abandonó la mesa antes de que se cerrara a jornada.

“El Gobierno solo se comprometió a parar la represión por 48 horas, no ha asumido el cese absoluto de la misma, ni el desarme de las fuerzas paramilitares, ni el fin de las actividades de intimidación”, dijo Solís. “Es importante recalcar que al obligarse a retirar a sus fuerzas de choque, Ortega admite que las dirige, lo que convierte al presidente en responsable de hechos de terror en contra de la ciudadanía que ha sido víctima de estas fuerzas irregulares, que han actuado bajo la protección de la Policía. En consecuencia, Daniel Ortega está incapacitado para continuar como presidente de la república”, agregó la experta en Derecho Constitucional. “La movilización cívica es un imperativo moral y ético ante los muchachos y población que fue asesinada en esta inaudita masacre e igualmente un compromiso ante el dolor de las madres y familiares”, concluyó.

Compás de espera: desarmar a paramilitares 

Ernesto Medina, rector de la Universidad Americana, dijo a CONFIDENCIAL al final de la sesión del viernes que si el Gobierno no cumple con la desmovilización de sus fuerzas paramilitares, la sesión del lunes, donde se abordaría el tema de la democratización del país, “será muy difícil”.

“Este es un compás de espera”, dijo el académico. “Si el Gobierno no desmoviliza a los antidisturbios que están movilizados todavía en varias partes del país, si no hay una clara desmovilización de las fuerzas paramilitares –y sabemos todos dónde están y dónde están actuando– el lunes va a ser muy difícil que podamos continuar dialogando. Este acuerdo es un gesto más de generosidad de todos los que estamos aquí, de los muchachos, de confiar en que el Gobierno puede tomar medidas. La responsabilidad principal sigue siendo del Gobierno. Ellos ocasionaron esta crisis reprimiendo manifestaciones que eran pacíficas, ellos han estado violentando y no han dado una respuesta a la solicitud de los obispos de crear condiciones para que el diálogo siga adelante. Esto es una prueba para el Gobierno. Si después de esto el Gobierno sigue matando gente y reprimiendo, difícilmente va a continuar este diálogo”, agregó Medina.

No descartan un paro nacional 

Víctor Cuadras, uno de los integrantes de la Coalición Universitaria que forma parte de la mesa del Diálogo Nacional, dijo el sábado que tras la sesión del viernes “le habían dejado bien claro al Gobierno” que el fin de semana debe demostrar la “buena voluntad política” para garantizar la tranquilidad y paz en el país. “Si ellos no demuestran esta voluntad política, el día lunes los tranques arreciarán e inevitablemente el país entrará en un paro nacional, porque el campesinado y la ciudadanía lo único que quiere es la salida ya del poder de Ortega. Y es lo que nosotros también estamos exigiendo”, explicó Cuadras.

Aunque los estudiantes dijeron que hay un “consenso” general entre las partes que negocian en el diálogo frente al Gobierno sobre la idea de un paro nacional, este debe ser consensuado con todas las cámaras empresariales, que son las que deben calcular el impacto que tendría esta decisión en la economía y la estabilidad del país.

El miércoles, al final de la sesión inaugural del diálogo, en la que participó el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, el presidente de Upanic y delegado del sector privado al diálogo nacional, Michael Healy, dijo que “hay que evaluar si la solución es un paro nacional, debería ser eso, pero el país está semiparalizado. Se esperaba hoy (el miércoles) una respuesta del presidente, y la vimos totalmente negativa. Si quiere él que haya paz, que pare y traiga a sus cuarteles a la PN y al mismo tiempo que desarme a los paramilitares, que posteriormente le harán un daño más grave a este país”, indicó Healy.

Los obispos convocaron el viernes a una rueda de prensa a los periodistas que durante diez horas esperaron fuera del Seminario, sin que se les permitiera acceder a la Mesa del Diálogo. Leyeron el comunicado en el que establecían la idea de la tregua y no dieron declaraciones a la prensa. En las redes sociales hubo duras críticas a la forma de manejar esta sesión, a puertas cerradas, sin posibilidad de conocer los planteamientos en un proceso delicado, que pretende encontrar una solución a la difícil crisis que atraviesa el país. Tras la larga jornada del viernes, el Gobierno tiene en sus manos el futuro del diálogo con una real demostración de voluntad política para parar la violencia estatal que ha ensangrentado y enlutado al país, con al menos 64 muertos, 25 de ellos estudiantes, la mayoría menores de 25 años.