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Dictadura “miente con descaro” al rechazar recomendaciones de ONU

Justifica “falta de fundamento y distorsión de la realidad”, mientras niega que haya represión a protestas y violación de los derechos humanos

La dictadura Ortega-Murillo rechazó 124 de las 259 recomendaciones hechas al Estado de Nicaragua por los países miembros de Naciones Unidas, durante el Examen Periódico Universal (EPU), aplicado en mayo de este año, y que instan a respetar los derechos humanos y encontrar una salida pacífica a la crisis que vive el país.

Repitiendo el discurso de que en Nicaragua se vivió un “intento fallido de golpe de Estado” y que “el pueblo de Nicaragua ha recuperado la paz y estabilidad nacional”, la delegación orteguista en Ginebra anunció que decidieron aceptar solamente 135 recomendaciones, rechazando las 124 restantes, referidas al arresto ilegal de manifestantes, la brutal represión contra la población, el ataque a medios de comunicación independientes y otras denuncias de violaciones de derechos humanos.

En un documento alegaron que “algunos Estados emitieron discursos políticos, muy alejados de recomendaciones constructivas, tratando de politizar” el EPU, por lo que reiteran “el rechazo a las afirmaciones infundadas, inventadas y alejadas de la realidad que vive Nicaragua”.

“Rechazamos el uso de estos espacios multilaterales con fines políticos y la intención de algunos Estados que pretenden cambiar el sentido productivo de este mecanismo. No son aplicables expresiones y juicios que tienen un carácter eminentemente político que no abona al propósito para el que fue creado el Examen Periódico Universal, por tanto, no se pueden aceptar”, justifica la dictadura.

Niegan peticiones

La mayoría de misiones diplomáticas recomendaron que se respete el derecho a la movilización, a la manifestación pacífica, la libertad de expresión y asociación. Además solicitaron la liberación de los presos políticos, el desarme de los grupos paramilitares, y que haya justicia para los culpables de la masacre contra manifestantes y se realicen investigaciones independientes sobre los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad, señalados en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos realizada en Ginebra, varias delegaciones diplomáticas y organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por las recomendaciones rechazadas por la dictadura.

Además, los países de la ONU propusieron la ratificación de tratados internacionales como el Estado de Roma para la Corte Penal Internacional y a otros mecanismos de protección de derechos humanos, a lo que el régimen respondió que “Nicaragua en uso de su soberanía considera que no es el momento para sumarse a nuevos compromisos internacionales que suponen una carga administrativa y presupuestaria adicional”.

Vista general del salón en Ginebra, Suiza, donde se llevó a cabo el Examen Periódico Universal (EPU). Foto: Yader Luna.

“Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú recordamos que el informe de la alta comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua corrobora la falta de rendición de cuentas, la negación del derecho a las víctimas a la verdad, la justicia y reparación, a la reducción del espacio cívico, la violación de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, el ataque a los defensores de derechos humanos, periodistas y personas críticas con el Gobierno, detenciones arbitrarias y torturas. Los países mencionados instamos al Gobierno de Nicaragua a que cumpla con los compromisos en materia de derechos humanos y a que considere la implementación de todas las recomendaciones presentadas”, dijo el representante de Perú en nombre de un grupo de países de Sudamérica.

De las 124 recomendaciones rechazadas, el régimen especificó que 100 de ellas “no aplican por falta de fundamento y distorsión de la realidad”.

Régimen distorsiona realidad

Para Astrid Valencia, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, la realidad de Nicaragua “contradice” la respuesta del régimen.

“En lugar de difundir una realidad distorsionada, las autoridades deberían detener la represión y garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas de este capítulo tan doloroso de la historia del país”, afirmó Valencia en un mensaje compartido en Twitter.

El abogado Julio Montenegro, defensor de presos políticos, comentó que “uno se queda estupefacto y se pregunta: ¿están hablando de Nicaragua o de otro país? Porque las autoridades del régimen hablan de que se continuarán garantizando el goce y disfrute de los derechos humanos, que tienen vocación humanista y que se continuará el desarrollo económico del país y esto no es real porque es evidente que hay cierre de negocios, despidos masivos y muchas violaciones más”.

ONU no se deja engañar

La dictadura insistió que “continuará trabajando en favor de los derechos humanos, libertades fundamentales, derechos civiles y políticos de todos los nicaragüenses” y “se continuará garantizando el derecho de concentración, manifestación y movilización pública”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) rechazó la respuesta del régimen orteguista “por falsear la realidad de Nicaragua” ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

“Consideramos que el régimen una vez más miente con descaro ante la comunidad internacional (…) Ortega y Murillo siguen pregonando una falsa imagen de normalidad que no se corresponde con la represión que enfrentan los nicaragüenses, negando la violencia letal y la grave crisis de derechos humanos que vive el país”, denunció el organismo, al que el régimen despojó de su personalidad jurídica junto a otras ocho organizaciones, en diciembre de 2018.

El organismo explicó que “las mentiras del régimen solo intentan encubrir su falta de voluntad política para responder a cada una de las recomendaciones que en materia de derechos humanos le hicieran los estados miembros de la ONU”.

Más represión

A pesar de las denuncias de la brutal represión, la dictadura defendió una vez más a la Policía, asegurando que “no ha sido ni será política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso excesivo y arbitrario de fuerzas”.

“Se continuará con la ejecución de la Estrategia de Seguridad Soberana y Ciudadana para brindar seguridad a la población, ya que ha permitido tener los mejores índices de seguridad en toda la región, bajo un ambiente de paz, seguridad y tranquilidad ciudadana”, anunció el embajador permanente de Nicaragua, Carlos Morales, ante la ONU en Ginebra.

Contrario a cesar la represión, la dictadura especificó que se seguirán “adoptando medidas concretas en el plano económico, social, así como en el fortalecimiento de las instituciones del Estado, que han permitido solucionar progresivamente la crisis producto de los hechos de violencia en el contexto del intento fallido de golpe de Estado”.

Esta es la tercera vez que Nicaragua se somete al escrutinio del EPU. En el examen anterior, aplicado en 2014, el Estado aceptó 161 recomendaciones, pero organizaciones de derechos humanos denunciaron que la mayoría de esas recomendaciones no fueron implementadas.

El EPU se realiza cada cuatro años y consiste en la evaluación de cumplimientos a tratados, acuerdos y leyes suscritos por los países miembros de la ONU, así como el seguimiento a las recomendaciones hechas por las distintas naciones en el período anterior.

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