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Dictadura reafirma ocupación ilegal del canal de Miguel Mora

Miguel Mora: “Oficialmente confesaron un delito. El hecho de confiscar, en medio de un proceso ilegal, va en contra del articulado de la Constitución"

El canal 100% Noticias no será devuelto al periodista Miguel Mora debido a que el régimen de Daniel Ortega considera que fue el “instrumento con que se realizó el delito” por el cual su propietario fue encarcelado. La confiscación fue corroborada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de un informe enviado por el Estado de Nicaragua donde también dice que se archivó sin concluir una investigación sobre la quema de radio Darío.

El documento es la respuesta del Estado a la audiencia celebrada por la CIDH durante el 173 Periodo Ordinario de Sesiones en Washington, donde se trató el otorgamiento de medidas cautelares a los periodistas Aníbal Toruño y personal de Radio Darío; Carlos Fernando Chamorro y personal de Confidencial y Esta Semana y Sergio León, director de Radio La Costeñísima y su familia.

En el escrito, el régimen no brinda ningún argumento sobre el asalto a la sala de redacción de Confidencial y Esta Semana, y al referirse al hostigamiento policial en contra del periodista Sergio León Corea, director de radio La Costeñísima, el régimen aseguró que la Policía Nacional “brinda seguridad a su persona, familia y  local donde se ubica la radio”.

Según la lógica del régimen no existen razones para otorgar medidas de protección a los periodistas solicitantes porque “en Nicaragua existe plena libertad de expresión”, la policía brinda seguridad a los ciudadanos y no existen restricciones al ejercicio de la comunicación.

Ensañamiento contra Miguel y Lucía

En lo referido al arresto arbitrario en contra de los periodistas de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda, el régimen adujo que “la libertad de expresión no es absoluta” y que ambos comunicadores “utilizaron este medio de comunicación para transmitir programas de opinión política social completamente sesgada, instigando, promoviendo odio y violencia” siendo de esta forma partícipes del “fallido de golpe de Estado”, como le llama el régimen a la Rebelión de Abril.

Para el régimen, las transmisiones en vivo que realizaba 100% Noticas, que evidenciaban la represión contra los manifestantes, “instigaron a grupos vandálicos y terroristas para cometer actos contra el orden constitucional y orden público”, por lo que Mora y Pineda fueron encarcelados y juzgados “por cometer delitos tipificados y sancionados en el Código Penal de Nicaragua, por la provocación, proposición y conspiración para delinquir”.

Ante los señalamientos, la periodista Lucía Pineda expresó que “el Estado de Nicaragua sigue mintiendo” e invitó a la población a “darle play” a las transmisiones realizadas por 100% Noticias donde está registrado que “nosotros nunca planeamos nada, nunca hubo un intento de golpe de Estado”.

Sobre la incertidumbre que genera la situación legal de Mora y Pineda, como presos políticos excarcelados, por la falta de cierre de sus procesos judiciales, el régimen argumentó que procedió en base a la Ley de Amnistía que manda a “archivar las causas penales, ordenar la libertad y la cancelación de los antecedentes penales”.

La dictadura también justifica la confiscación de 100% Noticias y otros bienes de Mora basándose en el artículo tres de la Ley de Amnistía, la “no repetición”, que es más una amenaza de futuras acciones penales y no el reconocimiento de que el periodista fue víctima. Es así que “el Estado de Nicaragua reafirma que la ocupación de las instalaciones al canal 100% Noticias, fue realizada en el marco de una investigación penal y de conformidad con el ordenamiento jurídico”.

“La Ley de Amnistía y sus efectos genéricos abarcan el cierre de los procesos, la libertad  inmediata y la cancelación de los antecedentes penales, pero no la devolución de los bienes o instrumentos con que se realizó el delito, medidas que se enmarca en el principio de no repetición de conductas delictivas por las cuales se ejerció la acción penal en contra de ellos”, dice el escrito.

Para el periodista Miguel Mora, este informe no es más que “una confesión” de todas las arbitrariedades que el régimen ha cometido en su contra, que –además- ha perjudicado a su familia y a todos los trabajadores de 100% Noticias.

“Oficialmente confesaron un delito. El hecho de confiscar, en medio de un proceso ilegal, va en contra del articulado de la Constitución Política de Nicaragua”, enfatizó Mora. Luego explicó que ya interpuso su denuncia ante la Corte IDH y el Estado de Nicaragua tendrá responder ante un tribunal internacional sobre la confiscación de ese medio de comunicación.

No hay argumentos sobre el asalto a Confidencial

Sobre el asalto a la sala de redacción de Confidencial y Esta Semana el régimen se limitó a señalar que existen dos recursos de amparo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y que están en proceso.

El primer recurso de amparo fue interpuesto el 21 de enero de 2019, un mes después del asalto y el segundo recurso fue presentado el 25 de marzo de 2019. En ambos escritos el abogado Lester Mendoza Gálvez en su carácter de apoderado de Carlos Fernando Chamorro, propietario de Confidencial y Esta Semana, señala al comisionado general  Francisco Díaz, director de la policía, por la irrupción y allanamiento el 13 de diciembre del 2018, sin orden judicial ni previa denuncia  por delito.

“Por tener ambos recursos de amparo el mismo objeto, fueron acumulados y actualmente pasaron a su estudio y resolución; no obstante, para tener la sentencia, se debe tener el voto coincidente de la mitad más uno del voto de los Magistrados de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia… lo que conlleva un procedimiento que lleva su determinado tiempo”, justifica el régimen en su escrito.

Carlos Fernando Chamorro, propietario de Confidencial y Esta Semana, expresó que este documento del gobierno ratifica “que no hay ninguna voluntad” para devolver lo robado. Chamorro recordó que el jefe de la policía reconoció ante la CSJ que allanó Confidencial atendiendo supuestamente una orden del Ministerio de Gobernación en contra de la ONG Cinco y a pesar de la supuesta confusión la sala de redacción de Confidencial sigue ocupada por la policía.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es que devuelvan lo robado, sobre eso no responden nada”, enfatizó Chamorro al ser consultado por la periodista Lucía Pineda.

Sobre el caso de radio Darío, quemada por paramilitares orteguistas la madrugada del 20 de abril de 2018, el régimen argumentó que el propietario de la emisora, el periodista Aníbal Toruño nunca presentó una denuncia ante la Policía Nacional y que las supuestas investigaciones fueron cerradas debido a la puesta en vigencia de la Ley de Amnistía.

Sin embargo, Toruño recordó que “Nicaragua es un país en total anarquía” y que tras el incendio y atentado en contra de los trabajadores de la radio, ninguna autoridad se presentó a investigar el caso y tampoco lo buscaron para consultar la forma en que ocurrieron los hechos.

Por otro lado, la versión que el régimen relató a la CIDH dice que “Apolonio Ezequiel Delgadillo y Jimmy Jaime Paiz Barahona” resultaron con graves quemaduras cuando “procuraban que la radio no fuese incendiada” y fallecieron días después. No obstante, Toruño enfatiza que Delgadillo y Paiz eran parte del grupo de paramilitares orteguistas que llegaron a quemar la emisora.

“Ellos rociaron con gasolina el edificio y luego dispararon un mortero a la distancia, pero la onda expansiva los alcanzó”, subraya Toruño.

Sobre la presencia policial en las afueras de radio La Costenísima, del periodista Sergio León Corea, en Bluefields, el régimen argumentó que “el Estado de Nicaragua a través de la Policía Nacional brinda seguridad a su persona, familia y local, por ser beneficiario de las medidas cautelares dictadas por la CIDH”.

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