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Dictadura trata “con mimos” al asesino de estadounidense

A diferencia de los casos contra presos políticos, Ortiz fue presentado dentro del plazo de las 48 horas y no fue exhibido ante los medios oficialistas

La Policía y la Fiscalía del régimen han tratado con condescendencia a Juan Pablo Ortiz González, quien ya se entregó a las autoridades luego de ser señalado como el asesino de la estadounidense Ariana Enid Martínez García, baleada el domingo pasado en Matagalpa. Las instituciones judiciales no han presentado públicamente al acusado y la audiencia preliminar se llevó con total hermetismo, contrario a lo que ha sucedido con los presos políticos, a quienes la dictadura ha exhibido, sin pruebas, como delincuentes comunes, terroristas y asesinos.

En este caso, las autoridades han cumplido con el período legal de las 48 horas para presentar al acusado ante un juez, lo que nunca ocurrió con los reos de conciencia, quienes pasaron semanas y meses detenidos ilegalmente antes de llevarlos ante un judicial.

La acusación contra Juan Pablo Ortiz, de 29 años, fue presentada por la fiscal auxiliar Betty del Socorro Flores Olivas, ante la juez Maribel del Rosario Parrilla, titular del juzgado Único de Distrito Penal de Audiencias de Matagalpa. A diferencia de como ocurrió con los presos políticos, el caso no fue trasladado a Managua, sino que fue residido en Matagalpa, domicilio del imputado, quien es representado por la Defensoría Pública.

Parrilla dictó prisión preventiva al acusado, a quien le programó la audiencia inicial para el próximo miércoles 16 de octubre. Ortiz González es un trabajador de Correos de Nicaragua y ha sido vinculado a grupos paramilitares en Matagalpa. El sujeto posee antecedentes penales por el delito de amenazas.

Otras acusaciones

Además del asesinato de la estadounidense, Juan Pablo Ortiz es acusado de lesiones contra los ciudadanos Eduardo Antonio Guevara Cruz y Mayor Fernando Valenzuela Blandón, pareja de la víctima, quien ha narrado a los medios de comunicación cómo ocurrieron los hechos: él se bajó en la gasolinera “Gas Central” de Matagalpa y fue agredido verbalmente por tres sujetos —entre ellos Ortiz—, quienes le gritaron: “Tranquero hijo de puta, ¡el comandante se queda!… te vamos a matar”.

Valenzuela eludió a los agresores, quienes sin embargo lo siguieron. “Uno de ellos se acercó a golpearme con la cacha de la pistola. Me pegó en la cabeza y me rompieron un diente. Mi mamá, mi tía, mi amigo y mi esposa estaban en el carro”, relató al periodista Wilfredo Miranda, de Confidencial.

Ariana Enid Martínez
La estadounidense Ariana Enid Martínez tenía 36 años y vivía en Matagalpa, Nicaragua. // Foto: Cortesía

“Cuando ellos (Martínez y familiares) ven el alboroto, se bajan a auxiliarme. Cuando ya nos separamos, y mi esposa se viene montando al carro, porque ya tenía un pies adentro, uno de ellos se le acercó y le disparó a quemarropa en la frente”, añadió.

Los otros dos agresores —identificados por Valenzuela como Luis Noel Sosa Días (alias “Culebra), y uno conocido como “Napoleón”— no fueron incluidos en la acusación de la Fiscalía, igualmente no han sido mencionados por la Policía. Ambos son señalados también de pertenecer a bandas paramilitares.

Versión policial

La Policía del régimen ha descartado las motivaciones políticas y ha determinado que el asesinato se dio por “rencillas personales” entre Ortiz y Valenzuela, quien ha negado esa versión.

Las autoridades estadounidenses siguen “muy de cerca las investigaciones que las autoridades locales están realizando” sobre el asesinato de Martínez, que han calificado como un “acto atroz”, afirmó a Confidencial la sección de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua.

“Expresamos nuestras sinceras condolencias a la familia por esta pérdida. Estamos listos para brindar el debido apoyo a la familia”, añadió la oficina, antes de argumentar que “por respeto a los familiares” por el momento no emitirán más comentarios.

Martínez es la tercera estadounidense, y la cuarta extranjera, asesinada en Nicaragua en el contexto de la represión orteguita, que ha dejado al menos 328 muertos confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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