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Dos miembros del GIEI instan a países a someter a Ortega a la justicia internacional

“Hacemos un llamado a los países para que reconozcan el principio de justicia universal para iniciar procesos”, afirman

Dos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, pidieron este martes a otros países que reconozcan el principio de justicia universal e inicien procesos contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por crímenes de lesa humanidad.

“Hacemos un llamado a los países para que reconozcan el principio de justicia universal para iniciar procesos”, dijo la guatemalteca Claudia Paz y Paz, una de los cuatro miembros del GIEI, grupo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que evaluó la actuación del Ejecutivo durante las protestas.

Paz y Paz intervino en un debate del centro de pensamiento Wilson Center, en Washington, junto a Amerigo Incalcaterra, otro de los miembros del GIEI.

Dicha entidad concluyó en su informe, presentado en diciembre, que el Gobierno nicaragüense cometió crímenes de lesa humanidad y que, desde la cúspide del Estado, es decir, desde la Presidencia ocupada por Ortega, se ordenó un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.

Juzgado por otro país

La verificación de que unos actos constituyen crímenes de lesa humanidad significa jurídicamente que esos delitos son imprescriptibles, no pueden ser objeto de amnistías y podrían ser juzgados a nivel internacional por otros Estados o por tribunales como la Corte Penal Internacional (CPI).

Nicaragua no es signatario del Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, y por tanto es muy difícil que intervenga ese tribunal; por lo que los dos expertos del GIEI consideraron que lo más posible es que esos delitos sean juzgados por otro país al amparo del principio de justicia universal.

Ese principio, incorporado en diferentes grados por países como Argentina, Alemania y España, sirve para reconocer que los crímenes de lesa humanidad son universales y, por tanto, los tribunales nacionales pueden juzgarlos a través de figuras penales tipificadas en la legislación de ese país.

Incalcaterra, el otro de los miembros del GIEI, consideró que esa opción es la “más inminente” y la “más real”.

“Voluntades políticas”

Además, el experto consideró que “las voluntades políticas” de los países y su deseo de hacer frente al Gobierno nicaragüense se pondrán realmente de manifiesto cuando las diferentes demandas, interpuestas por grupos de la sociedad civil, comiencen a florecer en diferentes países de la región.

Incalcaterra se refirió específicamente a la “política actual de mirar hacia el costado” que, a su juicio, ha implementado el nuevo Gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los expertos del GIEI tuvieron que salir de Nicaragua atropelladamente el pasado diciembre después de que las autoridades de ese país dieran por concluida su misión.

La crisis en Nicaragua ha dejado 325 muertos desde el estallido de las protestas el 18 de abril, de acuerdo con datos de la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 561 la cifra de víctimas mortales; mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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