Opinion

Dos promesas incumplidas

El retorno al poder del comandante Daniel Ortega fue visto como amenaza real para la libertad de expresión

La fragilidad e intermitencia con que el pueblo nicaraguense ha gozado de la libertad de expresión durante los últimos setenta años, llevó a convertir el tema en parte medular de sus luchas políticas. El triunfo electoral de doña Violeta Chamorro en 1990 significó el pleno rescate de la libertad de expresión. La promulgación del Decreto 55-90 fue el único intento, durante su gestión presidencial, de restringir esta libertad. Al ser cuestionada que la libertad de expresión había dejado de ser materia de fe en su prontuario, ordenó de inmediato eliminar los artículos que lesionaban su vigencia. Tenía que comportarse fiel al legado histórico de su marido. Al hacer el balance de su paso por el gobierno, no hay duda que la libertad de expresión fue su mejor logro y mayor herencia democrática. Una aspiración y un sueño convertido en realidad.

El retorno al poder en enero de 2007 del comandante Daniel Ortega fue visto especialmente por el diario La Prensa y Radio Corporación como una amenaza real para la libertad de expresión. Esta fue su primera consideración. Para evitar mayores cuestionamientos el presidente electo meses antes de su toma de posesión, pronunció un discurso en los alrededores de la rotonda Rubén Darío. Trataba de apaciguar los ánimos. Decidió abordar el tema de manera frontal. Manifestó que su gobierno respetaría el derecho que tenían los nicaragüenses a manifestarse libremente. En vista que las circunstancias histórico-políticas eran distintas a las que le tocó gobernar en los ochenta del siglo pasado, estimé conveniente adelantar —para esos mismos días— que no había espacio para la censura como anticipaban algunos medios. Sin guerra de agresión no había razón para que el mandatario impusiera bozales ni limitaciones a la libertad de expresión. Dije:

“Se trata de un nuevo estadio en que medios y gobierno deben concebir la apertura como una condición sine qua non para la gestación democrática. Una de las graves hipotecas que pesa sobre los hombros del periodismo nicaragüense ha sido su conducta pendular: a favor o en contra del gobierno de turno. La nueva generación de jóvenes comunicadores tiene el mérito de haberse librado de este enorme lastre. Más próximos al profesionalismo, su aspiración es realizar un periodismo serio, investigativo, acucioso, responsable, sensible a los problemas de la mayoría empobrecida, pero sobre todo crítico de los poderes públicos y privados. Este avance podría profundizarse o revertirse. Todo dependerá de las alianzas, aspiraciones, deseos e intereses que se conjuguen entre diversos actores políticos y los dueños de los medios de comunicación.

La época de la censura quedó atrás. Los aires de libertad que respiramos deben crecer y multiplicarse, convertirse en formas de expresión políticas irreversibles. ¡Es lo menos a lo que puede aspirar cada nicaragüense!”.

Un mes después de su toma de posesión, en febrero de 2007 se conoció el documento Política de Comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Se trata de un texto que resulta imprescindible conocer para analizar los cambios posteriores que han venido ocurriendo en su relación con medios y periodistas. El documento esboza a grandes líneas los principios en base a los cuales desarrollaría su política de comunicación. En él se sostiene que habría “libre acceso a las fuentes, libre difusión de los mensajes y libre recepción de los mismos”, también postula que “la libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos incluye la crítica a la autoridad, el debate público, el libre intercambio de ideas y el derecho a la diferencia”. Más importante aún viene a ser el énfasis que hace —por lo que vendría después— acerca de la necesidad de modernizar el marco regulatorio. El desfase legal atenta contra los intereses nacionales.

La Ley de Telecomunicaciones (Ley 200), era un instrumento jurídico desfasado cuando fue aprobada en 1995. Los avances en el campo digital y los cambios introducidos por el desarrollo tecnológico, exigen actuar con premura en este campo. El gobierno planteó en ese momento de manera taxativa que era “necesario contar con un nuevo marco legal y con reformas a la legislación vigente… y con los desafíos que impone el desarrollo tecnológico en un mundo globalizado”. Una afirmación categórica que todos los interesados en el tema mediático compartimos. La claridad de la posición gubernamental auguraba la aprobación de un nuevo marco jurídico. Los distintos aspectos en juego requerían y demandaban la existencia de una nueva ley para defender los intereses del país. Sobre todo tratándose de un campo estratégico.

El 1 de marzo de 2007 —fecha especial en el calendario nacional— durante la celebración del Día Nacional del Periodista, el gobierno se vio compelido a suscribir acuerdos con el Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN). Las presiones que existían solicitándole aclara el uso que haría con la publicidad oficial era un tema dominante. El Acta de Compromiso, como fue llamado este otro documento, contiene aspectos trascendentales que definen la forma como se relacionaría el gobierno con la prensa nacional, especialmente en relación con la distribución del pastel publicitario. En su punto 2 establece una “Distribución justa de la publicidad estatal para pequeños y medianos empresarios de radios, prensa escrita, programas de televisión y medios electrónicos a nivel nacional”. Sin duda asumía el aspecto que más interesaba a los dueños de medios. Sus temores consistían que se reeditara lo que había ocurrido en las gestiones gubernamentales anteriores donde su uso solo benefició a unos pocos.

El otro aspecto interesante contenido en el documento está relacionado directamente con la política de comunicación que adoptaría el gobierno. Un campo tan sensible como es la libertad de expresión pedía ser abordado cuanto antes por la dirección gubernamental para saber a qué atenerse en el futuro. A eso se debe que el Punto 3, del citado documento resultara igualmente importante. La poeta Rosario Murillo, quien estuvo al frente de la campaña electoral, había sido nombrada como Secretaria del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. A ella correspondió por lo tanto llegar adelante esta negociación. Para aquietar ánimos se dijo que la política de comunicación sería pública y sometida a discusión, algo que no se ha logrado hasta ahora. Al final ni lo uno ni lo otro resultaron cierto.

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