11 de marzo 2021
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El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), emitió un comunicado en el que le recuerda al Gobierno de Daniel Ortega que su reforma tributaria de marzo de 2019 causó todos los daños que ellos advirtieron que iba a causar, y reiteran sus recomendaciones para tratar de revertirlos. “Lo que estamos haciendo es poner la situación en el tapete”, dijo Michael Healy, presidente de esa entidad.
En marzo del 2019, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma tributaria cuyo objetivo declarado era recaudar 300 millones de dólares, pese a que desde diversas aceras se le advirtió al Gobierno que esto sangraría a las empresas y, a la larga, generaría desempleo y menor recaudación.
Ahora, el Cosep le dice al Gobierno que esa reforma produjo descapitalización acelerada de las empresas, pérdida de competitividad de la agroindustria. Causó efectos negativos, al modificar el régimen de exenciones y exoneraciones del sector agropecuario; estancó la producción nacional, deterioró el nivel de vida de la población, y fue fuente de más inseguridad jurídica.
Ante esas circunstancias, la entidad gremial enumera todos los cambios que deben hacerse, en cuanto a reducir las alícuotas del Pago Mínimo Definitivo del Impuesto sobre la Renta (IR), así como el IR que pagan los trabajadores. Rectificar el mecanismo que están aplicando las aduanas para definir los montos a tributar; que cese el acoso fiscal, que haya menor discrecionalidad, y se respeten las exenciones y exoneraciones, en especial, aquellas que afectan “la producción de los bienes exentos, en particular la de los bienes de la canasta básica”.
En 2019, cuando se conoció la propuesta oficial de hacer una reforma tributaria, “sacamos nuestro posicionamiento, diciendo que iban a quebrar las empresas y se iba a perder empleo”, recordó Healy, en entrevista con CONFIDENCIAL.
En esa oportunidad, “le dijimos [a Ortega] que esas decisiones unilaterales en materia tributaria, afectarían la economía, y estamos viendo la pérdida de más de 200 000 empleos formales”, dijo el líder gremial, recordando que, si bien la pandemia y la crisis sociopolítica agudizaron más esa situación, fue la decisión de implementar esa reforma tributaria de tipo recaudatorio, la que más afectó a las empresas y los empleos.
Reforma tributaria golpea la producción
“El conjunto de medidas tributarias aprobadas ha afectado en forma transversal la capacidad de la población para tener acceso a bienes básicos de consumo, al gravar en forma directa e indirecta todo el proceso productivo hasta llegar al consumidor final, a quien se le ha reducido su capacidad de compra de bienes de primera necesidad”, reza el comunicado, producto del análisis de la Comisión Tributaria del Cosep, para determinar el verdadero impacto de esa reforma.
Healy enfatiza en que, en el comunicado, “no solo le decimos al Gobierno que esa reforma está mal hecha, y es únicamente recaudatoria, sino que se perdieron muchos empleos y que hay muchas empresas a punto de quebrar. También le decimos qué medidas tomar para revertir esto y encontrar una solución a las empresas”.
“Pasó lo que te dijimos, y peor, y aquí están esas recomendaciones para revertir el daño, recuperar el empleo, y dar un respiro para que las empresas puedan recuperar su capital, invertirlo y generar más empleos. Estamos viendo que muchas de ellas, que tributaban el 30% de sus ganancias, ahora pagan hasta el 75%”, detalló.
“El Pago Mínimo Definitivo a cuenta del IR anual que se incrementó al 2% para las medianas empresas y 3% para las grandes, combinado con el incremento de las cotizaciones del INSS, generó en las empresas un efecto confiscatorio al gravar su patrimonio, descapitalizándolas gradualmente, lo que podría llevarlas a la insolvencia y a una eventual quiebra forzosa que generaría aún más desempleo”, señalan los empresarios.
Ese proceso de descapitalización “contraviene los principios constitucionales de capacidad contributiva y de prohibición de impuestos confiscatorios”, contenidos en los artículos 114 y 115 de la Constitución.
Sector agropecuario
No solo las empresas en las ciudades sufren los embates de la reforma tributaria. Los altos impuestos, más el alto costo de los fertilizantes que están 40% más caros, harán que retroceda la productividad del agro nicaragüense, porque muchos productores se han visto empujados a tener que fertilizar menos.
“Al gravarse con IVA los insumos de la producción nacional, se ha afectado al consumidor final, se ha reducido la demanda de estos y, en consecuencia, se ha contraído el crecimiento industrial”, añade el documento.
“Si no lo revierten, esto continuará así”, dijo Healy, declarando que, así como esa reforma fue hecha de manera unilateral, “unilateralmente pueden revertirla”.
