6 de septiembre 2015
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Aunque el acceso al crédito es clave para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la gran mayoría de sus propietarias no gozan de este beneficio en nuestro país. Eso lo ha vivido en carne propia Gloria Varela, presidenta de la cooperativa de mujeres camaroneras “Lucrecia Lindo”. En un estudio realizado por la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), esta líder asegura que a pesar de tener un buen récord crediticio, el banco continúa pidiéndole a ella y a sus colegas una casa o una finca como garantía, propiedades de las que usualmente carecen.
“Tenemos lancha, motor, planta generadora de energía y ochenta hectáreas de pilas. Somos capaces de pagar una deuda, pero el banco no acepta tierra salitrosa, a pesar de que tenemos esa gran cantidad de hectáreas”, lamenta Varela.
En la consulta realizada por APEN, las productoras de marañón dicen tener el mismo problema con la banca nacional, particularmente con el Banco Produzcamos, entidad que exige como garantía toda la infraestructura de la cooperativa a la que pertenecen (horno, salda de semillas, bodega, entre otros).
Este tipo de testimonios hicieron que hace un año, la Red de Empresarias de Nicaragua (REN) iniciara un extenso proceso de consulta con emprendedoras de todo el país. De este esfuerzo surgió la Agenda de las Mujeres Empresarias, un documento que presenta propuestas para vencer los obstáculos que enfrentan las mujeres en el mundo de los negocios. El jueves pasado en Managua, representantes de la organización presentaron la iniciativa y explicaron que su proyecto pretende fortalecer a las MiPYME, un sector económico que aporta el 40% del Producto Interno Bruto (PIB), que genera el 70% del empleo en Nicaragua y en el que la participación de la mujer es de un 80%.
Según las integrantes de la REN, los procesos de aplicación engorrosos, los altos costos de transacción, el entorno sociocultural y la carencia de escrituras que garanticen el derecho a la propiedad han limitado la participación de las empresarias en programas de crédito. “Estas barreras las obligan – sobre todo a dueñas de pequeñas y medianas empresas – a recurrir a fuentes de crédito del mercado informal o al financiamiento a través de tarjetas de crédito, alternativas cuyos costos son sumamente elevados y no contribuyen a la sostenibilidad y crecimiento de la MiPYME”, afirman.
Nicaragua, en la cola de apoyo a empresarias
Marina Stadthagen, directora ejecutiva de la REN, expresó que uno de los factores que aceleró la elaboración de la agenda –herramienta de incidencia para mejorar políticas estatales y prácticas del sector privado– fue la publicación del Índice del Entorno Empresarial para Emprendedoras, un amplio estudio elaborado por The Economist Intelligence Unit por encargo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). En él, Nicaragua aparece en el último lugar de veinte naciones latinoamericanas con respecto a las facilidades que el país presta para el acceso al crédito y el establecimiento de un ambiente de negocios óptimo para las mujeres.
“La poca información sobre el desarrollo de crédito y las prácticas crediticias conservadoras del sistema bancario nicaragüense no permiten a las micro o pequeñas empresas ampliar sus operaciones, e impiden una expansión económica más rápida. La protección de los acreedores no es muy eficaz, lo que desalienta la concesión de préstamos, dado que el proceso de quiebra de Nicaragua no asegura un tratamiento equitativo de los acreedores ni métodos confiables para el cobro de deudas”, aseguran. Los investigadores critican que aunque el gobierno de Daniel Ortega ha destacado la importancia de la participación de la mujer en las PYME, los programas que desarrolla no se centran en sus necesidades como propietarias de negocios.
El discurso de la REN también se basa en estadísticas de la Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global (FIDEG). Dicha institución observó que la población que obtuvo créditos durante 2013 en Nicaragua mejoró sus condiciones de vida en un 33% (hombres) y un 30% (mujeres). Lo anterior sucedió porque el crédito de corto plazo financió el capital de trabajo y el consumo, mientras que el de mediano y largo plazo contribuyó a aumentar la inversión, así como la productividad y crecimiento de las economías. La red asegura que el crédito otorgado a mujeres beneficia directamente a sus familias, pues tienen mayor capacidad para comprar bienes duraderos y viviendas.
Sector MiPYME requiere U$700 millones
Patricia Padilla, directora ejecutiva de la Asociación Alternativa para el Desarrollo Integral de las Mujeres (ADIM), expresa que aunque la calidad de pago de las PYME es buena, la banca nacional conoce muy poco su dinámica. De acuerdo a la experta, esto provoca que las instituciones financieras endurezcan sus políticas y que los requisitos para un préstamo corporativo sean muy similares al de una pequeña empresa, cuando en realidad la dimensión de ambas es distinta.
Estadísticas compartidas por Padilla durante el II Foro Nicaragüense de Microfinanzas reflejan que la demanda insatisfecha de crédito para las MiPYME asciende a unos 700 millones de dólares. Según la ejecutiva de ADIM, este monto podría utilizarse para que las microempresarias superen las limitaciones técnicas que poseen en contabilidad, uso de tecnologías de la información y gestión empresarial.
Según Padilla, la reducción significativa de la cooperación internacional en la materia también empeoró el panorama para las mujeres de negocios. “Los esfuerzos educativos para las MiPYME en especial tienen costos muy altos, y no todos los oferentes de crédito destinan parte de sus utilidades a esto, unos porque no pueden y otros porque no está en sus políticas. Pero se ha observado que las propietarias de medianas empresas son las que aplican más los conocimientos adquiridos cuando reciben capacitaciones”, dice.
La división sexual del trabajo, la poca independencia de tiempo que tienen para cumplir con una triple tarea (mujer, ama de casa y empresaria) y la negociación económica que deben hacer en el hogar para no asumir toda la carga presupuestaria de la familia, son obstáculos adicionales que las nicaragüenses enfrentan para desarrollar sus negocios. “Esto debilita los patrimonios empresariales de las mujeres. Además, tienen mayores problemas de decisión sobre los beneficios. Por ejemplo, vos podés vivir en una casa y la podés usar, pero no podés beneficiarte patrimonialmente de ella si no es tuya”, critica Padilla.
Urgen reformas legislativas con enfoque de género
En su agenda de incidencia, la REN propone una serie de medidas que facilitarían el clima de negocios para las emprendedoras. Entre ellas, plantean promover ante la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) que la apertura del récord crediticio para mujeres sea a partir de su historial con casas comerciales, pues sería menos complicado conseguir créditos en micro financieras y bancos. Además, pretenden que el gobierno otorgue incentivos a oferentes de crédito con enfoque de género, de manera que las ofertas incluyan a una mayor cantidad de empresarias.
Las líderes de la REN consideran necesario que las estadísticas de cartera se desagreguen por sexo, incluyendo calificación de riesgo. “Esto evidenciaría el potencial para hacer negocio con las MiPYME que son propiedad de mujeres, además de definir estrategias y políticas de fomento y adecuar productos financieros a las necesidades y ventajas de éstas”, explican.
De igual manera, hacen un llamado a la pronta implementación de la Ley Creadora de Fondo para Compra de Tierra con Equidad de Género para Mujeres (Ley 717). De aplicarse, incrementaría la disponibilidad de garantías de las empresarias. “Así podrían tener acceso a crédito en mejores condiciones para desarrollar sus emprendimientos: mayores montos y plazos, mejores frecuencias de abono y mejores tasas de interés”, afirman.
Blanca Callejas, presidenta de la REN, manifestó el pasado jueves que el régimen simplificado de cuota fija no facilita el desarrollo de las MiPYME porque los parámetros que utiliza no responden a la realidad de estas empresas (incrementos salariales, número de trabajadores, pagos al seguro social o gastos operativos). Por ello, consideran urgente reformar la Ley de Promoción, Fomento y Desarrollo de la MiPYME (Ley 645) y su consejo, con el fin de convertirlo en una instancia que garantice procedimientos menos burocráticos y adecúe sus políticas al tamaño de las empresas.
La reforma a la Ley de Concertación Tributaria en lo referente al IVA figura como otra prioridad. La meta es que se incluya en la lista de productos exentos la producción de galletas artesanales y las materias primas que el pan dulce tradicional utiliza en su preparación. Finalmente, proponen exentar de impuestos el arroz cuya calidad sea mayor a 80/20, al café tostado y molido, así como la pechuga de pollo que la gran mayoría de microempresarias emplea en la reducida producción de sus panaderías.
