26 de junio 2017
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A pesar de las reiteradas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para revisar y reducir las exenciones y exoneraciones fiscales, para generar ahorros fiscales, tanto el Gobierno como la cúpula del sector privado se resisten a modificar este esquema de subsidios que prevalece en el país desde hace más de dos décadas, y que se ha fortalecido bajo el régimen del comandante Ortega.
Calculadas en US$1,100 millones anuales, más del siete por ciento el producto interno bruto, las exoneraciones son un gasto tributario a manera de subsidio, que se deriva de un esquema de relaciones de poder, cuestiona el experto en temas tributarios Julio Francisco Báez, mientras el economista José Luis Medal, agrega que los principales beneficiarios son los que tienen más capacidad de negociación: el gran capital.
“Si aquí los que tienen más exoneraciones son los grandes empresarios, es porque hay un esquema de gobierno donde se articulan -casi fusionados- los intereses públicos con esos intereses privados, no con el sector privado”, observó Báez.
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En una entrevista en el programa de televisión Esta Semana que se transmite por canal 12, Báez y Medal insistieron en que el Gobierno está obligado por la ley a rendir un informe sobre el “rendimiento” de las exoneraciones, sin lo cual no es posible demostrar cuál ha sido su verdadero impacto en la economía.
Báez denunció la “ilegalidad imperdonable del gobierno”, que no cumple lo estipulado en el artículo 320 de la Ley de Concertación Tributaria (LCT), que establece el mecanismo para aprobar ese tipo de perdón de tributos, y define la obligatoriedad de evaluar y hacer público el impacto de esas exoneraciones. “Nunca se ha demostrado que ese esquema genere mayor productividad ni mayor competitividad” de las empresas, declaró.
Medal, por su parte, explicó que el sector turístico, la bolsa agropecuaria y las empresas adscritas al régimen de zona franca, son los grandes beneficiarios de la ‘generosidad’ fiscal del Estado nicaragüense. Si bien es cierto que los consumidores tienen la ventaja de poder adquirir una canasta básica que goza de “importantes exoneraciones” del impuesto al valor agregado (IVA), Medal considera que debe comenzar a reducirse las exoneraciones que benefician a los sectores de mayores ingresos, y no a los que benefician a los sectores populares.
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Como economista, Medal conoce las tesis que recomiendan aumentar la focalización de esas exoneraciones para que beneficien mayoritariamente a quienes más las necesitan, pero opina que el Estado no tiene la capacidad “administrativa ni política” para focalizar los beneficios fiscales de manera eficiente en los sectores de menores ingresos, de modo que les permita superar sus frágiles condiciones económicas.
En ese sentido, recordó que los grandes productores –y los grandes capitales en general– que transan en la bolsa agropecuaria, gozan de ‘favorables’ retenciones definitivas de impuestos. También, que las rentas del capital pagan 10% de IR, mientras que los trabajadores tienen que tributar conforme a una tabla progresiva que resulta más alta.
Inacción provechosa
A pesar que es importante reformar el sistema impositivo pensando en aumentar las recaudaciones para poder financiar un aumento en la inversión en educación y salud entre otros, ni el gobierno toma la iniciativa de revisar el sistema, ni el sector privado está interesado en que se haga.
“El gobierno tiene que abrir una ventana de esa alianza tan íntima que tiene con los grandes empresarios, y tiene que pensar en función de la nación”, para comenzar a desmontar un sistema de exoneraciones formado a partir de tres momentos: las que heredó, las que aprobó por su cuenta, y las que sigue aprobando día con día, explicó Báez.
Ejemplo de ello es que los 10 años de exoneración del IR otorgado a las empresas de zona franca se aumentó a 15 años, los que son prorrogables por otros 15 años más.
Báez también recordó que en la LCT se dijo que a partir del 2013 comenzaría un proceso de disminución de exoneraciones, pero el gobierno renunció a ese plan, pese a que serviría para aumentar los ingresos del Estado, mermados por la disminución sensible de la cooperación venezolana, amenazados por la posible implementación de la Nica Act, y pendiente de que se cumplan los peores vaticinios acerca del INSS.
“El Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene razón en el sentido de que hay que generar un ‘colchón’ de recursos para que en la época de las vacas más flacas haya cómo financiar el gasto público. Es necesario aumentar los ingresos fiscales y focalizar mejor el gasto público”, señaló Medal.
Esa labor de ‘focalización’ podría comenzar en el campo de la educación, donde se asignan mayores recursos para el segmento universitario, que los que se destinan para la educación primaria, técnica, y vocacional, “que es la que favorece a los más pobres”, dijo Medal.
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“Antes de reorientar los recursos del 6% que se otorga a las universidades, como proponen algunos, debe tocarse a los grandes capitales, a esas exoneraciones absurdas de IR que se perdonan a las empresas, cuando lo que se debería exonerar es el IVA y el DAI a la construcción de infraestructura de interés para el negocio turístico”, definió.
Medal reconoce que “mientras los sectores afectados no tengan poder de influir, como sí lo tienen los grandes capitales, los problemas difícilmente se van a resolver”.
[destacado titulo="La crisis financiera del INSS"]
*¿Quién representa a 900 mil asegurados y 100 mil pensionados en el debate sobre la debacle del INSS?
Edificio central del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en Managua. Confidencial | Carlos Herrera
Lo que no está en discusión es la necesidad imperiosa de hacer reformas en el sistema de pensiones, que está haciendo aguas desde hace años, y comenzará a hundirse a partir de 2019.
Báez recordó cómo, luego que el FMI anunciara (en realidad, confirmara) la precaria situación en que se encontraban las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el país se sumió en un frenesí mediático, mientras el gobierno hacía lo mismo que ha hecho durante la mayor parte de los últimos años para enfrentar esa situación: nada.
Y eso que “tenemos décadas sabiendo que esto sucedería”, dijo Báez, señalando que una de las pocas opciones que se mencionaron fue la de “vender los activos” del INSS.
En realidad, hay todo un abanico de opciones a considerar para enfrentar el problema de flujo de caja que enfrenta la entidad, y que se agravará cuando se le acaben las reservas técnicas.
La ‘madre de todas las opciones’ es cambiar la estructura económica del país. Ni más ni menos. Y aunque es algo que no se hace en una década –quizás en una generación, si se intenta en serio y se disponen de los planes y los recursos para ello- sigue siendo la primera opción.
Solo así se podría revertir la situación actual, en la que únicamente el 45% de los poco más de 900,000 afiliados al sistema de pensiones del INSS cotiza todo el año, mientras el 55% restante lo hace de forma parcial, porque son trabajadores contratados para cortar una cosecha, o personas que consiguen un empleo temporal en una oficina.
Eso permitiría también ampliar el número de cotizantes, y lograr que crezcan como porcentaje de la población económicamente activa, aumentando de esa manera los recursos del Instituto, aunque se reconoce que el problema no llegaría a resolverse aún si ese porcentaje pasara del 25% al 40%.
Báez hizo notar que el hecho que la mayor parte de los afiliados solo pueda cotizar por seis meses o menos, demuestra que no es razonable duplicar el mínimo de 750 semanas cotizadas y llevarlo a 1,500 como se sugiere, porque la mayor parte de las personas sería incapaz de cumplir ese requisito.
Medal llamó la atención sobre el hecho que cuando se llegue a discutir qué cambios hacer al sistema, no habrá nadie que represente a los 900,000 asegurados y más de 100,000 pensionados que tiene el INSS, pese a que algunas de las propuestas buscan aumentar el número de semanas cotizadas e incrementar la edad para jubilarse.
Con todo, habrá más de un millón de personas “que no podrán opinar, pese a que las decisiones que se tomen les afectarán grandemente”, por lo que “necesitamos que los pensionados y asegurados tengan voz y voto”, sentenció.
A más corto plazo, Báez menciona la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Social, para regular, por ejemplo, el esquema de empresas (públicas y privadas) que prestan servicios de salud sin que exista un reglamento que se les pueda aplicar, pese a que se destinan US$120 millones anuales para retribuirles ese servicio.
Redactar esa nueva Ley permitiría también regular todo lo relacionado con el tema de las inversiones, que se hacen con dinero de los afiliados al seguro social, y apenas tienen como sustento legal un reglamento que fue emitido por la misma persona (el director del INSS) que decide (al menos formalmente) dónde, cuánto, cuándo, cómo, en qué y con quién invertir.
Finalmente, Báez abogó por que el Instituto publique en La Gaceta sus estados financieros auditados, como corresponde a una entidad que maneja recursos públicos.
Medal también recordó que siendo que el mercado laboral nicaragüense es altamente informal “es imposible pedirle a miles y miles de microempresarios que paguen el 19%” al INSS para asegurar a sus trabajadores.[/destacado]
[destacado titulo="Medal: ¿Cuál milagro económico?"]
Entre 2007 y 2016, el país creció al 4.2%, la misma tasa que logró entre 1994 y 2006, sin la millonaria cooperación venezolana
En las comunidades indígenas asentadas en el Río Coco la pobreza es alta. Carlos Herrera/Confidencial.
La instauración del ‘modelo de acuerdos y consensos’ establecido entre el gobierno y sector privado representado en el Cosep, que según el economista José Luis Medal responde a una lógica corporativista, ha sido justificado por el Gobierno y los líderes empresariales aludiendo a sus resultados en el crecimiento económico con tasas que oscilan entre el 4.5% y el 5% anual.
El economista José Luis Medal rechaza el argumento de que el cogobierno Ortega-Cosep haya producido algún tipo de ‘milagro económico’. “¿Cuál milagro económico, si ni siquiera hemos alcanzado el producto interno bruto per cápita de 1977?”, cuestionó.
El experto detalla que con base en estadísticas del Banco Mundial se puede afirmar que la tasa de crecimiento promedio fue 6.4% entre 1961 y 1977, que es el año sin parangón en la historia económica nicaragüense. “A ese periodo se le llamó la década de oro”, recuerda.
Luego, entre 1994 y 2006, el crecimiento se mantuvo en un promedio del 4.2%, con un pico de 7% en 1999, que se explica por los grandes flujos de cooperación que recibió el país para enfrentar los daños causados por el Mitch, más allá del mal uso que se le dio a una parte de esos recursos.
Luego viene la década de Ortega, periodo entre 2007 y 2016, cuando el país volvió a crecer a razón de… 4.2%, igual que en el periodo inmediatamente anterior, y a pesar que la administración Ortega contó con miles de millones de dólares en cooperación venezolana, más su acuerdo de entendimiento con el gran capital.
“Es falso que el modelo corporativista alianza gran capital y gobierno, haya producido un milagro económico”, sentencia Medal.
“La época de oro del crecimiento –no del desarrollo sostenible- es ese periodo entre 1960 y 1977, pese a que no existía esa relación en que las cámaras empresariales aparecen “colegislando” con el Gobierno, añadió.
El economista sostiene que “podríamos crecer más y a un ritmo sostenible, si tuviéramos instituciones democráticas. Aunque esa no haya sido la intención del Cosep, la realidad objetiva es que su alianza con Ortega ha contribuido a demoler las instituciones”, aseguró.
“Ni al gran capital, ni a la gente, y ni a la misma familia gobernante le conviene que las cosas sigan como están. Por el contrario, es beneficioso para todos que el país cuente con instituciones más sólidas”, dijo añadiendo que “necesitamos que haya un verdadero Estado de Derecho para defender a la ciudadanía, porque el gran capital sí tiene cómo defenderse”, concluyó.[/destacado]
