31 de diciembre 2020
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La cooperación venezolana en Nicaragua –tanto por su magnitud, como por su escaso aprovechamiento y luego su caída- está llamada a ser el gran hito de la segunda década del Siglo XXI, un período en el que varios de los principales indicadores crecen (mientras se sostiene la inyección de petrodólares), y comienzan a mermar en la medida en que esos recursos disminuyen, al punto que varios de ellos cerrarán 2020, regresando al nivel que tenían hace varios años.
La década también estuvo marcada por ocho años de crecimiento del PIB, y por un fenómeno invariable de propuesta de fantasiosos mega proyectos que se fueron desinflando uno a uno, hasta desembocar –producto de la crisis socioeconómica que reventó en 2018, aunada a la emergencia sanitaria del 2020- en siete trimestres consecutivos (y diez de los últimos once) de decrecimiento, convertidos ya en depresión económica.
“Desde el punto de vista económico, la ayuda venezolana fue la variable más importante de la década, por la magnitud de los recursos recibidos, y por lo poco efectivo que fue”, comentó el economista Juan Sebastián Chamorro.
Fueron “entre 4000 y 6000 millones de dólares. Eso nunca se va a saber, pero sí que fue una cantidad astronómica de cooperación, totalmente desaprovechada: no se hizo la infraestructura, ni se desarrollaron las inversiones que estaríamos usando para generar crecimiento”, aseguró.
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Su colega, el economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades), opinó que no son tan grandes los errores de criterio empleados al decidir cómo invertir esos recursos, que cifra en 5059 millones, al incluir los montos recibidos desde 2007.
“Creo que se usó bien el 60% de los 3860 millones de dólares recibidos en concepto de cooperación petrolera entre 2007 y 2018, que fueron destinados a proyectos socioproductivos”, afirmó Avendaño.
Varias investigaciones de expertos y de periodistas –entre ellas, diversas publicaciones de Confidencial- muestran que casi USD600 millones de esos recursos, se usaron para afianzar la “soberanía energética”, eufemismo que muy probablemente se refiere a las plantas de Albanisa; 50 millones para adquirir la cadena de gasolineras de Petronic; y diversos montos para quedarse con el Hotel Seminole y una inmensa hacienda ganadera propiedad de la tribu estadounidense del mismo nombre. También se reporta la inversión en bienes raíces, compra de canales de televisión, o la extracción y exportación de maderas preciosas, entre otras, que pasaron a control de la familia gobernante por medio de Albanisa.
Avendaño recordó que en donde sí expresó cuestionamientos, es en el uso del monto restante.
“La crítica pública que hice a esta distribución, es que el 40% destinado a sacar a la gente de la pobreza extrema, en especial a la población rural, debió haber sido dirigido a sacar de la pobreza a gran parte del campesinado, para que estos reprodujeran los insumos y bienes de capital que estaban obteniendo donados, para producir, y transmitir esa cultura productiva a los pobres extremos, pero se los dieron a los pobres extremos, que no le sacaron provecho”, cuestionó.
Una década en 3 o 4 partes
Un economista consultado por CONFIDENCIAL –que accedió a ofrecer sus consideraciones amparado en la seguridad del anonimato- dijo, considerando el momento en que se recibió el grueso de esos recursos, que, desde el punto de vista económico, la década podría dividirse en tres grandes bloques.
El primero de ellos es el período 2010 – 2016, en que “la tasa de crecimiento se acelera, debido a vientos de cola favorables”, como la cooperación petrolera venezolana, ya que “el crédito petrolero alcanza a representar un promedio de 550 millones anuales, por el 50% de la factura con ese país, más unos 450 millones anuales por la otra parte de la factura que tampoco se paga, sino que se destina a comprar productos a los grandes exportadores, para enviarlos a Venezuela”.
Añadió a eso “el boom del precio de las commodities, y al auge de la inversión extranjera directa (IED)”.
Los siguientes dos períodos son el bienio 2016 - 2017 cuando se observa una desaceleración económica, “en la medida en que esos vientos de cola se debilitan o desaparecen”, y luego, el período 2018 – hasta la actualidad, que comienza con “la crisis desencadenada por la represión letal y la incertidumbre generada por el conjunto de instituciones públicas convertidas en aparatos represivos y generadoras de caos”.
Contrastado con esos datos, otro economista que también pidió el anonimato, opinó que el primer período puede en realidad dividirse en dos, con una primera parte en que ocurre “la salida de la crisis financiera (global de 2008 y 2009), y la estabilización”, y luego, una segunda parte en que se observa “un crecimiento fuerte, que concluye en 2016”.
Recordó que en ese período hubo un boom de las exportaciones, que se explica por los altos montos de la cooperación venezolana, el crecimiento de la IED y las remesas, más el auge de los precios de las materias primas, lo que permitió aprovechar las ventajas negociadas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, además de impulsar las exportaciones efectuadas por las empresas adscritas al régimen de zonas francas.
Bailando al ritmo de los petrodólares
La mayor parte de los datos estadísticos disponibles sigue esa misma curva de ascenso y descenso. Ocurre, por ejemplo, con el PIB per cápita, que arranca la década en 1506.1 dólares por habitante, y crece ocho años consecutivos, pero cerrará el 2020 en 1823 dólares “similar al del 2013”, si se cumplen las previsiones de Avendaño, que ve el PIB cayendo 6.1% en el 2020.
También con las exportaciones de mercancías, que crecen alrededor de 400 millones por año en 2010, 2011 y 2012, caen en 2013 y se recuperan en 2014, para declinar en 2015 y 2016. En este caso, la sustitución de mercados de destino, permitió al sector privado retomar el crecimiento exportador por tres años consecutivos, que se saldaron con casi 2700 millones en 2019, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN).
El cálculo para 2020, es que podrían cerrar en “casi 2800 millones de dólares”, según Avendaño, o en “casi 2900 millones”, según Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).
Al final, si la cooperación venezolana en Nicaragua sumó más de 4000 millones, más de 5000 millones, o más de 6000 millones, a los economistas consultados les queda la sensación de que se pudo haber hecho más.
“Si se hubiera invertido en carreteras, en infraestructura, en servicios, eso continuaría generando dividendos hasta el día de hoy, pero la prueba de que fue plata mal invertida, es que al momento en que esta cooperación comenzó a fallar, la tasa de crecimiento comenzó a resentirse en uno, dos, tres puntos, y luego vino la crisis sociopolítica”, dijo Chamorro.
“Lo que hubo fue un aprovechamiento parcial, porque mucha de esa plata solo terminó expandiendo el consumo y las oportunidades comerciales, pero el país se quedó patinando en los mismos productos de siempre, mientras que una economía en desarrollo debió buscar rubros con mayor valor agregado”, dijo uno de los economistas citados antes.
Ese dinero “no tuvo un aprovechamiento óptimo, sino que se usó como una herramienta política, cuando pudo aprovecharse más, para desarrollar la capacidad industrial del país”, tal como hicieron los países vecinos, aún sin contar con esa inyección de recursos, puntualizó.
INSS: el costo de no hacer nada
En el 2012, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), acumulaba unos 16 000 millones de córdobas en reservas, las que se habían visto incrementadas en casi 3000 millones de córdobas durante los primeros dos años de esa década.
El 2012 fue el último año en que el Instituto acumuló reservas. A partir del 2013, sus balances mostraron déficit tras déficit, hasta que, en algún momento del 2019, el conteo regresó a cero.
“Es lo que pasa cuando no hacés crecer el número de asegurados cotizantes activos”, señala el actuario Róger Murillo, especializado en temas de seguridad social. “Para que (ese número) aumente de forma considerable, el Gobierno tiene que crear condiciones favorables para la inversión”, sentenció.
En vez de eso, quienes tenían capacidad para hacer algo, se pasaron varios años del inicio de la década posponiendo el inicio de negociaciones, amparados en la excusa perfecta de que “estamos en un año preelectoral”, o “poselectoral”, o “de elecciones municipales”, lo que desaconsejaba iniciar cualquier negociación seria, so pena de contaminar las negociaciones.
La reforma se vio fustigada por la decisión –en julio de 2013- de otorgar a costa de los fondos del INSS, miles de pensiones reducidas a jubilados que no habían cumplido el requisito mínimo de cotizar 750 semanas, lo que golpeó las reservas del Instituto, y llevó cinco años después, a tomar una serie de medidas unilaterales, que rápidamente derivó en la denominada Rebelión de Abril.
Aunque la Resolución 1-317 solo tuvo cuatro días de vida, en febrero de 2019 se impuso la aplanadora oficialista, y se aprobó un nuevo paquete de medidas unilaterales, que resultaron ser más duras que las del año anterior.
Los megaproyectos fallidos
En 2012, se anunció que se estaba encargando la construcción de un satélite a la empresa china Great Wall Industry Corporation, a un costo de 300 millones de dólares, precio que escalaría hasta llegar a 346 millones. El satélite, bautizado Nicasat – 1, no llegó a nacer.
El proyecto de construcción del Gran Canal a un costo inicial de 40 000 millones de dólares, (que escalaría hasta los 50 000 millones), firmado en junio de 2013, estaba llamado a ser la culminación de un sueño de cinco siglos, así como el impulso definitivo que necesita la economía nicaragüense para crecer y generar empleos.
En vez de eso, se convirtió en la mecha que encendió la indignación del sector campesino, que protagonizó casi un centenar de marchas de protesta. Siete años después, el proyecto no pasó de una trocha inaugurada con gran pompa en Rivas, y pilas de estudios y declaraciones que no llevaron a ningún lado.
En julio de 2015, Ortega pidió a su homólogo taiwanés, Ma Ying-Jeou, apoyo para construir un puerto de aguas profundas en Monkey Point, en el Caribe sur nicaragüense, presupuestado en unos 500 millones de dólares, que ya había sido propuesto antes al presidente venezolano, Hugo Chávez, así como a la empresa brasileña Andrade Guterres.
Después de cinco años de planes y modestos avances, se canceló el proyecto para construir la represa hidroeléctrica Tumarín, llamada a generar 250 megavatios a un costo de construcción de 1100 millones de dólares, después que en abril de 2016, se anunciara el retiro de la empresa encargada de su construcción, a lo que le siguió la noticia de que Brasil había decidido cortar el financiamiento al proyecto.
Un mes después que se cancelara la represa hidroeléctrica, Ortega volvió a revivir a otro proyecto largo tiempo dormido: el trasvase de las aguas del Cocibolca al Xolotlán, para irrigar las llanuras que lo bordean, e incrementar la producción agrícola del país. Casi cinco años después, el proyecto sigue en su letargo de décadas.
En enero del 2020, llegó el turno de prometer una planta capaz de generar 300 Mw de electricidad, con gas. El costo de 700 millones de dólares, anunciado por los voceros del Gobierno, sorprendió a los representantes de New Fortress Energy (NFE), la empresa que recibió una concesión, así como un paquete de exoneraciones fiscales, para comenzar a construir las facilidades para descargar y almacenar el gas en Puerto Sandino, en el Pacífico nicaragüense.
Reformas tributarias: sacando sangre donde ya no hay
En diciembre de 2012, después de más de dos años de abstenerse voluntariamente de discutir una reforma tributaria que no debía ser politizada, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Concertación Tributaria, que gozó del amplio consenso del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) –entonces, interlocutor privilegiado del Gobierno- así como otras entidades de menor precedencia.
Fue, en gran medida, una reforma pírrica, que apenas sí contemplaba aumentar las recaudaciones en menos de un punto porcentual, o mantener las exoneraciones por dos años más, para las empresas que cumplieran ciertos requisitos, y dio paso a nuevas discusiones en los siguientes años, para implementar reformas adicionales, como la idea de cobrar impuestos a yates de lujo y helicópteros.
Ante el desplome de la actividad económica a partir de abril de 2018, cuando la violenta represión gubernamental dejó varios centenares de muertos y presos políticos, miles de heridos, decenas de miles de exiliados y centenares de miles de desempleados, el Gobierno dictó una nueva reforma tributaria en marzo de 2019, con la que pretendía recaudar 300 millones de dólares, a pesar que para entonces, el país tenía casi medio año de estar en recesión.
Si bien algunas metas recaudatorias se cumplieron de manera parcial, ello fue posible al precio de golpear de forma severa la economía de las empresas, y su capacidad para generar ganancias o su decisión de reinvertir, lo que se manifiesta en un presupuesto anual que apenas sí crece… de forma nominal.
