7 de septiembre 2017
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El Gobierno de Nicaragua publicó este martes el llamado “Libro Blanco Sobre el Proyecto del Gran Canal Interoceánico”, en medio de la incertidumbre por el futuro de este proyecto cuyo desarrollo se mantiene en secreto, sin que el concesionario, el empresario chino Wang Jing, dé la cara desde hace más de un año.
El documento, que básicamente es un resumen de la Ley 840 –que intentan derogar los campesinos que serían afectados por la construcción del Canal– fue distribuido vía correo electrónico por la Presidencia de la República.
Sin embargo, no ofrece datos novedosos sobre la obra, mucho menos menciona la fecha en que serán iniciadas o terminadas las construcciones o quiénes son los inversionistas dispuestos a poner su dinero para la construcción.
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CONFIDENCIAL consultó con empresarios miembros de la Comisión Asesora a la que pertenecen el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, y el miembro de la Cámara de Industrias (CADIN), Rodrigo Caldera.
Ambos dijeron desconocer la fase en que se encuentra el proyecto. Caldera, por su parte, expresó que desde el año pasado no se reúne la Comisión Asesora con la Comisión Técnica y desconoce cuál es la situación del proyecto.
“No ha habido reunión del Canal a la que hayamos sido convocados como parte del Cosep recientemente”, mencionó Caldera al ser consultado.
Además dijo que la comisión asesora está inactiva, tomando en cuenta el tiempo que llevaban sin ser llamados para hablar del proyecto.
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Aguerri, por su parte, dijo que “aparentemente el mensaje del Libro Blanco es que el proyecto sigue en pie”. Pero resaltó que no tienen idea de la fecha en que podría estar iniciando su construcción.
En junio pasado CONFIDENCIAL publicó que la Comisión Asesora no se reúne desde hace un año. Y hasta este mes de septiembre la situación no ha cambiado.
Arce: “No tengo información”
Consultado sobre el tema, el asesor presidencial Bayardo Arce se limitó a decir con molestia que “no tengo ninguna información sobre eso”.
De igual manera el hijo de la pareja presidencial y asesor en temas empresariales, Laureano Ortega, esquivó los cuestionamientos y no respondió las preguntas de CONFIDENCIAL cuando se le abordó sobre el tema.
La publicación del Libro Blanco del Canal Interoceánico se da una semana después que el Gobierno del comandante Ortega emitió un decreto que elimina los estudios de impacto ambiental para proyectos de infraestructura.
Aguerri defendió la medida argumentando que las críticas en contra del decreto presidencial están “juzgando un libro por su portada”, pues todavía no se conoce el contenido de una resolución ministerial que será emitida por el Gobierno.
“Ahora va a llegar una resolución ministerial de alrededor de 500 páginas y eso es lo que ellos (los críticos) deberán analizar y después deberán de dar su opinión.”, dijo el dirigente empresarial.
Sin embargo, destacó que no se dejarán de realizar estudios de impacto ambiental para la construcción de obras, pues lo que se derogó fue un decreto que ahora será sustituido por la nueva resolución.
Esa publicación podría llegar, según Aguerri, a finales de esta semana o inicios de la próxima.
[destacado titulo="Lo que dice el Libro Blanco"]
En el "libro blanco" el Gobierno brinda explicaciones sobre cómo los ingenieros de la obra pretenden causar el mínimo impacto al medio ambiente, proteger la soberanía de Nicaragua y mejorar las condiciones de 29.048 personas, entre indígenas y campesinos, que deberán ser desplazados de sus tierras, precisamente los temas que han causado controversia.
En el documento, el Gobierno nicaragüense señala, por primera vez, las opciones que tienen los campesinos para ser compensados por sus propiedades.
Según el "libro blanco", cada propiedad cuyo dueño sea un campesino, será negociada de forma individual, y para ser resarcidos, los dueños podrán elegir entre cuatro opciones: pago en efectivo, dinero más una propiedad rústica, una propiedad urbana, o habitar en un nuevo asentamiento más un predio agrícola.
En el caso de los indígenas, sus tierras serán arrendadas a perpetuidad y recibirán una compensación periódica a cambio, de acuerdo con el documento.
En referencia a la soberanía de Nicaragua, el Gobierno garantizó que se continuará luchando contra el crimen internacional, y que la zona del canal estará regida únicamente por las autoridades nicaragüenses.
Asimismo indicó que el ambiente será protegido por medio de 26 planes de prevención, específicamente diseñados para cada ecosistema intervenido.
Entre las medidas de prevención, el Gobierno señaló que los manglares de Brito (Pacífico) "serán preservados" con un muro de roca, para evitar la mezcla de aguas dulce y salada, la ruta fue rediseñada para reducir los impactos económico y social en el departamento (provincia) de Rivas, y los dragados en los litorales solamente se harán por succión.
Además especificó que las aguas del Gran Lago de Nicaragua servirán exclusivamente para el paso de las embarcaciones, no habrá explosiones en su interior, y los 5.000 millones de metros cúbicos de material extraídos se almacenarán en sitios "donde minimicen los impactos ambientales y sociales".
El Gobierno insistió a lo largo del "libro blanco" en que el proyecto cumple con todas las normas de la Constitución Política de Nicaragua, leyes ambientales y de expropiación de propiedades.
También detalló que realizó consultas a través de 17 grupos focales en la ruta del canal, así como 74 foros, en los que participaron 16.500 personas, más encuestas que mostraron hasta un 74,1 % de percepción positiva en la población.
El proyecto del canal consiste, según los datos del "libro blanco", en una vía húmeda de 275,5 kilómetros de longitud, de ellos 116,7 kilómetros por tierra y 158,8 kilómetros por agua, con 280 metros de ancho base y 33 metros de profundidad.
El mismo incluye un puerto en el litoral Pacífico, otro en el Caribe, un aeropuerto, zonas de libre comercio a lo largo de la ruta, y carreteras.
El Gobierno nicaragüense espera que la construcción genere 50.000 empleos, más otros 3.700 trabajadores para su operación, y 12.700 en el año 2050, con 113.000 plazas en la zona de libre comercio y 3.000 en centros turísticos, más una fuerte reducción en la pobreza general y pobreza extrema.
La concesión del proyecto pertenece a HKND por 50 años renovables, una vez que inicie operaciones.
Actualmente el proyecto se encuentra en investigaciones complementarias a los Estudios de Impacto Ambiental Social (EIAS), según el Gobierno nicaragüense, pero el libro no precisa la fecha de inicio de las obras.
(EFE).[/destacado]
