3 de febrero 2021
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El parlamento orteguista aprobó, sin mayores cambios, la reforma y adición a la Ley 842 o "Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias", con la que definen al Estado como una persona consumidora y por tanto ahora tendrá potestad para demandar a las empresas, principalmente a la banca privada, que, junto con el sector privado, sonó las alertas, que el Gobierno ignoró.
Los 74 votos a favor de los sandinistas, 14 votos en contra y una abstención, fueron los resultados tras abrir los micrófonos a los diputados, principalmente sandinistas, este miércoles tres de febrero.
En la víspera, el sector privado alertó "el riesgo que conlleva que nuestro país sea excluido del sistema financiero mundial”, y cómo las reformas “vendrían a promover prácticas que incitarían al lavado de dinero y nos pondría en riesgo de pasar a la ‘lista negra’ del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)", dijo el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
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La reforma, según analistas consultados por CONFIDENCIAL, estaría enfocada en lograr que la banca privada reabra nuevas cuentas a los 28 funcionarios orteguistas sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac, por sus siglas en inglés).
Healy: Nicaragua sería aislada del sistema financiero
Mike Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), insistió en que la aprobación de la reforma y adiciones a la Ley 842, abre las puertas a que Nicaragua quede aislada del sistema financiero internacional, y la banca nacional quede “como en una isla”.
A partir de ese riesgo, hizo un llamado al Gobierno a “ponerle un alto”, al proceso de aprobación de esa Ley, “porque vendría a agudizar más la situación económica de los nicas. Las cámaras [del Cosep] están preocupadas. Esperemos que el Gobierno retroceda con esta iniciativa, y que se enfoque en la facilitación de todos los sectores”, en vez de “entorpecer la economía”.
Healy afirma que ve "difícil" que el sector privado se deje chantajear por Ortega para obligarlos a negociar, pese a la situación caótica en que se encuentra la economía nicaragüense.
“Si no ha cumplido los acuerdos del 27 y el 29 de marzo del 2019, que tenían como garante al Vaticano, y a la OEA… ¿quién nos garantiza que sí cumpliría? Ortega debe demostrar voluntad. Él tiene la iniciativa, y debe enviar señales positivas y demostrar voluntad política para que los acuerdos económicos tengan sostenibilidad”, demandó.
"Graves e inmediatas consecuencias" para la economía
En el documento del dictamen favorable publicado en la página web de la Asamblea Nacional, los orteguistas justifican la adición del Estado de Nicaragua a la definición de persona consumidora.
"Por tanto, en esta iniciativa de Ley el Estado se convierte en consumidor para que como garante de los intereses y el bienestar común de la población nicaragüense, continúe satisfaciendo las necesidades en la prestación de los servicios de infraestructura, salud educación, agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, etcétera; mismos que por disposición constitucional es obligación del Estado promoverlos, facilitarlos y regularlos", se lee en el documento.
Sin embargo, el Cosep sostiene que “esta situación tendría graves e inmediatas consecuencias para la economía del país, por cuanto conllevaría entre otros efectos negativos, el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de crédito del exterior y la cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de crédito”.
A juicio del sector privado, "la reforma afectaría directamente a todos los nicaragüenses, sin distingo alguno, en particular a la población que recibe remesas en el exterior y a todas las actividades económicas que requieren de un sistema bancario que mantenga una relación comercial estable con los corresponsales y fondeadores extranjeros para realizar y desarrollar su actividad empresarial".
La diputada liberal Azucena Castillo, quien presentó su voto razonado en el hemiciclo, agregó que "tratar de intervenir desde esta reforma y adición en las políticas privadas de la banca puede ser contraproducente y en todo caso no basta con llamar a la Superintendencia y el Banco Central para dar por concluidas las consultas".
Castillo reclamó que no se convocara a la misma banca privada para ese proceso, siendo estos los más afectados con esta reforma a la Ley de Consumidores que se realizó en la Asamblea.
Byron Jeréz: "Que no sea sancionado ningún miembro del PLC"
El diputado Byron Jeréz, señalado por corrupción durante el gobierno de Arnoldo Alemán, en el cual fue director General de Ingresos, defendió la reforma y atacó a los diputados liberales que advirtieron antes de la votación que no apoyarían la adición a la Ley 842.
"Que no sea sancionado ningún miembro de la bancada del PLC porque ahí van a experimentar en carne propia lo que están votando hoy. Cuando le cierren la cuenta al sancionado y a su mujer, a sus hijos, a su suegra etc.", se quejó Jeréz.
El sandinista Wálmaro Gutiérrez, quien promovió la actual Ley de Defensa de los Consumidores, en 2013, dijo que el estado es el principal consumidor que representa a 6.3 millones de usuarios en este país, por lo tanto, según él, "cualquier afectación al Estado de la República de Nicaragua y sus instituciones no es una afectación a una institución".
Gutiérrez es uno de los sancionados más recientes de Estados Unidos, que junto a la Unión Europea, Canadá y Suiza ha sancionado a otros más.
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Con esta reforma, estiman analistas, cualquiera de los sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea podría intentar abrir una cuenta en cualquiera de los bancos nicaragüenses y esto supondría un riesgo para la banca privada, tal y como expresó un auditor de empresas a CONFIDENCIAL.
"Basta con que cualquiera de ellos trate de depositar 100 córdobas en un banco y que este los rechace, para llegar a la sanción, lo que dañaría su reputación. Un banco es un negocio de reputación, honradez y credibilidad", explicó.
Las quejas de Asobanp y AmCham
La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), emitió un comunicado el pasado fin de semana en el que alertan de los graves riesgos que acarrearía la decisión que están tomando los orteguistas en el parlamento.
"Transgreden el principio de autonomía de la voluntad de los contratos y la libertad contractual, al impedirle a los bancos que de manera libre elijan con quien iniciar sus relaciones comerciales e igualmente decidir cuándo cancelar una relación con un usuario o consumidor, facultad que está en sus contratos y reglamentos los cuales son de conocimiento del cliente o usuario", reclamó Asobanp.
De igual manera, la Cámara Americana de Comercio (AmCham), advirtió que si los orteguistas aprueban esta reforma a la Ley de Consumidores, no solo se dañaría a nivel internacional a los bancos, sino todas las relaciones comerciales de Nicaragua con el resto de países del mundo.
"Esta iniciativa afectaría directamente la importación y exportación de productos y servicios de parte de la pequeña, mediana y grande empresa ya que las leyes locales del país estarían en conflicto con las normas financieras internacionales que permiten el comercio y flujo de dinero a nivel mundial. Esto a su vez pone en riesgo directo la posibilidad de que un nicaragüense pueda recibir una remesa familiar, siendo este una de las principales fuentes de ingresos para cienes de miles de nicaragüenses", reza el comunicado emitido el primero de febrero.
(Con la colaboración de Iván Olivares)
