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Ejecuciones selectivas, sexta etapa de la represión orteguista

Nueva ola de asesinatos en el campo: 29 muertes violentas entre octubre de 2018 y julio de 2019, revela informe de investigadora Elvira Cuadra

La dictadura orteguista ejecuta una brutal sexta etapa de la represión en Nicaragua, que consiste en el asesinato selectivo de personajes políticos de la zona rural del país, según un informe sobre la violencia en Nicaragua, elaborado por la socióloga e investigadora Elvira Cuadra. Esta inhumana modalidad busca “desmovilizar” y dejar “sin posibilidades de acción” a líderes sociales y del movimiento cívico.

El reporte revela que entre octubre del 2018 y el 15 de julio de este año, se han producido 29 muertes violentas, de las cuales por lo menos 21 de los casos podrían tipificarse como “muertes relacionadas con alguna clase de motivación política”. La mayoría de estos crímenes han sucedido en Wiwilí, El Cuá y San José de Bocay, municipios de Jinotega, y Río Blanco, en Matagalpa.

En una entrevista en el programa Esta Semana, Cuadra explicó que en esos 21 casos, las víctimas “están vinculadas con partidos políticos de oposición, algunos de ellos eran funcionarios de alcaldías que están manejadas por partidos de oposición y, en otros casos, personas que de alguna manera participaron en distintas actividades del movimiento cívico desde abril (2018) para acá (2019)”.

“La otra cosa que encontramos también, y que hace suponer una motivación política, es la forma en que se cometieron los asesinatos, en 21 de los casos se menciona claramente o se presume que participaron personas vinculadas con los grupos paramilitares”, añadió.

“No son casuales”

Cuadra afirmó que los asesinatos “no son casuales”. Conclusión a la que llegaron luego de identificar que en los crímenes “participan grupos de tres y más personas; que hay un alto nivel de organización; que hay planificación del asesinato; y la saña con la que han atacado a las víctimas, por ejemplo, hay personas que tienen dos y hasta seis disparos; se está usando armas de guerra”.

El asesinato del caficultor Oliver Montenegro Centeno, ocurrido el pasado 23 de enero, reúne casi todas esas características. El pequeño productor fue acribillado por un grupo de paramilitares y policías en su finca en El Cuá, Jinotega. Su cuerpo presentaba impactos de AK-47, y su rostro quedó desfigurado por las balas.

Edgar Montenegro Centeno y su hijo adoptivo, Jalmar Zeledón Olivas. Tomadas de Internet

En junio pasado, el excombatiente contrarrevolucionario Edgar Montenegro Centeno —hermanos de Oliver— y su hijo adoptivo, Jalmar Zeledón Olivas, fueron acribillados en el departamento hondureño El Paraíso, fronterizo con Nicaragua.

“La persecución a toda mi familia se da a raíz de los hechos de protestas del año pasado en los municipios de Wiwilí, Pantasma, El Cuá, e incluso en la cabecera departamental de Jinotega, adonde nos involucramos en las actividades de protestas”, dijo recientemente en el programa Esta Noche José Enoc Montenegro Centeno, hermano de los asesinados.

Cuadra mencionó que entre octubre de 2019 y enero pasado, fueron “pocos casos”, pero el número de asesinatos inició a subir a partir de febrero pasado. “Los meses más alarmantes (fueron) mayo, cuando hubo nueve asesinatos, y los primeros días de julio, que en solo quince días hubo nueve asesinatos también”.

Sexta etapa de represión

La investigadora señaló que los asesinatos son parte de una sexta etapa de represión, que “tiene como propósito a mantener desmovilizados y sin posibilidades de acción a líderes sociales y líderes del movimiento cívico, tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales”.

Subrayó que “en los centros urbanos la característica principal es el asedio, la intimidación, la vigilancia permanente, las amenazas, las detenciones repetidas, sobre todo, a los prisioneros excarcelados. En las zonas rurales, evidentemente hay este tipo de ataques y los asesinatos”.

La primera etapa de la represión fue el ataque contra las manifestaciones cívicas; la segunda fase fue la llamada “Operación Limpieza” destinada a barrer con los tranques y barricadas; la tercera fueron los encarcelamientos, secuestros y torturas a presos políticos; la cuarta estuvo dirigida a callar a los medios y periodistas independientes; la quinta sería los ataques a la Iglesia y defensores de derechos humanos.

La socióloga dijo que “hay una responsabilidad ineludible del gobierno Ortega-Murillo, en primer lugar, porque ha alentado la conformación de los grupos paramilitares, ha permitido que actúen con impunidad y, en los diferentes casos, la actuación de la Policía, en el sentido de investigar los casos y buscar a los culpables, ha sido realmente tímida y, en algunos casos, nula”.

En una reciente entrevista con el programa Esta Semana, Juan Carlos Arce, miembro del colectivo de defensores de derechos humanos “Nicaragua Nunca Más Impunidad”, indicó que los asesinatos selectivos es una estrategia que ha implementado el Gobierno desde el 2007, cuando Ortega retornó al poder, y las ejecuciones eran realizadas por el Ejército Nacional y la Policía. Sin embargo, en los recientes casos, “quienes cometen las ejecuciones son paramilitares”.

Ejército debe actuar

Para la investigadora, el Ejército “no puede evadir” la responsabilidad de desarmar y desarticular a los grupos paramilitares orteguistas. “En un momento de una eventual transición, el Ejército va a tener que cumplir con esa responsabilidad, que hasta ahora la ha evadido, y no podemos pedirle a organismos internacionales (como los cacos azules —de la ONU), que lleguen a cumplir algo que le corresponde al Ejército”.

La semana pasada, el jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, desconoció la existencia de grupos de civiles armados en Nicaragua. “Bajo ningún punto de vista aceptamos ese concepto de fuerzas paramilitares”, afirmó tajante.

“Ese es un concepto como el paramilitarismo en Colombia, conocido ampliamente por todos, que surgen por estructuras económicas, por intereses económicos o políticos, que organizan fuerzas como las Fuerzas Armadas de Autodefensa de Colombia, ese término es utilizado por algunos medios, mirábamos nosotros que, al utilizar el término, paramilitar o militarización, es un enfoque equivocado de las funciones que nosotros estamos realizando”, argumentó el jefe militar.

Para Cuadra, el general Avilés hizo “una definición muy simple” del concepto paramilitar, ya que este “no es un término rígido, sino que se ajusta a las condiciones de cada país o donde se produce este tipo de situaciones”.

“¿Por qué son paramilitares? Bueno, la evidencia más clara se encuentra en los videos y en las fotografías de altos oficiales del Ejército, algunos son bastante recientes, que están retirados y que se han puesto al frente de estos grupos”, resaltó la socióloga.

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