Confidencial

Ejército letal contra “armados”

Beneranda Rodríguez perdió a su esposo hace dos años. Al campesino Modesto Duarte lo ataron a un árbol en el patio de su casa para interrogarlo a golpes. Según su viuda, lo asesinaron colaboradores del Ejército de Nicaragua, en la comunidad El Portal, de Pantasma, Jinotega. “No se siente bien uno. Hace falta. Hace falta”, afirma Beneranda, y sus ojos se llenan de lágrimas. Esta zona es el escenario de combates entre el Ejército de Nicaragua, la Policía y los llamados “armados” contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.

Treinta años atrás, en esta misma montaña, a casi doscientos kilómetros de Managua, Beneranda conoció por primera vez el horror de la guerra, cuando la Contra combatió al Ejército Popular Sandinista en los años ochenta. Pero esta nueva guerra, que ahora le quitó a su esposo, le llegó sin aviso.

Caía la tarde del veinte de enero de 2015, cuando Modesto volvió a la casa, después de cultivar la milpa toda la mañana.

“Él estaba en la casa leyendo el Nuevo Testamento cuando oímos el gran estruendo y él se fue a ver”. El estruendo que escucharon fue la explosión de una mochila-bomba a unos trescientos metros de su casa, en el bordillo de una loma de estas tierras repletas de cerros.

La explosión de la mochila mató a “Sereno” y “Nacho”, dos miembros de un grupo de rearmados, que descansaban en el patio de Modesto y Beneranda, y con quienes los colaboradores del Ejército aseguraron que Modesto colaboraba, según lograron comprender dos de los hijos de Modesto que también fueron detenidos y agredidos por los supuestos militares.

“Como dos días antes había venido un hombre que en la cuenta iba a traer esas cuestiones. Dijo que iba a traer unas botas, unos celulares y hasta incluso las trajo y le dio las cosas a mi papá. Yo miré al hombre y estuvo platicando con mi papá como cuatro días antes de la explosión”, recuerda Yader Duarte, hijo menor de la pareja de campesinos.

Las investigaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) concluyeron que la explosión de la mochila bomba en Pastasma fue una operación militar, pero dos años después no hay ninguna versión oficial al respecto.

Veinte años antes, una bomba colocada dentro de un radiocomunicador destrozó al grupo de recontras al mando de Denis Palacios, alias “El Charro”, en una de las operaciones militares mejor planificadas para anular a los últimos integrantes del Frente Unido Andrés Castro (FUAC), que se resistían a entregar las armas tras los pactos de paz de principios de los años noventa. Entonces, parecían esos los últimos de guerra. Hasta ahora.

Ejército contra “armados”: “Táctica perversa”

Desde febrero de 2011 a febrero de 2017, la Policía y el Ejército han reportado catorce enfrentamientos u operaciones contra supuestos grupos de delincuentes, acusados por abigeato o narcotráfico. Nunca han sido calificados como grupos armados. De estos 25 presuntos delincuentes involucrados, 22 están muertos. De los únicos tres heridos no se conoce su paradero ni hay acusaciones o procesos judiciales en marcha.

En las guerras y enfrentamientos armados, el número de heridos suele ser considerablemente mayor que el de los muertos. Pero en estos operativos, el Ejército y la Policía muestran una efectividad excepcional. El 88% de las bajas son “muertos en combate”.

El experto en temas de seguridad y defensa, Roberto Cajina, no cree en casualidades.

“La realidad es que uno puede descubrir perfectamente lo que yo llamaría una táctica perversa de parte del Ejército, y específicamente dentro de la Dirección de Información para la Defensa, que es la identificación de los líderes, y luego desarrollar un trabajo de inteligencia, alrededor de las zonas donde operan y eliminar al líder, porque eliminando al líder, en ese concepto de esa táctica perversa, se piensa que esa se acabó el fenómeno”, analiza Cajina.

De los 22 muertos, al menos 12 eran líderes de los autoproclamados movimientos armados. Pero el Ejército y la Policía siguen negando la presencia de este tipo de grupo con reclamos políticos.

En los operativos también se han reportado la muerte de cinco militares y dos policías. Además, han muerto tres civiles, incluyendo a una menor de edad.  Entre los civiles muertos está el campesino Modesto Duarte. En su cadaver, doña Beneranda contó dos tiros, varias heridas con cuchillo en las piernas y costados y dos fracturas en una pierna y un brazo.

“Tenemos aquí personas que relatan hechos de tortura; situaciones en las que podemos llamar ejecuciones extrajudiciales o ejecuciones sumarias y en las cuales posteriormente no hay ninguna investigación por parte de las autoridades competentes. En este caso la Policía Nacional o incluso el mismo Ministerio Publico”, lamenta Juan Carlos Arce, director de la filial del Cenidh en Matagalpa y Jinotega, que ha seguido de cerca varios de estos casos.

Cacería oficial, negaciones y torturas

El Cenidh reclama que las autoridades no reconozcan el malestar que crece en el campo. La versión oficial del Ejército y la Policía es que se tratan de delincuentes, bandas de asalto, abigeato, extorsión e incluso narcotraficantes.

Según Cajina, “el hecho de negar la presencia de rearmados con motivaciones políticas y convertirlos en delincuentes lo que hace es que traslada el fenómeno político al fenómeno de la delincuencia común y eso digamos que es común para todos los países del área”. Según el experto, el argumento pretende reforzar el discurso oficial de Nicaragua como el “país más seguro de la región” y la beligerancia de sus efectivos policiales y militares.

Byron Chamorro, coordinador del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD) en Jinotega, estima que “aceptar la realidad de que aquí hay grupos armados en Nicaragua, obliga a Daniel Ortega a que se siente en un diálogo, donde él no quiere sentarse”.

“Esta gente (los armados) realmente ya anda con motivaciones políticas y aquí hay problemas de elecciones, de institucionalidad, de todo tipo y ellos (el gobierno) quieren esconder estos grupos armados, porque sería aceptar que aquí hay una inconformidad grandísima en Nicaragua”, valora Chamorro.

En 2010, el exsegundo jefe de las tropas especiales de la Contra, José Gabriel Garmendia, alias Yajob, se declaró alzado en armas contra el gobierno de Daniel Ortega. Yajob se manifestó contra la reelección presidencial inconstitucional y afirmó que Ortega se impondría en 2011 por medio de un fraude electoral. El Ejército y la Policía vincularon a Yajob a una banda dedicada a los secuestros, extorsiones y asaltos. En febrero de 2011, fue “ejecutado” en una operación de inteligencia, según organismos de Derechos Humanos.

La cacería oficial contra los grupos armados se ha extendido a municipios del Caribe Sur y más recientemente a la región de Las Segovias.

El pasado seis de noviembre, durante la jornada de votaciones nacionales de 2016,

pobladores de Ciudad Antigua, en Nueva Segovia, encontraron los cuerpos de José Nahúm Mendoza, Margarito Mendoza y Armando López, también muertos en una operación militar que dejó huellas evidentes de tortura: heridas en el cuello, cuchilladas en los pies, piernas y pies quebrados. Según los pobladores, los hombres habían protestado contra las elecciones en las que Daniel Ortega se reeligió para un tercer período consecutivo, ahora con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.

Haydeé Castillo, del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, critica que “estamos asistiendo a una situación en la que se están cerrando todos los espacios políticos”.

“Nadie quiere volver a la guerra, nadie quiere y yo creo que esta misma gente se está viendo obligada a irse a una lucha que probablemente nadie aprueba, pero se ven obligados”, observa.

Castillo también reclama que las autoridades no están respondiendo a las quejas ciudadanas, alimentando la impunidad de asesinatos y delitos en contra la población.

Arce coincide en que “definitivamente ha habido un incremento de denuncias vinculadas o en las cuales se denuncia a la Policía Nacional y al Ejército. Y no solamente un incremento del número de denuncias, sino (también) un aumento con relación a la gravedad de los hechos que se están describiendo”.

El coordinador del Cenidh en el Norte de Nicaragua asegura que, contrario a la versión oficial, las muertes de los rearmados no ocurren en enfrentamientos, sino en operativos militares, como la emboscada contra Enrique Aguinaga, en abril del año pasado. “Una vez muertas —relata— las personas son vinculadas a hechos delictivos. Sentimos nosotros que es una manera de justificar su accionar ante la opinión pública, de decir: ‘Hemos matado a un delincuente’, y recordemos que en Nicaragua no existe la pena de muerte. Lo que corresponde a la Policía es capturar a estas personas y judicializarlas en un proceso en el que se pueden defender. Sin embargo, pareciera que hay una intención clara de aniquilar”.

Cajina coincide que hay una clara intención de “criminalizar” a los rearmados, pero compara que el índice de delitos relacionados no se ha aumentado en las zonas de acción de estos grupos y los vecinos más bien dicen “ver pasar” y a veces hablar con los armados.

Solo uno de los trece líderes está vivo

De los trece grupos armados que se han autoproclamado por razones políticas el único líder vivo es Gerardo “El Flaco” Gutiérrez. Sus familiares en la comunidad de Tamalaque, en Pantasma, no lo han visto desde hace más de tres años, pero escucharon que “El Flaco” quedó postrado en una silla de ruedas, en Honduras, tras un operativo en junio de 2014.

Un año antes, el Ejército lo había perseguido en su comunidad. Su hermano Fidel Gutiérrez, habitante de Tamalaque, asegura que él ha sigo hostigado por autoridades y representantes políticos. E igual su cuñada Ivania, con quien el rearmado procreó tres niñas.

“He escuchado decir que si en un caso vuelve a haber otro tiroteo (como el de junio de 2014), al primero que se van a llevar es a mí, entonces no me siento seguro. Ha habido momentos que no he dormido, que me he sentido como en  el aire”, confiesa Fidel.

El campesino comenta que incluso ha pensado en marcharse a la ciudad, pero teme que ahí se muera “de aflicción” porque él se deleita con la tierra y los animales de su corral.

“Creo que me estaban tanteando, a ver si tenía intenciones de irme al monte, detrás de mi hermano, pero yo no soy de eso, yo soy aparte”, afirma Fidel, quien dice que tampoco se involucró en la guerra contra la dictadura somocista ni la contrarrevolución en los ochenta.

A la esposa de “El Flaco”, Fidel afirma que la han tratado de volver loca. “La Ivania mentalmente está sufriendo bastante. Tres hombres llegan a su casa casi todas las noches, donde ella vive con todas sus niñas mujeres y se le quieren meter a la casa para violarlas. A ella la hostigan, la amenazan. Esa pobre mujer —describe— ha tenido que dormir con la puerta trancada y un machete en la mano para darle a todo el que se quiera meter. A esas niñas se las han hecho locas. Pero esa mujer le ha hecho huevo”.

Miedo al Ejército

Los habitantes de Pastasma, estiman que la presencia de armados ha disminuido, después de la explosión de la mochila bomba en El Portal y la balacera en Tamalaque. Pero los habitantes de este municipio de Jinotega siguen con miedo.

Beneranda Rodríguez, viuda de Modesto Duarte, afirma que “si hay miedo”, pero es “por el Ejército, porque hay otros lugares donde dicen que hacen zanganadas, que no respetan a la gente civil”.

Arce agrega que los pobladores han manifestado que se sienten vigilados. “Y no solo la Seguridad por parte del Estado, sino también miembros de las comunidades”. “Por orejas”, califica Haydeé Castillo, de Las Segovias.

El alcalde liberal de Santa María de Pantasma, Óscar Gadea, asegura que “gracias a Dios, para bien de nuestro municipio y nuestra población, ya esas cosas (los armados), creo, que van disminuyendo. No hemos tenido ninguna noticia referente a este tipo de actividades”.

Byron Chamorro, del FAD, reconoce que los rearmados no están “saliendo mucho” ni se están “confrontando al Ejército”, pero cree que “ahorita estos grupos están a lo interno de las montañas” y no descarta que se activen tras los ataques de los últimos años y mientras siga pendiente el restablecimiento de la institucionalidad y la organización de elecciones libres y transparentes.

Arce subraya que las acciones para eliminar a los rearmados y la impunidad de estos operativos son ilegales y atentan contra los derechos humanos.

“Esta situación es grave, y aunque haya una aparente calma, una tensa calma en la comunidad, es una situación muy grave. No podemos seguir negando el problema. No se puede actuar al margen de la Ley, máxime cuando esa decisión aplasta los derechos de una población que ya vivió los horres de la guerra y que todavía no se ha recuperado. Cada vez que el Ejército entra a las comunidades y pasa esto —advierte—, se refuerza en el imaginario colectivo de la gente que estamos en guerra. Esas heridas jamás se curaron y esto lo que hace es echar sal en la herida”.

*Este reportaje se publicó originalmente en febrero de 2017.

Veintidós muertos

Desde 2011 a finales de 2016 se han registrado más de una decena operaciones militares contra los grupos armados en Jinotega, el Caribe Sur y Nueva Segovia.

José Garmendia, conocido como “Yajob”, fue el primer alzado en armas en 2010 y el primer muerto en febrero de 2011.

A Santos Guadalupe Joyas, alias “Pablo Negro”, de las Fuerzas Democráticas 3-80, lo encontraron muerto en territorio hondureño en enero de 2012. Tenía una bala en la cabeza y otra en el abdomen.

Joaquín Torres Díaz, “Cascabel” murió en abril de 2013; seis meses más tarde murió baleado en la comunidad de Anisales Tres Santos Irías, y también fue ejecutado el joven campesino Yairon Elías Díaz, según confirmó el Cenidh. El 22 de diciembre, Alberto “El Flaco Midence”, del Comando Patriótico Nicaragüense (Copan), fue asesinado de varios disparos en una calle de la Colonia San Juan, de El Paraíso, Honduras.

En 2014, Saturnino Lira, alias “Comandante Naval”, murió en un enfrentamiento con militares. Ese año también murió César Gutiérrez García, mejor conocido como “Triple H”.

En 2015, además del saldo de la explosión de la mochila bomba en El Portal, en el 2015 también murieron Francisco Reyes “Cinco Pinos” y Pablo Díaz.

A finales de marzo de 2016, seis armados murieron en un enfrentamiento con el Ejército en Ayapal. El Ejército los calificó de “banda de delincuentes”. El mes siguiente, el Ejército informó que el “delincuente” Enrique Aguinaga murió en un enfrentamiento con una patrulla militar. En febrero, Aguinaga, llamado “Invisible”, había divulgado un video anunciando que se alzaba en armas contra el gobierno de Ortega. Sus familiares dicen que en realidad fue emboscado y asesinado por militares cuando salía de una finca.