Opinion

El arduo camino de la lucha cívica

En Sudán, Argelia y Puerto Rico, echaron a gobernantes convertidos en rémoras del poder, en Hong Kong, Rusia y Nicaragua, la lucha continúa

Las luchas cívicas están erosionado el poder de los regímenes autoritarios y de los impopulares. De Hong Kong a Sudán, de Argelia a Moscú, de Puerto Rico a Nicaragua, todos tienen en común el predominio de movilizaciones de la población demandando el cambio político. En algunos, como en Sudán, Argelia y Puerto Rico, echaron a gobernantes convertidos en rémoras del poder y están en proceso de construir opciones transitorias de gobierno. En otros –Hong Kong, Rusia y Nicaragua- la lucha continúa a pesar de la feroz represión que enfrentan. En todos, la lucha cívica sigue caminando al borde del abismo de la violencia desbocada, en especial en países como el nuestro con una tradición cíclica de guerras civiles o del recurso fácil a las armas.

Desde hace pocos años hablar de las ventajas de la lucha no violenta frente a la violenta hace obligatorio mencionar el trabajo de María Stephan y Erica Chenoweth, “Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflicts”. La obra hace un repaso histórico de 323 movimientos de resistencia entre 1900 y 2006, en el que compara los resultados conseguidos sea por las vías violentas (armadas) como por la no violentas (cívicas). Grosso modo, las tesis centrales son que el compromiso con los métodos no violentos de las luchas cívicas fortalece su legitimidad nacional e internacional, y alienta la participación social más amplia en la resistencia. Ambos factores se convierten en mayor presión en contra de los opresores. Pero no sólo; los regímenes tienen cada vez más problemas para sofocar las demostraciones no violentas, y las medidas represivas se vuelven cada vez más contraproducentes para ellos mismos.

Datos en mano, ambas autoras concluyen que en el 53% de los casos las luchas no violentas alcanzaron sus objetivos, mientras que sólo el 26% de las opciones violentas lo lograron. Y aunque las protestas no violentas parecen tener el doble de éxito que las violentas, también se puede decir que el 47% de las primeras fracasan.

Sin salirse de la norma, Nicaragua presenta sus particularidades, ya sea por su historia, como por las características de los bloques en pugna, gobierno y población rebelde. Como es de sobra conocido, la historia de Nicaragua es un encadenamiento de conflictos que derivaron con facilidad en movimientos armados; un océano de guerras civiles con pequeños islotes de convivencia pacífica. El historiador Antonio Esgueva documenta que entre 1821 y 1979, un total de 16 jefes del Ejecutivo abandonaron el cargo por la fuerza de las armas. En otras palabras, en 158 años de vida republicana, fue derrocado por movimientos armados –sin incluir las intentonas- un jefe de Estado como promedio cada 10 años. Esto quiere decir que la historia de Nicaragua demuestra que la acción armada ha tenido un alto grado de efectividad.

Pero en 2018 se rompió un eslabón en la cadena de movimientos armados contra gobiernos autoritarios. El de Ortega, que parecía imparable en la consolidación de su hegemonía se trabó, su modelo de consenso con el gran capital colapsó, y se vio obligado a quitarse la máscara de dialogante para ponerse el pasamontaña de paramilitar.  En cambio, a pesar de la respuesta claramente armada del régimen, del lado de la rebelión de optó de manera predominante por las demostraciones cívicas. Subrayo predominante porque no se puede obviar que algunas personas recurrieron a las armas, de calibre corto y largo, para defenderse o para vengar las muertes causadas por los represores. Sin embargo, ni en los términos de luchas violentas planteados por Stephan y Chenoweth, ni en el apartado comparativo se puede afirmar que hubo un enfrentamiento proporcional entre dos bandos armados. El movimiento de protesta contra la dictadura, aunque haya utilizado morteros artesanales, piedras y barricadas, no puede ser calificado de violento.

Por razones que todavía no es posible identificar con nitidez, en la opinión de la población que se lanzó a las calles permeó el espíritu de la no violencia, y el peligro de precipitarnos en una nueva guerra civil fue conjurado. Las consecuencias inmediatas fueron las mismas que señalan ambas investigadoras: una legitimidad creciente dentro del país y arrolladora fuera de las fronteras, y una participación amplia y heterogénea de una población que se reconoció a sí misma como insumisa.

Ante la ausencia de un liderazgo de referencia y, por qué no decirlo, sin fuentes de apoyo que propiciaran el alzamiento armado generalizado, el discurso de la vía cívica se fue imponiendo en medio de la espontaneidad, el voluntarismo y el descontrol que acompañaban a las iniciativas autoconvocadas. No hubo una estrategia de la no violencia formulada para los distintos sectores y territorios alzados,   aunque hubo voces reputadas llamando a evitar una guerra civil. Se podría afirmar que la necesidad de contener a la represión estatal con las manos desnudas se convirtió en virtud (y en creatividad). Predominó la opción por la no violencia de facto, más intuitiva que calculada que tuvo en las manifestaciones masivas su vehículo principal, pero también su factor de moralización

Sin embargo, el escalamiento de la represión y sobre todo la prohibición de las movilizaciones han puesto en cuestión la validez del camino cívico, en la misma dirección que la dictadura intenta seguir empujando todos los días con asesinatos selectivos en las zonas rurales, con el acoso descarado a los/las excarcelados/os y los retornados, y con sus campañas que tratan de vender inútilmente una verdad oficial de lo ocurrido presentando como terroristas a los insurrectos. A este desaliento cívico también ha contribuido la prolongación del conflicto y su repercusión directa, la frustración de las expectativas más triunfalistas que veían una inminente caída de El Carmen. Y la frustración es la peor consejera para mantener la proa rumbo a salidas no violentas.

Frente a semejante precariedad, cabe preguntarse ¿qué pasará ante la próxima embestida represiva de la dictadura? ¿Prevalecerá la impronta de la historia o se sostendrán las nuevas tendencias no violentas en la lucha política a pesar de su reciente y débil arraigo? Para que lo segundo ocurra y no ser rehenes de nuestra historia tenemos que renovar las propuestas no armadas, y reconstruir el o los discursos con los argumentos y propuestas en favor del final no violento de un régimen tan criminal y aborrecible como el orteguismo.

Las experiencias dentro y fuera de Nicaragua muestran que no hay cambios perdurables posibles en contra de un sentir mayoritario de la población certificado de manera justa y transparente. Antes tendrá que ser restablecida la libertad y garantizar el retorno seguro de los exiliados. La verdad y la justicia vendrán luego.

Sólo así evitaremos que nuestra lucha caiga a ese vacío del 47% que termina en fracaso. Ni la memoria de los asesinados, ni la reparación de tanto daño causado por las torturas, las heridas y el exilio forzoso merecen menos, aunque el camino de la no violencia sea arduo y complejo.

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